Crisis

Por un nuevo Plan Marshall

Centenares de miles de personas vienen acercándose a Europa desde Oriente Medio y desde el Sur del Sahara. Huyen de las guerras, de los conflictos civiles, de la pobreza y de las miserias.

Muchas de ellas, han permanecido desesperadas en los campamentos de refugiados del Líbano, Jordania, Turquía, Somalia o Kenia en los que arrastran algo peor que una lóbrega existencia.

Hartas de tantos sufrimientos decidieron movilizarse hacia otros lugares, para volver a sentirse vivos rehaciendo, si les era posible, su vida cotidiana. Con ese propósito desplegaron sus expectativas numerosos grupos de refugiados políticos y de migrantes económicos irregulares. La coincidencia de unos y otros se justifica porque ambos movimientos utilizan los mismos itinerarios, los mismos servicios, que les facilitan los mismos traficantes al proporcionarles los mismos falsos documentos.

Todos pensaban que en Europa no les faltaría de nada, ya que los habitantes de este viejo continente llevaban décadas siendo gobernados por regimenes democráticos que defendían los derechos fundamentales de los ciudadanos, hasta el punto de que la miseria, que existió en otro tiempo, ahora no es sino un recuerdo lejano y distante (Barón y Fischer).

Sorprendentemente, la mera presencia de estos desdichados seres ha dado origen, entre muchos europeos, a un retroceso enfocado hacia identidades nacionalistas, individualistas, cuando no xenófobas. Estas llegadas hicieron que se sintieran presionados por los que venían de fuera. Se les oía decir que esas personas les roban los puestos de trabajo existentes, sobre todo a los que perciben los salarios más bajos. A la vez expresan otros temores: una intensa afluencia de extranjeros podría socavar sus valores culturales contribuyendo a la islamización de las sociedades europeas.

Debajo del rechazo a la acogida lo que existe es el temor a que se debilitara el muro de seguridad que en otro tiempo protegió a muchos ciudadanos europeos.

La desnuda realidad de la política migratoria europea, está determinada por las carencias que produce la ausencia de una política común junto con la emergencia de respuestas unilaterales por parte de los Estados miembros (Sutherland). Prueba de ello es que entre la floresta que viene creciendo nos encontramos con quien ha adoptado las antiguas medidas del “no pasarán”, mientras que otros han preferido acudir a Turquía, subcontratando con ella la gestión de la política de los recién llegados.

De una manera o de otra, la crisis de los refugiados ha partido a Europa en dos. Una que, ante este atroz drama, proclama que debe anteponerse la protección de los derechos humanos aplicando para ello instrumentos políticos solidarios. Otra que reclama la conveniencia de fortalecer las identidades nacionales y étnicas ante lo que consideran una amenaza civilizatória.

Detrás de estos planteamientos un mensaje, algo más que subliminal, estuvo deslizándose “lo principal es detener las llegadas” (Vaquer) porque una inmigración que es excesiva constituye una amenaza al bienestar europeo.

Alemania y la Comisión Europea pidieron una respuesta común mientras que el grupo de Visegrado (República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría y varias repúblicas balcánicas) defendió una política restrictiva cerrando las puertas y levantando vallas. Se enrocó pidiendo reforzar las fronteras exteriores de la Unión, mitigando el efecto llamada provocado por una política de brazos abiertos y a la vez que propuso ayudar a países terceros a contener el flujo de refugiados que se dirigen hacia el mismo centro de Europa (P. Morillas).

El resultado de la confrontación se ha traducido en una solución que algunos presentan como ecléctica, un Acuerdo con Turquía para que readmita a los emigrantes económicos irregulares y acepte recibir de vuelta a potenciales demandantes de asilo. La materialización de este Acuerdo que para muchos se sitúa en el límite de la legalidad.

