Pedro Sabando

30º ANIVERSARIO LEY GENERAL DE SANIDAD

Este año celebramos el trigésimo aniversario de la Ley General de Sanidad que aportó las bases para la construcción de un sistema sanitario.

Aunque muy someramente, he de revisar acontecimientos sanitarios producidos durante la dictadura y en los posteriores gobiernos de UCD, para ofrecer un marco político sanitario que haga comprensible la necesidad entonces de una Ley General de Sanidad.

En diciembre de 1974 se constituyó la Comisión Interministerial para la reforma sanitaria, que tras un año de trabajo elaboró un documento cuyas propuestas de solución eran una buena expresión de las carencias de lo que había sido la asistencia sanitaria durante la dictadura. Dicho informe nunca llegó a ser operativo; pero muchas de las necesidades no resueltas encontraron salida en nuestra Ley General de Sanidad.

Durante cinco años, cinco ministros de Sanidad de UCD elaboraron las primeras reformas sobre la sanidad heredada del periodo franquista. Promovieron la atención primaria, iniciaron la legislación de la formación de especialistas, y configuraron la estructura para el avance de la investigación biomédica. En los tres logros tuvo especial importancia Segovia de Arana. También crearon el instituto Nacional de Salud e hicieron las primeras transferencias sanitarias a Cataluña y al País Vasco, entre otras cosas; pero no quisieron afrontar la redacción de una ley de sanidad que diera cumplimiento a los artículos 43 y 49 de la Constitución Española.

Los gobiernos de UCD también intentaron profundizar en la reforma sanitaria en otras dos ocasiones. La primera en 1978 como respuesta a una PNL del grupo Comunista dando lugar al documento que tras su discusión durante el año siguiente, produjo en 1980 la llamada “Resolución para la Reforma Sanitaria”. Se conocería comúnmente con el nombre del Secretario de Estado Segovia de Arana que establecía entre otras cosas un periodo de 8 años para la formulación de la Ley; pero el Ministro Rovira zanjó el debate con un rotundo: “No a un Sistema Nacional de Salud”.

De esta situación se desprendía que el Gobierno se mostraba partidario de la provisión privada de los servicios sanitarios, retrotrayendo el debate 36 años, a la Ley de bases de la Sanidad Nacional de 1944 (Blas Pérez), y sin tener en cuenta la red de Hospitales y ambulatorios de la Seguridad Social que se habían construido durante el régimen anterior.
De hecho este escenario venía a repetir el conflicto nunca aclarado entre Girón de Velasco que en 1942 crea la Seguridad Social y Blas Pérez con su Ley en 1944.

Por otra parte, el pensamiento sanitario de izquierdas se fue desarrollando en España en sintonía con los movimientos democráticos transversales contrarios a la dictadura y con un amplio espectro de participantes: estudiantes, trabajadores de la sanidad, médicos internos y residentes, médicos jóvenes, militantes de partidos y sindicatos clandestinos así como varios dirigentes de algunos hospitales. Todos estos sectores mostraban un denominador común. Estaban persuadidos de que sobre la base de la herencia recibida debía articularse un sistema sanitario público de cobertura universal y financiación por impuestos que debería completar y complementar la estructura existente en el horizonte de un Servicio Nacional de Salud, de clara inspiración británica.

Este proyecto sanitario es el que se formulaba en el programa electoral del PSOE a las elecciones de 1982.

Poco tiempo después de ser propuesto como ministro de Sanidad, Ernest Lluch me honró para proponerme formar parte de su equipo. Al preguntarme acerca de mis proyectos de trabajo, la respuesta fue sencilla: mi ilusión era hacer una ley básica de sanidad, emprender la reforma de la atención primaria y hacer la reforma hospitalaria. Ernest me respondió que ese trabajo era propio de una secretaría de estado y creía que no le asignaban ninguna; pocos minutos después me lo confirmó. Así pues, su propuesta suponía aceptar la subsecretaría, y yo lo hice con mucha ilusión.

Desde el mismo mes de diciembre de 1982, comenzamos el ministro y yo, con el programa electoral en la mano, a reflexionar sobre los grandes temas que creíamos que deberían abordarse en la Ley de Sanidad, a saber: la universalización del derecho a la salud, el servicio nacional de salud desde la perspectiva constitucional; la delimitación de las competencias, el personal sanitario, la financiación y las relaciones entre el sector público y el privado. Estos eran los temas dominantes sobre los que me permito introducir algún matiz extraído de las notas de aquellos días.

Ernest, gran conocedor técnico y político de la realidad autonómica, era muy riguroso con la necesidad de ajustarnos con mucha precisión al hecho autonómico que se desprendía de la Constitución. Yo, peor conocedor de la realidad constitucional, proponía una ley básica.

Respecto al capítulo de la financiación, en el que inmediatamente profundizó E. Lluch desde sus conocimientos de economista, sufrimos desde el principio el cuestionamiento global de un sector del área económica del Gobierno que, pese a desconocer nuestro pensamiento, nos juzgó con sólo saber que estábamos trabajando en una reforma seria con Ley incluida.

El problema se centraba en saber si la reforma sanitaria, su gratuidad y la extensión de las prestaciones sanitarias a toda la población, suponían un aumento desmesurado de los costes a añadir a la ya elevada cuota del PIB consumida en asistencia sanitaria, tal como lo entendíamos entonces.

No obstante, ante el aumento del coste que podía suponer la reforma sanitaria basada en un servicio nacional de salud, se podía pensar en elegir dos caminos: la aplicación de “correctivos” a la financiación de un modelo basado en el SNS (para que no se disparara el gasto, y garantizando siempre la buena marcha del sistema), o la elección de otro modelo, como el francés, basado en la “libre elección de médico” absoluta y en el “pago por acto médico”.

Los estudios económicos comparados del momento, demostraban que en países con un modelo basado en un servicio nacional de salud (Inglaterra e Italia) el coste sanitario estaba alrededor del 6% del PIB, mientras que en otros con modelos basados en el pago por acto médico y libre elección absoluta del médico (Francia, Alemania) el costo alcanzaba alrededor del 8% del PIB.
Las reuniones para reflexionar en torno a la situación sanitaria, nuestras propuestas y las del programa electoral, fueron muy intensas en los días de Bravo Murillo y en el primer mes ya en el Ministerio hasta comienzos de febrero de 1983, que se produce un parón de siete meses cuando, la crisis económica mostró su rostro.

La intensa crisis económica, especialmente severa en España, obligó al Gobierno a contemplar la disyuntiva entre una LGS que diese rápida respuesta a los deseos del mundo sanitario más próximo o atender la reordenación de todo el tejido industrial y productivo, salvar empresas susceptibles de quiebra, etc.

Se optó lógicamente por enlentecer el trámite de la LGS y ahí comenzaron los problemas, también entre los propios miembros del equipo ministerial por un defecto de análisis y explicación. Los sanitarios, tal vez, entendíamos que éramos el centro del universo.

Entre tanto el primer gobierno de izquierdas de la democracia del 78 sufría la tensión en su gabinete que valoraba con preocupación la agitación y el descontento en la sociedad.

