quick weight loss center easy weight loss plan detox water to lose weight medical weight loss quick weight loss center easy weight loss plan detox water to lose weight medical weight loss quick weight loss center easy weight loss plan detox water to lose weight medical weight loss

política

POR QUE GRIÑÁN NO DEBE ENTRAR EN PRISION: UNA CUESTION POLITICA, Y NO HUMANITARIA.

Las razones para adoptar  en el caso Griñán  una decisión política, como es el indulto, son bien distintas de las que suelen aparecer en las peticiones de indultos en otros casos. Estas razones no pueden ser la pretensión de  corrección desde la política de los criterios jurídicos de la sentencia. La valoración jurídica más apropiada de estos criterios se encuentra en los votos particulares de aquella. Sigue leyendo

¿ES LA MERITOCRACIA INTRINSICAMENTE MALA?/II OJOS DE SERPIENTE

Una despedida  demasiado apresurada

Resumiendo los datos españoles parece que , al margen de lo que se piense sobre las escaleras como elevadores sociales , lo cierto es que por la escalera educativa  se va subiendo, y no parece que esa sea una mala noticia . Sin entrar en sus efectos positivos  en el plano político, de refuerzo de la capacidad de acción ciudadana, o económico, de mejora del capital humano, la apertura de los niveles  altos del sistema educativo a mas amplias capas de  población impulsa la dinámica educación  -empleo-igualdad  , que ha podido influir en unos bastante dignos resultados en movilidad .Y tampoco  habría  que perder de  vista el papel preponderante que en la reducción de las desigualdades tiene el gasto publico  relacionadas con el empleo y la educación.

Sigue leyendo

¿ES LA MERITOCRACIA INTRINSICAMENTE MALA?/1 SERPIENTES Y ESCALERAS

Para Pepe Griñan.Para seguir hablando

Malos Tiempos para la Meritocracia

“Meritócratas” es el titulo de unos de los capítulos del libro de Tony Judt “El refugio de la memoria”, escrito en 2010, el año de su muerte. En el evoca sus   experiencias .en la segunda mitad de los sesenta, como alumno de escuela publica britanica procedente de una familia working class de los suburbios de Londres que , a consecuencia de los programas educativos laboristas , desarrolla sus vida universitaria en el (antes) selecto King´s College de Cambridge.

Sigue leyendo

Vacas, carros y nubes

La digitalización y la sostenibilidad son conceptos que acaparan hoy la atención de las agendas públicas, y la pandemia de la covid-19 ha acelerado su relevancia como objetivos prioritarios de la acción política. Sin embargo, creo que no se está haciendo suficiente hincapié de que estamos ante una revolución científico-técnica que está produciendo una convergencia y fusión de las tecnologías físicas, digitales y biológicas, generando con ello una serie de nuevos procesos productivos e innovaciones en la oferta de bienes y servicios. El Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial, la Computación Cuántica, la Realidad Virtual, los Vehículos Autónomos, la Impresión 3D, la Nanotecnología, la Robótica, la Biotecnología, la Ciencia de Materiales, el Big-Data, la Minería de Datos y el Almacenamiento de Energía, son campos que, entre otros, están protagonizando esta nueva ola de innovaciones -que en terminología adoptada hace un siglo por el ruso Nikolái Kondratieff podría constituir un nuevo ciclo de onda larga-, que para unos, los tecno-optimistas, se trata de la Cuarta Revolución Industrial y que para otros, como el economista norteamericano Robert J. Gordon, estudioso de la evolución de la productividad, la acuñan como la Tercera. 

Las innovaciones en el campo biológico -y la genética en particular- son realmente impresionantes. En los últimos años se ha logrado reducir espectacularmente los costes e incrementar la facilidad de la secuencia genética, y más recientemente los avances se han producido para activar o modificar genes. La biología sintética será el paso siguiente al proporcionar la posibilidad de personalizar organismos mediante la configuración del ADN, lo que generará no solo efectos favorables en la medicina, sino también en la agricultura y la producción de biocombustibles. 

La capacidad de alterar la biología puede aplicarse a prácticamente cualquier tipo de célula, lo que permite la creación de plantas o animales genéticamente modificados, así como la modificación de las células de organismos adultos, incluidos los seres humanos. Recientemente, en China han logrado criar una vaca transgénica que produce leche baja en lactosa. Y no está lejos el momento en que las vacas puedan ser diseñadas para producir en la leche un elemento de coagulación de la sangre, del cual los hemofílicos carecen. Así pues, en un futuro no muy lejano tendremos que hablar de ganaderías de vacas “normales” y de ganaderías de vacas “diseñadas”. 

