Reforma Laboral

Por un nuevo Plan Marshall

Centenares de miles de personas vienen acercándose a Europa desde Oriente Medio y desde el Sur del Sahara. Huyen de las guerras, de los conflictos civiles, de la pobreza y de las miserias.

Muchas de ellas, han permanecido desesperadas en los campamentos de refugiados del Líbano, Jordania, Turquía, Somalia o Kenia en los que arrastran algo peor que una lóbrega existencia.

Hartas de tantos sufrimientos decidieron movilizarse hacia otros lugares, para volver a sentirse vivos rehaciendo, si les era posible, su vida cotidiana. Con ese propósito desplegaron sus expectativas numerosos grupos de refugiados políticos y de migrantes económicos irregulares. La coincidencia de unos y otros se justifica porque ambos movimientos utilizan los mismos itinerarios, los mismos servicios, que les facilitan los mismos traficantes al proporcionarles los mismos falsos documentos.

Todos pensaban que en Europa no les faltaría de nada, ya que los habitantes de este viejo continente llevaban décadas siendo gobernados por regimenes democráticos que defendían los derechos fundamentales de los ciudadanos, hasta el punto de que la miseria, que existió en otro tiempo, ahora no es sino un recuerdo lejano y distante (Barón y Fischer).

Sorprendentemente, la mera presencia de estos desdichados seres ha dado origen, entre muchos europeos, a un retroceso enfocado hacia identidades nacionalistas, individualistas, cuando no xenófobas. Estas llegadas hicieron que se sintieran presionados por los que venían de fuera. Se les oía decir que esas personas les roban los puestos de trabajo existentes, sobre todo a los que perciben los salarios más bajos. A la vez expresan otros temores: una intensa afluencia de extranjeros podría socavar sus valores culturales contribuyendo a la islamización de las sociedades europeas.

Debajo del rechazo a la acogida lo que existe es el temor a que se debilitara el muro de seguridad que en otro tiempo protegió a muchos ciudadanos europeos.

La desnuda realidad de la política migratoria europea, está determinada por las carencias que produce la ausencia de una política común junto con la emergencia de respuestas unilaterales por parte de los Estados miembros (Sutherland). Prueba de ello es que entre la floresta que viene creciendo nos encontramos con quien ha adoptado las antiguas medidas del “no pasarán”, mientras que otros han preferido acudir a Turquía, subcontratando con ella la gestión de la política de los recién llegados.

De una manera o de otra, la crisis de los refugiados ha partido a Europa en dos. Una que, ante este atroz drama, proclama que debe anteponerse la protección de los derechos humanos aplicando para ello instrumentos políticos solidarios. Otra que reclama la conveniencia de fortalecer las identidades nacionales y étnicas ante lo que consideran una amenaza civilizatória.

Detrás de estos planteamientos un mensaje, algo más que subliminal, estuvo deslizándose “lo principal es detener las llegadas” (Vaquer) porque una inmigración que es excesiva constituye una amenaza al bienestar europeo.

Alemania y la Comisión Europea pidieron una respuesta común mientras que el grupo de Visegrado (República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y varias repúblicas balcánicas) defendió una política restrictiva cerrando las puertas y levantando vallas. Se enrocó pidiendo reforzar las fronteras exteriores de la Unión, mitigando el efecto llamada provocado por una política de brazos abiertos y a la vez que propuso ayudar a países terceros a contener el flujo de refugiados que se dirigen hacia el mismo centro de Europa (P. Morillas).

El resultado de la confrontación se ha traducido en una solución que algunos presentan como ecléctica, un Acuerdo con Turquía para que readmita a los emigrantes económicos irregulares y acepte recibir de vuelta a potenciales demandantes de asilo. La materialización de este Acuerdo que para muchos se sitúa en el límite de la legalidad.

En un somero análisis del mismo nos encontramos con que desde su firma las llegadas de refugiados han caído espectacularmente. Pese a semejante alivio el Acuerdo se enfrenta con graves dificultades. De un lado las reticencias griegas a aceptar el mecanismo de expulsión de demandantes de asilo, ya que cuestiona que Turquía pueda ser considerada como un país seguro en el que la protección de los derechos es similar a la que dentro de la UE se proporciona a estas personas. De otro, la resistencia de las autoridades turcas a cambiar su legislación antiterrorista en un momento en el que están soportando una oleada de atentados en su territorio.