En un somero análisis del mismo nos encontramos con que desde su firma las llegadas de refugiados han caído espectacularmente. Pese a semejante alivio el Acuerdo se enfrenta con graves dificultades. De un lado las reticencias griegas a aceptar el mecanismo de expulsión de demandantes de asilo, ya que cuestiona que Turquía pueda ser considerada como un país seguro en el que la protección de los derechos es similar a la que dentro de la UE se proporciona a estas personas. De otro, la resistencia de las autoridades turcas a cambiar su legislación antiterrorista en un momento en el que están soportando una oleada de atentados en su territorio.

Un gran desafío

Hasta aquí he venido realizando un análisis parcial que conviene enfocarlo desde una perspectiva más general. Lo que está ocurriendo en las islas del Egeo y en el Canal de Sicilia es la consecuencia del estallido de las políticas migratorias europeas, después de 30 años de medidas continuadas de contención. Con ellas se han acumulado una serie de demandas migratorias que no han podido –ni podrán- resolverse a través del control de las fronteras. A la opinión pública conviene explicarle que los flujos migratorios seguirán.

Por tanto nos encontramos ante algo bien distinto de lo que venía ocurriendo, que obliga a señalar qué tipo de medidas hay que adoptar, puesto que las aplicadas ahora son poco útiles.

Los inmigrantes han de tener menos estímulos para lanzarse al mar o para encaramarse en lo alto de unas vallas llenas de alambres de púas. Para conseguirlo deberían habilitarse vías legales y seguras que faciliten la entrada regular al ámbito laboral europeo. Igualmente han de explorarse las posibilidades que ofrece una estrategia que se proponga invertir las causas que, en los países de origen, empujan a estos movimientos de seres humanos.

Abrir el angular resulta imprescindible. Junto a las tareas que deben desencadenarse in situ es preciso aplicar otras, en los Estados miembros de la UE, destinadas a fortalecer los mecanismos de cooperación. Los severos ajustes y los recortes presupuestarios y financieros que conllevan las políticas de austeridad, se han traducido en una drástica reducción de los medios que para el desarrollo recibían estos países antes de 2007.

En ningún lugar estas políticas resultan gratuitas, por lo que, cuando se aplican no debe ignorarse las consecuencias que ocasionan en el contexto regional extraeuropeo. Aunque solo sea porque se empuja hacia zonas de miseria a millones de personas que viven en las fronteras de la riqueza (S. Nair).

Una dinámica económica de esta índole desencadena por sí sola un efecto expulsión difícilmente contenible. Por tanto, junto a las carencias habituales que padecían los países atrasados de África y Asia, se han producido otras ocasionadas por nuestras políticas. El resultado se ha plasmado en una explosión demográfica que ha redoblado el deseo de emigrar, una enorme desbarajuste social, junto con una permanente inestabilidad política y militar.

Todo ello ha provocado un crecimiento exponencial de la desigualdad que empuja a que estas personas depositen sus esperanzas en la adquisición de un billete –solo de ida- con el que huir del horror y de la miseria (Goytisolo y De Luca).

¿Cómo hacer frente a esta situación? La UE debería implementar un abanico de actuaciones entre las que destacan:

- Resulta indispensable facilitar las vías legales a la inmigración si se quiere evitar que la inmigración clandestina continúe. El caso español es un buen ejemplo de lo que digo, en el año 2007  favoreció una regularización por razones de arraigo laboral que permitió otorgar 578.000 permisos de trabajo.

Además hay que incrementar las vías legales y administrativas para pedir las solicitudes de asilo. Con unas y otras aumentará el número de admisiones hecho a favorecer aunque solo sea porque en Europa se necesita disponer de un poderoso acelerador demográfico, del que se carece hoy en día.

- La necesidad de llevar a cabo un significativo aumento de la ayuda al desarrollo, en los países no comunitarios, con el fin de estabilizar en ellos sus poblaciones.

Téngase en cuenta que en algunas zonas afectadas por los movimientos migratorios la población está creciendo y no poco. Según los cálculos de la ONU en el África subsahariana el aumento de población se aproxima a 200 millones de personas por década.

