política

La plurinacionalidad como significante vacío (y II)

Un proyecto de integración solidaria

A lo largo de estos años el Estado de las Autonomías ha asumido, entre otras, las competencias que incluyen las grandes rúbricas del gasto como son la educación y la sanidad, sin que paralelamente se haya construido una clave de bóveda del sistema que haga posible una verdadera cooperación entre las regiones y la administración central. Ante esta situación, el Partido Popular parece que se apunta a la lógica conservadora de no cambiar nada y da la impresión de ir a remolque de los acontecimientos, mientras que por su parte el PSOE ha propuesto recientemente como gran novedad la vía de la plurinacionalidad, sin mayores especificaciones al respecto. En el caso de Podemos es difícil concretar cuáles son sus propuestas en esta cuestión, pues pasan fundamentalmente por someterlas en cada caso a lo que decidan los ciudadanos de cada región.

Por otra parte, seguir la pauta que se utiliza mucho en España de que los problemas se solucionan simplemente con un cambio de legislación nos llevaría a creer que el problema territorial desaparecerá con una reforma de la Constitución de 1978. Sin embargo, en mi opinión se puede avanzar bastante si se adoptan algunas decisiones y acuerdos políticos en el actual marco constitucional.

En primer lugar, debería aclararse en qué consisten las diferencias entre nacionalidades y regiones contempladas en el artículo 2 de nuestra Constitución. Por ejemplo, habría que aclarar quienes son las nacionalidades y cuales sus competencias con respecto al resto de regiones. Y en este punto se debe hacer una aclaración importante: ¿pueden negociar bilateralmente las llamadas nacionalidades con la Administración Central, o bien se deben sentar en una única mesa en donde estén presentes las diecisiete autonomías y el gobierno central? En ese marco, cabe preguntarse si se debe consolidar o no la relación bilateral del País Vasco con el Estado a través del concierto y del cupo, y de si un nuevo encuadre de Cataluña en España pasa también por una relación bilateral, adopte ésta una forma u otra: en eso precisamente consistía el federalismo asimétrico defendido por Pascual Maragall, y que en la práctica era más bien una propuesta de confederación muy alejada de los principios del federalismo.

En segundo lugar, y para tratar de lograr una mayor eficiencia en la asignación de recursos públicos, así como para poner en marcha procesos de codecisión entre los gobiernos regionales y el gobierno central, habría que alcanzar un gran pacto político para revisar el desglose de las competencias autonómicas en tres grupos: las atribuidas de forma exclusiva a una u otra administración, las que se desarrollan de forma compartida con el gobierno central y aquellas otras competencias que se ejercen en paralelo por ambos niveles de gobierno. Las competencias compartidas deberían considerarse más una vía de ejercer de forma más eficiente una competencia que una cesión de soberanía, ya que, por ejemplo, un órgano federal puede tener una mayor información de la oferta sanitaria en el conjunto de España a la hora de diseñar un nuevo hospital en una determinada región, que cuando se proyecta desde la óptica de un modelo regional sanitario autosuficiente. Algo similar ocurre con la compra de medicamentos, pues el poder negociación que se tendría frente a las grandes multinacionales farmacéuticas si se hiciese de forma conjunta sería muy superior al de cada región de forma aislada. Estos dos ejemplos -se podrían poner otros muchos- muestran como unos mecanismos federales de codecisión podrían evitar despilfarros y generar ahorros en la asignación de los recursos públicos, que por cierto son escasos para cubrir las necesidades y proceden del bolsillo de los ciudadanos.

En tercer lugar, habría que diseñar un nuevo sistema de codecisión para ejercer las competencias compartidas que supere el funcionamiento actual de las Conferencias Sectoriales, en las que el ejecutivo central tiene la capacidad de iniciativa y en las que no existen reglas explícitas de votación para llegar a acuerdos, salvo que se produzca unanimidad por parte de los gobiernos regionales, lo que resulta muy costoso y difícil en términos de toma de decisiones entre administraciones con objetivos muchas veces diferentes.