Al cabo de 8 meses, tras la formalización de la Comisión redactora de la Ley y conocidos los primeros borradores del Anteproyecto arreciaron las críticas y descalificaciones por parte de Alianza Popular, que anunciaba la derogación de la Ley si accedía al Gobierno, por el Consejo General de Colegios de Médicos y por los sindicatos médicos desarrollando una campaña muy agresiva tanto contra las reformas iniciadas como frente a esos primeros borradores de la LGS.

Desde el Consejo General de Colegios Médicos liderados por su presidente, se promovió la llamada “Operación primavera” diseñada por un conocido sociólogo para conseguir modificar no sólo el texto sino la orientación de la LGS a través de la presión social ejercida sobre los usuarios por los agentes fundamentales del sistema sanitario: médicos, enfermería y farmacéuticos. Este intento fue denunciado por el sindicato médico y las cosas no pasaron a mayores. De este asunto tuvimos conocimiento en sus inicios; pero fue especialmente desagradable por el alcance de las intenciones expresadas en los documentos que nos llegaban.

Era una forma “minor” de sedición.

También influyeron en el devenir de la Ley: la tensión que se produjo entre el propio Ministerio de Sanidad y el Grupo Federal de Salud del PSOE; la dimisión de algunos miembros de la Comisión Redactora; el debate y las discrepancias con CC.OO, UGT, CEMS, FADSP, la propia OMC, el acoso del PC al Ministro, así como el peso que tuvieron las peculiaridades e intereses de la sanidad catalana y vasca, en el consenso para el texto definitivo, porque ya habían recibido las transferencias y comenzado a implantar sus modelos.

He señalado el ambiente político y los principales condicionantes que establecieron el escenario en que se redactó una ley que dibujaba un sistema sanitario universal, gratuito, y financiado por impuestos que permitiese a los españoles ejercer el derecho a la salud contemplado en los artículos 43 y 49. Sistema Sanitario Público que ha demostrado una gran eficacia, cuyo alcance y efectos sólo ha sido percibido por nuestra ciudadanía desde hace unos pocos años.

El modelo sanitario, desarrollado por la Ley General de Sanidad estaba sustancialmente incluido en el programa electoral del PSOE para las elecciones de 1982, y era muy semejante al de los servicios nacionales de Salud de Reino Unido, Canadá o los desarrollados en los países escandinavos, si bien con un marcado énfasis en Epidemiología, Salud Pública, Prevención de la enfermedad y Atención Primaria de Salud alineándose con la declaración de la OMS de 1978 tras la reunión de Alma-Alta.

Para finalizar unas consideraciones sobre la denominación de “Sistema y no Servicio Nacional de Salud” que es la consecuencia de un gran debate, que pervive acerca de la organización del Sistema Sanitario.

El desacuerdo de Cataluña y Euskadi, con una ley básica haciendo valer las competencias que en esta materia le otorgaban la CE y los Estatutos de Autonomía, supuso la imposibilidad de crear una organización de la Sanidad bajo el concepto de Servicio Nacional de Salud. El término Sistema hacía posible la diversidad organizativa en las diferentes CC.AA, con reserva de competencias exclusivas para el Estado, se creaba un órgano de teórica coordinación llamado Consejo Interterritorial del SNS y sólo se contemplaban como básicos unos pocos artículos.

Pero, la complejidad de las necesarias conversaciones y/o negociaciones obligaba a introducir acuerdos y ajustes que hicieron necesarios 19 borradores, 35 meses de trabajo, mucha negociación así como la intervención directa del Presidente del Gobierno apoyando al Ministro Lluch para vencer las resistencias de los Ministerios de Economía y Hacienda y Trabajo, el día 26 de marzo de 1985, en reunión conjunta con los tres ministros.

Después, restaba un año de trámite parlamentario. La paciencia, el coraje y la determinación de E. Lluch hicieron posible que la Ley saliera adelante.

Diez años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el PP accede al Gobierno y el ministro Romay no la deroga como habían anunciado desde Alianza Popular en 1983,84,85,86 sino que el pleno del Congreso de los Diputados el 18 de diciembre de 1997 aprobó el dictamen para “avanzar en la consolidación del Sistema Nacional de Salud mediante el estudio de las medidas necesarias para garantizar un marco financiero estable y modernizar el sistema sanitario manteniendo los principios de universalidad y equidad en el acceso”.
La aprobación de este dictamen, que se conoció como Comisión Romay tuvo gran importancia y supuso políticamente la aceptación por el Partido Popular del modelo que se desprende de la Ley General de Sanidad de 1986, así como una coincidencia de fondo con las políticas llevadas a cabo en los once años anteriores por gobiernos de otro signo político, con lo que viene a despejarse definitivamente la posibilidad de que la alternancia en la gobernación de socialistas y conservadores conllevara modificaciones sustanciales o de modelo en el Sistema Sanitario, es pues un dictamen que determina la consolidación del Sistema.

Pero la falta de conocimiento y del significado de los acontecimientos determinó que el acuerdo no fuera unánime, tampoco lo fue la aprobación de la LGS.

La sanidad española actual, tiene muchos problemas distintos a los de 1982 pero numerosos y creo que necesita una Ley General de Sanidad del siglo XXI. Por eso, si hoy estuviera aquí Ernest Lluch podríamos tener un debate maravilloso porque muchos de los conceptos objetos del mismo son bien actuales y al cabo de 30 años, la vida, la sociedad y la propia sanidad nos han enseñado mucho. Unos asesinos lo impidieron cobardemente el 21 de noviembre de 2000.

Tuve el privilegio de mantener con Ernest una larga conversación cuando era rector de la Universidad Menéndez Pelayo con motivo de la inauguración en Portugalete de la Agrupación Socialista que lleva el nombre de Carmen García Bloise. Fue toda una mañana, evidentemente teníamos mucho deseo de hablar.

Fue nuestra despedida y la conservo viva en mi memoria con especial cariño. Ramón Jáuregui, testigo de nuestra charla, bromeaba: “Lleváis toda la mañana, conspiráis o es cosa sanitaria”.

¿TIENE LA IZQUIERDA FUTURO?

El futuro de la izquierda es un debate sobre puntos de equilibrio, más que sobre modelos antagónicos o alternativos.

El socialismo, hoy, no puede representar un modelo terminado ‘de sociedad, sino un proyecto en el que la cooperación represente una alternativa a la competitividad, como eje básico del progreso de las sociedades.

La misión histórica del socialismo no se limita hoy a moderar los excesos del capitalismo y a dotarle de un rostro humano, sino que el proyecto socialista trata de derrotar al capitalismo en su propio terreno natural de juego, el mercado, recuperándole como institución social creadora de riqueza colectiva.

El reconocimiento de que el mercado no es por definición una estructura económica al servicio del capital, sino una institución social que regula buena parte de las relaciones económicas de todos los seres humanos, supuso un punto de ruptura teórico para el socialismo europeo y para la izquierda en general.

Confundir mercado y capitalismo es un error teórico y político del que se derivan graves problemas estratégicos.

El fracaso planificador de las economías centralizadas, los excesos en la concepción del Estado como agente económico y el injusto refrendo a un proteccionismo económico, no puede servir de excusa para renunciar a definir el papel de lo público de manera explícita, para mantener la vigencia de importantes valores sociales y para reconocer la necesidad de establecer reglas de juego que permitan un desarrollo definido en términos sociales y no sólo en términos, económicos.