A esta cifra hay que añadir otra igualmente destacada, el África subsahariana no ha reducido su tasa de pobreza en los últimos 25 años. Según el Banco Mundial “solo consiguió sacar a un 28% de la población de la penuria económica”.

- Ni que decir tiene que estas actuaciones adquieren una magnitud tal que por sí solo no pueden ser afrontadas aisladamente por ningún Estado miembro de la UE. Solo podrían llevarse a cabo mediante una política común de largo alcance.

¿Un Plan Marshall?

Comenzaré recordando un discurso histórico pronunciado por George Marshall en la Universidad de Harvard (1947) en el que señaló que el desarrollo económico compartido era la única forma de crear una paz duradera. En él recalcó que la ayuda debía ser integral para así promover un progreso y un desarrollo reales. “Esa asistencia no debe darse a cuenta gotas conforme se suceden las crisis. Toda asistencia… debe ser un remedio y no un simple paliativo”.

Estas ideas tienen mucho que enseñar a quienes se propongan aumentar la capacidad productiva de las economías pobres. Pues bien, la Comunidad Europea ha anunciado que propondrá a los veintiocho un plan para tratar de frenar el flujo migratorio en los países de origen. Los detalles del mismo se darán a conocer en el otoño.

La propuesta incluye un fondo de inversiones similar al que se ha creado en Europa para impulsar su economía. El planteamiento es idéntico al establecido en el Plan Juncker. Los poderes públicos aportan una cantidad de dinero concreta que sirva para detonar el proceso atrayendo inversiones privadas.

Hasta aquí recuerda al Plan África que España, en 2006, puso en práctica para reducir la llegada de inmigrantes: inversiones, ayuda al desarrollo y acuerdos de Cooperación Migratoria desde los que se apoyó al despliegue de capacidades administrativas y materiales para que los 12 países que los suscribieron pudieran controlar sus fronteras.

En la propuesta que barajan en Bruselas los Estados receptores serían Túnez, Líbano, Jordania, Níger, Nigeria, Mali, Senegal y Etiopía.

La idea es premiar a aquellos países que cumplan con sus obligaciones internacionales, de readmitir a sus propios ciudadanos, pero a la vez hacer asumir las consecuencias de sus decisiones a quienes rehúsan colaborar en readmisiones y retornos.

Vincular cooperación y emigración, es correcto, aunque en la aplicación que España hizo, en 2006, prevalecieron los incentivos positivos para lograr la colaboración de los receptores de las ayudas.

Es pronto para realizar una valoración de lo que se pretende la Comisión. Lo poco que se conoce de ella incorpora planteamientos discutibles por diversas razones, habrá de esperarse a que más adelante se presente la propuesta más definitiva.

Francisco Fernández Marugán
Adjunto 1º al Defensor del Pueblo

No habrá recuperación para los pensionistas, a menos que…

La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 por el gobierno del Partido Popular introdujo, entre otros cambios, la sustitución del mecanismo vigente de revalorización de las pensiones que garantizaba el mantenimiento de su poder adquisitivo con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). La ley de 2013 establece que el incremento anual de las pensiones quedará condicionado a la situación financiera de la Seguridad Social, medida a través de un nuevo Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones que incluye la evolución de una serie de variables: aumento de los ingresos, del número de pensiones, de la pensión media y del desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Sigue leyendo

Vuelve la vivienda social

La protección que proporcionan las normas en vigor sobre desahucios es poco más que un placebo; las nuevas administraciones se proponen apoyar con más intensidad a las personas con menos recursos

FRANCISCO FERNÁNDEZ MARUGÁN 17 JUL 2015 Sigue leyendo

La recuperación y el bienestar

Los datos de la Contabilidad Nacional de España correspondientes a 2014, muestran que en este ejercicio se produce el fin de la recesión que venía experimentando la economía desde mediados de 2007. Este sesenio ha sido extremadamente duro pues en él se perdieron ocho puntos porcentuales de la renta nacional, el empleo se desplomó, los ocupados se redujeron en un 18 %, más de 2.900.000 personas, a la vez que los parados aumentaron en más de 3.500.000. Sigue leyendo