Cambiando de campo, el pasado mes de julio, Amazon, el líder mundial de la venta en línea, anunciaba el lanzamiento de un nuevo producto: el Dash Cart. Se trata de un carrito inteligente, que detecta los artículos y su cantidad -incluye un anillo de cámaras, una báscula y sensores de visión y peso- que se depositan en el carro y que una vez concluida la compra permite salir por un carril especial sin tener que pasar por caja ni hacer cola, siempre que se haya iniciado sesión en Amazon desde el móvil. Esta apuesta por la comodidad y la automatización busca crear un modelo híbrido que una los espacios digitales y físicos, y que con toda seguridad va a producir cambios muy significativos en nuestros hábitos de compra y, por otra parte, tendrá un impacto negativo en los puestos de trabajo de los supermercados y las grandes superficies. Queda por ver a qué velocidad se producirá la transición del carrito actual a los inteligentes.

La nueva revolución industrial está generando grandes beneficios y grandes retos, y hasta ahora el consumidor parece ser el gran ganador, ya que cuenta hoy con una mayor variedad de bienes y servicios a precios más asequibles. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo en el caso de los trabajadores, que han visto -en muchos casos- reducidos sus niveles salariales y la seguridad en el empleo. 

Además de la nube en la que particulares y empresas almacenan todo tipo de archivos -por ejemplo, 150 millones de fans de Apple utilizan iCloud-, la llamada nube humana está adquiriendo una importancia creciente y está suponiendo que el paradigma prevalente del trabajo se esté perfilando a través de una serie de transacciones entre el trabajador y la empresa, en vez de una relación duradera entre ambos. Cada vez más empresarios de ciertas ramas productivas recurren a una nube virtual para realizar determinadas tareas por parte de aspirantes a trabajar localizados en cualquier parte del mundo. Se trata de la nueva economía bajo demanda en la cual los proveedores de mano de obra ya no son empleados en el sentido tradicional, sino más bien trabajadores independientes que realizan tareas específicas.

Este proceso lo ha resumido de forma muy gráfica Arun Sundararajan, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, al señalar que podríamos estar encaminándonos hacia un futuro en el que parte de la fuerza laboral obtendrá sus ingresos ejerciendo varias actividades productivas. Así se podrá ser a la vez un conductor de Uber (transporte de personas), un comprador de Instacart (servicio de compras para terceros), un anfitrión de Airbnb (alquileres para vacaciones) y un Taskrabbit (servicio de reparaciones del hogar y tareas de limpieza). Se trata de unas plataformas globales, presentes en multitud de países y que controlan los mercados en los que operan, con un reducido nivel de inversión en relación a su volumen de negocio, pues normalmente el capital lo aportan estos nuevos autónomos que ofrecen una variedad de servicios. 

En ese sentido, la economía digital presenta claras ventajas para ciertas empresas de servicios, dado que las plataformas de la nube humana califican a los trabajadores como independientes y por tanto hasta ahora están exentas de la exigencia de abonar salarios mínimos, cotizaciones como empleadores y prestaciones sociales. En palabras de Daniel Callaghan, director ejecutivo de la firma inglesa MBA & Company: “ahora usted puede traer a quién quiera, cuando quiera y exactamente como quiera, y dado que no son sus empleados, no tiene que lidiar con problemas de empleo y regulaciones laborales”.

En esta tierra plana, en frase feliz del periodista norteamericano Thomas Friedman, se ha incrementado de forma significativa la desigualdad económica y además existe un voluminoso ejercito de reserva dispuesto a trabajar por salarios bajísimos y aceptando precarias condiciones de vida. En ese contexto ha surgido lo que el economista inglés Guy Standing ha bautizado con el nombre de precariado. Esta nueva clase social está cada vez más presente en nuestras economías: trabajadores que tienen un empleo inseguro, inestable, que cambian continuamente de un trabajo a otro, frecuentemente con contratos no deseados a tiempo parcial y adscritos a puestos de trabajo negociados e intermediados por agencias privadas de trabajo. 

