Jesús Arango

Noticias que explican la desigualdad

Como nos señala Joseph Stiglitz, el grado de desigualdad que existe en el mundo no es inevitable, ni es consecuencia de leyes inexorables de la economía: es una cuestión de políticas y estrategias. Pues bien, con la crisis que arranca en 2008, el tema de la desigualdad económica se ha ido situando en el centro del debate político. Y ante esta cuestión existen básicamente dos enfoques; por un lado, estarían aquellos que defienden que la desigualdad se puede reducir simplemente con un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo (“la mejor política social es crear empleo”), o en otras palabras, la mejor manera de ayudar a los pobres es aumentar el tamaño de la tarta económica del país. Por otro, estarían aquellos para los que el crecimiento económico es condición necesaria pero no suficiente en la lucha contra la desigualdad y que aquél debe ir acompañado de políticas fiscales y de gasto social que permitan una mayor redistribución de la renta y de la riqueza: hay que centrarse también en el trozo de la tarta que reciben las personas con menores ingresos, sin que ello signifique abandonar el objetivo de cómo hacer que esa tarta se haga más grande. Dejando a un lado este interesante debate y remitiendo al lector a los abundantes datos y propuestas que sobre el tema realiza Thomas Piketty en su colosal trabajo El capital en siglo XXI, me centraré en una noticia aparecida recientemente que pone de relieve la gran brecha salarial que existe en nuestro país.

El pasado 13 de febrero aparecía en la sección de Economía del periódico La Nueva España el siguiente titular: “Ana Botín cobró del Santander 7,49 millones en 2015, el 11,6 por ciento más”. Sorprendentemente esta noticia no ha tenido ningún eco a lo largo de estas semanas en que tanto se ha hablado de desigualdad con motivo de los debates para formar nuevo gobierno. Es muy posible que con estos ingresos la principal ejecutiva del Banco Santander no tenga aún plaza en ese autobús imaginario que ha utilizado Oxfam Intermon para visualizar que sus 62 pasajeros, los mayores multimillonarios del mundo, acumulan tanta riqueza como la mitad más pobre de la población del planeta (3.600 millones de personas). Sin embargo, la cifra de las retribuciones de la presidenta del Banco Santander si nos permite realizar algunas comparaciones y consideraciones sobre las diferencias de renta existentes en nuestro particular solar patrio.

Si se tiene en cuenta que más de un tercio de los asalariados españoles (unos 5 millones de personas) percibieron tan sólo 9.080 euros en 2015, es decir, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en ese año, la retribución de la principal ejecutiva del Banco Santander significa que cada uno de esos 5 millones de asalariados debería trabajar 825 años -más de ocho siglos- para sumar lo que aquélla recibe como salario en un sólo año. En otras palabras, la retribución diaria de Ana Botín (20.520 euros) es más del doble de lo que gana en un año un trabajador que perciba el salario mínimo. Asimismo, si se considera que el año pasado la principal ejecutiva del Banco Santander recibió 2,3 millones de euros como aportación a su plan de pensiones, su retribución total en 2015 ascendería a 9,8 millones de euros: 1.078 veces lo que recibe un trabajador que cobra el salario mínimo.
Además, la citada noticia también nos señalaba que el salario de esta ejecutiva del mundo financiero -sector al que le debemos esta prolongada crisis- había aumentado un 11,6 por ciento en 2015 (778.530 euros), mientras que en ese mismo período el salario mínimo tan sólo se incrementó en un 0,5 por ciento (3 euros). Por tanto, si los salarios más altos se incrementan a tasas tan elevadas y los más bajos apenas crecen (la subida del salario mínimo para el año 2016 fue del 1 por ciento) y si, además, se tiene en cuenta que cada vez son más los trabajadores españoles que reciben unas retribuciones que no superan el salario mínimo (incluso algunos trabajos a tiempo parcial y por horas están generando que muchos empleos ni siquiera lleguen a ese nivel), no parece difícil concluir que, si se mantienen esas tendencias en los próximos años, la desigualdad no hará más que crecer tal y como lo ha venido haciendo a lo largo de las últimas décadas.

La presidenta del Banco Santander pertenece a ese selecto grupo de 5.000 asalariados españoles que según la Agencia Tributaria tienen bases imponibles superiores a los 600.000 euros anuales. A esta élite salarial, también pertenecía Julio Linares, ex-Consejero Delegado de Telefonica, que según noticias publicadas en 2013, al cesar en su puesto percibió más de 33 millones de euros, de los que 24,8 millones fueron en concepto de indemnización por cese y 8,6 millones como retribución salarial de 2012 (lo que equivale a 955 años de trabajo de un asalariado que perciba el salario mínimo). En cambio, en ese mismo año un profesional con tres décadas de antigüedad en su empresa y con un salario de 75.000 euros percibiría como indemnización en concepto de despido improcedente la cantidad de 124.000 euros, unos 91.000 euros menos que la que le hubiese correspondido si no se hubiese aplicado la reforma laboral de 2012.
Algunos economistas laborales señalan que mayores niveles educativos conducen a salarios más elevados. Me pregunto: ¿qué nivel educativo poseía este ejecutivo de Telefónica para ganar unas 130 veces más que un catedrático de Universidad? Por otra parte, los 33 millones que recibió este directivo de Telefónica en 2012 significan 10 veces más que lo que recibe un reconocido investigador universitario a lo largo de toda una trayectoria de cuarenta años de trabajo.

Después de presentar estos datos no debería caerse en propuestas simplistas orientadas a establecer topes máximos a las retribuciones de los ejecutivos (de dudosa eficacia), sino más bien habría que centrarse en qué instrumentos de redistribución se están aplicando a las rentas salariales. Si nos centramos en las cotizaciones sociales, en 2015, un perceptor del salario mínimo ingresó un total de 3.290 euros en concepto de cuota patronal y obrera a la Seguridad Social, algo más del 36 por ciento de su nomina. Por su parte, los dos ejecutivos citados anteriormente, al existir un tope máximo de 43.272 euros en la base de cotización, sólo aportaron 15.686 euros, lo que significa que su tipo efectivo de cotización no superó el 0,20 por ciento. En este sentido, cabe señalar que las cotizaciones sociales son un impuesto proporcional con un tope máximo que hace que las aportaciones de los altos ejecutivos a la Seguridad Social sean testimoniales en relación con sus niveles salariales. Frente a ello, en vez de caminar en la dirección de acercar las bases de cotización a los salarios percibidos, se vienen escuchando propuestas de reducir las cotizaciones sociales y compensarlas con la subida del IVA. Con esta medida se está proponiendo -sin sonrojo alguno- que los parados y los asalariados peor pagados aporten a la financiación de la Seguridad Social el mismo porcentaje cuando, por ejemplo, abonen su recibo de la luz o compren sus alimentos, que aquellos que pertenecen al selecto club de los que ganan más de 600.000 euros anuales: todo un mecanismo de redistribución inversa.

Si se pasa al campo de la fiscalidad, el tipo máximo del impuesto sobre la renta (IRPF), que el gobierno del Partido Popular ha reducido recientemente del 45 al 43 por ciento, se aplica a todas las rentas superiores a los 60.000 euros anuales ¿Qué razón hay para que exista una escala progresiva entre un tipo mínimo del 17 por ciento y un tipo del 35 por ciento para rentas inferiores a 60.000 euros, mientras que el tipo máximo se aplica tanto para un ingreso de 60.001 euros como cuando se perciben 7,5 millones de euros? La progresividad del impuesto de la renta se ha ido reduciendo en la mayoría de los países a lo largo de las últimas décadas siguiendo las recomendaciones políticas del llamado Consenso de Washington y esta es una de las causas principales de la crisis que vienen padeciendo los diferentes Estados de Bienestar.

Sin perjuicio de que resulta del todo imprescindible una decidida batalla contra la corrupción en todas sus manifestaciones y a todos los niveles, y que asimismo deba abordarse un plan eficaz de lucha contra los diferentes tipos de fraude, en 2014 el sistema fiscal en España ha generado unos ingresos que representaron el 38,6 por ciento del PIB, lo que nos sitúa a la cola de la antigua Unión Europea a quince Estados miembros. Según Eurostat, por detrás de nuestro país sólo figuran el Reino Unido (38,2 por ciento) e Irlanda (34,4 por ciento). La presión fiscal en España es 8 puntos porcentuales menor que la media de la Eurozona (46,8 por ciento) y 20 puntos inferior a la que registra Dinamarca (58,4 por ciento). Además, Finlandia (54,9 por ciento), Francia (53,6 por ciento), Bélgica (52 por ciento), Suecia (50,1 por ciento) y Austria (50 por ciento) son países en los que los ingresos públicos representan más de la mitad del PIB y en los que el Estado de Bienestar tiene un alto nivel de prestaciones sociales. Por otra parte, la distribución de la carga fiscal en nuestro país ha empeorado en los últimos años, pues se ha producido una reducción de los tipos del impuesto sobre la renta y en cambio se ha incrementado en 5 puntos el IVA (del 16 al 21 por ciento), impuesto que se paga sin que se tenga en cuenta el nivel de ingresos de los contribuyentes.