Familias felices y familias desdichadas

En España existen diversos grupos sociales —y algunas formaciones políticas— que vienen actuando con el propósito de garantizar, a los ciudadanos, que el futuro ha de ser mejor que el presente. Obedecen al hecho de que la crisis nos ha castigado con fuerza. En la década anterior al estallido de la misma, la tendencia del PIB se situaba en un aumento del 3% que ahora ha pasado a oscilar, tan solo, alrededor del 1%. ¿Qué puede esperarse que ocurra a medio y largo plazo? Poca cosa, pese a que hoy en día la economía crece por encima de este último registro, hay sólidas razones para pensar que nos encontraremos con factores limitadores del desarrollo económico. Sigue leyendo

Recuperación: qué y cuándo

Ahora que se habla tanto de la recuperación de la economía española después del crecimiento del 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014, es preciso recordar lo que se entiende por recuperación. Según el Diccionario de la Real Academia Española uno de los significados de la palabra recuperar es “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía”. Desde esa perspectiva, cabría hacerse múltiples preguntas sobre qué y cuándo se producirá una recuperación de los efectos negativos de la crisis que comenzó a manifestarse durante 2008. En lo que sigue me propongo realizar un recorrido sobre la posible evolución de dos indicadores económicos (el PIB por habitante y la deuda pública) para tratar de visualizar lo difícil que va a resultar concretar en hechos la anunciada recuperación. Se podría hacer algo similar con otras variables económicas, tales como el empleo, los salarios, las pensiones, o las perdidas patrimoniales derivadas de la caída de precios de la vivienda, pero ello rebasa con mucho el espacio de un articulo periodístico.

El PIB por habitante español alcanzó su máximo histórico en 2007 al situarse en 27.200 euros, habiendo descendido hasta los 22.683 euros en 2014 (con el fin de que las comparaciones no estén distorsionadas por la inflación, todas las cifras se expresan en euros de 2014). Así pues, este indicador se ha reducido en 4.500 euros en los siete años transcurridos entre 2007 y 2014: en términos relativos, la reducción fue de un 17 por ciento. Pues bien, si el objetivo es recuperar los niveles pre-crisis, por ejemplo en un período de diez años (en 2025), el PIB per cápita debería crecer a una tasa anual acumulativa del 1,8 por ciento, que por cierto es la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española en el año 2016. Si ese objetivo se quiere rebajar a ocho años (dos legislaturas), la tasa anual acumulativa debería elevarse a un 2,3 por ciento anual, que es la previsión de crecimiento para 2015 establecida recientemente por la Comisión Europea. Estos resultados son pura matemática, pero ¿es posible sostener durante un largo periodo esas tasas anuales?. La respuesta dependerá de varias circunstancias, entre otras, de la política económica llevada a cabo y sobre todo por la evolución de la coyuntura económica internacional.

Cabe recordar que el PIB por habitante en España aumentó a una tasa anual del 1,5 por ciento a lo largo de los treinta y ocho años transcurridos desde la recuperación de la democracia, partiendo de una cifra de 13.163 euros en 1977. Claro que en este largo periodo hubo etapas en los que el ritmo de crecimiento fue muy superior, como fue el caso de los trece años de los gobiernos de Felipe González (1983-1995) en los que la tasa anual fue de un 3 por ciento, o la etapa de los ocho años de gobierno de José María Aznar (1996-2003), en los que el PIB por habitante experimentó un incremento del 3,3 por ciento anual. Estas cifras contrastan con la caída experimentada en los tres años de gobierno de Mariano Rajoy (-1,7 por ciento anual), o en los ocho años de los gobiernos de Zapatero (-0,3 por ciento anual). En todo caso, las cifras anteriores ponen de manifiesto que recuperar los niveles de PIB por habitante del año 2007 es un objetivo que muy probablemente -dadas las perspectivas actuales- no se alcance hasta pasada una década.

