política

Vuelve la vivienda social

La protección que proporcionan las normas en vigor sobre desahucios es poco más que un placebo; las nuevas administraciones se proponen apoyar con más intensidad a las personas con menos recursos

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN 17 JUL 2015 Sigue leyendo

LOS PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AL FINALIZAR LA RECESION – Estancamiento y Desigualdad

Índice

  1. El Crecimiento Económico
  2. La Financiación de la Economía
  3. El Mercado de Trabajo: Empleo y Salarios
  4. Los Precios
  5. El Déficit Público
  6. La Deuda Pública
  7. Para finalizar Sigue leyendo

EN MEMORIA DE DAVID TAGUAS

Valeriano Gómez
Economista
Ex Ministro de Trabajo

 Escribo estas palabras todavía bajo la impresión que a muchos de sus compañeros de profesión –y algunos que también hemos compartido con él ambiciones y proyectos comunes para nuestro país- nos ha causado su muerte. Su desaparición tan prematura.

Yo era algo más joven que él. Conocí a David Taguas en un curso de economía cuantitativa que organizaba el Colegio de Economistas de Madrid. Hace más de 25 años. El carácter, claro está, no es algo que cambia con la edad. Él ya era entonces un hombre apasionado, con su profesión y, también con sus creencias. Los que pensamos que la economía y los economistas tienen pocas razones para no ser humildes, nos sentíamos en ocasiones arrollados por ese impulso frenético que, en demasiadas ocasiones, concede a las creencias más fortaleza que a la propia  ciencia. David Taguas era un personaje así, fuerte e impetuoso. Pero también reflexivo y generoso. Sigue leyendo

Reforma local: Así no

 

  • Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
  • Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.
  • Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.
  • Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas.

 

Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
El papel de los ayuntamientos españoles como vertebradores de la vida ciudadana y como instrumentos de mejora de la calidad de vida del vecindario está fuera de toda duda. Fueron unas elecciones municipales las que trajeron la República en 1931. Y fueron los ayuntamientos democráticos los que desde 1977 articularon la introducción de nuevos servicios públicos, desde servicios sociales hasta planificación familiar, la recuperación de centros históricos degradados o la popularización de la práctica deportiva y de la cultura.
El desarrollo de la organización territorial de España desde 1978 priorizó la construcción del estado autonómico esbozado en la Constitución, pero significó aparcar en un plano muy secundario a la verdadera columna vertebral de la organización territorial española: los municipios. Durante estos años se ha ignorado la auténtica relevancia de los municipios y se ha descuidado la adecuación y modernización de su estatus jurídico, político y financiero a una situación que ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

La regulación actual del régimen jurídico se basa en una ley de 1985 que ha sido parcheada en varias ocasiones. La reforma más importante fue la introducción del régimen de grandes ciudades por el gobierno de Aznar, con el fin de satisfacer las demandas de Gallardón para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. Una parte de esa reforma, la referida a la incorporación de personas no electas a puestos de gobierno, ha sido declarada inconstitucional recientemente. Lo paradójico es que siguen vigentes obsoletos decretos de los años cincuenta que regulan aspectos centrales de la gestión municipal.

 

Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.

El PP impulsa ahora, nuevamente, modificaciones puntuales de la Ley de Bases que suponen en la práctica vaciar de contenido político a los ayuntamientos españoles.

La reforma que apadrina el PP no resuelve los problemas de fondo que existen en el funcionamiento de los municipios españoles, pero utiliza la excusa de evitar supuestas duplicidades y el cumplimiento de la ley de estabilidad económica y financiera para arrebatar a los ayuntamientos los servicios sociales y cualquier competencia en educación y sanidad; impedirles la realización de cualquier actuación que no forme parte de unas listas de competencias explícitamente atribuidas o explícitamente señaladas como susceptibles de convenio con las Comunidades autónomas. Por esta vía, los ayuntamientos dejarán de atender cuestiones como el empleo o la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin duda, cabe un debate cabal acerca del sentido que tiene ahora que los ayuntamientos sigan manteniendo la obligación de realizar la conservación de unas escuelas que ni construyen, ni gestionan; pero es inaceptable que se haya extendido la original obligación de ceder suelo para construir escuelas públicas a tener que cederlo también a concertadas y privadas.

Como es incomprensible que el plazo para transferir los servicios sociales a las CCAA sea de un año, mientras se prevén cinco para transferir las de sanidad y educación. Éstas últimas son, sin duda, mucho menos relevantes en términos de coste e incidencia ciudadana que los servicios sociales. En consecuencia, sólo el objetivo político de desmantelar cuanto antes todos los dispositivos públicos de servicios sociales puede explicar tanta urgencia.