El desafío al que nos enfrentamos exige idear nuevas formas de contratos sociales y una regulación laboral que se adapten a una fuerza de trabajo cambiante y a la naturaleza cambiante del trabajo. Si no somos capaces de diseñar respuestas adecuadas, la Cuarta Revolución Industrial podría llevarnos al lado oscuro del futuro del trabajo, con niveles crecientes de fragmentación, aislamiento y exclusión en nuestras sociedades.

En este mundo desbocado -impulsado por esta revolución tecnológica que nos acompaña-, que ya nos anunciaba a principios de este siglo el sociólogo inglés Anthony Giddens, están por venir muchos más cambios y transformaciones profundas en la economía, la política y las relaciones sociales. Lo complejo y la incertidumbre son elementos que estarán muy presentes en nuestras vidas durante los próximos años y habrá que acostumbrarse a tomar decisiones en ese tipo de escenarios ¿Qué análisis haría Karl Marx de la economía actual de China?

La plurinacionalidad como significante vacío (y II)

Un proyecto de integración solidaria

A lo largo de estos años el Estado de las Autonomías ha asumido, entre otras, las competencias que incluyen las grandes rúbricas del gasto como son la educación y la sanidad, sin que paralelamente se haya construido una clave de bóveda del sistema que haga posible una verdadera cooperación entre las regiones y la administración central. Ante esta situación, el Partido Popular parece que se apunta a la lógica conservadora de no cambiar nada y da la impresión de ir a remolque de los acontecimientos, mientras que por su parte el PSOE ha propuesto recientemente como gran novedad la vía de la plurinacionalidad, sin mayores especificaciones al respecto. En el caso de Podemos es difícil concretar cuáles son sus propuestas en esta cuestión, pues pasan fundamentalmente por someterlas en cada caso a lo que decidan los ciudadanos de cada región.

Por otra parte, seguir la pauta que se utiliza mucho en España de que los problemas se solucionan simplemente con un cambio de legislación nos llevaría a creer que el problema territorial desaparecerá con una reforma de la Constitución de 1978. Sin embargo, en mi opinión se puede avanzar bastante si se adoptan algunas decisiones y acuerdos políticos en el actual marco constitucional.

En primer lugar, debería aclararse en qué consisten las diferencias entre nacionalidades y regiones contempladas en el artículo 2 de nuestra Constitución. Por ejemplo, habría que aclarar quienes son las nacionalidades y cuales sus competencias con respecto al resto de regiones. Y en este punto se debe hacer una aclaración importante: ¿pueden negociar bilateralmente las llamadas nacionalidades con la Administración Central, o bien se deben sentar en una única mesa en donde estén presentes las diecisiete autonomías y el gobierno central? En ese marco, cabe preguntarse si se debe consolidar o no la relación bilateral del País Vasco con el Estado a través del concierto y del cupo, y de si un nuevo encuadre de Cataluña en España pasa también por una relación bilateral, adopte ésta una forma u otra: en eso precisamente consistía el federalismo asimétrico defendido por Pascual Maragall, y que en la práctica era más bien una propuesta de confederación muy alejada de los principios del federalismo.

En segundo lugar, y para tratar de lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos, así como para poner en marcha procesos de codecisión entre los gobiernos regionales y el gobierno central, habría que alcanzar un gran pacto político para revisar el desglose de las competencias autonómicas en tres grupos: las atribuidas de forma exclusiva a una u otra administración, las que se desarrollan de forma compartida con el gobierno central y aquellas otras competencias que se ejercen en paralelo por ambos niveles de gobierno. Las competencias compartidas deberían considerarse más una vía de ejercer de forma más eficiente una competencia que una cesión de soberanía, ya que, por ejemplo, un órgano federal puede tener una mayor información de la oferta sanitaria en el conjunto de España a la hora de diseñar un nuevo hospital en una determinada región, que cuando se proyecta desde la óptica de un modelo regional sanitario autosuficiente. Algo similar ocurre con la compra de medicamentos, pues el poder negociación que se tendría frente a las grandes multinacionales farmacéuticas si se hiciese de forma conjunta sería muy superior al de cada región de forma aislada. Estos dos ejemplos -se podrían poner otros muchos- muestran como unos mecanismos federales de codecisión podrían evitar despilfarros y generar ahorros en la asignación de los recursos públicos, que por cierto son escasos para cubrir las necesidades y proceden del bolsillo de los ciudadanos.