El diseño de unas reglas de votación para ejercer de forma conjunta las competencias compartidas requiere previamente un acuerdo sobre el número de votos que se asigna a cada región y a la administración central. Y en esta materia existen diferentes modelos en el campo del federalismo. Desde aquellos en los que se determina que cada territorio tiene un voto y el gobierno federal los mismos que la suma de los estados federados, hasta aquellos otros en los que el número de votos de cada miembro de la federación es atribuido en función de la población ponderado por otros criterios políticos que garanticen un mínimo de votos para los territorios más pequeños. Esta última opción estaría en linea con el método utilizado en la Unión Europea para asignar los votos a los Estados miembros.

Además de la asignación del número de votos el proceso de codecisión requiere un acuerdo en los procedimientos de votación. Habría que determinar en qué materias se precisa la mayoría simple, en cuales la mayoría cualificada o reforzada y si se puede dar o no una minoría de bloqueo. Incluso habría que ver si hay que establecer en algún caso la unanimidad como requisito para alguna cuestión.

Probablemente el listado de asuntos enunciados en los párrafos anteriores podría ser ampliado y sobre el mismo tener posturas muy diferentes, pero en todo caso los problemas que actualmente presenta el Estado de las Autonomías -que reitero van más allá de los problemas ligados a la cuestión catalana- requieren que se abandonen los nominalismos y se ofrezcan propuestas concretas por parte de los diferentes partidos que sirvan de base para una discusión que propicie un gran acuerdo político.

España ha llegado tarde a la construcción del Estado de Bienestar, ya que el proceso que se abrió con la Segunda República en el campo de las políticas sociales fue abortado por un golpe de estado y cuarenta años de dictadura, mientras que nuestros vecinos europeos se dedicaban a diseñar las políticas y los servicios para combatir a los cinco males que aquejaban a sus sociedades: la Necesidad, la Enfermedad, la Ignorancia, la Miseria y la Pereza. Con variantes y opciones políticas diversas, algunos países de nuestro entorno han desarrollado un Estado de Bienestar cuya protección va desde “la cuna a la tumba”. A pesar de los grandes avances realizados, España se encuentra a la cola en el porcentaje de gasto en protección social con respecto al Producto Interior Bruto dentro del ranking de los quince Estados miembros anteriores a la ampliación al Este.

Frente a ello, un Estado de las Autonomías que genere un Estado de Bienestar con diferencias regionales no puede ser considerado el mejor camino para garantizar la igualdad entre los ciudadanos españoles. Y hay que decir claramente que mayores cotas de autogobierno regional llevan ineludiblemente a mayores diferencias en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos: las diferencias en los catálogos de prestaciones sanitarias, la importancia y calidad de la educación pública, la existencia de una renta mínima garantizada son claros ejemplos de la forma de ejercer la autonomía en nuestro país y que determinan políticas sociales cada vez más diferenciadas.

En 1933, Indalecio Prieto señalaba que lo que más echaba de menos en su labor de gobernante era no conocer de modo suficiente a España, por haberla visto solamente a través de las neblinas de los paisajes norteños. Hoy necesitamos volver a conocer a una España, que lejos del patriotismo de banderita, sea un proyecto de integración solidaria de sus nacionalidades y regiones que refuerce su papel a desarrollar en Europa y en el mundo.

La plurinacionalidad como significante vacío (I)

La necesidad de reformar el sistema autonómico español

El pasado mes de junio Francisco González de Lena publicaba un post en este blog en el que nos hablaba de la invasión de los significantes vacíos en la actividad política y el carácter plurinacional es quizás la muestra más reciente de estas fórmulas sin contenido para tratar de arreglar el encuadre de Cataluña en España.

Al margen de las referencias a Bolivia como ejemplo de Estado plurinacional o el reconocimiento de que el concepto se está desarrollando por parte de un significado miembro de la nueva dirección del PSOE, lo cierto es que más allá de los nominalismos utilizados -tal como el de nación de naciones o similares- resulta del todo necesario que las propuestas políticas referidas al modelo territorial se concreten lo más posible para evitar el confusionismo que términos como el federalismo asimétrico -que en su día utilizó Pascual Maragall y que hoy vuelven a utilizar los socialistas valencianos en sus reciente congreso- tengan significados reales bastante diferentes al federalismo clásico.