Las amenazas de deshumanización que se ciernen sobre nuestras sociedades deberían alentar una reflexión en términos de valores, no únicamente de valores de izquierdas, sino de valores humanos útiles y justos. El capitalismo,
expresa una concepción puramente instrumental o utilitaria de las personas y las estructuras sociales, mientras que para el socialismo son las estructuras económicas, comenzando por el mercado, quienes poseen tal valor utilitario, al servicio de las necesidades humanas.

Hay serios problemas prácticos, comenzando por la necesidad que tienen todas las economías nacionales de resultar competitivas para poder crear riqueza en el volumen suficiente que haga posible atender todas las necesidades sociales; paradójicamente, parece que la forma homologada de alcanzar el nivel económico necesario para este noble objetivo puede exigir como punto de partida una reducción del nivel de cobertura de las necesidades sociales, de tal suerte que configuraría un marco de convivencia en la que primaría la insolidaridad, generaría segregación y permitiría seguir contemplando al fondo de nuestra sociedad, la explotación.

Deberíamos buscar otras formas de alcanzar mejores niveles de capacitación productiva y competitividad, desde un orden social económico cooperativo. Las estructuras económicas modernas, incapacitan a las economías nacionales para adoptar políticas económicas y sociales diferenciales.

Los Estados no pueden permitirse permanecer al margen de los tratados de libre comercio, aunque su adhesión signifique la imposición de un determinado papel en la producción e intercambio de productos y servicios que resulten difíciles para su cultura, sus estructuras sociales y sus necesidades.

No parece posible renunciar a la lógica de los ciclos económicos, desengancharse de una forma de hacer política basada en los indicadores macroeconómicos, estabilizándose en un nivel de riqueza que, adecuadamente repartido, permitiera satisfacer las necesidades humanas esenciales de toda la población.

Es dentro de estos condicionantes donde se sitúa uno de los temas clave para el futuro de la izquierda: la acción de gobierno de los partidos socialdemócratas.

Siendo indudable que el ejercicio del poder exige un elevado nivel de pragmatismo, también resulta indudable que es necesario interrogarse sobre los elementos diferenciadores entre las políticas que desarrollan los gobiernos progresistas y los conservadores. La existencia de una sensibilidad social más intensa en las filas socialdemócratas es evidente.

Pero también es evidente que las políticas económicas y sociales tienden a homologarse, muy particularmente las reformas restrictivas, en los sistemas de protección social y de relaciones laborales. El hecho de que exista una base real de sustentación de algunas de estas actuaciones legislativas, no debe traducirse en una renuncia explícita a definir el modelo de sociedad que la izquierda considera al tiempo necesario y posible. Sin esta definición explícita será difícil esperar algo más que un mimetismo desordenado difícil de explicar a los ciudadanos.

En este contexto restrictivo, para aportar valor real a las propuestas políticas de la izquierda es necesario enfrentar el futuro desde un posicionamiento activo. En lugar de situarse a la defensiva y atrincherarse cada vez que parece sonar la artillería neo/ibera!, hay que demostrar con los hechos que es conciliable una política de protección social avanzada con la rigurosidad económica y política que los tiempos presentes parecen demandar.

En esta tarea, no sirven de mucho los discursos obsoletos, estatalistas a ultranza que simplemente se niegan a reconocer que el papel del Estado en la economía empieza a comprenderse mejor en términos de capacitación e incentivación que de control e intervención.

El hecho de que la sociedad genere formas organizativas concretas para gestionar los recursos colectivos no puede llevarnos a pensar que el objetivo básico de la sociedad sea, precisamente, la defensa dogmática de esas formas de organización, es decir, a confundir los instrumentos con los fines.

Los cambios sociales tiran de las instituciones para que se adapten y si éstas no resultan congruentes con los valores, demandas y necesidades sociales sólo consiguen una creciente desafección por parte de los ciudadanos.

Creo que esta reflexión es necesaria, porque es evidente la existencia en la izquierda de un cierto fetichismo emotivo que intenta obtener adhesiones viscerales a un mundo de viejas palabras e imágenes que pueden haber perdido hoy buena parte de sus contenidos; una posición en la que son los símbolos lo que más importa, como si el mundo de lo real fuera un artificio y sólo tuviera existencia real el mundo de las ideas. Las posiciones socialistas se suman con frecuencia en una especie de perplejidad paralizante; su discurso es a menudo divagante e impreciso y ello ciertamente no aporta valor ni a la sociedad, ni al propio pensamiento de la izquierda.

¿Debe girar necesariamente todo el discurso socialdemócrata en torno al papel del Estado? No, a mi entender.

Los valores de izquierdas -la solidaridad, la cooperación, la distribución equitativa de los recursos sociales, el bienestar entendido como ayuda mutua y protección frente a los riesgos, la emancipación de las penurias y la incultura para todos los seres humanos- siguen manteniendo plena vigencia y en este universo el papel del Estado es esencial. Pero desde ¡a propia sociedad, desde sus sectores más comprometidos, se reivindican nuevas formas de plasmar estos valores.

Sin suficiencia y eficiencia económica, sin control financiero y sin legitimación social el sistema de instituciones de bienestar de nuestro país estaría comprometido, porque ya no es posible sostener una política de protección social a partir únicamente de la capacidad de la regulación normativa estatal -el poder-, sino que su razón de ser debe enmarcarse en las propias exigencias y posibilidades de un estado social moderno bien sostenido por los propios ciudadanos.

Mantener los niveles existentes de protección social puede colisionar con las expectativas de los sectores sociales que soportan el gasto público, con las capas medias de la población.

Son estas capas medias de la población -el primer mundo de las sociedades desarrolladas- quienes, en mayor medida, tienden a adherirse a posiciones políticas conservadoras que prometen reducir las cargas sociales y fiscales,
privatizando amplios campos de la provisión y/o cobertura social, para su compra en un mercado ampliado de servicios, reforzando de hecho una cultura insolidaria del sálvese quien pueda, lo que constituye la principal amenaza para el Estado de Bienestar.

El que, desde posiciones solidarias, se analice angustiadamente la profunda perversión de unos valores que se creían sólidamente asentados no aporta valor a la acción política: no pasa de ser un ejercicio académico irrelevante para la marcha de las sociedades.

Hablando en términos muy prácticos, especialmente ante situaciones de crisis, la definición del papel del Estado exige tener en cuenta qué prestaciones públicas son necesarias para no desnaturalizar un servicio ; qué criterios deben emplearse si se hiciera indispensable establecer prioridades; qué recursos sustentan estas políticas y si lo necesario coincide con lo posible; qué formas de cuidados y prestaciones pueden ser consideradas socialmente aceptables en cada momento; cuándo debe comenzar y terminar cada prestación y, sobre todo, quién debe estar comprometido en la toma de decisiones en política social.

Tener preparadas estas hipótesis de trabajo supondrá de hecho salvar el Estado de Bienestar una vez superadas las condiciones económicas desfavorables. No debieran confundirse las medidas que puedan tomarse ante una situación de cierta emergencia económica, con el nuevo rostro que podría darse a esta sociedad desde postulados ideológicos que no son, ciertamente, socialdemócratas. Ese nuevo rostro de nuestra sociedad, lo veríamos configurado si las medidas restrictivas no se tomaran con suficiente fundamento en nuestra realidad y en nuestra cultura, sino como respuesta a la de poderosos sectores bien organizados, tópicos o modas que encubren perfiles ideológicos de largo alcance, y que, en último extremo, tienen poco que ver con la solidaridad, la izquierda y la socialdemocracia.