Un gran desafío

Hasta aquí he venido realizando un análisis parcial que conviene enfocarlo desde una perspectiva más general. Lo que está ocurriendo en las islas del Egeo y en el Canal de Sicilia es la consecuencia del estallido de las políticas migratorias europeas, después de 30 años de medidas continuadas de contención. Con ellas se han acumulado una serie de demandas migratorias que no han podido –ni podrán- resolverse a través del control de las fronteras. A la opinión pública conviene explicarle que los flujos migratorios seguirán.

Por tanto nos encontramos ante algo bien distinto de lo que venía ocurriendo, que obliga a señalar qué tipo de medidas hay que adoptar, puesto que las aplicadas ahora son poco útiles.

Los inmigrantes han de tener menos estímulos para lanzarse al mar o para encaramarse en lo alto de unas vallas llenas de alambres de púas. Para conseguirlo deberían habilitarse vías legales y seguras que faciliten la entrada regular al ámbito laboral europeo. Igualmente han de explorarse las posibilidades que ofrece una estrategia que se proponga invertir las causas que, en los países de origen, empujan a estos movimientos de seres humanos.

Abrir el angular resulta imprescindible. Junto a las tareas que deben desencadenarse in situ es preciso aplicar otras, en los Estados miembros de la UE, destinadas a fortalecer los mecanismos de cooperación. Los severos ajustes y los recortes presupuestarios y financieros que conllevan las políticas de austeridad, se han traducido en una drástica reducción de los medios que para el desarrollo recibían estos países antes de 2007.

En ningún lugar estas políticas resultan gratuitas, por lo que, cuando se aplican no debe ignorarse las consecuencias que ocasionan en el contexto regional extraeuropeo. Aunque solo sea porque se empuja hacia zonas de miseria a millones de personas que viven en las fronteras de la riqueza (S. Nair).

Una dinámica económica de esta índole desencadena por sí sola un efecto expulsión difícilmente contenible. Por tanto, junto a las carencias habituales que padecían los países atrasados de África y Asia, se han producido otras ocasionadas por nuestras políticas. El resultado se ha plasmado en una explosión demográfica que ha redoblado el deseo de emigrar, una enorme desbarajuste social, junto con una permanente inestabilidad política y militar.

Todo ello ha provocado un crecimiento exponencial de la desigualdad que empuja a que estas personas depositen sus esperanzas en la adquisición de un billete –solo de ida- con el que huir del horror y de la miseria (Goytisolo y De Luca).

¿Cómo hacer frente a esta situación? La UE debería implementar un abanico de actuaciones entre las que destacan:

- Resulta indispensable facilitar las vías legales a la inmigración si se quiere evitar que la inmigración clandestina continúe. El caso español es un buen ejemplo de lo que digo, en el año 2007  favoreció una regularización por razones de arraigo laboral que permitió otorgar 578.000 permisos de trabajo.

Además hay que incrementar las vías legales y administrativas para pedir las solicitudes de asilo. Con unas y otras aumentará el número de admisiones hecho a favorecer aunque solo sea porque en Europa se necesita disponer de un poderoso acelerador demográfico, del que se carece hoy en día.

- La necesidad de llevar a cabo un significativo aumento de la ayuda al desarrollo, en los países no comunitarios, con el fin de estabilizar en ellos sus poblaciones.

Téngase en cuenta que en algunas zonas afectadas por los movimientos migratorios la población está creciendo y no poco. Según los cálculos de la ONU en el África subsahariana el aumento de población se aproxima a 200 millones de personas por década.

A esta cifra hay que añadir otra igualmente destacada, el África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza en los últimos 25 años. Según el Banco Mundial “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria económica”.

- Ni que decir tiene que estas actuaciones adquieren una magnitud tal que por sí solo no pueden ser afrontadas aisladamente por ningún Estado miembro de la UE. Solo podrían llevarse a cabo mediante una política común de largo alcance.

¿Un Plan Marshall?

Comenzaré recordando un discurso histórico pronunciado por George Marshall en la Universidad de Harvard (1947) en el que señaló que el desarrollo económico compartido era la única forma de crear una paz duradera. En él recalcó que la ayuda debía ser integral para así promover un progreso y un desarrollo reales. “Esa asistencia no debe darse a cuenta gotas conforme se suceden las crisis. Toda asistencia… debe ser un remedio y no un simple paliativo”.