Han pasado cuatro décadas desde que en las manifestaciones de la Transición se gritaba el eslogan unitario “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía” y de entonces para acá se ha ido configurando un país muy distinto en lo económico y en lo político. Centrándonos únicamente en el plano territorial, superados ya los debates sobre las vías lentas y rápidas del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones establecido en el artículo 2 de la Constitución de 1978, concluido hace ya bastantes años el proceso del traspaso de competencias y abordadas varias reformas de los estatutos de autonomía, parece oportuno interrogarse si el llamado Estado de las Autonomías ha resuelto satisfactoriamente el problema territorial en España.

En primer lugar, creo oportuno señalar que se ha convertido en un tópico afirmar que el proceso autonómico ha generado mayores tasas de crecimiento de la economía española a lo largo de las últimas décadas, lo cual no tiene mayor fundamento que la dificultad de generar un modelo alternativo que simule cual hubiese sido el crecimiento en el caso de un Estado más centralizado en los campos de la política fiscal, con una regulación única sobre la unidad de mercado y, por sólo poner un ejemplo, en el campo de las políticas sociales, con un Sistema Nacional de Salud. Soy consciente de que la mayoría considera innecesario un ejercicio de este tipo ya que opina que el modelo territorial español es irreversible y beneficioso y únicamente este asunto le preocupa a los jacobinos -como es mi caso- que seguimos pensando en la prevalencia sobre los territorios de la famosa triada de la Ilustración y de la Revolución Francesa: los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad en un ámbito territorial cada vez más amplio. Que si primero impulsaron revoluciones que trajeron la democracia a muchos países, actualmente deberíamos aspirar a que se consoliden en el marco de la Unión Europea.

En España, más allá de los problemas y reivindicaciones que, a pesar del alto nivel de competencias alcanzado, siguen planteando los diversos nacionalismos -actualmente en plena ebullición en Cataluña y en stand by en el País Vasco- el proceso autonómico ha ido creando lo que se pueden calificar como “nuevos nacionalismos de baja intensidad” en el resto de los territorios al centrarse principalmente el debate político en la defensa de unos abstractos e inconcretos intereses regionales frente a un ente perturbador de los mismos: la Administración Central, o más coloquialmente Madrid. De esta forma, en España el Estado tiende a configurarse más como una suma de diecisiete sistemas regionales que tienen un adversario único que como un proyecto en común de país.

Curiosamente a este “nuevo nacionalismo regional” se han ido apuntando con más o menos fervor los diferentes partidos, desde la derecha hasta todas aquellas variantes que han surgido de la crisis del movimiento comunista. Asimismo, y desde hace algún tiempo, la ausencia de liderazgos nacionales en el PSOE le ha impulsado a este mismo posicionamiento: la existencia de los llamados barones regionales constituye en este partido centenario un claro indicador de la prevalencia de los territorios sobre los ciudadanos.

Al margen de las mejoras que el proceso autonómico haya generado en campos como el de la convergencia regional, se pueden señalar algunos problemas que dicho proceso ha ido produciendo a lo largo de estos años. En primer lugar, la legislación que se ha ido aprobando en las diferentes regiones ha tenido un impacto negativo sobre la unidad de mercado. Se tardaron casi cuatrocientos años en lograr un mercado único en España -desde la unidad política de los Reyes Católicos hasta la aparición de la peseta como moneda de curso legal el 19 de octubre de 1868- y parece que en los últimos cuarenta años nos hemos empeñado en seguir el camino contrario. El asunto parece un tanto contradictorio, pues en paralelo, y desde hace décadas, estamos participando en nuestra condición de Estado miembro de la Unión Europea en lograr un mercado único europeo.

En segundo lugar, el hecho de que la gestión de ciertos impuestos haya sido cedida a las Comunidades Autónomas, así como el desarrollo desigual de los impuestos propios de cada región ha generado distorsiones -principalmente en el caso de los impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones- en la localización de personas y capitales. Este asunto está dando lugar a importantes diferencias que atentan contra el principio de igualdad en materia fiscal de los ciudadanos españoles.