Existe, también, un dilema ético que debemos afrontar y que determina los planteamientos ante la oferta de prestaciones, la asignación de recursos, su utilización y; además, pone sobre el tapete otras preguntas más pragmáticas y
cotidianas, que hoy carecen de una respuesta inequívoca y que podríamos resumir en la siguiente: ¿quién define la eficacia -y por tanto la prioridad- de cada uno de los subsistemas interrelacionados que actúan directa o indirectamente sobre el bienestar social y otras funciones críticas que tienen lugar en el ámbito de lo público?.

La ideología socialista, en cuya tradición histórica destaca la aceptación de la transferencia de derechos individuales al estado, hoy ha de ser mucho más realista; no es posible aplicar esquemas rígidos que no se adaptan a situaciones cambiantes.

Los ciudadanos van exigiendo mayor capacidad de decisión y, además, en sus escalas de valores aparecen nuevas exigencias relacionadas con la calidad de vida. En su relación con los servicios públicos, esta nueva colectividad exige nuevas respuestas más eficientes, de mayor calidad.

Es necesario establecer sistemas de equilibrio efectivo que garanticen que los poderes públicos, en el desarrollo de sus competencias, se orienten a satisfacer las necesidades colectivas y no sus propias exigencias corporativas.

En el ámbito público, la necesidad de establecer un sistema de equilibrios se traduce en la necesidad de rediseñar la planificación paternalista si se pretende realmente que los ciudadanos puedan ejercer un papel de contravalor frente a los políticos y los gestores, que continúan dominando los procesos de toma de decisiones. En esta orientación y según mi criterio, el papel del Estado es insustituible, pero es necesario impulsar una nueva mentalidad política y de gestión pública que persiga el cambio de paradigma, desde el paternalismo a la participación real, desde el ciudadano como objeto, al ciudadano como sujeto. De lo estatal, a lo público como ámbito integrador de todas las dinámicas sociales fundamentadas en los valores socialistas.

Para poder desarrollar esta nueva visión de la sociedad del siglo XXI, es preciso un importante esfuerzo de reflexión y de producción teórica; posiblemente, ésta sea la tarea más urgente si pretendemos que la izquierda europea sea algo más que un mero equilibrio entre el pragmatismo y las señas de identidad históricas.

Posiblemente, los viejos valores del socialismo continúan siendo válidos; es, más bien, la forma en que deben plasmarse en una sociedad que ha cambiado mucho y que cada vez es más compleja lo que exige un gran ejercicio de creatividad y de sensibilidad, porque hoy en día los ciudadanos realizan su propia reflexión -si bien, muy mediatizada por unos medios de comunicación omnipresentes- y experimentan sus propias inquietudes y deseos.
Como la propia realidad se encarga de recordar con frecuencia, descalificar las nuevas actitudes sociales con etiquetas -nihilismo, hedonismo, materialismo o egoísmo- no es una buena fórmula. El comportamiento humano es un asunto complejo y sin duda contradictorio, pero los viejos y buenos ideales del socialismo democrático son plenamente reconocibles en muchos de los valores que sustentan la actividad de grupos, movimientos y ciudadanos particulares. Es la propia incapacidad de las estructuras partidistas para integrar los nuevos discursos lo que nos impide ver con frecuencia que la parte más comprometida de la sociedad nos pasa por la izquierda.

 ¿Hasta qué punto es posible integrar estas nuevas sensibilidades sociales en el discurso tradicional de la izquierda? O quizás, sería más correcto el enunciado contrario: ¿hasta qué punto es posible integrar el discurso tradicional de la izquierda en las nuevas sensibilidades sociales?

No es tan sólo un problema de matiz. Sin un sustento social auténtico, sólo existe una izquierda de laboratorio.

Conciliar la integración en las dinámicas sociales con la acción responsable de gobierno en una sociedad mundializada e interdependiente es una contradicción que la izquierda no ha sabido resolver y cuya resolución aún se nos antoja lejana. En todo caso la sensibilidad que nos ha proporcionado nuestra cultura socialdemócrata ha de impedir que el desarrollo de la contradicción llegue hasta los términos de la ruptura.

Complementar una actitud intelectual crítica ante la realidad, con unos comportamientos públicos intachables, en el fondo y en la forma, parece ser la única manera de avanzar recuperando la sintonía con la sociedad.

La nueva ética de lo público nos compromete a todos, pero muy particularmente a aquéllos en cuyas manos deposita la sociedad recursos colectivos, exigiendo una gestión eficiente que aporte la mayor rentabilidad social a cada euro gastado.

Modernizar las estructuras públicas, orientar los servicios hacia la satisfacción de las exigencias de sus usuarios, hacer política entendida como la toma de decisiones comprometida, transmitir valores esenciales, como la equidad y la justicia, etc., son diferentes facetas de una misma vocación de izquierda. Porque hoy más que nunca es posible afirmar que la eficiencia es un prerrequisito para la ética y que la ética es un prerrequisito para la eficiencia.

EL PSOE DE MADRID PUEDE SALIR DEL ABISMO

En esta hora partidaria es necesario no cometer más errores. Equivocaciones diversas nos han traído hasta aquí y tenemos por delante la elección del candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid por nuestro partido.

Me permito opinar porque están dándose las condiciones para que se genere una tormenta perfecta caracterizada entre otras cosas, porque cuando finaliza,  el territorio correspondiente emerge arrasado, y nuestra organización viene sufriendo demasiado, con una frecuencia progresivamente intensa, piruetas y ocurrencias que no deberían tener cabida en un partido socialdemócrata, si se tiene conciencia clara de lo que significa la socialdemocracia.

He defendido desde hace muchos años el perfeccionamiento de la democracia interna y desde diversas tribunas he propuesto primarias como la fórmula menos mala para elegir candidatos y dirigentes, salvedad hecha de los procesos en que el “voto sindicado” ha escamoteado la legitimidad del mecanismo de elección, y de esto también sabemos algo en el PSM.

Me reconforta ver como notables partidarios de la democracia delegada como forma de funcionamiento interno de nuestro partido, hoy son magníficos adalides de las diversas formas de primarias.

En el proceso de primarias para elegir candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2011 apoyé explícitamente a Tomás Gómez.

Hoy estamos inmersos en una situación crítica en que los contendientes expresan su posición a través del mecanismo de elección que proponen algunos candidatos y se observan movimientos que hacen temer lo peor.

No debemos equivocarnos. Las responsabilidades políticas de Tomás Gómez deben ser evaluadas en los órganos correspondientes y a su debido tiempo, de la misma manera que la gestión política y las responsabilidades de Pedro Sánchez habrán de analizarse en el ámbito partidario adecuado; pero por favor no enmarañen más la situación porque surgirá el equívoco y la confusión.

No es el momento de las responsabilidades políticas. Las elecciones autonómicas y municipales tendrán lugar dentro de 96 días. Me resulta verdaderamente complicado pensar que estemos dispuestos a dejar pasar treinta días en un proceso electoral interno, con la lógicas resacas que en estas latitudes son intensas en los albores de la campaña electoral.