Por eso no es de extrañar que en las estadísticas comunitarias de protección social, España vuelva a situarse en los últimos lugares con un gasto social -que incluye sanidad, pensiones, desempleo y otras prestaciones, excluido el gasto en educación- que significa el 25,9 por ciento del PIB: sólo Luxemburgo (23,6 por ciento) tiene una ratio menor. La media de la Eurozona, con un gasto social del 30,4 por ciento, es casi 5 puntos porcentuales superior al que registra nuestro país, situándose a la cabeza Dinamarca y Francia (34,6 por ciento), a casi 9 puntos porcentuales por encima de los niveles españoles.
Como los milagros son propios del campo de la religión, no se puede engañar a los ciudadanos españoles diciendo que es posible construir y mantener un Estado de Bienestar homologable al de otros países europeos con larga tradición socialdemócrata y a la vez proponer una bajada de impuestos. Así que menos palabrería en los discursos políticos y más políticas verdaderamente redistribuidas.

Por supuesto que es necesaria una tarta económica más grande, pero también se precisa de un mejor reparto para que los trozos que reciben los ciudadanos con menores ingresos sean mayores. Si no deseamos que las distancias en los niveles de renta sigan siendo milenarias en España, no cabe otra solución que abordar profundas reformas en el campo de la fiscalidad y en el diseño y contenidos del Estado de Bienestar.

No habrá recuperación para los pensionistas, a menos que…

La reforma del sistema de pensiones aprobada en 2013 por el gobierno del Partido Popular introdujo, entre otros cambios, la sustitución del mecanismo vigente de revalorización de las pensiones que garantizaba el mantenimiento de su poder adquisitivo con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). La ley de 2013 establece que el incremento anual de las pensiones quedará condicionado a la situación financiera de la Seguridad Social, medida a través de un nuevo Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones que incluye la evolución de una serie de variables: aumento de los ingresos, del número de pensiones, de la pensión media y del desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema. Sigue leyendo

Fijación de mínimos en salarios y pensiones en los gobiernos de la democracia en España

En estos momentos que tanto se habla de recuperación en nuestro país -acción de volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía- creo que no está demás hacer un repaso de lo que se ha alcanzado en el ámbito de dos variables que son decisión exclusiva de los gobiernos: el salario mínimo a percibir por trabajador, medido en España a través del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la cuantía mínima del sistema público de pensiones.  Sigue leyendo

Recuperación: qué y cuándo

Ahora que se habla tanto de la recuperación de la economía española después del crecimiento del 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014, es preciso recordar lo que se entiende por recuperación. Según el Diccionario de la Real Academia Española uno de los significados de la palabra recuperar es “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía”. Desde esa perspectiva, cabría hacerse múltiples preguntas sobre qué y cuándo se producirá una recuperación de los efectos negativos de la crisis que comenzó a manifestarse durante 2008. En lo que sigue me propongo realizar un recorrido sobre la posible evolución de dos indicadores económicos (el PIB por habitante y la deuda pública) para tratar de visualizar lo difícil que va a resultar concretar en hechos la anunciada recuperación. Se podría hacer algo similar con otras variables económicas, tales como el empleo, los salarios, las pensiones, o las perdidas patrimoniales derivadas de la caída de precios de la vivienda, pero ello rebasa con mucho el espacio de un articulo periodístico.

El PIB por habitante español alcanzó su máximo histórico en 2007 al situarse en 27.200 euros, habiendo descendido hasta los 22.683 euros en 2014 (con el fin de que las comparaciones no estén distorsionadas por la inflación, todas las cifras se expresan en euros de 2014). Así pues, este indicador se ha reducido en 4.500 euros en los siete años transcurridos entre 2007 y 2014: en términos relativos, la reducción fue de un 17 por ciento. Pues bien, si el objetivo es recuperar los niveles pre-crisis, por ejemplo en un período de diez años (en 2025), el PIB per cápita debería crecer a una tasa anual acumulativa del 1,8 por ciento, que por cierto es la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española en el año 2016. Si ese objetivo se quiere rebajar a ocho años (dos legislaturas), la tasa anual acumulativa debería elevarse a un 2,3 por ciento anual, que es la previsión de crecimiento para 2015 establecida recientemente por la Comisión Europea. Estos resultados son pura matemática, pero ¿es posible sostener durante un largo periodo esas tasas anuales?. La respuesta dependerá de varias circunstancias, entre otras, de la política económica llevada a cabo y sobre todo por la evolución de la coyuntura económica internacional.

Cabe recordar que el PIB por habitante en España aumentó a una tasa anual del 1,5 por ciento a lo largo de los treinta y ocho años transcurridos desde la recuperación de la democracia, partiendo de una cifra de 13.163 euros en 1977. Claro que en este largo periodo hubo etapas en los que el ritmo de crecimiento fue muy superior, como fue el caso de los trece años de los gobiernos de Felipe González (1983-1995) en los que la tasa anual fue de un 3 por ciento, o la etapa de los ocho años de gobierno de José María Aznar (1996-2003), en los que el PIB por habitante experimentó un incremento del 3,3 por ciento anual. Estas cifras contrastan con la caída experimentada en los tres años de gobierno de Mariano Rajoy (-1,7 por ciento anual), o en los ocho años de los gobiernos de Zapatero (-0,3 por ciento anual). En todo caso, las cifras anteriores ponen de manifiesto que recuperar los niveles de PIB por habitante del año 2007 es un objetivo que muy probablemente -dadas las perspectivas actuales- no se alcance hasta pasada una década.

Por otra parte, la deuda pública que tiene contraída España se elevaba a finales de 2014 a 1,034 billones de euros, el máximo nivel alcanzado en más de un siglo. Sólo en el último año la deuda pública española se incrementó en 68.000 millones de euros, lo que significó un aumento del 7 por ciento. En otras palabras, si se quisiese eliminar toda la deuda pública, España tendría que dedicar la producción obtenida en un año a tal objetivo. Las previsiones apuntan a que nuestra deuda pública seguirá creciendo en los dos próximos años hasta alcanzar un 102 por ciento del PIB a finales de 2016. En 2007, antes del comienzo de la crisis, el monto de la deuda pública española ascendía a 383.798 millones de euros, lo que significaba un 36 por ciento del PIB, el nivel relativo más bajo de los últimos veinticinco años: habría que remontarse a 1983 para encontrar un nivel más bajo de la deuda pública con respecto al PIB. Desde entonces la cuantía de la deuda no ha dejado de crecer. El gobierno de Zapatero dejó “en herencia” un nivel de deuda de 743.531 millones de euros (69 por ciento del PIB) y el de Rajoy se ha encargado de elevarla a 1.034.000 millones de euros (98 por ciento del PIB): un incremento de unos 300.000 millones de euros en tan sólo tres años, lo que equivale a un aumento de casi 30 puntos porcentuales del PIB.

La deuda pública por habitante en España -en términos de euros constantes de 2014- era en 1977 de 1.816 euros, mientras que el PIB per cápita en ese año se situaba en los 13.163 euros. En los momentos actuales la deuda pública por habitante ha alcanzado los 22.254 euros y el PIB per cápita ha retrocedido hasta los 22.683 euros. Por tanto, se ha pasado de una relación de 7 a 1 entre la producción por habitante y la deuda pública asignada a cada español a prácticamente una paridad entre ambos indicadores. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas cifras de endeudamiento público, sobre este asunto apenas se habla más allá de que la deuda pública hay que pagarla, sin precisar en que cuantía se pretende rebajar en los próximos años, ni que nivel debe alcanzar en relación al PIB si hay una recuperación de la economía española.