Por otra parte, la deuda pública que tiene contraída España se elevaba a finales de 2014 a 1,034 billones de euros, el máximo nivel alcanzado en más de un siglo. Sólo en el último año la deuda pública española se incrementó en 68.000 millones de euros, lo que significó un aumento del 7 por ciento. En otras palabras, si se quisiese eliminar toda la deuda pública, España tendría que dedicar la producción obtenida en un año a tal objetivo. Las previsiones apuntan a que nuestra deuda pública seguirá creciendo en los dos próximos años hasta alcanzar un 102 por ciento del PIB a finales de 2016. En 2007, antes del comienzo de la crisis, el monto de la deuda pública española ascendía a 383.798 millones de euros, lo que significaba un 36 por ciento del PIB, el nivel relativo más bajo de los últimos veinticinco años: habría que remontarse a 1983 para encontrar un nivel más bajo de la deuda pública con respecto al PIB. Desde entonces la cuantía de la deuda no ha dejado de crecer. El gobierno de Zapatero dejó “en herencia” un nivel de deuda de 743.531 millones de euros (69 por ciento del PIB) y el de Rajoy se ha encargado de elevarla a 1.034.000 millones de euros (98 por ciento del PIB): un incremento de unos 300.000 millones de euros en tan sólo tres años, lo que equivale a un aumento de casi 30 puntos porcentuales del PIB.

La deuda pública por habitante en España -en términos de euros constantes de 2014- era en 1977 de 1.816 euros, mientras que el PIB per cápita en ese año se situaba en los 13.163 euros. En los momentos actuales la deuda pública por habitante ha alcanzado los 22.254 euros y el PIB per cápita ha retrocedido hasta los 22.683 euros. Por tanto, se ha pasado de una relación de 7 a 1 entre la producción por habitante y la deuda pública asignada a cada español a prácticamente una paridad entre ambos indicadores. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas cifras de endeudamiento público, sobre este asunto apenas se habla más allá de que la deuda pública hay que pagarla, sin precisar en que cuantía se pretende rebajar en los próximos años, ni que nivel debe alcanzar en relación al PIB si hay una recuperación de la economía española.

Con el único fin de plantear un escenario para la discusión de cómo afrontar la grave crisis de deuda soberana que padece nuestro país, se puede concretar un objetivo no muy ambicioso: reducir en veinte años la deuda pública española al límite máximo establecido por los Tratados comunitarios (60 por ciento del PIB). Dados los niveles de deuda actuales, tal objetivo supondría un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos, excluida la partida de pago de intereses de la deuda pública) de unos 20.000 millones de euros anuales, cifra que habría que detraer en gran parte del gasto público, en detrimento de inversiones en sanidad y educación, por citar a dos partidas relevantes para el bienestar de los ciudadanos y la productividad del país. Y ello se produciría con mayor probabilidad si se llevan a cabo sucesivas reducciones de impuestos tal como defiende el gobierno actual, pues aunque se mantenga la recuperación de la economía en los próximos años, es muy poco probable que el comportamiento de los ingresos fiscales permita un crecimiento del gasto público y a la vez generar un superávit primario de 20.000 millones de euros anuales, Por cierto, a esas cifras habría que añadir el pago de más de 30.000 millones de euros anuales en concepto de intereses de la deuda pública vigente.

Frente a este panorama, y ante un objetivo tan modesto de desendeudamiento como el planteado, cabe preguntarse qué hacer para reducir nuestra abultada deuda pública actual. Son tres las vías principales que se pueden combinar en diferentes proporciones: un impuesto sobre el patrimonio, la inflación y las políticas de austeridad. Un impuesto excepcional sobre el patrimonio es la solución más justa y eficiente. En su defecto, la inflación podría desempeñar un papel de cierta utilidad, pues esta ha sido la vía utilizada en la historia para reabsorber deudas públicas importantes de algunos países. La peor solución, tanto en términos de justicia como de eficiencia, son las políticas prolongadas de austeridad. Sin embargo, esta es la única solución que se aplica actualmente en la Unión Europea y que se sigue en nuestro país desde mayo de 2010. Teniendo en cuenta que la vía de la inflación para un país de la zona euro es una opción muy limitada, dados los objetivos antiinflacionistas del Banco Central Europeo, cabe plantearse la siguiente alternativa: establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio durante los próximos años y dedicar el potencial de crecimiento del resto de los ingresos públicos a recuperar los niveles de gasto social e inversión pública tan deteriorados como consecuencia de la crisis y de las políticas de austeridad.