En tercer lugar, la existencia de crecientes economías de escala en la prestación de algunos servicios públicos, como es el caso de la atención sanitaria -especialmente en las actividades que utilizan tecnologías avanzadas y que requieren elevadas inversiones así como altos niveles de utilización-, exigirían un diseño que tenga en cuenta el marco del conjunto del país, lo que choca frontalmente con la concepción de sistemas sanitarios regionales autosuficientes en los que se están configurando diferentes catálogos de prestaciones sanitarias.

En cuarto lugar, la existencia o no de un salario social o medida equivalente, así como las importantes diferencias regionales en su cuantía, pone en evidencia que los españoles sufren fuertes diferencias en la garantía de una renta mínima en función de la región en la que residan.
Se podrían señalar otros muchos ejemplos -como el de la investigación científica y la oferta de enseñanzas universitarias- en los que las duplicidades y la falta de cooperación regional pueden estar generando una ineficiente asignación de recursos públicos.

En consecuencia, y al margen de que en estos momentos la cuestión catalana acapare el debate político territorial, si se realiza un análisis serio del proceso, la conclusión es que el desarrollo del Estado de las Autonomías ha generado desigualdades en los derechos y deberes de los españoles según su región de residencia.

Ante esta situación caben dos actitudes. O bien ignorar los problemas que el proceso autonómico ha generado, siguiendo la máxima del conservador inglés Lord Balfour de que “más vale hacer lo que se ha hecho siempre, aunque sea una tontería, que hacer cosas sabias que no se han hecho nunca”, o bien abordar en profundidad el asunto haciendo propuestas de reforma que concreten mecanismos que aumenten la cooperación regional y frenen la actual tendencia a la desigualdad entre españoles.

Vuelve la vivienda social

La protección que proporcionan las normas en vigor sobre desahucios es poco más que un placebo; las nuevas administraciones se proponen apoyar con más intensidad a las personas con menos recursos

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN 17 JUL 2015 Sigue leyendo

LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AL FINALIZAR LA RECESION – Estancamiento y Desigualdad

Índice

  1. El Crecimiento Económico
  2. La Financiación de la Economía
  3. El Mercado de Trabajo: Empleo y Salarios
  4. Los Precios
  5. El Déficit Público
  6. La Deuda Pública
  7. Para finalizar Sigue leyendo

EN MEMORIA DE DAVID TAGUAS

Valeriano Gómez
Economista
Ex Ministro de Trabajo

 Escribo estas palabras todavía bajo la impresión que a muchos de sus compañeros de profesión –y algunos que también hemos compartido con él ambiciones y proyectos comunes para nuestro país- nos ha causado su muerte. Su desaparición tan prematura.

Yo era algo más joven que él. Conocí a David Taguas en un curso de economía cuantitativa que organizaba el Colegio de Economistas de Madrid. Hace más de 25 años. El carácter, claro está, no es algo que cambia con la edad. Él ya era entonces un hombre apasionado, con su profesión y, también con sus creencias. Los que pensamos que la economía y los economistas tienen pocas razones para no ser humildes, nos sentíamos en ocasiones arrollados por ese impulso frenético que, en demasiadas ocasiones, concede a las creencias más fortaleza que a la propia  ciencia. David Taguas era un personaje así, fuerte e impetuoso. Pero también reflexivo y generoso. Sigue leyendo

Reforma local: Así no

 

  • Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
  • Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.
  • Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.
  • Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas.