En tercer lugar, habría que diseñar un nuevo sistema de codecisión para ejercer las competencias compartidas que supere el funcionamiento actual de las Conferencias Sectoriales, en las que el ejecutivo central tiene la capacidad de iniciativa y en las que no existen reglas explícitas de votación para llegar a acuerdos, salvo que se produzca unanimidad por parte de los gobiernos regionales, lo que resulta muy costoso y difícil en términos de toma de decisiones entre administraciones con objetivos muchas veces diferentes.

El diseño de unas reglas de votación para ejercer de forma conjunta las competencias compartidas requiere previamente un acuerdo sobre el número de votos que se asigna a cada región y a la administración central. Y en esta materia existen diferentes modelos en el campo del federalismo. Desde aquellos en los que se determina que cada territorio tiene un voto y el gobierno federal los mismos que la suma de los estados federados, hasta aquellos otros en los que el número de votos de cada miembro de la federación es atribuido en función de la población ponderado por otros criterios políticos que garanticen un mínimo de votos para los territorios más pequeños. Esta última opción estaría en linea con el método utilizado en la Unión Europea para asignar los votos a los Estados miembros.

Además de la asignación del número de votos el proceso de codecisión requiere un acuerdo en los procedimientos de votación. Habría que determinar en qué materias se precisa la mayoría simple, en cuales la mayoría cualificada o reforzada y si se puede dar o no una minoría de bloqueo. Incluso habría que ver si hay que establecer en algún caso la unanimidad como requisito para alguna cuestión.

Probablemente el listado de asuntos enunciados en los párrafos anteriores podría ser ampliado y sobre el mismo tener posturas muy diferentes, pero en todo caso los problemas que actualmente presenta el Estado de las Autonomías -que reitero van más allá de los problemas ligados a la cuestión catalana- requieren que se abandonen los nominalismos y se ofrezcan propuestas concretas por parte de los diferentes partidos que sirvan de base para una discusión que propicie un gran acuerdo político.

España ha llegado tarde a la construcción del Estado de Bienestar, ya que el proceso que se abrió con la Segunda República en el campo de las políticas sociales fue abortado por un golpe de estado y cuarenta años de dictadura, mientras que nuestros vecinos europeos se dedicaban a diseñar las políticas y los servicios para combatir a los cinco males que aquejaban a sus sociedades: la Necesidad, la Enfermedad, la Ignorancia, la Miseria y la Pereza. Con variantes y opciones políticas diversas, algunos países de nuestro entorno han desarrollado un Estado de Bienestar cuya protección va desde “la cuna a la tumba”. A pesar de los grandes avances realizados, España se encuentra a la cola en el porcentaje de gasto en protección social con respecto al Producto Interior Bruto dentro del ranking de los quince Estados miembros anteriores a la ampliación al Este.

Frente a ello, un Estado de las Autonomías que genere un Estado de Bienestar con diferencias regionales no puede ser considerado el mejor camino para garantizar la igualdad entre los ciudadanos españoles. Y hay que decir claramente que mayores cotas de autogobierno regional llevan ineludiblemente a mayores diferencias en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos: las diferencias en los catálogos de prestaciones sanitarias, la importancia y calidad de la educación pública, la existencia de una renta mínima garantizada son claros ejemplos de la forma de ejercer la autonomía en nuestro país y que determinan políticas sociales cada vez más diferenciadas.

En 1933, Indalecio Prieto señalaba que lo que más echaba de menos en su labor de gobernante era no conocer de modo suficiente a España, por haberla visto solamente a través de las neblinas de los paisajes norteños. Hoy necesitamos volver a conocer a una España, que lejos del patriotismo de banderita, sea un proyecto de integración solidaria de sus nacionalidades y regiones que refuerce su papel a desarrollar en Europa y en el mundo.

La plurinacionalidad como significante vacío (I)

La necesidad de reformar el sistema autonómico español

El pasado mes de junio Francisco González de Lena publicaba un post en este blog en el que nos hablaba de la invasión de los significantes vacíos en la actividad política y el carácter plurinacional es quizás la muestra más reciente de estas fórmulas sin contenido para tratar de arreglar el encuadre de Cataluña en España.