Con el único fin de plantear un escenario para la discusión de cómo afrontar la grave crisis de deuda soberana que padece nuestro país, se puede concretar un objetivo no muy ambicioso: reducir en veinte años la deuda pública española al límite máximo establecido por los Tratados comunitarios (60 por ciento del PIB). Dados los niveles de deuda actuales, tal objetivo supondría un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos, excluida la partida de pago de intereses de la deuda pública) de unos 20.000 millones de euros anuales, cifra que habría que detraer en gran parte del gasto público, en detrimento de inversiones en sanidad y educación, por citar a dos partidas relevantes para el bienestar de los ciudadanos y la productividad del país. Y ello se produciría con mayor probabilidad si se llevan a cabo sucesivas reducciones de impuestos tal como defiende el gobierno actual, pues aunque se mantenga la recuperación de la economía en los próximos años, es muy poco probable que el comportamiento de los ingresos fiscales permita un crecimiento del gasto público y a la vez generar un superávit primario de 20.000 millones de euros anuales, Por cierto, a esas cifras habría que añadir el pago de más de 30.000 millones de euros anuales en concepto de intereses de la deuda pública vigente.

Frente a este panorama, y ante un objetivo tan modesto de desendeudamiento como el planteado, cabe preguntarse qué hacer para reducir nuestra abultada deuda pública actual. Son tres las vías principales que se pueden combinar en diferentes proporciones: un impuesto sobre el patrimonio, la inflación y las políticas de austeridad. Un impuesto excepcional sobre el patrimonio es la solución más justa y eficiente. En su defecto, la inflación podría desempeñar un papel de cierta utilidad, pues esta ha sido la vía utilizada en la historia para reabsorber deudas públicas importantes de algunos países. La peor solución, tanto en términos de justicia como de eficiencia, son las políticas prolongadas de austeridad. Sin embargo, esta es la única solución que se aplica actualmente en la Unión Europea y que se sigue en nuestro país desde mayo de 2010. Teniendo en cuenta que la vía de la inflación para un país de la zona euro es una opción muy limitada, dados los objetivos antiinflacionistas del Banco Central Europeo, cabe plantearse la siguiente alternativa: establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio durante los próximos años y dedicar el potencial de crecimiento del resto de los ingresos públicos a recuperar los niveles de gasto social e inversión pública tan deteriorados como consecuencia de la crisis y de las políticas de austeridad.

La ventaja de una solución fiscal como la propuesta permite exigir un esfuerzo en función del patrimonio de cada ciudadano, estableciendo a tal efecto diversos grupos: podrían quedar exentos los patrimonios netos de menos de un millón de euros, se podría gravar con un 1 por ciento los patrimonios comprendidos entre uno y cinco millones de euros, y con un 2 por ciento a la fracción de patrimonios superiores a los cinco millones de euros. Si se supone que la distribución de la riqueza en España se aproxima a la de la media de la Unión Europea, este impuesto progresivo sobre el capital privado permitiría obtener una recaudación -según las estimaciones de Thomas Piketty- en torno a un 2 por ciento del PIB, generando en el caso español unos 20.000 millones de ingresos anuales adicionales, que se deberían dedicar exclusivamente a desendeudamiento, a través por ejemplo de un fondo de “redención” como el propuesto en 2011 por un consejo de economistas alemanes.

Para finalizar, sería bueno que las diferentes opciones políticas concretasen cuales son sus objetivos temporales y medidas concretas para acabar con la crisis de deuda pública que tan gravemente afecta a España y así los ciudadanos podrían tener elementos de juicio para decidir su apoyo electoral. Como ciudadano preocupado por el futuro de mi país, aquí simplemente he esbozado un escenario dentro de las distintas alternativas posibles. Espero que al menos sirva para que nuestros representantes se tomen la molestia de concretar otras vías.

 

Los Estados Unidos de Europa

Publicado en el diario La Nueva España el domingo, 20 de abril de 2014

La perspectiva de unos Estados Unidos de Europa, según la formula del escritor y político francés  Víctor Hugo (1802-1885), correspondía a un ideal humanista y pacifista que fue brutalmente desmentido por los trágicos conflictos que destrozaron el continente durante la primera mitad del siglo XX. Después de varios intentos de integración, el proceso actual surge de los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), conflicto en el que hubo 55 millones de muertos, 35 millones de heridos, 3 millones de desaparecidos y 30 millones de personas desplazadas o deportadas.

Desde aquel 9 de mayo de 1950 en que Robert Schuman, entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, propuso la unión de la producción y el consumo del carbón y del acero de Francia y Alemania, a la que pudiesen integrarse después otros países europeos (conocida por las siglas CECA), han transcurrido ya sesenta y cuatro años, durante los que se han combinado sucesivos procesos de profundización en la integración  económica y de ampliación territorial de los seis Estados miembros iniciales.

La Unión Europea de hoy está constituida por 28 Estados miembros que suman 4 millones de kilómetros cuadrados y una población de 503 millones de habitantes –la tercera del mundo después de China y la India-, que tiene que entenderse a través de 24 lenguas oficiales, y en la que 18 de esos Estados tienen una misma moneda: el euro. Con el 7 por ciento de la población mundial, la Unión Europea tiene un Producto Interior Bruto de casi 13 billones de euros, mayor que el generado por los Estados Unidos,  y es el primer bloque comercial al representar el 20 por ciento de las transacciones comerciales mundiales. Sin embargo, la magnitud de estos datos no debería hacernos olvidar las deficiencias y limitaciones de la configuración política europea, pues a pesar de los avances realizados,  hoy se puede seguir afirmando que  la Unión Europea es “un gigante económico, pero un enano político”.

La polémica inicial entre los padres fundadores, federalistas (Altiero Spinelli) y funcionalistas (Jean Monet), que se decantó finalmente hacía estos últimos, dio lugar a un largo proceso de pasos sucesivos hacia una entidad “sui generis” en el ámbito internacional que es la Unión Europea, en la que se entremezclan aspectos de integración plena con meras acciones de cooperación.

La actual Unión Europea no es, desde luego, toda Europa, pero durante algún tiempo ha sido su motor principal, y en ciertos momentos su núcleo más creador y dinámico. Europa no existirá como entidad real si la Unión Europea no culmina con éxito su proyecto. En mi opinión, el proyecto de integración europea se ha tomado unas largas vacaciones desde que el socialista Jacques Delors -el más preclaro presidente que ha tenido hasta ahora la Comisión europea- se fue en 1995, después de diez años al frente de esta institución y de haber impulsado objetivos tan importantes como el mercado único y el euro.

Después de una década de grandes avances en el proceso de integración –la de los años noventa- se produjo el fracaso del ambicioso proyecto de reformas que contemplaba la Estrategia de Lisboa –aprobada en marzo de 2000- que tenía como objetivo que en 2010 la Unión Europea fuese “la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de un crecimiento sostenible, acompañado de más y mejores empleos, y de una mayor cohesión social”. Posteriormente, se produjo otro nuevo fiasco en el camino de la integración: la no ratificación de la Constitución europea que firmaron los Jefes de Estado y de Gobierno en Roma el 29 de octubre de 2004. La entrada en vigor en diciembre de 2007 del Tratado de Reforma de Lisboa –sustituto de la frustrada Constitución- no ha resuelto los problemas institucionales y de gobernanza que sigue teniendo la Unión. Y, por otra parte, con la crisis financiera que comienza en septiembre de 2008, la mayor preocupación de la política comunitaria ha pasado a ser la lucha contra el déficit y los programas de austeridad económica.

En definitiva, la Unión Europea está hoy estancada a medio camino entre un pasado complejo y un futuro por construir, que  -además de factores difíciles de prever- debería de depender más de la voluntad y el compromiso de los movimientos ciudadanos paneuropeos que de las decisiones de los gobiernos de los Estados miembros. Las próximas elecciones al Parlamento europeo deberían servir para debatir si se avanza o no hacia una fase de mayor integración, o bien la alternativa es quedarnos en un proyecto que se conforma con pequeños pasos como la unión bancaria a plazos y una mayor supervisión y coordinación de las políticas presupuestarias nacionales.

Una cuestión clave que –a mi entender- debería ser objeto de debate sería la siguiente: ¿es posible construir una verdadera Unión Europea con un presupuesto comunitario como el actual? Me explico, el presupuesto para 2013 ascendía a 150.900 millones de euros, que puede parecer importante en términos absolutos, pero que sólo representa el 1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea. Frente a estas cifras, el gobierno federal de los Estados Unidos –país poco proclive al desarrollo del sector público- tiene un presupuesto que supone casi el 20 por ciento de su PIB. Con este presupuesto, el gobierno de Washington puede afrontar verdaderas políticas anticíclicas y desarrollar gran parte de las políticas sociales en todo el territorio norteamericnao. Es claro, que con un presupuesto como el comunitario la Comisión europea no puede hacer frente a los llamados shocks asimétricos y son los Estados los que tienen que afrontarlos con políticas nacionales. Consecuencia de todo ello es que en la Unión Europea la presión fiscal, el gasto público y la cohesión social presentan grandes diferencias entre países.