El texto propuesto por el PP impone una preferencia explícita por la gestión indirecta de servicios (privatizaciones) y convierte a la gestión directa en residual, endureciendo las condiciones para poder ejercerla.

De prosperar el anteproyecto, se deberán liquidar a las empresas públicas deficitarias antes del 1 de agosto de 2015. De esta forma, por ejemplo, el precio de los billetes de transporte urbano experimentarán crecimientos desorbitados si permanece en el ámbito de lo municipal. Ahora bien, si un municipio quiere potenciar las externalidades positivas que genera el transporte colectivo, puede hacerlo pero subvencionando a un gestor privado.

El efecto económico de la reforma local supone, según el gobierno del PP, 7.200 millones de euros. Que son directamente menos servicios a los ciudadanos y empleo público. A estos efectos, la reforma laboral aprobada con anterioridad por el gobierno de Rajoy prepara el camino para solventar los excesos de personal en los ayuntamientos y prevé la realización de EREs entre los contratados laborales de las administraciones públicas, aunque la única modalidad que contempla son los extintivos.

 

Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.

Estos efectos de fondo en los servicios públicos que prestan los ayuntamientos van desplazando poco a poco en la opinión pública del señuelo con el que se lanzó inicialmente esta reforma: reducir costes a través de la supresión de los ayuntamientos pequeños y del número de cargos electos. Estas razones “económicas” que ha esgrimido el PP se apoyaron en una indisimulada visceralidad oportunista que planea sobre una parte de la sociedad española (el problema son los políticos porque cuestan mucho y hay que ahorrar) para justificar una reforma cuyos objetivos reales entroncan directamente con la estrategia política del PP actual: el refuerzo de la centralización territorial junto al desmantelamiento de todos los servicios públicos posibles porque “no nos los podemos permitir”. Esta reforma ignora, además, el papel identitario y político que históricamente han desempeñado los municipios españoles.

El ramplón argumento de que los ayuntamientos pequeños no pueden aprovechar las economías de escala en la prestación de servicios ha sido puesto en evidencia por una doble realidad: la primera, que la mayor parte de los municipios pequeños ya se agrupan para prestar esos servicios; la segunda que el aprovechamiento o no de las economías de escala en esos servicios depende del tipo de poblamiento, no del número de ayuntamientos. Es decir, que recoger la basura en un pueblo de 200 habitantes cuesta lo mismo sea con un ayuntamiento propio o si forman parte de uno más grande.

Por otro lado, tratar de captar esas economías de escala a través de unas trasnochadas Diputaciones (que no se reforman) sin experiencia en la prestación directa de servicios a la ciudadanía, aboca directamente a la privatización de la prestación de servicios por unas instituciones que tampoco tienen experiencia en la supervisión y control de servicios externalizados.

El PP también abandonó la idea inicial de reducir el número de concejales que forman las Corporaciones. Lo transformó en una regulación de las retribuciones de los cargos electos y del número de los que podían percibirla, así como el establecimiento de máximos en los cargos de confianza que podían existir en los Ayuntamientos.

La determinación de máximos retributivos evidenció que suelen ser Corporaciones gobernadas por el propio PP las que superan los umbrales propuestos ahora como límites. La propuesta asume el riesgo de que esos máximos se conviertan en “las” retribuciones y contiene la aberración de prohibir que los alcaldes de los municipios pequeños puedan tener una renumeración salarial, con lo que se abre la veda a la imaginación para compensar a estos cargos públicos.

La limitación del número de cargos electos con dedicación exclusiva se apoya en el populismo para abrir de par en par la puerta a varias aberraciones: por un lado, el “invento” de imaginativos subterfugios para saltarse la norma (dedicaciones parciales más golosas que las exclusivas, dietas desproporcionadas…); por otro lado, la desprotección absoluta de las minorías en la oposición para disponer de medios humanos que les permitan realizar su labor; finalmente, la paradoja aberrante de que puede haber más “asesores” en dedicación exclusiva que concejales. Es decir, o bien para el PP contar con el respaldo de miles de ciudadanos es un demérito que impide a los cargos electos dedicarse plenamente a la tarea para la que les han elegido sus convecinos, o bien pretenden con esta norma dar cobertura a algunas situaciones indignantes que existen y de las que el Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de excesos que causan el repudio entre la ciudadanía.

 

Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas

Que una norma de 1985 parcheada en numerosas ocasiones necesite una revisión integral no debe sorprender a nadie. Y a los ayuntamientos españoles, por muchas razones, les hace falta una reforma integral que contemple la dimensión política, funcionarial, financiera y competencial.