Al margen de las referencias a Bolivia como ejemplo de Estado plurinacional o el reconocimiento de que el concepto se está desarrollando por parte de un significado miembro de la nueva dirección del PSOE, lo cierto es que más allá de los nominalismos utilizados -tal como el de nación de naciones o similares- resulta del todo necesario que las propuestas políticas referidas al modelo territorial se concreten lo más posible para evitar el confusionismo que términos como el federalismo asimétrico -que en su día utilizó Pascual Maragall y que hoy vuelven a utilizar los socialistas valencianos en sus reciente congreso- tengan significados reales bastante diferentes al federalismo clásico.

Han pasado cuatro décadas desde que en las manifestaciones de la Transición se gritaba el eslogan unitario “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía” y de entonces para acá se ha ido configurando un país muy distinto en lo económico y en lo político. Centrándonos únicamente en el plano territorial, superados ya los debates sobre las vías lentas y rápidas del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones establecido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, concluido hace ya bastantes años el proceso del traspaso de competencias y abordadas varias reformas de los estatutos de autonomía, parece oportuno interrogarse si el llamado Estado de las Autonomías ha resuelto satisfactoriamente el problema territorial en España.

En primer lugar, creo oportuno señalar que se ha convertido en un tópico afirmar que el proceso autonómico ha generado mayores tasas de crecimiento de la economía española a lo largo de las últimas décadas, lo cual no tiene mayor fundamento que la dificultad de generar un modelo alternativo que simule cual hubiese sido el crecimiento en el caso de un Estado más centralizado en los campos de la política fiscal, con una regulación única sobre la unidad de mercado y, por sólo poner un ejemplo, en el campo de las políticas sociales, con un Sistema Nacional de Salud. Soy consciente de que la mayoría considera innecesario un ejercicio de este tipo ya que opina que el modelo territorial español es irreversible y beneficioso y únicamente este asunto le preocupa a los jacobinos -como es mi caso- que seguimos pensando en la prevalencia sobre los territorios de la famosa triada de la Ilustración y de la Revolución Francesa: los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad en un ámbito territorial cada vez más amplio. Que si primero impulsaron revoluciones que trajeron la democracia a muchos países, actualmente deberíamos aspirar a que se consoliden en el marco de la Unión Europea.

En España, más allá de los problemas y reivindicaciones que, a pesar del alto nivel de competencias alcanzado, siguen planteando los diversos nacionalismos -actualmente en plena ebullición en Cataluña y en stand by en el País Vasco- el proceso autonómico ha ido creando lo que se pueden calificar como “nuevos nacionalismos de baja intensidad” en el resto de los territorios al centrarse principalmente el debate político en la defensa de unos abstractos e inconcretos intereses regionales frente a un ente perturbador de los mismos: la Administración Central, o más coloquialmente Madrid. De esta forma, en España el Estado tiende a configurarse más como una suma de diecisiete sistemas regionales que tienen un adversario único que como un proyecto en común de país.

Curiosamente a este “nuevo nacionalismo regional” se han ido apuntando con más o menos fervor los diferentes partidos, desde la derecha hasta todas aquellas variantes que han surgido de la crisis del movimiento comunista. Asimismo, y desde hace algún tiempo, la ausencia de liderazgos nacionales en el PSOE le ha impulsado a este mismo posicionamiento: la existencia de los llamados barones regionales constituye en este partido centenario un claro indicador de la prevalencia de los territorios sobre los ciudadanos.

Al margen de las mejoras que el proceso autonómico haya generado en campos como el de la convergencia regional, se pueden señalar algunos problemas que dicho proceso ha ido produciendo a lo largo de estos años. En primer lugar, la legislación que se ha ido aprobando en las diferentes regiones ha tenido un impacto negativo sobre la unidad de mercado. Se tardaron casi cuatrocientos años en lograr un mercado único en España -desde la unidad política de los Reyes Católicos hasta la aparición de la peseta como moneda de curso legal el 19 de octubre de 1868- y parece que en los últimos cuarenta años nos hemos empeñado en seguir el camino contrario. El asunto parece un tanto contradictorio, pues en paralelo, y desde hace décadas, estamos participando en nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea en lograr un mercado único europeo.

En segundo lugar, el hecho de que la gestión de ciertos impuestos haya sido cedida a las Comunidades Autónomas, así como el desarrollo desigual de los impuestos propios de cada región ha generado distorsiones -principalmente en el caso de los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones- en la localización de personas y capitales. Este asunto está dando lugar a importantes diferencias que atentan contra el principio de igualdad en materia fiscal de los ciudadanos españoles.