 

Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
El papel de los ayuntamientos españoles como vertebradores de la vida ciudadana y como instrumentos de mejora de la calidad de vida del vecindario está fuera de toda duda. Fueron unas elecciones municipales las que trajeron la República en 1931. Y fueron los ayuntamientos democráticos los que desde 1977 articularon la introducción de nuevos servicios públicos, desde servicios sociales hasta planificación familiar, la recuperación de centros históricos degradados o la popularización de la práctica deportiva y de la cultura.
El desarrollo de la organización territorial de España desde 1978 priorizó la construcción del estado autonómico esbozado en la Constitución, pero significó aparcar en un plano muy secundario a la verdadera columna vertebral de la organización territorial española: los municipios. Durante estos años se ha ignorado la auténtica relevancia de los municipios y se ha descuidado la adecuación y modernización de su estatus jurídico, político y financiero a una situación que ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

La regulación actual del régimen jurídico se basa en una ley de 1985 que ha sido parcheada en varias ocasiones. La reforma más importante fue la introducción del régimen de grandes ciudades por el gobierno de Aznar, con el fin de satisfacer las demandas de Gallardón para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. Una parte de esa reforma, la referida a la incorporación de personas no electas a puestos de gobierno, ha sido declarada inconstitucional recientemente. Lo paradójico es que siguen vigentes obsoletos decretos de los años cincuenta que regulan aspectos centrales de la gestión municipal.

 

Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.

El PP impulsa ahora, nuevamente, modificaciones puntuales de la Ley de Bases que suponen en la práctica vaciar de contenido político a los ayuntamientos españoles.

La reforma que apadrina el PP no resuelve los problemas de fondo que existen en el funcionamiento de los municipios españoles, pero utiliza la excusa de evitar supuestas duplicidades y el cumplimiento de la ley de estabilidad económica y financiera para arrebatar a los ayuntamientos los servicios sociales y cualquier competencia en educación y sanidad; impedirles la realización de cualquier actuación que no forme parte de unas listas de competencias explícitamente atribuidas o explícitamente señaladas como susceptibles de convenio con las Comunidades autónomas. Por esta vía, los ayuntamientos dejarán de atender cuestiones como el empleo o la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin duda, cabe un debate cabal acerca del sentido que tiene ahora que los ayuntamientos sigan manteniendo la obligación de realizar la conservación de unas escuelas que ni construyen, ni gestionan; pero es inaceptable que se haya extendido la original obligación de ceder suelo para construir escuelas públicas a tener que cederlo también a concertadas y privadas.

Como es incomprensible que el plazo para transferir los servicios sociales a las CCAA sea de un año, mientras se prevén cinco para transferir las de sanidad y educación. Éstas últimas son, sin duda, mucho menos relevantes en términos de coste e incidencia ciudadana que los servicios sociales. En consecuencia, sólo el objetivo político de desmantelar cuanto antes todos los dispositivos públicos de servicios sociales puede explicar tanta urgencia.

El texto propuesto por el PP impone una preferencia explícita por la gestión indirecta de servicios (privatizaciones) y convierte a la gestión directa en residual, endureciendo las condiciones para poder ejercerla.

De prosperar el anteproyecto, se deberán liquidar a las empresas públicas deficitarias antes del 1 de agosto de 2015. De esta forma, por ejemplo, el precio de los billetes de transporte urbano experimentarán crecimientos desorbitados si permanece en el ámbito de lo municipal. Ahora bien, si un municipio quiere potenciar las externalidades positivas que genera el transporte colectivo, puede hacerlo pero subvencionando a un gestor privado.

El efecto económico de la reforma local supone, según el gobierno del PP, 7.200 millones de euros. Que son directamente menos servicios a los ciudadanos y empleo público. A estos efectos, la reforma laboral aprobada con anterioridad por el gobierno de Rajoy prepara el camino para solventar los excesos de personal en los ayuntamientos y prevé la realización de EREs entre los contratados laborales de las administraciones públicas, aunque la única modalidad que contempla son los extintivos.

 

Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.

Estos efectos de fondo en los servicios públicos que prestan los ayuntamientos van desplazando poco a poco en la opinión pública del señuelo con el que se lanzó inicialmente esta reforma: reducir costes a través de la supresión de los ayuntamientos pequeños y del número de cargos electos. Estas razones “económicas” que ha esgrimido el PP se apoyaron en una indisimulada visceralidad oportunista que planea sobre una parte de la sociedad española (el problema son los políticos porque cuestan mucho y hay que ahorrar) para justificar una reforma cuyos objetivos reales entroncan directamente con la estrategia política del PP actual: el refuerzo de la centralización territorial junto al desmantelamiento de todos los servicios públicos posibles porque “no nos los podemos permitir”. Esta reforma ignora, además, el papel identitario y político que históricamente han desempeñado los municipios españoles.

