Santiago Martínez Argüelles

Reforma local: Así no

 

  • Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
  • Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.
  • Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.
  • Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas.

 

Los ayuntamientos: una institución histórica que necesita reformas.
El papel de los ayuntamientos españoles como vertebradores de la vida ciudadana y como instrumentos de mejora de la calidad de vida del vecindario está fuera de toda duda. Fueron unas elecciones municipales las que trajeron la República en 1931. Y fueron los ayuntamientos democráticos los que desde 1977 articularon la introducción de nuevos servicios públicos, desde servicios sociales hasta planificación familiar, la recuperación de centros históricos degradados o la popularización de la práctica deportiva y de la cultura.
El desarrollo de la organización territorial de España desde 1978 priorizó la construcción del estado autonómico esbozado en la Constitución, pero significó aparcar en un plano muy secundario a la verdadera columna vertebral de la organización territorial española: los municipios. Durante estos años se ha ignorado la auténtica relevancia de los municipios y se ha descuidado la adecuación y modernización de su estatus jurídico, político y financiero a una situación que ha cambiado profundamente en las últimas décadas.

La regulación actual del régimen jurídico se basa en una ley de 1985 que ha sido parcheada en varias ocasiones. La reforma más importante fue la introducción del régimen de grandes ciudades por el gobierno de Aznar, con el fin de satisfacer las demandas de Gallardón para ser candidato a la Alcaldía de Madrid. Una parte de esa reforma, la referida a la incorporación de personas no electas a puestos de gobierno, ha sido declarada inconstitucional recientemente. Lo paradójico es que siguen vigentes obsoletos decretos de los años cincuenta que regulan aspectos centrales de la gestión municipal.

 

Algunos efectos de la demoledora reforma promovida por el PP.

El PP impulsa ahora, nuevamente, modificaciones puntuales de la Ley de Bases que suponen en la práctica vaciar de contenido político a los ayuntamientos españoles.

La reforma que apadrina el PP no resuelve los problemas de fondo que existen en el funcionamiento de los municipios españoles, pero utiliza la excusa de evitar supuestas duplicidades y el cumplimiento de la ley de estabilidad económica y financiera para arrebatar a los ayuntamientos los servicios sociales y cualquier competencia en educación y sanidad; impedirles la realización de cualquier actuación que no forme parte de unas listas de competencias explícitamente atribuidas o explícitamente señaladas como susceptibles de convenio con las Comunidades autónomas. Por esta vía, los ayuntamientos dejarán de atender cuestiones como el empleo o la igualdad entre mujeres y hombres.

Sin duda, cabe un debate cabal acerca del sentido que tiene ahora que los ayuntamientos sigan manteniendo la obligación de realizar la conservación de unas escuelas que ni construyen, ni gestionan; pero es inaceptable que se haya extendido la original obligación de ceder suelo para construir escuelas públicas a tener que cederlo también a concertadas y privadas.

Como es incomprensible que el plazo para transferir los servicios sociales a las CCAA sea de un año, mientras se prevén cinco para transferir las de sanidad y educación. Éstas últimas son, sin duda, mucho menos relevantes en términos de coste e incidencia ciudadana que los servicios sociales. En consecuencia, sólo el objetivo político de desmantelar cuanto antes todos los dispositivos públicos de servicios sociales puede explicar tanta urgencia.

El texto propuesto por el PP impone una preferencia explícita por la gestión indirecta de servicios (privatizaciones) y convierte a la gestión directa en residual, endureciendo las condiciones para poder ejercerla.

De prosperar el anteproyecto, se deberán liquidar a las empresas públicas deficitarias antes del 1 de agosto de 2015. De esta forma, por ejemplo, el precio de los billetes de transporte urbano experimentarán crecimientos desorbitados si permanece en el ámbito de lo municipal. Ahora bien, si un municipio quiere potenciar las externalidades positivas que genera el transporte colectivo, puede hacerlo pero subvencionando a un gestor privado.

El efecto económico de la reforma local supone, según el gobierno del PP, 7.200 millones de euros. Que son directamente menos servicios a los ciudadanos y empleo público. A estos efectos, la reforma laboral aprobada con anterioridad por el gobierno de Rajoy prepara el camino para solventar los excesos de personal en los ayuntamientos y prevé la realización de EREs entre los contratados laborales de las administraciones públicas, aunque la única modalidad que contempla son los extintivos.