En tercer lugar, la existencia de crecientes economías de escala en la prestación de algunos servicios públicos, como es el caso de la atención sanitaria -especialmente en las actividades que utilizan tecnologías avanzadas y que requieren elevadas inversiones así como altos niveles de utilización-, exigirían un diseño que tenga en cuenta el marco del conjunto del país, lo que choca frontalmente con la concepción de sistemas sanitarios regionales autosuficientes en los que se están configurando diferentes catálogos de prestaciones sanitarias.

En cuarto lugar, la existencia o no de un salario social o medida equivalente, así como las importantes diferencias regionales en su cuantía, pone en evidencia que los españoles sufren fuertes diferencias en la garantía de una renta mínima en función de la región en la que residan.
Se podrían señalar otros muchos ejemplos -como el de la investigación científica y la oferta de enseñanzas universitarias- en los que las duplicidades y la falta de cooperación regional pueden estar generando una ineficiente asignación de recursos públicos.

En consecuencia, y al margen de que en estos momentos la cuestión catalana acapare el debate político territorial, si se realiza un análisis serio del proceso, la conclusión es que el desarrollo del Estado de las Autonomías ha generado desigualdades en los derechos y deberes de los españoles según su región de residencia.

Ante esta situación caben dos actitudes. O bien ignorar los problemas que el proceso autonómico ha generado, siguiendo la máxima del conservador inglés Lord Balfour de que “más vale hacer lo que se ha hecho siempre, aunque sea una tontería, que hacer cosas sabias que no se han hecho nunca”, o bien abordar en profundidad el asunto haciendo propuestas de reforma que concreten mecanismos que aumenten la cooperación regional y frenen la actual tendencia a la desigualdad entre españoles.

Vuelve la vivienda social

La protección que proporcionan las normas en vigor sobre desahucios es poco más que un placebo; las nuevas administraciones se proponen apoyar con más intensidad a las personas con menos recursos

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN 17 JUL 2015 Sigue leyendo

LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AL FINALIZAR LA RECESION – Estancamiento y Desigualdad

Índice

  1. El Crecimiento Económico
  2. La Financiación de la Economía
  3. El Mercado de Trabajo: Empleo y Salarios
  4. Los Precios
  5. El Déficit Público
  6. La Deuda Pública
  7. Para finalizar Sigue leyendo

EN MEMORIA DE DAVID TAGUAS

Valeriano Gómez
Economista
Ex Ministro de Trabajo

 Escribo estas palabras todavía bajo la impresión que a muchos de sus compañeros de profesión –y algunos que también hemos compartido con él ambiciones y proyectos comunes para nuestro país- nos ha causado su muerte. Su desaparición tan prematura.

Yo era algo más joven que él. Conocí a David Taguas en un curso de economía cuantitativa que organizaba el Colegio de Economistas de Madrid. Hace más de 25 años. El carácter, claro está, no es algo que cambia con la edad. Él ya era entonces un hombre apasionado, con su profesión y, también con sus creencias. Los que pensamos que la economía y los economistas tienen pocas razones para no ser humildes, nos sentíamos en ocasiones arrollados por ese impulso frenético que, en demasiadas ocasiones, concede a las creencias más fortaleza que a la propia  ciencia. David Taguas era un personaje así, fuerte e impetuoso. Pero también reflexivo y generoso. Sigue leyendo

Reforma local: Así no

 

  • Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
  • Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.
  • Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.
  • Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas.

 

Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
El papel de los ayuntamientos españoles como vertebradores de la vida ciudadana y como instrumentos de mejora de la calidad de vida del vecindario está fuera de toda duda. Fueron unas elecciones municipales las que trajeron la República en 1931. Y fueron los ayuntamientos democráticos los que desde 1977 articularon la introducción de nuevos servicios públicos, desde servicios sociales hasta planificación familiar, la recuperación de centros históricos degradados o la popularización de la práctica deportiva y de la cultura.
El desarrollo de la organización territorial de España desde 1978 priorizó la construcción del estado autonómico esbozado en la Constitución, pero significó aparcar en un plano muy secundario a la verdadera columna vertebral de la organización territorial española: los municipios. Durante estos años se ha ignorado la auténtica relevancia de los municipios y se ha descuidado la adecuación y modernización de su estatus jurídico, político y financiero a una situación que ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

La regulación actual del régimen jurídico se basa en una ley de 1985 que ha sido parcheada en varias ocasiones. La reforma más importante fue la introducción del régimen de grandes ciudades por el gobierno de Aznar, con el fin de satisfacer las demandas de Gallardón para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. Una parte de esa reforma, la referida a la incorporación de personas no electas a puestos de gobierno, ha sido declarada inconstitucional recientemente. Lo paradójico es que siguen vigentes obsoletos decretos de los años cincuenta que regulan aspectos centrales de la gestión municipal.