El ramplón argumento de que los ayuntamientos pequeños no pueden aprovechar las economías de escala en la prestación de servicios ha sido puesto en evidencia por una doble realidad: la primera, que la mayor parte de los municipios pequeños ya se agrupan para prestar esos servicios; la segunda que el aprovechamiento o no de las economías de escala en esos servicios depende del tipo de poblamiento, no del número de ayuntamientos. Es decir, que recoger la basura en un pueblo de 200 habitantes cuesta lo mismo sea con un ayuntamiento propio o si forman parte de uno más grande.

Por otro lado, tratar de captar esas economías de escala a través de unas trasnochadas Diputaciones (que no se reforman) sin experiencia en la prestación directa de servicios a la ciudadanía, aboca directamente a la privatización de la prestación de servicios por unas instituciones que tampoco tienen experiencia en la supervisión y control de servicios externalizados.

El PP también abandonó la idea inicial de reducir el número de concejales que forman las Corporaciones. Lo transformó en una regulación de las retribuciones de los cargos electos y del número de los que podían percibirla, así como el establecimiento de máximos en los cargos de confianza que podían existir en los Ayuntamientos.

La determinación de máximos retributivos evidenció que suelen ser Corporaciones gobernadas por el propio PP las que superan los umbrales propuestos ahora como límites. La propuesta asume el riesgo de que esos máximos se conviertan en “las” retribuciones y contiene la aberración de prohibir que los alcaldes de los municipios pequeños puedan tener una renumeración salarial, con lo que se abre la veda a la imaginación para compensar a estos cargos públicos.

La limitación del número de cargos electos con dedicación exclusiva se apoya en el populismo para abrir de par en par la puerta a varias aberraciones: por un lado, el “invento” de imaginativos subterfugios para saltarse la norma (dedicaciones parciales más golosas que las exclusivas, dietas desproporcionadas…); por otro lado, la desprotección absoluta de las minorías en la oposición para disponer de medios humanos que les permitan realizar su labor; finalmente, la paradoja aberrante de que puede haber más “asesores” en dedicación exclusiva que concejales. Es decir, o bien para el PP contar con el respaldo de miles de ciudadanos es un demérito que impide a los cargos electos dedicarse plenamente a la tarea para la que les han elegido sus convecinos, o bien pretenden con esta norma dar cobertura a algunas situaciones indignantes que existen y de las que el Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de excesos que causan el repudio entre la ciudadanía.

 

Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas

Que una norma de 1985 parcheada en numerosas ocasiones necesite una revisión integral no debe sorprender a nadie. Y a los ayuntamientos españoles, por muchas razones, les hace falta una reforma integral que contemple la dimensión política, funcionarial, financiera y competencial.

Sin ánimo de agotar el inventario de cosas que se deben revisar, se deben citar algunas que destacan de forma especial. Ocupa un lugar destacado, el trasnochado régimen presidencialista por el que el Alcalde tiene amplísima competencias, y cuyo control democrático por parte del Pleno es muy débil. A su lado destacan las evidentes debilidades de la calidad democrática en la vida municipal (incompatibilidades, retribuciones, estatuto de la oposición o acceso efectivo a información municipal); el desigual papel desempeñado por los altos funcionarios municipales (secretaría e intervención); la vulnerabilidad de las corporaciones a la hora de fijar las retribuciones de los empleados públicos o la necesidad de integrar la financiación municipal con la financiación autonómica configuran algunas de las circunstancias y razones por las que la reforma local ya era inaplazable hace varios años.