 

Consecuencias políticas de las razones esgrimida por el PP.

Estos efectos de fondo en los servicios públicos que prestan los ayuntamientos van desplazando poco a poco en la opinión pública del señuelo con el que se lanzó inicialmente esta reforma: reducir costes a través de la supresión de los ayuntamientos pequeños y del número de cargos electos. Estas razones “económicas” que ha esgrimido el PP se apoyaron en una indisimulada visceralidad oportunista que planea sobre una parte de la sociedad española (el problema son los políticos porque cuestan mucho y hay que ahorrar) para justificar una reforma cuyos objetivos reales entroncan directamente con la estrategia política del PP actual: el refuerzo de la centralización territorial junto al desmantelamiento de todos los servicios públicos posibles porque “no nos los podemos permitir”. Esta reforma ignora, además, el papel identitario y político que históricamente han desempeñado los municipios españoles.

El ramplón argumento de que los ayuntamientos pequeños no pueden aprovechar las economías de escala en la prestación de servicios ha sido puesto en evidencia por una doble realidad: la primera, que la mayor parte de los municipios pequeños ya se agrupan para prestar esos servicios; la segunda que el aprovechamiento o no de las economías de escala en esos servicios depende del tipo de poblamiento, no del número de ayuntamientos. Es decir, que recoger la basura en un pueblo de 200 habitantes cuesta lo mismo sea con un ayuntamiento propio o si forman parte de uno más grande.

Por otro lado, tratar de captar esas economías de escala a través de unas trasnochadas Diputaciones (que no se reforman) sin experiencia en la prestación directa de servicios a la ciudadanía, aboca directamente a la privatización de la prestación de servicios por unas instituciones que tampoco tienen experiencia en la supervisión y control de servicios externalizados.

El PP también abandonó la idea inicial de reducir el número de concejales que forman las Corporaciones. Lo transformó en una regulación de las retribuciones de los cargos electos y del número de los que podían percibirla, así como el establecimiento de máximos en los cargos de confianza que podían existir en los Ayuntamientos.

La determinación de máximos retributivos evidenció que suelen ser Corporaciones gobernadas por el propio PP las que superan los umbrales propuestos ahora como límites. La propuesta asume el riesgo de que esos máximos se conviertan en “las” retribuciones y contiene la aberración de prohibir que los alcaldes de los municipios pequeños puedan tener una renumeración salarial, con lo que se abre la veda a la imaginación para compensar a estos cargos públicos.

La limitación del número de cargos electos con dedicación exclusiva se apoya en el populismo para abrir de par en par la puerta a varias aberraciones: por un lado, el “invento” de imaginativos subterfugios para saltarse la norma (dedicaciones parciales más golosas que las exclusivas, dietas desproporcionadas…); por otro lado, la desprotección absoluta de las minorías en la oposición para disponer de medios humanos que les permitan realizar su labor; finalmente, la paradoja aberrante de que puede haber más “asesores” en dedicación exclusiva que concejales. Es decir, o bien para el PP contar con el respaldo de miles de ciudadanos es un demérito que impide a los cargos electos dedicarse plenamente a la tarea para la que les han elegido sus convecinos, o bien pretenden con esta norma dar cobertura a algunas situaciones indignantes que existen y de las que el Ayuntamiento de Madrid es un buen ejemplo de excesos que causan el repudio entre la ciudadanía.

 

Sin embargo, los ayuntamientos necesitan reformas

Que una norma de 1985 parcheada en numerosas ocasiones necesite una revisión integral no debe sorprender a nadie. Y a los ayuntamientos españoles, por muchas razones, les hace falta una reforma integral que contemple la dimensión política, funcionarial, financiera y competencial.