Sin ánimo de agotar el inventario de cosas que se deben revisar, se deben citar algunas que destacan de forma especial. Ocupa un lugar destacado, el trasnochado régimen presidencialista por el que el Alcalde tiene amplísima competencias, y cuyo control democrático por parte del Pleno es muy débil. A su lado destacan las evidentes debilidades de la calidad democrática en la vida municipal (incompatibilidades, retribuciones, estatuto de la oposición o acceso efectivo a información municipal); el desigual papel desempeñado por los altos funcionarios municipales (secretaría e intervención); la vulnerabilidad de las corporaciones a la hora de fijar las retribuciones de los empleados públicos o la necesidad de integrar la financiación municipal con la financiación autonómica configuran algunas de las circunstancias y razones por las que la reforma local ya era inaplazable hace varios años.

Además, no es casual que los municipios españoles no hayan atraído la atención de la opinión publicada por la mejora de los servicios públicos que efectivamente han liderado y que la ciudadanía ha percibido con nitidez. La atención mediática a los Ayuntamientos la han acaparado casos de corrupción y situaciones de estrangulamiento económico. Problemas que existen y deben resolverse; pero eso no quiere decir que haya que disolver por la vía de los hechos a los municipios españoles. La corrupción se asocia con la gestión urbanística; la mala situación financiera suele estar vinculada a exagerados endeudamientos de municipios perfectamente identificados y en cuyas causas conviven varias razones.

En definitiva, es evidente que es necesario reformar el funcionamiento de los ayuntamientos españoles. Es un asunto sobre el que desde hace muchos años hay amplio consenso. De hecho, el último gobierno del PSOE tenía preparada una ley del gobierno local cuya tramitación fue abortada ante la negativa del PP de acordar nada desde la mitad de la legislatura pasada. En el PSOE se entendió que un asunto de esta envergadura era cuestión de Estado y que no tenía sentido continuar con su tramitación.

El deseo y necesidad de acuerdo sobre el modelo territorial español se extiende también a la reforma local. La prevista actualmente por el PP supone la transformación de los ayuntamientos en simples oficinas de gestión, anulando el carácter de primera línea en la atención de los problemas ciudadanos y vaciando el contenido político de los municipios. Ese punto de partida es, simplemente, inaceptable.

Fijar objetivos es una decisión política, aunque no la tomen políticos

Hay una corriente que se extiende peligrosamente que pretende excluir a los cargos electos, en particular, y a las personas políticamente reconocibles, en general, de diferentes ámbitos de la vida social y civil. Ahora bien, debemos tener claro que excluir a los políticos no es sinónimo de excluir a la política. Se seguirá haciendo política, pero escondida detrás de presuntos argumentos técnicos.

Hagamos un poco de memoria. Conviene recordar quiénes forman parte de los máximos órganos de dirección públicos y privados y qué se hace en ellos. Los máximos órganos decisorios determinan los objetivos de las entidades que dirigen, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado.

En el caso de las empresas privadas, los consejos de administración están integrados mayoritariamente por representantes de la propiedad que tratan de hacer valer los legítimos objetivos de ésta: normalmente asegurar la existencia de beneficios que distribuir. Ahora bien, la pregunta es si ganar dinero es el único objetivo posible o si puede haber otros objetivos diferentes. Es obvio que puede haberlos. Seguro que a todos se nos ocurren otros objetivos diferentes, entre los que se encontrarían, maximizar empleo, atender determinados colectivos, alcanzar la máxima calidad o múltiples combinaciones de todos ellos …

Una vez asentado que en cualquier ámbito de la vida pueden existir multitud de objetivos entre los que hay que elegir, la cuestión es cómo o quién decide cuál de ellos es el que se debe alcanzar.  La elección significa que quienes deciden tienen un esquema de prioridades y de preferencias que explica la elección realizada.  Expresado de otra manera, si pueden existir otros objetivos, todos igualmente legítimos, quienes mejor pueden representar las preferencias de la sociedad en cada momento son los cargos electos. Diría más. A la hora de hacer valer este otro tipo de objetivos, los cargos electos tienen un plus de legitimidad, porque cuentan con el respaldo que dan los votos junto a la posibilidad de revocación a través de las urnas.