Además, no es casual que los municipios españoles no hayan atraído la atención de la opinión publicada por la mejora de los servicios públicos que efectivamente han liderado y que la ciudadanía ha percibido con nitidez. La atención mediática a los Ayuntamientos la han acaparado casos de corrupción y situaciones de estrangulamiento económico. Problemas que existen y deben resolverse; pero eso no quiere decir que haya que disolver por la vía de los hechos a los municipios españoles. La corrupción se asocia con la gestión urbanística; la mala situación financiera suele estar vinculada a exagerados endeudamientos de municipios perfectamente identificados y en cuyas causas conviven varias razones.

En definitiva, es evidente que es necesario reformar el funcionamiento de los ayuntamientos españoles. Es un asunto sobre el que desde hace muchos años hay amplio consenso. De hecho, el último gobierno del PSOE tenía preparada una ley del gobierno local cuya tramitación fue abortada ante la negativa del PP de acordar nada desde la mitad de la legislatura pasada. En el PSOE se entendió que un asunto de esta envergadura era cuestión de Estado y que no tenía sentido continuar con su tramitación.

El deseo y necesidad de acuerdo sobre el modelo territorial español se extiende también a la reforma local. La prevista actualmente por el PP supone la transformación de los ayuntamientos en simples oficinas de gestión, anulando el carácter de primera línea en la atención de los problemas ciudadanos y vaciando el contenido político de los municipios. Ese punto de partida es, simplemente, inaceptable.

Fijar objetivos es una decisión política, aunque no la tomen políticos

Hay una corriente que se extiende peligrosamente que pretende excluir a los cargos electos, en particular, y a las personas políticamente reconocibles, en general, de diferentes ámbitos de la vida social y civil. Ahora bien, debemos tener claro que excluir a los políticos no es sinónimo de excluir a la política. Se seguirá haciendo política, pero escondida detrás de presuntos argumentos técnicos.

Hagamos un poco de memoria. Conviene recordar quiénes forman parte de los máximos órganos de dirección públicos y privados y qué se hace en ellos. Los máximos órganos decisorios determinan los objetivos de las entidades que dirigen, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado.

En el caso de las empresas privadas, los consejos de administración están integrados mayoritariamente por representantes de la propiedad que tratan de hacer valer los legítimos objetivos de ésta: normalmente asegurar la existencia de beneficios que distribuir. Ahora bien, la pregunta es si ganar dinero es el único objetivo posible o si puede haber otros objetivos diferentes. Es obvio que puede haberlos. Seguro que a todos se nos ocurren otros objetivos diferentes, entre los que se encontrarían, maximizar empleo, atender determinados colectivos, alcanzar la máxima calidad o múltiples combinaciones de todos ellos …

Una vez asentado que en cualquier ámbito de la vida pueden existir multitud de objetivos entre los que hay que elegir, la cuestión es cómo o quién decide cuál de ellos es el que se debe alcanzar.  La elección significa que quienes deciden tienen un esquema de prioridades y de preferencias que explica la elección realizada.  Expresado de otra manera, si pueden existir otros objetivos, todos igualmente legítimos, quienes mejor pueden representar las preferencias de la sociedad en cada momento son los cargos electos. Diría más. A la hora de hacer valer este otro tipo de objetivos, los cargos electos tienen un plus de legitimidad, porque cuentan con el respaldo que dan los votos junto a la posibilidad de revocación a través de las urnas.

Es evidente que todas las personas poseen los valores e ideología que configuran su personal orden de prioridades que, en todo momento, les orienta en su toma de decisiones. Eso ya es política: decidir de acuerdo con unos valores y unas preferencias. En consecuencia, la expulsión de “los políticos” de los ámbitos de decisión no significa una expulsión de la política. Expulsar de los órganos de decisión a los cargos electos es acallar la legítima voluntad de la sociedad en beneficio de no se sabe muy bien qué objetivos, ni qué rendición de cuentas; pero no es abandonar lo que despectivamente llaman “política”. Es más, la política seguirá presente en los consejos u órganos de decisión, pero estará de una forma no explicita, no transparente, ni revocable a través de un proceso democrático. Estará enmascarada bajo presuntas decisiones técnicas neutrales, pero que en la mayoría de los casos serán realmente elecciones políticas.