Estas ideas tienen mucho que enseñar a quienes se propongan aumentar la capacidad productiva de las economías pobres. Pues bien, la Comunidad Europea ha anunciado que propondrá a los veintiocho un plan para tratar de frenar el flujo migratorio en los países de origen. Los detalles del mismo se darán a conocer en el otoño.

La propuesta incluye un fondo de inversiones similar al que se ha creado en Europa para impulsar su economía. El planteamiento es idéntico al establecido en el Plan Juncker. Los poderes públicos aportan una cantidad de dinero concreta que sirva para detonar el proceso atrayendo inversiones privadas.

Hasta aquí recuerda al Plan África que España, en 2006, puso en práctica para reducir la llegada de inmigrantes: inversiones, ayuda al desarrollo y acuerdos de Cooperación Migratoria desde los que se apoyó al despliegue de capacidades administrativas y materiales para que los 12 países que los suscribieron pudieran controlar sus fronteras.

En la propuesta que barajan en Bruselas los Estados receptores serían Túnez, Líbano, Jordania, Níger, Nigeria, Mali, Senegal y Etiopía.

La idea es premiar a aquellos países que cumplan con sus obligaciones internacionales, de readmitir a sus propios ciudadanos, pero a la vez hacer asumir las consecuencias de sus decisiones a quienes rehúsan colaborar en readmisiones y retornos.

Vincular cooperación y emigración, es correcto, aunque en la aplicación que España hizo, en 2006, prevalecieron los incentivos positivos para lograr la colaboración de los receptores de las ayudas.

Es pronto para realizar una valoración de lo que se pretende la Comisión. Lo poco que se conoce de ella incorpora planteamientos discutibles por diversas razones, habrá de esperarse a que más adelante se presente la propuesta más definitiva.

Francisco Fernández Marugán
Adjunto 1º al Defensor del Pueblo

La recuperación y el bienestar

Los datos de la Contabilidad Nacional de España correspondientes a 2014, muestran que en este ejercicio se produce el fin de la recesión que venía experimentando la economía desde mediados de 2007. Este sesenio ha sido extremadamente duro pues en él se perdieron ocho puntos porcentuales de la renta nacional, el empleo se desplomó, los ocupados se redujeron en un 18 %, más de 2.900.000 personas, a la vez que los parados aumentaron en más de 3.500.000. Sigue leyendo

LA MACROCUENTA DEL DESPIDO

Nota: Una versión reducida de este artículo ha sido publicada en el periódico La Nueva España (08-04-2012)

Quisiera comenzar este artículo, recordando una frase de Robert M. Solow, premio Nobel en Economía, pronunciada hace ya más de dos décadas: “Por regla general, a los académicos les gusta oponerse al sentido común. Les gusta demostrar que lo que piensa todo el mundo es completamente falso”. Y ello tiene bastante que ver con la afirmación que de forma reiterada se ha venido repitiendo en relación a la reciente reforma laboral: se dice que el abaratamiento de los costes de la rescisión de los contratos laborales lleva a que, ante una reducción de la actividad de la empresa, se busquen soluciones distintas al despido. Sigue leyendo

OTRA VUELTA DE TUERCA: LA NUEVA REFORMA LABORAL

            A la política de fuertes ajustes fiscales se añade ahora una nueva reforma laboral. En efecto, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral (BOE del 11 de febrero), aprobado por el Gobierno del PP, supone un cambio sustancial en muchas materias, reguladas principalmente por el Estatuto de los Trabajadores, pero no solo por esta Ley, y que están relacionadas con aspectos muy relevantes de las relaciones laborales, en concreto la contratación y el despido y las condiciones de trabajo y la negociación colectiva. Es, sin duda, la reforma laboral más trascendente de todas las aprobadas desde el Estatuto de los Trabajadores de 1980 por la intensidad del ímpetu desregulador y flexibilizador y por ser mucho más radical que las desarrolladas por los gobiernos socialistas en 1994, 2010 y 2011 y por los gobiernos populares en 1997, 2001 y 2002,  en la línea de un mayor predominio de las medidas que, ordinariamente, defienden las organizaciones empresariales y que critican y rechazan las organizaciones sindicales. Sigue leyendo