Es evidente que todas las personas poseen los valores e ideología que configuran su personal orden de prioridades que, en todo momento, les orienta en su toma de decisiones. Eso ya es política: decidir de acuerdo con unos valores y unas preferencias. En consecuencia, la expulsión de “los políticos” de los ámbitos de decisión no significa una expulsión de la política. Expulsar de los órganos de decisión a los cargos electos es acallar la legítima voluntad de la sociedad en beneficio de no se sabe muy bien qué objetivos, ni qué rendición de cuentas; pero no es abandonar lo que despectivamente llaman “política”. Es más, la política seguirá presente en los consejos u órganos de decisión, pero estará de una forma no explicita, no transparente, ni revocable a través de un proceso democrático. Estará enmascarada bajo presuntas decisiones técnicas neutrales, pero que en la mayoría de los casos serán realmente elecciones políticas.

Más bien creo que, dada la extracción social y el sistema de elección de los miembros de buena parte de esos órganos, lo que se conseguirá es que queden excluidas las posiciones diferentes a las visiones más tradicionales. Porque ya se sabe que la doctrina de los medios más ranciamente antidemocráticos es que cuando dicen “política”, quieren decir “izquierdas”, porque cuando es de “derechas” es “profesional o técnica”. Para esos, ser profesional es incompatible con ser de izquierdas.

Lo que llama la atención en medio de todo este griterío que se llama antipolítico, pero que realmente es antidemocrático, es que una parte de lo que se llama “izquierda” apoye el alejamiento de los cargos electos de los puestos de decisión, incluso de las personas públicamente reconocidas como de izquierda aunque no sean cargos electos.

A mi juicio esta posición es un claro error, por una razón doble: la primera, porque si la izquierda cree en una sociedad distinta, tiene que ser capaz de defender sus postulados en cualquier órgano de responsabilidad.
La segunda razón es que si no hay personas con valores e ideología de izquierda en los órganos de decisión, sólo habrá personas con valores e ideología de derechas… ¿o es que nos vamos a creer que alguien no tiene ideología? ¿O es que van a desaparecer los órganos de decisión?

No se trata de que los cargos electos lo ocupen todo, pero frente a quienes excluirlos de todos los ámbitos de decisión, sí es conveniente recordar ahora el valor y la legitimidad de las posiciones expresadas por las personas elegidas por la ciudadanía para representarla.

Porque el modelo actual de jubilación anticipada no es un coste neto para el sistema de la seguridad social

La reciente reforma de la jubilación anticipada abordada por el Gobierno a través del real decreto Ley aprobado el pasado 15 de marzo, contiene algunas valoraciones de contenido y alcance económico sobre las que merece la pena reflexionar.

Una de ellas se refiere al coste que la jubilación anticipada origina al sistema de la seguridad social y la necesidad de abordar reformas que atajen, en plena reducción de los ingresos del sistema originada por la intensa destrucción de empleo registrada en el pasado año, el gasto en  pensiones.

Sin embargo, más allá de una discusión global sobre el contenido de las reformas quizás se útil recordar lo obvio. A ello se dirige el contenido de los cálculos que incluyo en el siguiente cuadro destinado a mostrar que, tal y como está diseñado normativamente el régimen de jubilación anticipada en España, la anticipación de la edad de jubilación a los 61, y la consiguiente aplicación de los coeficientes reductores correspondientes, origina una corriente total de gastos que es inferior a la situación derivada de la jubilación ordinaria a la edad de 65 años.

Comparación de costes de la jubilación ordinaria y la anticipada a los 61 años para un trabajador/a con base de cotización mensual de 2.000 euros durante 38,5 años

Concepto

Coste Mensual

Coste Anual

Coste para 15 años de vida tras cumplir 65 años

Coste para 20 años de vida tras cumplir 65 años

A) JUBILACION ORDINARIA

2.000

28.000

420.000

560.000

B) JUBILACION ANTICIPADA

1.966

27.524

404.096

502.096

B.1. Pensión de Jubilación anticipada a los 61 años (*)

1.400

19.600

372.400

470.400

B.2 Cotización dejada de percibir por el Sistema durante los cuatro años de adelanto de la edad de jubilación

566

7.924

31.696

31.696

 

 

 

 

 

(*) Incluye el coste de la pensión con el coeficiente reductor correspondiente durante los 61 y 65 años

LA FRACTURA SOCIAL

Para poner de relieve la situación de la economía española, recurriré a los datos que el INE ha hecho públicos en relación con el ejercicio de 2012. Igualmente me apoyaré en las Previsiones que para 2013 y 2014 ha hecho la Comisión Europea.
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Estructura del Estado y ejercicio de la soberanía popular

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Preguntado por el impacto económico que podría ocasionar una hipotética separación de Cataluña del resto de España, el Sr. Mas manifestó que “aquí no cambia nada más que el estatus político para que los ciudadanos vivan mejor”. Detrás de esas palabras hay un diagnostico equivocado, por lo que trataré de descubrir sus errores e insuficiencias más notorias. Sigue leyendo