Sin ánimo de agotar el inventario de cosas que se deben revisar, se deben citar algunas que destacan de forma especial. Ocupa un lugar destacado, el trasnochado régimen presidencialista por el que el Alcalde tiene amplísima competencias, y cuyo control democrático por parte del Pleno es muy débil. A su lado destacan las evidentes debilidades de la calidad democrática en la vida municipal (incompatibilidades, retribuciones, estatuto de la oposición o acceso efectivo a información municipal); el desigual papel desempeñado por los altos funcionarios municipales (secretaría e intervención); la vulnerabilidad de las corporaciones a la hora de fijar las retribuciones de los empleados públicos o la necesidad de integrar la financiación municipal con la financiación autonómica configuran algunas de las circunstancias y razones por las que la reforma local ya era inaplazable hace varios años.

Además, no es casual que los municipios españoles no hayan atraído la atención de la opinión publicada por la mejora de los servicios públicos que efectivamente han liderado y que la ciudadanía ha percibido con nitidez. La atención mediática a los Ayuntamientos la han acaparado casos de corrupción y situaciones de estrangulamiento económico. Problemas que existen y deben resolverse; pero eso no quiere decir que haya que disolver por la vía de los hechos a los municipios españoles. La corrupción se asocia con la gestión urbanística; la mala situación financiera suele estar vinculada a exagerados endeudamientos de municipios perfectamente identificados y en cuyas causas conviven varias razones.

En definitiva, es evidente que es necesario reformar el funcionamiento de los ayuntamientos españoles. Es un asunto sobre el que desde hace muchos años hay amplio consenso. De hecho, el último gobierno del PSOE tenía preparada una ley del gobierno local cuya tramitación fue abortada ante la negativa del PP de acordar nada desde la mitad de la legislatura pasada. En el PSOE se entendió que un asunto de esta envergadura era cuestión de Estado y que no tenía sentido continuar con su tramitación.

El deseo y necesidad de acuerdo sobre el modelo territorial español se extiende también a la reforma local. La prevista actualmente por el PP supone la transformación de los ayuntamientos en simples oficinas de gestión, anulando el carácter de primera línea en la atención de los problemas ciudadanos y vaciando el contenido político de los municipios. Ese punto de partida es, simplemente, inaceptable.

Fijar objetivos es una decisión política, aunque no la tomen políticos

Hay una corriente que se extiende peligrosamente que pretende excluir a los cargos electos, en particular, y a las personas políticamente reconocibles, en general, de diferentes ámbitos de la vida social y civil. Ahora bien, debemos tener claro que excluir a los políticos no es sinónimo de excluir a la política. Se seguirá haciendo política, pero escondida detrás de presuntos argumentos técnicos.

Hagamos un poco de memoria. Conviene recordar quiénes forman parte de los máximos órganos de dirección públicos y privados y qué se hace en ellos. Los máximos órganos decisorios determinan los objetivos de las entidades que dirigen, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado.

En el caso de las empresas privadas, los consejos de administración están integrados mayoritariamente por representantes de la propiedad que tratan de hacer valer los legítimos objetivos de ésta: normalmente asegurar la existencia de beneficios que distribuir. Ahora bien, la pregunta es si ganar dinero es el único objetivo posible o si puede haber otros objetivos diferentes. Es obvio que puede haberlos. Seguro que a todos se nos ocurren otros objetivos diferentes, entre los que se encontrarían, maximizar empleo, atender determinados colectivos, alcanzar la máxima calidad o múltiples combinaciones de todos ellos …

Una vez asentado que en cualquier ámbito de la vida pueden existir multitud de objetivos entre los que hay que elegir, la cuestión es cómo o quién decide cuál de ellos es el que se debe alcanzar.  La elección significa que quienes deciden tienen un esquema de prioridades y de preferencias que explica la elección realizada.  Expresado de otra manera, si pueden existir otros objetivos, todos igualmente legítimos, quienes mejor pueden representar las preferencias de la sociedad en cada momento son los cargos electos. Diría más. A la hora de hacer valer este otro tipo de objetivos, los cargos electos tienen un plus de legitimidad, porque cuentan con el respaldo que dan los votos junto a la posibilidad de revocación a través de las urnas.