Creo que puede obviarse un proceso de primarias y que sean nuestras agrupaciones, votando en secreto las distintas opciones si así lo reclamaran los militantes, quienes ofrezcan unos resultados a la Gestora que les permita decidir.

Siento el máximo respeto por nuestros militantes y de manera especial cuando son capaces de ofrecer su candidatura al conjunto del partido.

En este momento desde nuestra candidatura ha de hacerse un discurso que sea considerado con seriedad por la opinión pública para recuperar la credibilidad. Hemos de hacerlo con fundamento, utilizando las palabras justas, en el lugar preciso con plena conciencia de sus consecuencias.

Mi preocupación en medio de esta tormenta se alivió al comprobar la posibilidad de la candidatura de Ángel Gabilondo.

Inmediatamente recordé el intento que hicimos algunos hace 12 años para proponer a Javier Solana como candidato al Ayuntamiento de Madrid. Quien tenía que decir la última palabra no le agradó la idea. Lo peor es que nunca ha explicado políticamente su decisión. Si se hubiera producido dicha nominación, tal vez, hoy no estaríamos en esta situación.

Ángel Gabilondo es un excelente Catedrático de Metafísica de quien tuve noticia explicando yo Reumatología en la misma Universidad. Nadie podrá aprehenderle, porque aportará valores a la política autonómica que ha cultivado previamente.

Le conocí en su época de Rector de la Autónoma y su discurso transmitía desde la palabra justa, la credibilidad necesaria. No se debe desaprovechar su disponibilidad para liderar nuestra candidatura.

Su relevancia académica indiscutible se vio sometida al trabajo político en el Ministerio de Educación y de allí salió con su figura agigantada. No consiguió sacar adelante el Pacto de Estado en materia educativa; pero la ciudadanía percibió con respeto y no poco agrado su esfuerzo, sólo truncado por las “necesidades políticas” de la entonces “leal” oposición.

Las personalidades relevantes como Ángel son capaces de comprometerse en momentos difíciles más allá de ubicarse en medio de un proscenio que desde el patio de butacas puede aconsejar a desvincularse.

En este tiempo, cuando se habla de “política nueva” es pertinente recordar lo que decía Ortega: “Nueva política es nueva declaración y voluntad de pensamiento que más o menos claros se encuentran ya viviendo en las conciencias de nuestros ciudadanos”, por ahí pienso yo irá la nueva política que puede encarnar Gabilondo.

Muchas gracias compañero Zerolo y compañera Valcarcel por vuestro coraje y disponibilidad.

Por las razones señaladas implícita y explícitamente cuenta Ángel Gabilondo con mi voto político para ser nominado candidato a la Presidencia de la CAM y en todo caso con mi respeto y amistad.

Publicado en el Blog 20minutos,19 de febrero de 2015.

 

POR UNA GLOBALIZACIÓN DIFERENTE

El  proceso de  mundialización de la economía y de los procesos productivos que estamos viviendo está generando en pensadores, filósofos, economistas y políticos una sensación en la que se mezclan las certezas con las inseguridades, las verdades sabidas con las incertidumbres propias de toda situación nueva.

Es verdad que no es un proceso tan nuevo como a veces nos es presentado por algunos teóricos.

De sus raíces, habla a las claras la ya larga vida de buena parte de las multinacionales realmente existentes, o los intentos de coordinación de los sindicatos y las organizaciones políticas en el nivel supranacional, o el hecho de que incluso la Internacional Socialista, en sus orígenes a finales del siglo XIX, no fuera sino la respuesta política de las clases subalternas a un sistema económico que, en buena medida, sabía más de beneficios y sobreexplotación que de fronteras.

Sin embargo, ha sido el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y la creación en la red, de un espacio económico mundial, lo que ha posibilitado el avance, en términos mucho más efectivos y acelerados, de la globalización.

Un proceso que, valorado en términos objetivos, no es bueno ni malo sino necesario e inevitable y cuyas consecuencias para la Humanidad serán positivas o negativas en función de la capacidad que despleguemos desde el punto de vista social, político y económico.

Por tanto, estamos dando pasos de un itinerario cuyo recorrido será complejo, lleno de tensiones, en el que se van a confrontar dialécticamente dos concepciones del mundo, de la sociedad, dos visiones de la globalización: la de quienes consideran que la mundialización sólo debe ceñirse a las relaciones de producción y al comercio y la de quienes, desde posiciones reformadoras, de izquierdas, consideramos que debe materializarse también en el campo de los derechos civiles, del bienestar colectivo, de las relaciones laborales.

Del resultado de esa pugna social, económica, política, de esa dialéctica entre concepciones del mundo, va a depender el futuro de la Humanidad y, sobre todo, las posibilidades de bienestar de las futuras generaciones.

En esas raíces de la mundialización, hemos de considerar que siempre ha existido influencia de unos pueblos sobre otros, hasta el punto de llegar a producir un efecto de homogeneización de costumbres que han impuesto los dominantes como expresión de la influencia e intereses de imperios y grandes países sobre los demás.

A nivel mundial, lo más simple ha sido la relación económica, a través de la expansión del comercio habida cuenta de la preponderancia de las costumbres y gustos de los países dominantes, que al incidir también en el desarrollo político y militar, llegan a apoderarse de las materias primas que necesitan y venden sus excedentes a esos mismos pueblos, que colonizados culturalmente aceptan dicho consumo.

Superados los procesos coloniales, la dinámica comercial ha proporcionado grandes beneficios al negociar los excedentes financieros así como los bienes y servicios.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se pusieron las bases para desarrollar un sistema económico más estable que impidiera la catastrófica situación económica del periodo de entreguerras y sus efectos indeseables como la emergencia del nazismo y otros totalitarismos.

Los vencedores de la guerra configuran las líneas generales del sistema global, esto es, a poder ser, regímenes democráticos y un comercio internacional con criterios estables. Se establecen instituciones que tutelan esta orientación, FMI, etc., acuerdos sobre aranceles como el GATT en 1947, y desde Bretton-Woods 1944, donde se establece un sistema de tipos de cambio fijos, si bien ajustables en determinadas circunstancias, establecidos sobre el dólar divisa que a su vez podía convertirse en oro a un tipo de cambio garantizado por Estados Unidos, y se llega hasta la Ronda Uruguay (1993) que termina con el GATT y lo sustituye por la organización Mundial del Comercio (OMC).

También tras la Segunda Guerra Mundial, el viejo Estado Liberal quedaba difuminado y nadie pretendía recuperarlo.

Sin embargo, pese al predominio de la influencia keynesiana, va configurándose con el paso de los años un modelo conservador en estos países y sus instituciones encargadas del tutelaje, cuyo cénit se alcanza en la Ronda Uruguay y en las cumbres de la OMC dirigidas a una mayor liberalización del libre comercio y de los flujos de capitales, a la vez que curiosamente se continúan discutiendo los límites a dicha liberalización mientras no se corrigieran los desequilibrios del actual sistema.