Más bien creo que, dada la extracción social y el sistema de elección de los miembros de buena parte de esos órganos, lo que se conseguirá es que queden excluidas las posiciones diferentes a las visiones más tradicionales. Porque ya se sabe que la doctrina de los medios más ranciamente antidemocráticos es que cuando dicen “política”, quieren decir “izquierdas”, porque cuando es de “derechas” es “profesional o técnica”. Para esos, ser profesional es incompatible con ser de izquierdas.

Lo que llama la atención en medio de todo este griterío que se llama antipolítico, pero que realmente es antidemocrático, es que una parte de lo que se llama “izquierda” apoye el alejamiento de los cargos electos de los puestos de decisión, incluso de las personas públicamente reconocidas como de izquierda aunque no sean cargos electos.

A mi juicio esta posición es un claro error, por una razón doble: la primera, porque si la izquierda cree en una sociedad distinta, tiene que ser capaz de defender sus postulados en cualquier órgano de responsabilidad.
La segunda razón es que si no hay personas con valores e ideología de izquierda en los órganos de decisión, sólo habrá personas con valores e ideología de derechas… ¿o es que nos vamos a creer que alguien no tiene ideología? ¿O es que van a desaparecer los órganos de decisión?

No se trata de que los cargos electos lo ocupen todo, pero frente a quienes excluirlos de todos los ámbitos de decisión, sí es conveniente recordar ahora el valor y la legitimidad de las posiciones expresadas por las personas elegidas por la ciudadanía para representarla.

Porque el modelo actual de jubilación anticipada no es un coste neto para el sistema de la seguridad social

La reciente reforma de la jubilación anticipada abordada por el Gobierno a través del real decreto Ley aprobado el pasado 15 de marzo, contiene algunas valoraciones de contenido y alcance económico sobre las que merece la pena reflexionar.

Una de ellas se refiere al coste que la jubilación anticipada origina al sistema de la seguridad social y la necesidad de abordar reformas que atajen, en plena reducción de los ingresos del sistema originada por la intensa destrucción de empleo registrada en el pasado año, el gasto en  pensiones.

Sin embargo, más allá de una discusión global sobre el contenido de las reformas quizás se útil recordar lo obvio. A ello se dirige el contenido de los cálculos que incluyo en el siguiente cuadro destinado a mostrar que, tal y como está diseñado normativamente el régimen de jubilación anticipada en España, la anticipación de la edad de jubilación a los 61, y la consiguiente aplicación de los coeficientes reductores correspondientes, origina una corriente total de gastos que es inferior a la situación derivada de la jubilación ordinaria a la edad de 65 años.

Comparación de costes de la jubilación ordinaria y la anticipada a los 61 años para un trabajador/a con base de cotización mensual de 2.000 euros durante 38,5 años

Concepto

Coste Mensual

Coste Anual

Coste para 15 años de vida tras cumplir 65 años

Coste para 20 años de vida tras cumplir 65 años

A) JUBILACION ORDINARIA

2.000

28.000

420.000

560.000

B) JUBILACION ANTICIPADA

1.966

27.524

404.096

502.096

B.1. Pensión de Jubilación anticipada a los 61 años (*)

1.400

19.600

372.400

470.400

B.2 Cotización dejada de percibir por el Sistema durante los cuatro años de adelanto de la edad de jubilación

566

7.924

31.696

31.696

 

 

 

 

 

(*) Incluye el coste de la pensión con el coeficiente reductor correspondiente durante los 61 y 65 años

LA FRACTURA SOCIAL

Para poner de relieve la situación de la economía española, recurriré a los datos que el INE ha hecho públicos en relación con el ejercicio de 2012. Igualmente me apoyaré en las Previsiones que para 2013 y 2014 ha hecho la Comisión Europea.
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Estructura del Estado y ejercicio de la soberanía popular

La contestación a César Molinas por parte de Paco González de Lena en estas páginas de Fabian@shoy.org, especialmente su tercera parte publicada el 4 de Noviembre pasado con el título de “No adorarás el falso ídolo de las listas abiertas”, me motivaron a aportar algunas sugerencias sobre uno de los problemas políticos más importantes de la democracia española actual. Sigue leyendo