Si a esto unimos que el presupuesto de la Unión Europea se financia con aportaciones de los Estados miembros y sólo en una pequeñísima parte con recursos propios, tenemos el problema derivado del cálculo de “cuanto aporto y cuanto recibo”, que ha dado lugar a las demandas de reducción de aportaciones al presupuesto comunitario por parte de ciertos países, cuyo ejemplo más emblemático es el llamado cheque inglés.

Otro aspecto a considerar es la falta de un proyecto de armonización fiscal, que evite las distorsiones actuales entre países, especialmente en el caso de la base y de los tipos del impuesto sobre sociedades; por cierto, demanda ya planteada desde 2007 por el Partido Socialista Europeo (PSE). En esta línea cabe recordar que el PSE adoptó a finales de los noventa un documento sobre la fiscalidad en el ámbito de la Unión Europea. En este documento se constataba una realidad que venía siendo ya analizada –tanto en el plano académico, por Malinvaud y Drézè, como en el político, por Delors-, y que ponía de relieve que resultaba insoportable para el empleo en Europa que la mayor fiscalidad relativa en los sistemas de protección social la soportasen los trabajadores menos cualificados, lo que explicaría la concentración del desempleo en los más bajos niveles de cualificación. Más aún, esa realidad sugiere la existencia de una enorme contradicción: las actividades intensivas en mano de obra (más proporción de trabajadores no cualificados) estarían financiando la menor fiscalidad efectiva de las empresas más intensivas en capital (menor proporción de trabajadores de baja cualificación). Por eso ya no tiene sentido alguno rebajas universales de las cotizaciones sociales, sino que éstas deben de producirse de modo selectivo si lo que se pretende con ellas no es la reducción de la presión fiscal sino el incentivo del empleo de colectivos que se encuentran en mayores dificultades. A ese respecto, la respuesta del PSE fue la de explorar nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social. En aquellas fechas, la propuesta de los socialdemócratas europeos consistía básicamente en mantener que las cotizaciones a cargo de los trabajadores deberían de seguir relacionadas con sus salarios, pero en la parte correspondiente de las empresas se proponía introducir una nueva base de cotización, que iba más allá de los salarios al incluir todo el valor añadido de la actividad empresarial (salarios, dividendos, rentas e intereses). De esa forma se diversificaría la carga fiscal y se podría corregir la discriminación que actualmente opera a favor de las empresas intensivas en capital. Claro que para que la puesta en marcha de esta medida no generase peligros de deslocalizaciones intraeuropeas sería necesario que se adoptase simultáneamente por el conjunto de los países europeos. Y eso requiere que exista una verdadera armonización fiscal. Otra cuestión a analizar sería la deslocalización de las empresas intensivas de capital hacia áreas no europeas libres de este tipo de cargas.

Por tanto, se necesita un verdadero proyecto de integración europea que contemple, entre otros asuntos, el aumento del presupuesto comunitario, la armonización fiscal, la reforma en las fuentes de financiación de la Seguridad Social, la convergencia en los Estados de Bienestar, así como una posición negociadora común en las instituciones internacionales, especialmente en la Organización Mundial de Comercio (OMC) en relación al establecimiento de aranceles que eviten el dumping social y el medio ambiental que practican muchos países emergentes que no respetan las normas laborales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ni cumplen los límites contemplados en el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

Otra cuestión pendiente es la reforma institucional. En este sentido, recuerdo que cuando asistía en los primeros años noventa -acompañando al entonces ministro Carlos Romero- a los Consejos de Ministros de Agricultura, se necesitaban días y noches para tomar decisiones en el ámbito de la Política Agraria Común (PAC) con el fin de aunar los intereses de la Comisión y el de los 12 Estados Miembros que por entonces componían la Unión Europea. Ahora con 28 Estados miembros la toma de decisiones debe resultar harto complicada, de ahí la necesidad urgente de un verdadero gobierno comunitario que salga de unas elecciones y que responda políticamente ante el Parlamento europeo y no ante los gobiernos nacionales.

Un elemento fundamental –por cierto poco considerado- para que el proceso de integración europea se canalice adecuadamente serían los avances substanciales en las tecnologías del lenguaje –en las que la Unión Europea venía siendo líder mundial- para facilitar la comunicación entre 500 millones de personas que tienen 24 lenguas oficiales diferentes.

Por otra parte, cabe señalar que un proceso que avance decididamente hacia la culminación de la integración política y económica europea sería una posible forma de superar –por elevación- los conflictos territoriales españoles, pero para ello tendríamos que hablar menos de España y más Europa. Espero que el próximo 8 de mayo –declarado oficialmente día de la Unión Europea- el camino hacía los Estados Unidos de Europa comience a vislumbrarse en la lontananza.

Finalmente, la falta de pedagogía política hace que mayoritariamente la opinión pública ignore que un Comisario europeo puede ser cesado por defender los intereses del país que lo propuso frente a los intereses comunitarios. Tampoco resulta muy coherente decir que un eurodiputado español va al Parlamento europeo a defender los intereses de España, sino que debería ir a defender una forma y un modelo de construir la unidad europea. Esperemos que la campaña electoral sirva para debatir las diferentes ideas de la construcción europea y no para hablar de problemas locales, regionales y nacionales, que ahora no toca.

 

A Luis Martínez Noval, compañero y amigo

Intervención en el acto de presentación del libro “Luis Martínez Noval, ¿Pensiones públicas o pensiones privadas? y otros textos”, celebrado en Oviedo, el viernes, 11 de abril de 2014

Presidente de la Fundación José Barreiro, Pablo García; Secretario General de la FSA, Javier Fernández, señoras y señores, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este acto en recuerdo de Luis Martínez Noval. Me van a permitir dos saludos muy especiales. El primero a Pilar y a toda la familia de Luis que hoy nos acompaña. El segundo a los miembros aquí presentes del equipo de Luis durante su etapa como Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Carlos Navarro, Adolfo Jiménez, Francisco González de Lena y Manolo Sampedro.

Antes de comenzar mi intervención, deseo mostrar el agradecimiento a algunas personas e instituciones. En primer lugar, a Blas Herrero y Rosa Vallina por su generosa contribución que hizo posible esta publicación. A Editorial Prensa Asturiana, por la cesión de imágenes del archivo fotográfico de La Nueva España. A la Fundación José Barreiro, por la cesión de material fotográfico y audiovisual que ha sido utilizado en esta edición. A Francisco González de Lena, por la ayuda prestada en la localización y recopilación de textos de Luis. A Francisco García, de la editorial EUJOA, por el excelente trabajo desarrollado a lo largo de la edición de este libro.

Hablar de Luis pone en marcha el carrusel de fotogramas de mi memoria. Recuerdo aquellos lejanos días cuando íbamos a cenar chopa a la sidra al Cubano de Candás. Cuando alternábamos El Ferroviario y el Gato Negro para compartir conversación y sidra. Cuando redactábamos mano a mano los programas de muchos concejos asturianos para las primeras elecciones municipales de 1979 en la vieja sede de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE). Cuando asistíamos juntos a los mítines de un estadio del Molinón lleno hasta la bandera. O, cuando años después, en su despacho del Ministerio de Trabajo charlábamos, en las últimas horas del día, después de largas y tensas negociaciones con los agentes sociales. Pero hoy no vengo aquí a hablar de los tiempos compartidos con Luis, sino a algo mucho más prosaico: dar cuenta de su obra escrita que hoy presentamos en forma de libro. Pues, como decía el propio Luis en un ya lejano 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora, durante el homenaje a otra ejemplar socialista, Pura Tomás, “no hay que extenderse mucho cuando la intervención arrastra a los sentimientos”. Así que intentaré seguir su consejo y me concentraré en unas pocas referencias a su persona y en describir el contenido del libro que hoy presentamos.

Luis Martínez Noval forma parte de aquellas generaciones de economistas que íbamos a las Facultades de Económicas a tratar de aprender Economía para intentar mejorar las condiciones de vida de la gente, -por cierto, esa es la referencia que utiliza el brillante economista William Baumol para recordarnos la función principal de la Economía: “la lucha contra la pobreza”-, mientras que ahora se va mayoritariamente a formarse para ver como se puede ganar dinero. Aquella motivación movió a Luis –y a otros economistas- a participar activamente en las tareas políticas de modernizar un viejo país que intentaba resituarse en la normalidad democrática del continente europeo, y ese fue un compromiso cívico que en el caso de Luis tuvo el coste de oportunidad de haber tenido que prescindir de las aportaciones de un gran profesor universitario de Economía.