 

Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.

El PP impulsa ahora, nuevamente, modificaciones puntuales de la Ley de Bases que suponen en la práctica vaciar de contenido político a los ayuntamientos españoles.

La reforma que apadrina el PP no resuelve los problemas de fondo que existen en el funcionamiento de los municipios españoles, pero utiliza la excusa de evitar supuestas duplicidades y el cumplimiento de la ley de estabilidad económica y financiera para arrebatar a los ayuntamientos los servicios sociales y cualquier competencia en educación y sanidad; impedirles la realización de cualquier actuación que no forme parte de unas listas de competencias explícitamente atribuidas o explícitamente señaladas como susceptibles de convenio con las Comunidades autónomas. Por esta vía, los ayuntamientos dejarán de atender cuestiones como el empleo o la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin duda, cabe un debate cabal acerca del sentido que tiene ahora que los ayuntamientos sigan manteniendo la obligación de realizar la conservación de unas escuelas que ni construyen, ni gestionan; pero es inaceptable que se haya extendido la original obligación de ceder suelo para construir escuelas públicas a tener que cederlo también a concertadas y privadas.

Como es incomprensible que el plazo para transferir los servicios sociales a las CCAA sea de un año, mientras se prevén cinco para transferir las de sanidad y educación. Éstas últimas son, sin duda, mucho menos relevantes en términos de coste e incidencia ciudadana que los servicios sociales. En consecuencia, sólo el objetivo político de desmantelar cuanto antes todos los dispositivos públicos de servicios sociales puede explicar tanta urgencia.

El texto propuesto por el PP impone una preferencia explícita por la gestión indirecta de servicios (privatizaciones) y convierte a la gestión directa en residual, endureciendo las condiciones para poder ejercerla.

De prosperar el anteproyecto, se deberán liquidar a las empresas públicas deficitarias antes del 1 de agosto de 2015. De esta forma, por ejemplo, el precio de los billetes de transporte urbano experimentarán crecimientos desorbitados si permanece en el ámbito de lo municipal. Ahora bien, si un municipio quiere potenciar las externalidades positivas que genera el transporte colectivo, puede hacerlo pero subvencionando a un gestor privado.

El efecto económico de la reforma local supone, según el gobierno del PP, 7.200 millones de euros. Que son directamente menos servicios a los ciudadanos y empleo público. A estos efectos, la reforma laboral aprobada con anterioridad por el gobierno de Rajoy prepara el camino para solventar los excesos de personal en los ayuntamientos y prevé la realización de EREs entre los contratados laborales de las administraciones públicas, aunque la única modalidad que contempla son los extintivos.

 

Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.

Estos efectos de fondo en los servicios públicos que prestan los ayuntamientos van desplazando poco a poco en la opinión pública del señuelo con el que se lanzó inicialmente esta reforma: reducir costes a través de la supresión de los ayuntamientos pequeños y del número de cargos electos. Estas razones “económicas” que ha esgrimido el PP se apoyaron en una indisimulada visceralidad oportunista que planea sobre una parte de la sociedad española (el problema son los políticos porque cuestan mucho y hay que ahorrar) para justificar una reforma cuyos objetivos reales entroncan directamente con la estrategia política del PP actual: el refuerzo de la centralización territorial junto al desmantelamiento de todos los servicios públicos posibles porque “no nos los podemos permitir”. Esta reforma ignora, además, el papel identitario y político que históricamente han desempeñado los municipios españoles.

El ramplón argumento de que los ayuntamientos pequeños no pueden aprovechar las economías de escala en la prestación de servicios ha sido puesto en evidencia por una doble realidad: la primera, que la mayor parte de los municipios pequeños ya se agrupan para prestar esos servicios; la segunda que el aprovechamiento o no de las economías de escala en esos servicios depende del tipo de poblamiento, no del número de ayuntamientos. Es decir, que recoger la basura en un pueblo de 200 habitantes cuesta lo mismo sea con un ayuntamiento propio o si forman parte de uno más grande.