La condición inicial para la globalización se expresa en la decisión de los países dominantes para lograr un mundo sin fronteras dirigido al intercambio comercial y financiero. El marco legal que ampara esta orientación es la OMC y la herramienta que homogeniza las condiciones aplicando sus recetas es el FMI, que condiciona a que los países  cedan, y al dejarse influir por los dominantes posibilitan un espacio económico de alcance mundial.

La condición siguiente en este proceso global es la revolución tecnológica que permite a los dominantes, financieros y empresarios intervenir en tiempo real en cualquier país.

Este proceso tecnológico, coincide con la llamada liberalización de los mercados tanto nacionales como sectoriales, procesos amplios de privatizaciones, libre circulación de flujos monetarios, sustitución  de la fiscalidad directa por la indirecta, desregulación del mercado de trabajo o flexibilidad laboral, etc., medidas orientadas en la mejor tradición libre cambista en la acepción del grupo Mont Pelerin- Davor.

La base del sistema está en que el dinero sólo sirve al sistema productivo y financiero y el poder de los estados se aleja del mundo económico e incluso social. Presupuestos equilibrados y menor presión fiscal directa, liberan grandes sumas que buscan mejorar su productividad en los mercados más rentables y la desregulación en todos los ámbitos atraen las inversiones de capital.

Este modelo, hoy dominante, se contrapone con la filosofía social del siglo XX, establecida sobre el principio de redistribución de la riqueza, que permitía a los más desfavorecidos tener acceso a bienes y servicios esenciales que por su precio sólo eran accesibles a unos pocos.

Estabilizadas las reglas neoliberales, diremos que han llegado para quedarse, por tanto la generación de riqueza y su distribución ha sido hurtada a los Estados que no podrán tutelar adecuadamente los derechos de los ciudadanos sino que habrán de verlos como clientes o inversionistas que sólo al participar en el proceso económico recuperarán verdaderamente sus derechos.

La gran concentración de capital se hace necesaria para converger en ofertas que requieren una masa crítica importante para establecerlas con contenidos de carácter global. En medio, las personas que han mutado de detentadores de derechos a mercancías y travestidos por las migajas de la opulencia, de solidarios de clase a autistas.

El escenario actual caracterizado por depresión económica y desempleo recuerda al de entreguerras, aunque la inflación no se muestra con el rigor que tuvo en aquella encrucijada histórica.

En la Unión Europea estamos viviendo de manera especialmente intensa ese proceso. Por dos razones: porque, gracias a la acción de la socialdemocracia en el último medio siglo, Europa es, todavía, un espacio con sociedades del bienestar aunque parcialmente melladas por las políticas conservadoras, y porque se está convirtiendo en un espacio de promisión para masas crecientes de inmigrantes procedentes de los dos ámbitos de subdesarrollo con los que, al norte y al sur, tiene frontera: el norte de África y el África subsahariana de un lado y el antiguo bloque del Este de otro.

Si las sociedades del bienestar europeas se han caracterizado por una situación próxima al pleno empleo, el catálogo de derechos económicos, sociales y políticos de que sus ciudadanos se benefician se ha convertido en un foco irresistible de atracción para los habitantes de la miseria y el subdesarrollo.

En consecuencia, los dos retos prioritarios que a la izquierda europea nos plantea la globalización están íntimamente vinculados a esos dos factores: de una parte, el mantenimiento del empleo y la generación de nuevos puestos de trabajo; de otra, dar soluciones de fondo al aumento imparable del fenómeno migratorio por razones económicas, de mera subsistencia.

Los paradigmas en que se ha basado históricamente el teórico liberalismo para afrontar ambos retos, han sido la liberalización extrema de las relaciones laborales y la reducción de la protección social en el primero de los casos y, aunque resulte paradójico, el incremento de los controles fronterizos y de los mecanismos de expulsión del inmigrante, en el segundo. Son salidas fáciles que en no pocas ocasiones han contado con el respaldo de buena parte de la opinión pública y que han calado en algunos sectores de los partidos progresistas que forman parte de la Internacional Socialista. El marchamo de inevitabilidad con que las han adornado los teóricos del liberalismo ha hecho que se presenten como soluciones universales.

Sin embargo, las soluciones duraderas, de largo alcance, no están en ese ámbito ideológico. Desde hace más de dos décadas, los sindicatos y otras organizaciones sociales vienen pugnando por un cambio legislativo de ámbito europeo que reduzca la jornada laboral a treinta y cinco  horas semanales, posibilitando así la creación de nuevos empleos y mejorando la calidad de vida, y las posibilidades de ocio, de los asalariados; pero, cuando se aplicó en Francia,1998, el éxito no coronó la medida, que fue derogada en el 2008 entre protestas de la izquierda y cierta indiferencia de la ciudadanía, más allá de la huelga general que tuvo lugar como expresión de la respuesta sindical.

Así mismo desde la década de los setenta, no pocos movimientos en contra del empobrecimiento del Tercer Mundo han demandado la implantación de una tasa a las transacciones financieras que propusiera, en 1972, el economista keynesiano y Premio Nóbel James Tobin cuyos fondos irían destinados a combatir la pobreza y el subdesarrollo.

El 22 de enero de 2013, doce años después de haberlo propuesto Lionel Jospin, el ECOFIN (Consejo de la Unión Europea en su formación de Asuntos Económicos y Financieros) adoptó una decisión por la cual se autoriza a once Estados Miembros de la Unión Europea a avanzar, a través del mecanismo de la cooperación reforzada en la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras, más conocido como Tasa Tobin, para frenar los ataques especulativos y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. Tasa que el Ministro De Guindos motejaba recientemente en televisión como impuesto Robin Hood.

La cooperación reforzada ofrece una posibilidad para que los Estados Miembros que puedan avancen sin verse lastrados por el resto, es un mecanismo que evita el anquilosamiento de la Unión. Pese a sus bondades, se ha probado como un mecanismo al que se recurre poco y con escaso éxito.

Así pues, tras vencer las resistencias de Gobiernos como el británico y el polaco los ministros de finanzas de la Unión Europea dieron el visto bueno a una medida que, según los cálculos del Instituto Alemán para la Investigación Económica, podría recaudar 37.000 millones de euros al años en los 11 países que se han decidido a adoptarla (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal). Bruselas cuantificó en 2011, los porcentajes del gravamen, (0,1% para la compraventa de acciones y bonos; y 0,01% para los productos derivados); pero en todo caso los Gobiernos tienen ahora la última palabra. Este mecanismo entraría en vigor en 2014. Estaremos atentos a la respuesta de los poderes económicos. Esperemos y veamos.

Ha sido pues, desde la socialdemocracia y desde Europa, donde se ha planteado, sin complejos, materializar ambas políticas. Ello permitiría la creación de un fondo para combatir el subdesarrollo y posibilitaría dar solución, a medio y largo plazo y en la raíz, a los crecientes procesos migratorios, lo que supondría un primer paso en el camino hacia la redistribución de los beneficios de la globalización y hacia la mundialización de los derechos económicos y sociales de dos terceras partes de la Humanidad.

La Unión Europea no puede renunciar a jugar un papel de primer orden en la configuración de un nuevo orden mundial, más equilibrado y más justo. Si a lo largo del siglo XX se ha constituido en un espacio de bienestar colectivo, de derechos civiles, de protección social, de desarrollo económico equilibrado, en este siglo debe esforzarse por mundializar esas conquistas. Sin demagogia, con rigor y paciencia. Pero también con decisión.