A Luis le gustaba escribir y tenía una gran facilidad para ello. Por eso son muchos los escritos que elaboró a lo largo de su vida. Una parte de ellos han quedado por el camino en forma de documentos internos, discursos, ponencias marco, programas, intervenciones parlamentarias, que fue elaborando a lo largo de su intensa y dilatada actividad de militante socialista. En este libro que presentamos hoy se recopilan aquellos que en su momento fueron objeto de publicación con su nombre.

Este libro tiene su pequeña historia que arranca de una decisión tomada el domingo 31 de marzo de 2013. Un día antes del entierro de Luis, en aquellos momentos de tristeza por el amigo que se había ido, tanto Juan Luis Rodríguez Vigil como yo –en compañía de Blas Herrero-, entendimos que el mejor homenaje que le podíamos hacer era recopilar sus escritos y editarlos en forma libro, para que su recuerdo traspasase las vivencias personales y su obra fuese conocida de forma permanente.

El primer paso fue hablar con Pilar, su esposa, para que nos facilitase los escritos de Luis. Y nos encontramos con el hecho de que Luis había cambiado recientemente de ordenador y que los textos que Pilar había localizado eran su tesis doctoral y sólo unos pocos escritos, la mayoría publicados en el blog FabianosHoy. A continuación, me puse en contacto con Francisco González de Lena, para que desde su puesto en el Consejo Económico y Social de España, me ayudase a localizar publicaciones de Luis. Por mi parte, utilicé los buscadores de Internet para completar la búsqueda. Con todo este material se elaboró su bibliografía cronológica que aparece recogida en el libro.

En una segunda fase, hubo que conseguir los textos referenciados para su eventual publicación. Una vez realizado el inventario, se vio que  la publicación de toda su obra escrita desbordaba con mucho el posible contenido de un libro manejable, por lo que se decidió realizar una selección de sus trabajos, tomando como referencia central su Tesis Doctoral sobre la temática de las pensiones. Y este es el motivo principal por el que, además de la Tesis, en el libro sólo se incluyen cuatro artículos y una intervención parlamentaria. El primero de los artículos seleccionado versa sobre la dimensión espacial de la crisis de la economía española de finales de los setenta y es un texto que escribimos conjuntamente en 1979: constituye su primera publicación y se incluyó en el número 1 de la revista Papeles de Economía Española. El segundo artículo incluido en esta publicación data de 1992 y trata una cuestión escasamente estudiada en la literatura económica de la época: la distribución personal de la renta en España; se publicó en la obra colectiva La década del cambio: diez años de gobierno socialista 1982-1992, coordinada por Alfonso Guerra y José Félix Tezanos. El tercer texto seleccionado ha sido un artículo de 2009 que escribió conjuntamente con Pilar sobre las proyecciones de la Seguridad Social, y que fue publicado en la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El cuarto trabajo incluido en el libro es uno de sus últimos textos largos que trata sobre pensiones e inversiones en el siglo XXI y que Luis preparó en 2010 para el libro homenaje a Juan Muñoz, profesor universitario y diputado socialista fallecido por aquellas fechas. Finalmente, y como exponente de su larga trayectoria como Diputado en Cortes (1982-2001), en el libro se incluye el texto de la intervención de Luis, como portavoz del grupo parlamentario socialista, en el debate de investidura de José María Aznar López, celebrado el 25 de abril del 2000.

El resto de su obra escrita que se referencia en su bibliografía se puede encontrar escaneada en el DVD que se incluye al final del libro. Este DVD se estructura en cuatro bloques. El primer apartado incluye cuatro vídeos que recogen la intervención de Luis cuando fue elegido en 1988 Secretario General en el 24º Congreso de la FSA-PSOE, la toma de posesión como Ministro de Trabajo y Seguridad Social en 1990 y dos vídeos con las imágenes del homenaje a su persona organizado por el Grupo Parlamentario Socialista en octubre de 2013. El segundo bloque incluye la recopilación y referencia de 28 trabajos que Luis publicó -entre los años 1980 y 2013-, en revistas y obras colectivas que por su extensión no pudieron ser incluidos en el libro y que aparecen escaneados para facilitar su acceso y lectura. En el tercer bloque se incluyen los artículos que se pudieron localizar de sus escritos en la prensa diaria. Se trata de 22 artículos publicados entre los años 1992 y 2012 en los diarios La Nueva España y El País. El cuarto bloque recoge su actividad en el blog FabianosHoy durante poco más de un año: entre el 10 de febrero de 2012, fecha de la publicación de su primer post en el blog, y el 24 de marzo de 2013, fecha del último -pocos días antes de su fallecimiento-. En este apartado se recogen las 43 entradas que Luis publicó en este blog, que nació fruto de su iniciativa e impulso.

El libro se complementa con las aportaciones de Felipe González –que le hace un preciso perfil personal-, de Alfonso Guerra –con una sentida elegía-, de Javier Fernández –con los recuerdos de vivencias compartidas-, de Juan Luis Rodríguez-Vigil –con una semblanza biográfica-, y con los comentarios de su obra escrita que yo mismo he realizado.

Aunque Luis nos ha dejado hace un año, con este libro pretendemos rendir un sentido homenaje al amigo y al compañero, para que su memoria siga viva. Luis seguirá con nosotros a través de sus escritos y de su ejemplo de vida.

Si hubiera una actualización de la obra “Asturias y sus hombres” que Andrés Saborit publicó en 1964, estoy seguro que Luis ocuparía un lugar destacado en ella. La vida y la obra de Luis deberían ser un ejemplo –junto con el de otros insignes compañeros- para que un renovado socialismo vuelva a liderar la transformación social, política y económica que tanto necesita en estos momentos España y la Unión Europea, que más allá de la crisis, están inmersas en el gran maremoto que ha generado una revolución tecnológica sin precedentes en la historia, y que a buen seguro va a cambiar de forma radical la forma de hacer política y de organizar la sociedad y la economía. Los movimientos políticos que no sepan verlo, quedarán aparcados en la senda de la historia. Esperemos que el socialismo no sea uno de ellos, aunque para no serlo tendrá –sin retraso- que armar un nuevo barco que cambiando la forma de navegar, surque con rumbo claro por los turbulentos mares del nuevo mundo abierto por la globalización: el mundo desbocado del que hablaba hace ya unos años Anthony Guiddens. Y en ese difícil camino, estoy seguro que la figura de Luis, un jacobino con convicciones profundas, pero flexible en los instrumentos, será una referencia permanente. Y si bien ello podría parecer una declaración propia de un compañero y amigo, tengo que decir que opiniones parecidas son compartidas por personas que no tuvieron trato directo con Luis. Como ejemplo de ello transcribo el texto de una colega, catedrática de Universidad, que en un mensaje disculpando su ausencia en este acto me decía:

“Siento decirte que no me va a ser posible asistir. De todas formas me acordaré de él. Es una pena que no esté entre nosotros en estos días en que se pone en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones, probablemente hubiese tenido propuestas cabales para salir de las actuales turbulencias.  Aunque nunca he sido socialista de carnet (ni de ningún otro partido) me apena que mueran personas de su visión y talla humana que tanto nos podrían ayudar en estos tiempos de calamidad y podredumbre. Nos sentimos un tanto huérfanos con su partida”.

Y termino, parafraseando al poeta: en Asturias, su tierra y la mía, se nos ha ido como el rayo, Luis Martínez Noval. Hasta siempre compañero.

Contra la corriente

Publicado en el diario La Nueva España el 7 de febrero de 2014

En estos momentos en que tanto se habla de recuperación, se está centrándola casi exclusivamente en el hecho de que se pasará de una tasa de crecimiento negativa del Producto Interior Bruto (PIB) del -1,2 por ciento en el año 2103, a una previsión de crecimiento que se mueve en la horquilla 0,6-0,9 por ciento en 2014. Ello resulta una referencia de trazo grueso, bastante equivoca y que no entra a analizar los factores determinantes del PIB y sus interrelaciones causales con otras variables económicas. Sin embargo, estas previsiones son utilizadas profusamente por economistas, políticos y periodistas que las aceptan sin más y no entran a cuestionar su validez explicativa.