La ventaja de una solución fiscal como la propuesta permite exigir un esfuerzo en función del patrimonio de cada ciudadano, estableciendo a tal efecto diversos grupos: podrían quedar exentos los patrimonios netos de menos de un millón de euros, se podría gravar con un 1 por ciento los patrimonios comprendidos entre uno y cinco millones de euros, y con un 2 por ciento a la fracción de patrimonios superiores a los cinco millones de euros. Si se supone que la distribución de la riqueza en España se aproxima a la de la media de la Unión Europea, este impuesto progresivo sobre el capital privado permitiría obtener una recaudación -según las estimaciones de Thomas Piketty- en torno a un 2 por ciento del PIB, generando en el caso español unos 20.000 millones de ingresos anuales adicionales, que se deberían dedicar exclusivamente a desendeudamiento, a través por ejemplo de un fondo de “redención” como el propuesto en 2011 por un consejo de economistas alemanes.

Para finalizar, sería bueno que las diferentes opciones políticas concretasen cuales son sus objetivos temporales y medidas concretas para acabar con la crisis de deuda pública que tan gravemente afecta a España y así los ciudadanos podrían tener elementos de juicio para decidir su apoyo electoral. Como ciudadano preocupado por el futuro de mi país, aquí simplemente he esbozado un escenario dentro de las distintas alternativas posibles. Espero que al menos sirva para que nuestros representantes se tomen la molestia de concretar otras vías.

 

EL SINDICALISMO EN TIEMPO DE CRISIS

El sindicalismo, la acción sindical en defensa de los intereses de los trabajadores también está sufriendo las consecuencias de esta larga y profunda crisis. Como un elemento más del Estado de bienestar los sindicatos son también hoy objeto de erosión, cuando no de despiadado combate, por aquellos que piensan que también son obstáculos que impiden el crecimiento, que dificultan la eficiencia de las economías y que anulan la libertad y la competencia. Tony Judt citaba en Postguerra, su monumental obra, las declaraciones que Bismarck realizó en 1890 tras la aprobación en el Reichtag de la primera ley que establecía en Europa un sistema de pensiones público. No queremos, decía el canciller alemán, el establecimiento de un modelo de protección de los trabajadores alemanes cuando alcanzan la jubilación. Lo que en realidad pretendemos es “la expulsión de estos monstruos de la vida política”. Por supuesto, aquellos monstruos eran los sindicatos alemanes y, también el partido socialdemócrata, que durante los años anteriores habían impulsado intensas campañas en favor del establecimiento de seguros obligatorios contra los accidentes de trabajo, para la prohibición del trabajo infantil en las fábricas o frente al riesgo de pobreza tras la jubilación. Sigue leyendo

Sin velocidad de despegue

Francisco Fernández Marugán 12 MAY 2014 – 11:19

Los analistas económicos utilizan indicadores para determinar en qué fase de la recuperación se encuentran los países que han padecido una crisis. Uno de ellos, suficientemente reputado, es Wolfgang Münchau, quien recientemente ha valorado los que se emplean con esa finalidad.

¿Cómo puede saber si una economía está en recuperación? El procedimiento más seguro consiste en calcular la tasa de ocupación, establecida como porcentaje de la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años). Haciendo uso de las estadísticas de la OCDE, Münchau manifiesta que en España esa proporción ha bajado del 66,6 % en 2007 al 56,7% en 2012. Sigue leyendo