En ese proceso, la izquierda, el socialismo democrático y los movimientos sociales deben estar a la altura del desafío que se nos plantea. Un desafío histórico, semejante al que el que el movimiento obrero se planteó en los albores de la sociedad industrial, hace casi dos siglos.

 

 

 

 

PARA UNA NUEVA CRISIS, OTRO MODELO

Los cambios que han experimentado las sociedades en apenas unos pocos años hacen del último cuarto del siglo XX y la primera década del XXI, uno de los escenarios más dinámicos de la historia contemporánea mundial. Estos cambios, que son bien visibles en el mundo de los hechos, aparecen más difusos en el mundo de las ideas.

Para muchos analistas, uno de los principales problemas que deben ser abordados es, la falta de adaptación a las nuevas realidades de unas ideologías que parecen haberse quedado súbitamente obsoletas e inservibles para analizar, entender y movilizar a las sociedades.

Este colapso ideológico no afecta únicamente -como en ocasiones se pretende y se vocea- a los dominios tradicionalmente de izquierdas. Si el derrumbe de los paradigmas socialistas históricos es evidente, no lo es menos que las grandes orientaciones liberales no son convincentes para enfrentar los nuevos retos de una sociedad al tiempo globalizada y fragmentada, en la que se han trastocado profundamente las relaciones sociales, desde los mercados y los modelos de producción hasta los valores y los comportamientos sociales.

En distintos foros, se cuestiona la pervivencia de la dialéctica liberalismo-socialismo democrático y se proclama de nuevo el ocaso de las ideologías; se anuncia el advenimiento de una sociedad pragmática e indiferenciada, en la que derecha e izquierda fagocitan sin grandes traumas, importantes segmentos del discurso ideológico del oponente tradicional. Ya no existen desde la centralidad lineal de este discurso, dos modelos de sociedad alternativos y las diferencias programáticas parecen reducirse a aspectos concretos, como la política fiscal o el tamaño de las Instituciones del Bienestar. La alternancia en el poder de partidos conservadores y socialdemócratas no produce alteraciones significativas en el modelo de desarrollo y, como consecuencia del vaciamiento ideológico, los partidos políticos  pueden llegar a convertirse en burocracias oligárquicas, sujetas a un funcionamiento vertical que oscurece la creación de ideas y absorbe la libertad del pensamiento ideológico.
Si alguna conclusión puede extraerse de los acontecimientos políticos económicos y sociales más recientes es que se ha visibilizado la consolidación del modo de producción capitalista que ya se venía anunciando. Las relaciones internacionales, sobre todo en el orden económico, sancionan esta situación, en la que ya no existe un modelo muy diferenciado y por tanto alternativo de sociedad, sino una gama de matices entre el liberalismo más pragmático y una socialdemocracia avanzada.

En el llamado Nuevo Orden Económico Internacional, los estados ven definido su papel esencial, así como las reglas de juego a las que deben someterse para hacer viables sus economías nacionales. Apenas sí caben heterodoxias en un mundo sometido a la lógica del mercado y la competitividad, tal y como lo interpretan desde la óptica de sus propios intereses los grandes centros internacionales de poder económico.

Vivimos un momento de importante incertidumbre en las economías, en los patrones del comercio internacional y en el reposicionamiento geopolítico de los países dominantes; la actual no es una crisis limitada al ámbito de las políticas sociales sino que se infiltra asimismo en las dimensiones más profundas de nuestra sociedad. Es, en opinión de distintos pensadores, algo más que una crisis cíclica; más bien, nos encontraríamos ante un período de transición, en el que la sociedad civil deberá aceptar un nuevo liderazgo integrador entre los estados y los mercados.

En este entorno restrictivo, la tendencia es que los discursos internos y las prácticas políticas de la izquierda europea se mueven entre dos polos: el pragmatismo neutral, (por conformismo o por escepticismo), y el fundamentalismo verbal, (por esclerosis o por incapacidad).

Es necesaria la aparición de un nuevo discurso que, sin
negarse a ver la realidad , diseñe las líneas maestras de un modelo de desarrollo político, económico y social que
asuma simultáneamente la tarea de crear eficazmente y distribuir solidariamente la riqueza; pero ello requiere sensibilidad para capturar las claves esenciales del comportamiento y necesidades humanas, creatividad para elaborar propuestas al tiempo innovadoras y realizables y proporcionalidad para encontrar los puntos de equilibrio en las dicotomías principales que hoy atenazan a la Sociedad: público-privado, eficacia-equidad, incentivación-solidaridad, mercado-regulación, competitividad-cooperación, pragmatismo-humanismo, calidad de vida- valores sociales, gasto público-endeudamiento, políticas sociales- política fiscal, calidad del empleo-cantidad de empleo, etc.

Durante las décadas pasadas, la dialéctica liberalismo-socialdemocracia ha garantizado que, en un contexto capitalista, se hayan obtenido en Europa avances sociales sin equivalencia en ningún otro momento de la historia, ni en ninguna otra región del mundo. Ello ha sido consecuencia de la acción política de los estados -sobre todo, pero no exclusivamente, cuando han sido gobiernos socialdemócratas los que han dirigido los diferentes países-, pero no es inteligente olvidar que ha sido factible gracias a la importante creación de riqueza producida básicamente como consecuencia del desarrollo de un aparato productivo y de un proceso de acumulación netamente capitalistas. Lo principal para la distribución de la riqueza, es que exista riqueza que repartir.

No es probable que, desde la izquierda, se pretenda socavar este modelo de desarrollo, en el que el capitalismo se ha  dotado de un rostro humano y en el que el papel del Estado se ha reforzado  considerablemente con respecto a los cánones  liberales tradicionales. Por otro lado, ese “rostro humano” se expresa en buena medida por el Estado de Bienestar, que en este momento es objeto de diatribas en relación directa con los actuales desequilibrios financieros.

En esta situación, cabe entonces preguntarse: ¿cuáles son las propuestas de la izquierda para el modelo de desarrollo de la Sociedad del siglo XXI? ¿Cuáles son las señas de identidad ideológicas del Socialismo democrático de hoy?

¿Es necesario cuestionar/reinterpretar los valores sociales tradicionales y/o incorporar otros nuevos al discurso político de la izquierda? ¿Cuál es el papel de los partidos de izquierdas en este contexto mundial? ¿Existe una base social identificable que pueda apoyar activamente las propuestas de avance del Estado de Bienestar?

Estas y otras preguntas no menos importantes deben ser formuladas para que sirvan de guión en la reflexión colectiva que hoy se entiende necesaria. Ningún ámbito -territorial o social- puede prescindir del cuestionamiento crítico que suponen, como punto de partida para elaborar un nuevo discurso político progresista capaz de proyectarse hacia el siglo XXI.

 

Ética y Política

Aunque es conveniente distanciarse para analizar con frialdad el escándalo de la corrupción, hemos de poner en primer plano el futuro democrático de España, y por ello quiero referirme a las raíces sobre las que han de asentarse los comportamientos individuales e institucionales que hagan posible una convivencia normalizada.