Hace ya más de cuatro décadas, el economista sueco Gunnar Myrdal, premio Nobel de Economía en 1974, nos alertaba en su libro Contra la corriente. Ensayos críticos sobre Economía, acerca del error de que sea posible caracterizar la situación económica y los cambios de un país mediante un único índice, aunque sea la producción como factor de crecimiento. Por el contrario, sería mucho más adecuado desagregar el PIB en algunos de sus componentes para obtener ciertos indicadores que permitan conocer mejor la evolución de la economía. Así, se debería analizar la composición del crecimiento por ramas productivas, el comportamiento de los distintos tipos de consumo de las clases sociales, la tipología de la inversión, la evolución de precios y salarios, así como la naturaleza y destino de las importaciones y exportaciones.

Frente a la visión simplista de la evolución de la tasa agregada de crecimiento del PIB, otro premio Nobel como Paul Krugman señalaba en los años noventa del siglo pasado que en Economía los asuntos importantes -es decir, las cuestiones que afectan al nivel de vida de un gran número de personas- son la productividad, el desempleo y la distribución de la renta. Si el comportamiento de estas tres variables es satisfactorio, no hay gran cosa más que pueda ir mal, mientras que si no lo es, nada puede ir bien. Quizás para mucha gente esta lista les pueda parecer demasiado corta. Se podrán preguntar: ¿qué ocurre con la inflación o con la competitividad internacional?, y ¿con la situación de los mercados financieros, o el déficit público?. La respuesta que nos ofrece Krugman es que estos problemas pertenecen a otra categoría económica, principalmente porque sólo guardan una relación indirecta con el nivel de bienestar de los ciudadanos de un país.

Actualmente la evolución de esas tres variables resulta bastante poco satisfactoria en España. De la productividad se dice que lleva estancada bastantes años, aunque las estadísticas al respecto son muy discutidas, al igual que ocurre en otros países. Lo que si existe constancia es que se está tratando de mejorar los costes laborales unitarios y por tanto la competitividad de la economía española a través de reducciones de salarios y no de mejoras de la productividad. Según datos recientes de FEDEA, esta reducción ha sido bastante desigual: desde 2008, los estratos mejor pagados han experimentado ajustes reales mínimos, incluso han tenido algunas subidas, mientras que los niveles más bajos han concentrado las mayores pérdidas de poder adquisitivo, de hasta un 17 por ciento. Por ello no es de extrañar que recientemente la Comisión Europea alertase de que encontrar trabajo en España no es una garantía suficiente para salir de la pobreza.

En relación al desempleo, las cifras se corresponden más con una economía en depresión que con una que esté saliendo de varios ejercicios sumida en la recesión. A finales de 2013 el número de parados en nuestro país se elevaba a 5.896.300 personas, es decir que más de uno de cada cuatro españoles que quiere trabajar no encuentra un empleo. Son casi cuatro millones más de parados que los que existían a finales de 2007. Es de destacar que 3.590.100 desempleados llevan más de un año parados (60 por ciento del total de los desempleados). Sumando los que han superado los dos años de paro la cifra asciende a 2.309.500, es decir el 40 por ciento del total de parados. Este elevado paro de larga duración puede estar indicando la existencia de un gran volumen de paro estructural: personas cuyas cualificaciones profesionales no serán demandadas aunque la economía vuelva a crecer, que es un grave problema añadido al paro cíclico que tiene que ver con los niveles de actividad económica.

Sobre la distribución de la renta en España, a pesar de la escasez de información -lo que, por otra parte, no es privativo de nuestro país- hay algunas pistas que nos hablan de una concentración creciente de la riqueza: según Eurostat, en 2012, en España la renta acumulada por el 20 por ciento de la población con los ingresos más altos era 7,2 veces mayor que la que disponía el 20 por ciento con ingresos más bajos, figurando nuestro país a la cabeza de la Unión Europea en materia de desigualdad. A ello habría que añadir que por las mismas fechas más del 22 por ciento de la población española estaba en riesgo de pobreza según los estándares comunitarios: sólo Rumanía y Grecia se encontraban en peor situación. Esta creciente desigualdad es un fenómeno que con mayor o menor intensidad se está produciendo en multitud de países y que Joseph Stiglitz, otro Premio Nobel de Economía, resumía con la expresión siguiente: “el 1 por ciento tiene lo que necesita el 99 por ciento”. También resulta bastante expresivo al respecto el dato aportado recientemente por  Oxfam Intermon: “las 85 personas más ricas del mundo suman tantos ingresos como 3.570 millones de pobres del mundo”.

En relación con la distribución de la renta, cabe recordar que la teoría económica convencional, más explícitamente a partir de John Stuart Mill (1806-1873), ha venido distinguiendo entre dos tipos de problemas: los de producción, incluido el intercambio, y los de distribución. A partir de Stuart Mill, la mayoría de los  economistas han usado esta distinción para eludir los problemas de distribución, concentrándose en los de producción. Sin embargo, esta distinción resulta bastante ilógica para los fines para los que se usaba, ya que en opinión de Myrdal la producción y la distribución están interrelacionadas dentro del mismo sistema macroeconómico. Este sesgo sólo se superó en ciertos Estados del norte de Europa, como fue el caso de Suecia, donde desde 1932 un gobierno socialdemócrata permaneció ininterrumpidamente más de cuarenta años en el poder, durante los cuales impulsó importantes reformas a favor de la igualdad y experimentó elevadas tasas de crecimiento económico.

Según Myrdal, las reformas sociales (educación, sanidad y servicios sociales) sabiamente diseñadas pueden tener el carácter de una “inversión” puesto que, no sólo promueven una mayor justicia social, sino que además también contribuyen a aumentar la producción. El periodo de maduración de estas “inversiones” suele ser bastante largo. No obstante, eso no es razón suficiente para que sean abandonadas en favor de otras inversiones.

Los desarrollos tecnológicos e institucionales tienden a producir nuevas desigualdades y a acentuar las existentes. Todavía no hay conciencia que este tipo de asuntos requieren una intervención política radical y que si no se solucionan pueden poner en peligro la paz social y la continuación de la sociedad democrática.

Cabe señalar -siguiendo a Myrdal- que existen alteraciones en la distribución provocadas por medidas de política económica que tienen un efecto positivo sobre el crecimiento de la producción. ¿Hasta cuando tendremos que esperar para que en nuestro país se tomen este tipo de medidas y se diseñen políticas activas para combatir el elevado paro estructural?. Qué ustedes lo vean.

 

La reducción de las indemnizaciones por despido de 2012: ¿una expropiación simulada y en diferido?