Es evidente que todas las personas poseen los valores e ideología que configuran su personal orden de prioridades que, en todo momento, les orienta en su toma de decisiones. Eso ya es política: decidir de acuerdo con unos valores y unas preferencias. En consecuencia, la expulsión de “los políticos” de los ámbitos de decisión no significa una expulsión de la política. Expulsar de los órganos de decisión a los cargos electos es acallar la legítima voluntad de la sociedad en beneficio de no se sabe muy bien qué objetivos, ni qué rendición de cuentas; pero no es abandonar lo que despectivamente llaman “política”. Es más, la política seguirá presente en los consejos u órganos de decisión, pero estará de una forma no explicita, no transparente, ni revocable a través de un proceso democrático. Estará enmascarada bajo presuntas decisiones técnicas neutrales, pero que en la mayoría de los casos serán realmente elecciones políticas.

Más bien creo que, dada la extracción social y el sistema de elección de los miembros de buena parte de esos órganos, lo que se conseguirá es que queden excluidas las posiciones diferentes a las visiones más tradicionales. Porque ya se sabe que la doctrina de los medios más ranciamente antidemocráticos es que cuando dicen “política”, quieren decir “izquierdas”, porque cuando es de “derechas” es “profesional o técnica”. Para esos, ser profesional es incompatible con ser de izquierdas.

Lo que llama la atención en medio de todo este griterío que se llama antipolítico, pero que realmente es antidemocrático, es que una parte de lo que se llama “izquierda” apoye el alejamiento de los cargos electos de los puestos de decisión, incluso de las personas públicamente reconocidas como de izquierda aunque no sean cargos electos.

A mi juicio esta posición es un claro error, por una razón doble: la primera, porque si la izquierda cree en una sociedad distinta, tiene que ser capaz de defender sus postulados en cualquier órgano de responsabilidad.
La segunda razón es que si no hay personas con valores e ideología de izquierda en los órganos de decisión, sólo habrá personas con valores e ideología de derechas… ¿o es que nos vamos a creer que alguien no tiene ideología? ¿O es que van a desaparecer los órganos de decisión?

No se trata de que los cargos electos lo ocupen todo, pero frente a quienes excluirlos de todos los ámbitos de decisión, sí es conveniente recordar ahora el valor y la legitimidad de las posiciones expresadas por las personas elegidas por la ciudadanía para representarla.

Una reflexión sobre el gobierno de los profesionales

Ante la manifiesta debilidad de las instituciones, existe una corriente con un poso profundamente antidemocrático: aquella que ve en el gobierno tecnocrático o de los profesionales como la solución a todos nuestros males. En el fondo, de lo que se trata es que sean sólo los jueces los que puedan hablar del gobierno de la judicatura; los profesionales de la salud de la sanidad; o los catedráticos de la universidad.

No existen razones de eficacia ni de eficiencia que justifiquen tal posición. Es más, me atrevo a afirmar que esa forma de concebir el gobierno de los grandes servicios públicos quizás asegure eficazmente la protección de determinados intereses corporativos, pero no asegura que esos servicios atiendan los objetivos que la sociedad persigue en cada momento.

Bajo la pátina de presunta “profesionalización” de los servicios, se encuentra el triunfo de una posición política que, en el fondo, pretende sustraer determinados ámbitos del control y establecimiento de objetivos por parte de la sociedad y de sus legítimos representantes.

¿Acaso alguien sostendría que para ser ministro de Defensa hace falta ser general? Pues en el resto de los ámbitos, tampoco hace falta haber alcanzado el máximo nivel profesional para ser un buen responsable-gobernante-director. Es más, el informe del comité de expertos sobre el sistema universitario sigue reservando el rectorado de las universidades a personas con el máximo grado profesional y reconocimiento investigador. Ahí puede estar el germen de una parte de los problemas de la universidad. Porque no hay nada que asegure que un Premio Nobel en Física sea un buen rector de una universidad, como un premio Nobel en Economía probablemente no sea el mejor ministro. Su reconocimiento es por hacer muy bien un trabajo en una disciplina, pero eso no le habilita especialmente para gestionar una institución compleja.

Otra cosa es que tenga que contar con la opinión, ente otros, de investigadores de excelencia, docentes de prestigio, antiguos alumnos o empresas para tener una idea cabal de lo que quiere hacer, lo que puede hacer y las consecuencias de sus decisiones. Y también tiene que tener en cuenta la opinión de la sociedad que financia al servicio público de educación superior. Y quien mejor puede expresar la opinión, los deseos y las ambiciones de la sociedad son sus cargos electos.