Por tanto, pese a quienes puedan pensar lo contrario, el discurso sobre ética y política difícilmente puede encontrar un marco más propicio que el actual; las condiciones para sostener un debate permanente sobre los valores morales que sustentan la acción política son, tan dramáticas, como excelentes.

Ello exige un difícil esfuerzo para ser capaces de mirar hacia el futuro sin perder de vista los tiempos presentes, y viceversa. Las reflexiones que nos inspiran los sucesos que hoy conmueven al conjunto de la sociedad, pueden ser o, mejor, tienen que ser, un motivo para preguntarnos si las prácticas colectivas responden adecuadamente a los valores, a las propuestas y, en definitiva, a nuestra forma de entender la sociedad y a nuestro modelo de acción política.

Tenemos que avanzar en la búsqueda de una salida que la sociedad está exigiendo y que, en ningún caso puede confundirse con la articulación de un conjunto de tácticas dilatorias, juridicistas o retóricas que, en el mejor de los casos, resultarán obsoletas frente a lo abrupto de la realidad.

Ningún proyecto político puede renunciar a su dimensión ética. La ética, como elemento primordial del sistema de relaciones sociales, sirve para establecer las reglas del juego, mucho más allá de las posibilidades reglamentarias o jurídicas que ofrecen los Diarios Oficiales.

Sin un adecuado cemento ético, es imposible esperar que los comportamientos particulares acepten que es necesario mantener un nivel mínimo de cohesión social, para que el progreso económico se transforme en progreso social, es decir, en una mejora de los niveles de civilización que caracterizan a un  modelo de sociedad acorde con los tiempos que vivimos.

Cuando hoy planteamos la relación entre ética y política tenemos que tener en cuenta la complejidad del término ética. Ahí se esconden dos grandes significados: uno el que se insinúa bajo el término “ética” y otro bajo el término de “moral”.

En sus orígenes hablar de ética era lo mismo que hablar de política. “Ética” eran las reglas y costumbres de la “polis”. El hombre de la polis, el ciudadano era aquél que hacía suyas las reglas de la ciudad; las hacía suyas en el sentido de que contribuía a hacerlas y también a ellas se sometía.

De lo dicho se desprende que el ideal ético en política consistiría en pensar una sociedad en la que todos los ciudadanos fueran a la vez legisladores y súbditos: que todos se implicaran en las reglas de juego y todos las respetaran. Eso es exactamente la democracia como ideal. Por eso ahora el buen ciudadano es el demócrata.

Si tuviéramos que hablar en este contexto de “corrupción” o “inmoralidad” política habría entonces que pensar en todo aquello que dificultara la participación de los ciudadanos, la transparencia de las decisiones o el monopolio del poder. La inmoralidad por antonomasia es la dictadura.

Y, sin embargo, cuando hoy hablamos de corrupción nos referimos preferentemente a los escándalos políticos que apuntan a la incoherencia personal de quien trabajando en las instituciones que forman el edificio institucional no se someten personalmente a las normas generales.

También se entiende por “corrupción política”, el enriquecimiento económico ilícito. Quien roba utilizando su ubicación o su trabajo en las instituciones del Estado, debe ser considerado un delincuente, sin otras connotaciones, y debe ser perseguido por las fuerzas de seguridad hasta ponerlo a disposición de la judicatura.

Simplemente delincuentes, que parasitan los distintos ámbitos de la política y la utilizan como coartada para su inclinación natural, adquirida o congénita, que es robar.

Explicar la sorprendente existencia de tantas incoherencias personales es asunto harto complejo. Tal vez exista, una preferencia generalizada en toda la sociedad por la eficacia sobre cualquier otra consideración. Lo que cuenta, se dice, son los resultados. De ahí a conseguirlos a cualquier precio sólo hay un paso. Si se da ese paso se debilita el ideal  democrático que es eminentemente procedimental.

La incoherencia personal no es sólo una inmoralidad sino un atentado al sentir  democrático, en cuanto que al visualizarse a través de personajes, que han tenido responsabilidades públicas, inducen al escándalo y a la decepción para el conjunto de la ciudadanía; pero muy específica y dolorosamente para aquellos que situaban a dichos incoherentes como sus puntos de referencia democráticos.

A este respecto, la ética no es algo cuyo equilibrio interno venga dado en los manuales sino que hoy es un problema de racionalidad y no sólo de sensibilidad.

La sociedad no tiene como objetivo producir ética, sino que se sirve de ella, para establecer reglas del juego que orienten a los actores de la vida social. Posiblemente, nuestro drama de hoy es que está instalandose entre sectores sociales cada vez más amplios, la sensación de que las reglas del juego han perdido su vigencia, que cada uno debe guiarse por la lógica de la utilidad individual. Frente a este deterioro de valores, sin los cuales no puede hablarse de sociedades avanzadas, el sentido del deber y de la transcendencia social de las ideas individuales exige la decisión necesaria para dejar los intereses personales un tanto al margen.

Este ejercicio de proporcionalidad debe incluir tanto los intereses colectivos, como los individuales y quienes no lo entiendan así, están negando la viabilidad de la política democrática y, en mi opinión están colaborando con formas de pensar  o ideologías cuya plasmación en el ejercicio del poder puede ser devastador para los ideales de justicia social, de lucha contra las desigualdades y de desarrollo de políticas económicas y sociales solidarias. Este es el verdadero desafío que, desde la ética, hoy debe guiar nuestra política inmediata.

De lo dicho se desprende que el problema de la inmoralidad o corrupción política habrá de atacarse en el marco del Estado de Derecho desde un triple frente: desde la intensificación del ideal democrático, desde la recuperación de las motivaciones éticas o virtudes políticas, y desde el desarrollo de una legislación que grave rigurosamente las iniciativas tramposas.

El ejercicio del poder, también, es un ejercicio de proporcionalidad en la toma de decisiones. La lógica del resultado inmediato es necesaria porque los ciudadanos no pueden visualizar la acción de gobierno a partir de simples apuestas de futuro. La ética tiene más que ver con la proporcionalidad entre los objetivos y las acciones para conseguirlos, que con la priorización de los objetivos, claramente vinculados al ámbito de la acción política pura.

Es más, pudiera negarse la posibilidad de hacer compatible el realismo político, con la moralidad; pero no existe mayor moralidad que la de orientar la acción política hacia bienes tangibles, que tiendan a eliminar los dramas sociales y a mejorar la vida de los ciudadanos. En este esfuerzo, la ética, más que como guía, actúa como factor astringente de los medios empleables para alcanzar este  conjunto de objetivos, una especie de sensor que nos avisa -si tenemos atentos los sentidos- de cuándo hemos perdido el sentido de proporcionalidad.

La ética de lo público  nos compromete a todos, pero muy particularmente a aquellos en cuyas manos deposita la sociedad recursos colectivos, exigiendo una gestión eficiente que aporte la mayor rentabilidad social a cada euro gastado.

Modernizar las estructuras públicas, orientar los servicios hacia la satisfacción de las necesidades de los usuarios, hacer política entendida como la toma de decisiones comprometidas, transmitir valores esenciales como la equidad y la justicia, son diferentes facetas de una misma vocación de progreso. Porque hoy, más que nunca, es posible afirmar que la eficiencia económica y social es un prerrequisito para la ética y que la ética es un prerrequisito para la eficiencia.

Pedro Sabando Suárez