Publicado en Temas para el Debate, nº 225-226, agosto-septiembre de 2013

Hace algo más de dos décadas, el premio Nobel en Economía, Robert Solow, señalaba que entre los economistas existían dos corrientes de opinión sobre la naturaleza del mercado trabajo y que se podían diferenciar según la respuesta que se diera a la pregunta: ¿El mercado de trabajo es igual al resto de los mercados? Por un lado, se sitúan aquellos economistas que consideran que el mercado de trabajo, en casi todos los aspectos, es exactamente igual que los otros mercados, por lo que debe analizarse de igual forma que se analizaría el mercado de otros bienes y servicios, utilizando el sistema tradicional de oferta y demanda. Así pues, entre los partidarios de este enfoque –que es quizás la tradición dominante actualmente, especialmente en macroeconomía- no es en absoluto evidente que el trabajo como bien económico sea suficientemente diferente de los espárragos o de la vivienda como para que requiera un tipo de análisis diferente.
Por el contrario, la otra corriente de pensamiento económico acerca del mercado de trabajo opina que el trabajo como bien económico tiene algo especial y, por tanto, lo tiene también el mercado de trabajo. Solow, que, por cierto, se encuadraba en este enfoque, al igual que la mayoría de los especialistas en economía laboral, señalaba que el mercado de trabajo funciona de forma distinta a otros mercados, ya que los agentes que actúan en dicho mercado -empresarios y trabajadores- tienen un concepto de justicia y unas creencias distintas de lo que es justo e injusto. Y, normalmente, lo que hacen los denominados agentes sociales es enfrentar esas concepciones del mercado de trabajo a través de negociaciones que pueden desembocar en acuerdos o en conflictos. Así pues, los actores del mercado de trabajo no son racionales en el sentido de la economía neoclásica, sino que son agentes sociales cuyo comportamiento se basa en ideas, normas y conceptos que influyen en su comportamiento. En el centro de la mayoría de las discusiones acerca de esta cuestión subyace el desacuerdo sobre como los mercados de trabajo reaccionan a cambios en el entorno económico.
Por otra parte, en los años ochenta surgió con fuerza el término flexibilidad, consecuencia fundamentalmente de los cambios estructurales que tuvieron que afrontar la mayoría de los países occidentales derivados de las sucesivas crisis del petróleo. Desde entonces este concepto ha venido dominando la escena de los análisis de los mercados de trabajo. A este respecto, y siguiendo el criterio de Burhnes, la flexibilidad laboral puede considerarse desde cuatro tipos de perspectivas diferentes. En primer lugar estaría la flexibilidad cuantitativa externa, que se refiere a los costes relacionados con la contratación y el despido. En segundo lugar aparece la flexibilidad cuantitativa interna, que se refiere a la mayor o menor capacidad que tiene un empresario para asignar las horas de trabajo en función de las necesidades productivas de la empresa. En tercer lugar se puede considerar la flexibilidad funcional, que hace referencia a la cuestión de la mayor o menor polivalencia de los miembros de la plantilla y, en definitiva, a la capacidad de movilidad entre ocupaciones dentro de la empresa. En cuarto y último lugar, se debería tener en cuenta la flexibilidad salarial, con la que se pretende adaptar los costes laborales a la evolución económica de la empresa, tendiendo las retribuciones salariales a fijarse en función de objetivos individuales o de grupo y reduciendo lo más posible los conceptos salariales fijos.
Por último, cabría referirse al término flexiseguridad como combinación de mercados de trabajo flexibles y altos niveles de seguridad para el trabajador. Este nuevo concepto ha sido presentado hace ya algunos años como la respuesta de la Unión Europea al dilema de cómo mantener y mejorar la competitividad en un mundo crecientemente globalizado y a la vez preservar el modelo social europeo. En general, los países europeos combinan un mix variable de negociación de los agentes sociales y de regulación pública para definir los niveles e intercambios de los diferentes tipos de flexibilidad y además esa combinación ha ido variando a lo largo del tiempo. En función de que predomine uno u otro tipo, se podría hablar de flexibilidad negociada o impuesta.
En este sentido, tomemos como referencia la reforma laboral de febrero de 2012, lo primero que hay que señalar es que ignoró totalmente el II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por los agentes sociales días antes y que significaba, entre otras medidas, además de un acuerdo sobre moderación salarial a tres años, una decidida apuesta por la flexibilidad interna frente el uso abusivo de la flexibilidad externa (despido) como mecanismo principal de ajuste ante los cambios de ciclo. Por otra parte, de la lectura del Real Decreto-Ley 3/2012 se puede concluir que estamos ante un cambio legal que se puede calificar de radical y desequilibrado hacia los intereses de la parte empresarial, por lo que más que de una reforma se debería hablar de una verdadera ruptura del marco español de relaciones laborales. Se podría decir que este cambio en la normativa laboral nos refresca la memoria para recordar que en los mercados de trabajo existe un intercambio desigual entre empresarios y trabajadores, y que en esta ocasión es evidente que la desigualdad es sostenida y reforzada por el dominio capitalista del poder político y su capacidad para utilizar las instituciones –en este caso el sistema legal- para enmascarar, consolidar y extender la explotación de los trabajadores.
Para ver la incidencia de esta reforma, centrémonos en un aspecto muy concreto de la misma que puede ser cuantificada: la reducción de las indemnizaciones por despido. Sobre esta cuestión se pueden hacer múltiples simulaciones, pero para visualizar su impacto pongamos sólo dos ejemplos . El primero, sería la equivalencia de las pérdidas que tendría un trabajador cuyo salario bruto anual ascendiese a 35.918 € (cuatro veces el SMI de 2012) y que lleve trabajando en la empresa 28 años, o sea gran parte de su vida laboral. Si es despedido de forma improcedente en un momento en el que la empresa ha tenido una reducción de ingresos durante 90 días: pasaría de percibir una indemnización como despido improcedente de 107.755 € (45 días y 42 mensualidades) a tan sólo recibir 34.208 € (20 días y 12 mensualidades), lo que supone una reducción de 73.547 €, es decir, una rebaja del 68 por ciento. Teniendo en cuenta el precio medio de la vivienda usada en España en 2012, la reducción experimentada por el citado trabajador supone la mitad del precio de una vivienda de 70 metros cuadrados.
El segundo ejemplo, se refiere a un trabajador con una antigüedad en la empresa de 5 años y que percibiese en 2012 un salario bruto anual de 44.898 € (cinco veces el SMI). Pues bien, si es despedido de forma improcedente en un momento en el que la empresa ha experimentado una reducción de ventas durante tres trimestres consecutivos, vería reducida significativamente su indemnización, pasando de percibir 24.503 € a sólo 10.690 €, lo que significaría una reducción de 13.363 €, es decir, una rebaja del 56 por ciento. Teniendo en cuenta el precio de un coche Seat Ibiza, la reducción experimentada por el citado trabajador como consecuencia de la reforma de 2012 equivaldría a la compra de un coche de esta gama y todavía quedaría dinero para abonar la póliza del seguro a todo riesgo del primer año.
Si se considera que la indemnización por despido es un derecho que el trabajador ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que si hubiese establecida en las empresas una provisión por despidos, aquél tendría acumulada una cantidad que se vería significativamente reducida, pues este cambio normativo tiene carácter retroactivo al afectar a toda la antigüedad del trabajador en la empresa. En ese sentido, se podría decir que la reforma laboral de 2102 constituye una expropiación forzosa a favor de los empresarios, y podría hablarse también de un claro atentado al principio de seguridad jurídica. Si se tiene en cuenta que en el año 2012 el empleo indefinido se redujo en 372.000 personas- al que habría que sumar la pérdida de 316.000 empleos temporales, y se toma como referencia el salario medio de ese año, manejando tres hipótesis sobre la antigüedad de los trabajadores despedidos, el importe de esa expropiación legal a favor de los empresarios podría rondar los 6.300 millones de euros. Después de estos datos y consideraciones, hablar de equilibrio de la reforma laboral de 2012 –tal como hace el Gobierno del PP- es todo un ejercicio de cinismo. Pero claro, siempre se podrá decir que la reducción de las indemnizaciones por despido sólo es una expropiación simulada y en diferido.
Para concluir este breve y sucinto recorrido por algunas cuestiones laborales, debo hacer hincapié en una cuestión que de forma reiterada se olvida en los análisis sobre el mercado de trabajo y que es la siguiente: la demanda de trabajo es siempre una demanda derivada de la evolución que experimente la demanda de productos de las empresas y que la legislación laboral por si sola no explica los resultados del mercado de trabajo. El ejemplo más cercano lo tenemos en nuestro país: con la misma normativa laboral la tasa de paro de Andalucía duplica ampliamente la del País Vasco. Por tanto, otros factores distintos a la legislación laboral explican los niveles de empleo y paro de una economía.

Esperanza de vida y pensiones

Jesús Arango

Publicado en el Diario La Nueva España el sábado, 1 de junio de 2013

Hace casi dos años, el 29 de julio de 2011, le escuché en Muros de Nalón al profesor López-Otín, en una magistral conferencia sobre el genoma humano, que era muy probable que en aquel momento hubiese nacido en algún lugar del mundo una niña que vivirá ciento cincuenta años. Desde entonces, y siguiendo sus  buenos consejos de que hay que dedicar dos horas diarias a pensar, esta afirmación ha ocupado alguna que otra hora de mis reflexiones. Y especialmente en estos últimos tiempos en los que la esperanza de vida ha pasado a tener un protagonismo muy destacado en los debates sobre posibles reformas del sistema público de pensiones, pues los denominados expertos sobre la materia han llegado a la sabia conclusión que, para mantener la viabilidad futura del sistema, si la esperanza de vida aumenta, la edad de jubilación debe retrasarse y la cuantía de la pensión a percibir deberá tener en cuenta la evolución de dicho parámetro.

A la vista de tales recomendaciones, uno puede llegar a la conclusión de sí los espectaculares descubrimientos en el campo de la bioquímica que se han producido en la última década (entre febrero de 2001, fecha de publicación de la secuenciación del genoma humano y mayo de 2010, cuando apareció en la revista Science la noticia histórica de que Craig Venter y su equipo lograran crear una célula bacteriana con genoma sintético), únicamente van a servir para que la frase bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis, 3:19), la tengamos que aplicar durante más años de nuestra vida: ¿merece la pena que los avances de la ciencia nos regalen más años de vida para emplearlos en más años de trabajo y no en más tiempo libre para disfrutar de la vida?