Por otro lado, tratar de captar esas economías de escala a través de unas trasnochadas Diputaciones (que no se reforman) sin experiencia en la prestación directa de servicios a la ciudadanía, aboca directamente a la privatización de la prestación de servicios por unas instituciones que tampoco tienen experiencia en la supervisión y control de servicios externalizados.

El PP también abandonó la idea inicial de reducir el número de concejales que forman las Corporaciones. Lo transformó en una regulación de las retribuciones de los cargos electos y del número de los que podían percibirla, así como el establecimiento de máximos en los cargos de confianza que podían existir en los Ayuntamientos.

La determinación de máximos retributivos evidenció que suelen ser Corporaciones gobernadas por el propio PP las que superan los umbrales propuestos ahora como límites. La propuesta asume el riesgo de que esos máximos se conviertan en “las” retribuciones y contiene la aberración de prohibir que los alcaldes de los municipios pequeños puedan tener una renumeración salarial, con lo que se abre la veda a la imaginación para compensar a estos cargos públicos.

La limitación del número de cargos electos con dedicación exclusiva se apoya en el populismo para abrir de par en par la puerta a varias aberraciones: por un lado, el “invento” de imaginativos subterfugios para saltarse la norma (dedicaciones parciales más golosas que las exclusivas, dietas desproporcionadas…); por otro lado, la desprotección absoluta de las minorías en la oposición para disponer de medios humanos que les permitan realizar su labor; finalmente, la paradoja aberrante de que puede haber más “asesores” en dedicación exclusiva que concejales. Es decir, o bien para el PP contar con el respaldo de miles de ciudadanos es un demérito que impide a los cargos electos dedicarse plenamente a la tarea para la que les han elegido sus convecinos, o bien pretenden con esta norma dar cobertura a algunas situaciones indignantes que existen y de las que el Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de excesos que causan el repudio entre la ciudadanía.

 

Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas

Que una norma de 1985 parcheada en numerosas ocasiones necesite una revisión integral no debe sorprender a nadie. Y a los ayuntamientos españoles, por muchas razones, les hace falta una reforma integral que contemple la dimensión política, funcionarial, financiera y competencial.

Sin ánimo de agotar el inventario de cosas que se deben revisar, se deben citar algunas que destacan de forma especial. Ocupa un lugar destacado, el trasnochado régimen presidencialista por el que el Alcalde tiene amplísima competencias, y cuyo control democrático por parte del Pleno es muy débil. A su lado destacan las evidentes debilidades de la calidad democrática en la vida municipal (incompatibilidades, retribuciones, estatuto de la oposición o acceso efectivo a información municipal); el desigual papel desempeñado por los altos funcionarios municipales (secretaría e intervención); la vulnerabilidad de las corporaciones a la hora de fijar las retribuciones de los empleados públicos o la necesidad de integrar la financiación municipal con la financiación autonómica configuran algunas de las circunstancias y razones por las que la reforma local ya era inaplazable hace varios años.

Además, no es casual que los municipios españoles no hayan atraído la atención de la opinión publicada por la mejora de los servicios públicos que efectivamente han liderado y que la ciudadanía ha percibido con nitidez. La atención mediática a los Ayuntamientos la han acaparado casos de corrupción y situaciones de estrangulamiento económico. Problemas que existen y deben resolverse; pero eso no quiere decir que haya que disolver por la vía de los hechos a los municipios españoles. La corrupción se asocia con la gestión urbanística; la mala situación financiera suele estar vinculada a exagerados endeudamientos de municipios perfectamente identificados y en cuyas causas conviven varias razones.

En definitiva, es evidente que es necesario reformar el funcionamiento de los ayuntamientos españoles. Es un asunto sobre el que desde hace muchos años hay amplio consenso. De hecho, el último gobierno del PSOE tenía preparada una ley del gobierno local cuya tramitación fue abortada ante la negativa del PP de acordar nada desde la mitad de la legislatura pasada. En el PSOE se entendió que un asunto de esta envergadura era cuestión de Estado y que no tenía sentido continuar con su tramitación.

El deseo y necesidad de acuerdo sobre el modelo territorial español se extiende también a la reforma local. La prevista actualmente por el PP supone la transformación de los ayuntamientos en simples oficinas de gestión, anulando el carácter de primera línea en la atención de los problemas ciudadanos y vaciando el contenido político de los municipios. Ese punto de partida es, simplemente, inaceptable.

Comentarios recientes