Aparte de otras consideraciones, el gobierno de los profesionales conlleva además un problema de legitimidad dinámica. Es decir, la cualificación profesional obtenida en un momento del tiempo (la oposición a abogado del estado se gana una vez y después quien la ha obtenido la tiene para toda la vida…) no quiere decir que profesionales “excelentes” en su campo en un momento del tiempo sean capaces de interpretar en cada momento los deseos, ambiciones y objetivos de una sociedad que les ha encomendado unas tareas que nada tienen que ver con la interpretación de su voluntad. Porque esa labor de interpretación de la sociedad corresponde a los cargos electos, no a los empleados públicos.

Esos profesionales deberían aportar su conocimiento y saber hacer para alcanzar los objetivos de la sociedad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones hemos asistido al enmascaramiento como decisiones técnicas de lo que realmente son opciones políticas. Lo que es peor, en ocasiones más bien parece determinados responsables técnicos boicotean la puesta en marcha de decisiones políticas que no comparten. ¿Nos imaginamos que un juez no aplicase una ley porque no la comparte?

El caso de la exclusión de cargos electos de las cajas de ahorro españolas es un buen ejemplo de las tensiones descritas aquí. Ahora, no se sabe muy bien a quién representan quienes rigen estas entidades; pero hace no demasiado tiempo era normal la presencia de cargos electos en sus órganos de gestión.

La presencia de políticos, como la de no políticos, ni es garantía de mala gestión, ni de buena. Porque de la misma manera que Lehman Brothers o Banesto quebraron, sin que conste concejal alguno en su consejo de administración, algunas cajas de ahorro españolas han sido ejemplos de buena gestión, sin que presencia de cargos electos en sus consejos fuese un obstáculo para ello. Así que la buena o mala gestión no depende solo de que se sea político o no, de la misma manera que en Pescanova no consta la presencia de cargos electos.

La paradoja es que ahora una persona que cumpla los requisitos de elegibilidad para la gestión de entidades financieras queda inhabilitada para estar en una entidad promovida por una caja de ahorros si resulta elegido en unas elecciones; pero paradójicamente puede ser consejero del Banco Santander y concejal. Como puede ser concejal y dueño de una promotora inmobiliaria.

No cabe duda de que tiene sentido vetar la presencia de políticos en aquellos casos en los que haya potenciales conflictos de intereses entre regulador y regulado. En el resto, la presencia de cargos electos debería estar sometida a las mismas exigencias y requisitos que cualquier otra persona; sin perjuicio de los regímenes de incompatibilidades que han de ser claros, exigentes y homogéneos, cuyo cumplimiento se debe verificar con rigor por un órgano independiente y común para todos los cargos públicos.

Más allá de eso, intentar excluir a un sector o actividad de la presencia de cargos electos o de representantes de su voluntad es un simple intento de sustraer a determinados sectores del necesario control social al que deben estar sometidos.

La crisis ya es sistémica

Está totalmente aceptado que España atraviesa una crisis económica profunda y prolongada que ya se puede denominar depresión sin temor a equivocarse. También está aceptado que atraviesan una crisis algunos partidos políticos y su funcionamiento. Sin embargo, otros consideramos que la crisis es mucho más profunda y que afecta al conjunto de nuestro modelo económico y de convivencia. Pedro de Silva la calificaba recientemente, la crisis es sistémica.

A estas alturas, lo que realmente está en cuestión no es solo el modelo económico, que es evidente que lo está, sino también el modelo de democracia representativa en toda su extensión. Está en cuestión el valor y la utilidad de las instituciones democráticas y de los cargos electos, cuando son la única garantía de participación en la vida pública de la inmensa mayoría de la población que no tiene otra voz que la que pueden expresar periódicamente a través de su voto.

Muestras del desprecio más absoluto a los representantes democráticos hay muchos, pero algunos claman al cielo por su indisimulada obscenidad. Uno de los más recientes se encuentra en el informe sobre propuestas de mejora del sistema universitario español cuando dice que “la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros, dentro de los cuatro años anteriores. La aceptación de un cargo público de un miembro del Consejo implicará su cese inmediato como miembro del mismo”[1]. La propuesta en sí misma da para pensar; pero es mucho más provocadora si se tiene en cuenta que entre los integrantes del citado comité se encuentra el Vicepresidente Tercero del Banco de Santander, Matías Rodríguez Inciarte, quien firma como tal.