Estas propuestas de alargamiento de la vida laboral parecen contradictorias con la evolución de una economía en la que –más allá de crisis cíclicas- los continuos avances tecnológicos han ido reduciendo las necesidades de mano de obra por unidad producida, hecho que no sólo afecta a la industria sino que se está extendiendo cada vez más a las actividades de servicios, tal y como en la década de los noventa pusieron de manifiesto, entre otros, Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, y Orio Garini y Patrick Liedtke en El dilema del empleo: el futuro del trabajo, informe presentado en 1996 al Club de Roma. Así pues, nos enfrentamos a un futuro en el que el trabajo será cada vez más escaso y, sin embargo, se nos propone que hay que retrasar la edad de jubilación ligándola a la evolución de la esperanza de vida, ocupando así las personas de más edad puestos de trabajo que harán que los jóvenes –con cualificaciones más adaptadas al desarrollo tecnológico- tengan menos  oportunidades  de incorporarse a la actividad laboral.

Precisamente, y en esa línea, el Gobierno español ha aprobado recientemente una norma que hace compatible la percepción de la pensión con el seguir trabajando: estamos ante el absurdo de que, ante un mercado de trabajo con un exceso de oferta –más de seis millones de parados y una tasa de paro juvenil que rebasa ampliamente el 50 por ciento-, se incentiva el que los trabajadores de más edad sigan en activo, cuando las medidas de una mejor asignación de recursos humanos deberían ir precisamente en la dirección contraria.

Por otra parte,  y principalmente como consecuencia de los mercados de trabajo flexibles, cada vez más en nuestras sociedades está surgiendo la figura del trabajador precario –trabajadores temporales, a tiempo parcial, de centros de atención al cliente y de servicios deslocalizados- que tiene la sensación de que su vida e identidad están hechas de retazos deshilvanados, con los que no puede construir un relato vital deseable o hacer una carrera laboral que le permita acumular un volumen de cotizaciones suficiente para aspirar a una pensión digna de jubilación. La precarización laboral –que afecta especialmente a una juventud formada y frustrada- está conformando una clase social emergente con la conciencia de una vulnerabilidad común, y a la que Guy Standing, presidente de la red internacional de la Renta Básica, ha bautizado con la denominación del precariado. A lo largo de las últimas décadas el crecimiento de este colectivo se ha visto acelerado por el neoliberalismo de la globalización, que impulsó la flexibilidad en los mercados de trabajo, la mercantilización de todo y la reestructuración de la protección social.

Ante unas perspectivas como las apuntadas, y teniendo en cuenta que –como señalan dos reconocidos especialistas en la materia, Nicholas Barr y Peter Diamond- los sistemas de pensiones tienen múltiples objetivos, que incluyen la distribución del consumo a lo largo de ciclo vital, el aseguramiento, la mitigación de la pobreza y la redistribución de la renta, la cuestión es: ¿cómo deberían diseñarse los sistemas de pensiones para poder tener en cuenta adecuadamente los problemas demográficos, los avances tecnológicos, el aumento de la productividad y la creciente precarización de una gran parte de los asalariados?

El diseño tiene básicamente dos tipos de respuestas. Por un lado, las que tratan de hacer viables los sistemas actuales utilizando un enfoque actuarial para que se mantenga en el tiempo un equilibrio entre los ingresos fundamentados en cotizaciones sociales y los gastos por prestaciones. Y en esa dirección se sitúan las diferentes reformas del sistema que se han venido aprobando y que en estos momentos se está pendiente de un nueva vuelta de tuerca por parte del Gobierno, que tendrá como justificación un informe ad hoc encargado a un grupo de los denominados expertos, mayoritariamente ligados a las dos instituciones que más intereses tienen en fomentar los sistemas privados de pensiones: la banca y las aseguradoras. Así, teniendo en cuenta los problemas de envejecimiento creciente de la población, las propuestas de este enfoque –que siempre reaparece con fuerza en los momentos de crisis económica- estarán inevitablemente centradas en el retraso de la edad de jubilación y en una reducción de la pensión a percibir por la vía de complejas formulas paramétricas e índices de sostenibilidad que no garantizarán el poder adquisitivo de unas pensiones públicas decrecientes.

La otra respuesta posible, de la que apenas se habla, consistiría en una sustitución de los actuales sistemas públicos de pensiones basados en cotizaciones sociales –que son impuestos de carácter proporcional con bases topadas- pensados y diseñados para una economía industrial, en la que las empresas necesitaban un gran contingente de mano de obra –mayoritariamente masculina- que permitía financiar al colectivo de pensionistas. En este sentido, hay que tener en cuenta que el mundo –y especialmente lo que llamamos Occidente- ha evolucionado muy rápido desde que en el último cuarto del siglo XVIII se originase en Lancashire la revolución industrial. Los trabajos de Agnus Maddison así nos lo ponen de manifiesto: entre 1820 y 2001, la renta per cápita se multiplicó por 9, la población por 6 y la esperanza de vida al nacer pasó en Europa de 36 a 79 años. Por tanto, si ese crecimiento económico hizo posible la construcción y desarrollo del Estado de Bienestar que hoy conocemos en los países europeos, ¿porqué no se puede pensar que un mundo que avanza velozmente en los campos de la ciencia y la tecnología no puede suministrar un mejor bienestar y una mayor seguridad económica a los ciudadanos? Claro que para que ello suceda habrá que afrontar cambios radicales que respondan a una revolución tecnológica como la que estamos viviendo con una revolución en el ámbito de las políticas en general.

En el campo concreto de los sistemas de pensiones deberían adoptarse cambios profundos en las fuentes de financiación y a la par que se establezca el principio del mantenimiento de una renta básica a lo largo de la vida –de la cuna a la tumba- como elemento de cohesión en una sociedad que pretenda ser socialmente avanzada. Para ello hay que tener muy presente que, en donde no hace mucho tiempo, había millones de trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social, ahora en esas fábricas hay robots que son capaces de trabajar de forma continua, sin bajas por enfermedad y sin absentismo, y que obviamente no cotizan al sistema. ¿No debería una parte de los beneficios generados por esos robots destinarse –en forma de impuestos- a financiar las pensiones del futuro? La respuesta está como siempre en la política: ¿quién se lleva -o cómo se reparten- las ganancias de productividad?

Supongo que retos políticos de este calado estaban presentes cuando en 1883 la llamada cuestión social se abordó con la creación de la Comisión de Reforma para el mejoramiento de la clase obrera. Seguro que en aquellas fechas casi nadie creía que sería posible recorrer el largo camino que separa la caridad de las Corporaciones y Hermandades del Antiguo Régimen y nuestro actual sistema de pensiones. En definitiva, la mejora esperada de la esperanza de vida constituye un desafío fundamental para la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones, lo que tendría que dar lugar a una profunda discusión sobre nuevas alternativas políticas y económicas en este campo y no simplemente a circular por el carril determinista de los enfoques actuariales y tecnocráticos que son actualmente el centro de los debates políticos.

Finalmente, y ante las lúgubres perspectivas que se nos presentan, sólo me cabe preguntar a mi admirado profesor López-Otín sí seguirá siendo saludable pensar. ¿Porqué actualmente, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, se está volviendo tan duro ganarse el sustento y el bienestar?

 

 

España en depresión

Luis Martínez Noval. In Memoriam

 “Los fallos principales de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para proporcionarnos plena ocupación y su distribución arbitraria y no equitativa de la riqueza y la renta”. John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936.

Jesús Arango

España se ha adentrado en una depresión. El término recesión se utiliza cuando la economía cae durante dos trimestres consecutivos, pero cuando la variación es negativa de forma continuada en tres de los últimos cuatro años no cabe más que hablar de depresión para referirse a la situación por la que atraviesa la actividad económica en España. En el gráfico –que incluye las recientes previsiones del Banco de España para 2013- que se adjunta se pone claramente de manifiesto este comportamiento, al que hay que añadir un caída aún más intensa del empleo: desde 2008 se han destruido más de 3 millones de puestos de trabajo, de forma que actualmente uno de cada cuatro trabajadores está en paro, y uno de cada dos jóvenes españoles no encuentra trabajo, ni siquiera precario. Además los que tienen la suerte de seguir ocupando un puesto de trabajo ven como sus salarios están siendo recortados. Si a todo ello se le añaden las miles de personas que han perdido su vivienda y que han quedado endeudadas de por vida, el millonario colectivo afectado por la estafa de las preferentes y las obligaciones subordinadas, así como la fuerte caída del precio de la vivienda, el más importante deposito del ahorro de las clases medias, el retrato se parece cada vez más a un grabado de los desastres de la guerra de Goya. Sigue leyendo