Lo llamativo es que el fondo del texto anterior coincide plenamente con el “no nos representan” proclamado desde opciones que están en las antípodas ideológicas. Las posiciones más extremas tanto de derechas como de izquierdas coinciden en cuestionar las bases en las que se asienta el sistema democrático representativo: niegan la legitimidad de los representantes que son elegidos mediante voto universal, cuyos mandatos tienen límite temporal y en los que para renovar es imprescindible revalidar el apoyo en la ciudadanía. Es más, parece que ante los ojos de una parte de la opinión publicada, el hecho de pasar por el filtro de las urnas y obtener un legítimo respaldo  democrático convierte en una suerte de piratas aprovechados a quienes antes eran reconocidos profesionales en diferentes campos.

Este cuestionamiento de las instituciones democráticas y de los representantes de la voluntad popular está alimentada desde posiciones extremas de derecha y de izquierda. El PP se aprovecha de ella para unirla a la cacareada austeridad, sacar a relucir su vena más antidemocrática e intentar aniquilar instituciones de representación (ayuntamientos o parlamentos) y dificultar cínicamente la presencia en las instituciones de los representantes de la ciudadanía. El caso de la supresión de retribuciones a los parlamentarios de Castilla-La Mancha es el colmo del ventajismo, porque sólo afecta a los diputados del PSOE, puesto que previamente el PP se aseguró de que todos sus parlamentarios tuviesen retribuciones estables por ocupar cargos políticos en otras instituciones, desde el propio gobierno autonómico manchego hasta ayuntamientos y diputaciones.

Los medios de información más identificados con las posiciones más ultraconservadoras son los que dedican más tiempo y argumentos a descalificar y poner bajo sospecha a las personas que desempeñan puestos políticos. Y son sus mismos argumentos los que utilizan grupos autocalificados de izquierdas para proclamar una suerte de asamblearismo al estilo Beppe Grillo como solución a los males de la sociedad contemporánea.

Desde posiciones supuestamente de izquierdas, han surgido distintos movimientos políticos que avanzan en una dirección similar. En ese ámbito se encuentran quienes pretenden obtener escaños simplemente para no ocuparlos y, en consecuencia, no participar en las decisiones que se adoptan en esos órganos. O quienes se agrupan en torno a plataformas que pretenden conseguir tal o cual objetivo, ignorando las implicaciones que tienen sus propuestas en otros colectivos con aspiraciones y preocupaciones tan legítimas como las que están en el origen de aquellas plataformas. Y es precisamente la participación en las decisiones y la búsqueda de propuestas equilibradas la razón de ser de partidos políticos e instituciones representativas.

Ahora bien, que las posiciones más radicales de derecha e izquierda coincidan en rechazar la democracia representativa, ¿quiere decir que ambos persiguen los mismos objetivos? Y surgen más preguntas: ¿Es razonable esta pretendida exclusión de la “política” de los órganos de gobierno de instituciones financiadas con fondos públicos y cuyos objetivos trascienden con mucho a quienes trabajan en ellas (universidades, justicia, salud, educación, determinadas entidades empresariales, incluso financieras? ¿Qué personas razonables y competentes van a aspirar a ser cargo electo si el hecho de ganar la confianza de miles ciudadanos en competencia con otros candidatos les pone inmediatamente bajo sospecha y les inhabilita para la vida civil y profesional? ¿Dónde ha quedado la legitimidad que otorga haber ganado democráticamente la confianza de los conciudadanos para gestionar lo que concierne a todos? ¿Es el descrédito genérico y sin matices de los cargos electos la vía para regenerar la vida pública española?

Es evidente que es imprescindible cambiar cosas en profundidad para reforzar los mecanismos de gobierno de lo público y el sistema representativo. Ahora bien, hasta ahora no existe una alternativa real mejor para conjugar todos los intereses que simultáneamente conviven en una sociedad que el sistema de democracia representativa. Y está acercándose al abismo.



[1] VV.AA. (2013): Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, Madrid, página:45. En http://goo.gl/Fr8UU