Francisco López Romito

EL SENADO, UNA VEZ MÁS

Del 15 al 19 de Julio pasado, el Instituto Jaime Vera y la Secretaria de Formación de la CEF del PSOE, en los Cursos de Verano de la UCM 2013 en El Escorial, desarrollaron un curso bajo el título de LA REFORMA FEDERAL DEL ESTADO ESPAÑOL.
Conferenciantes y participantes en las distintas mesas redondas fueron académicos o dirigentes socialistas de diferentes territorios de España. Ello permitió contar con visiones plurales, al tiempo que conjugar aproximaciones teóricas y prácticas.
Se pusieron de manifiesto coincidencias básicas tales como considerar a nuestro Estado de las Autonomías dentro de los modelos federales existentes; entender que el texto constitucional ha alcanzado su máximo desarrollo y que, a la luz de la experiencia, es imperioso abordar una reforma constitucional que de cauce a la consolidación y perfección del modelo.
Es obvio decir que, a lo largo de las exposiciones y debates, el Documento de Granada de los Secretarios Generales del PSOE fue una referencia insoslayable, en la medida en que entre la potenciación mutua de los nostálgicos de la centralización y los propaladores de la dispersión, procede plantear la profundización federal para superar las deficiencias actuales y lograr la necesaria coherencia estructural y eficacia funcional del sistema.
A nadie se le ocultan las dificultades a superar para alcanzar las mayorías parlamentarias y el logro de consenso político y social necesarios para la reforma constitucional.
Cosas que no debieran ofrecer dudas, como incorporar en el art. 137 CE a las 17 Comunidades y 2 Ciudades Autónomas – con sus denominaciones actuales – formando parte de la Constitución como instituciones indisolubles de la estructura del Estado Español, no pueden darse por aceptadas sin más.
Los principios que los socialistas consideramos indisolubles al concepto de Federación: unidad, diversidad, solidaridad, colaboración, lealtad e igualdad, difícilmente encuentren significados unívocos o similares por parte de los ciudadanos individual o grupalmente.
Para qué decir del concepto de soberanía nacional que en nuestra Constitución, como en todas las Constituciones Federales, reside en el pueblo del conjunto de la Federación y no en sus partes.
Por último y no menos importante y difícil, es dar solución constitucional al modelo de financiación autonómica, necesariamente derivado de la distribución de competencias, con el añadido del papel que necesariamente deba tener la Administración Local.
“El Senado es la cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE)
Efectivamente, esa es la definición de la carta magna, aunque sea general la constatación de su inadecuación al grado de desarrollo de nuestro Estado Autonómico. Un ex Senador llegó a afirmar que el Senado ni siquiera cumple la función de Cámara de segunda lectura, siendo más propio calificar su trabajo como de corrección gramatical.
Hubo coincidencia general en orientar el futuro del actual sistema en términos de lo que se ha dado en llamar Federalismo Cooperativo. La propia composición actual del Senado dificulta su actuación en ese sentido, como ámbito no sólo legislativo (el Senado actual no tiene la iniciativa legislativa en aquellas materias que afectan a las Autonomías), sino de encuentro intergubernamental en el que se puedan establecer encuentros y llegar a acuerdos colectivos, bilaterales, etc.
Es cierto que diferentes gobiernos de España instituyeron la Conferencia de Presidentes, el Consejo Sectorial de Política Fiscal y Financiera y otros Consejos Sectoriales. Pero debe admitirse que su funcionamiento deja mucho que desear pues retienen en manos del Gobierno Central la capacidad de convocatoria y formulación del Orden del Día. Opinamos que esas instituciones deberían residenciarse en el Senado, con una normativa que las dotase de funcionamiento regular y abriese la capacidad de convocatoria y formulación de temas a tratar tanto al Gobierno Central como a un número razonable de Gobiernos Autonómicos. Permitir, también la concreción de reuniones bilaterales o grupales. A pesar de su incipiente experiencia ya han demostrado su potencialidad para llevar a cabo y escenificar la necesaria cooperación, concreción de acuerdos y discusión y elaboración de decisiones, muchas de las cuales podrían trasladarse al Senado para su tratamiento legislativo.
Los padres de la Constitución del 78 no podían saber cómo se estructurarían los territorios, así que echaron mano de las Provincias y aplicaron un factor corrector por Comunidad Autónoma en función de su población. A la vista de la experiencia el resultado fue un Senado excesivo con 266 Senadores (Xª Legislatura) y alejado de todo criterio de proporcionalidad y equilibrio en la representación de las diferentes CCAA.
De todos modos, el resultado fue la conformación de un Senado mixto de elección directa por los ciudadanos y designación indirecta por los Parlamentos Autonómicos. Fórmula que tiene defensores basados en que la designación por los Parlamentos Autónomos facilitan una representación más acorde con la pluralidad política de cada Comunidad Autónoma. En mi opinión, la elección directa de los Senadores, garantiza el reflejo de la pluralidad, al tiempo que otorga un plus de representatividad democrática frente a su designación por los Parlamentos. Esto último, estaría más acorde con la reclamación de mayor participación de los ciudadanos en el sistema político. Además, tratándose de “candidaturas individuales a efectos de votación y recuento”, aunque puedan aparecer en las papeletas de votación ordenados por Partidos, los Senadores ganan un alto grado de autonomía frente a los aparatos dirigentes de los Partidos.
Hay quienes sustentan el criterio de representación autonómica a través de los propios Gobiernos, complementados o no con Senadores electos directamente o designados indirectamente. Quienes sustentan este modelo, dirigen su mirada a la República Federal de Alemania. Se apoyan en que de esta forma adquiere mayor valor la cualidad de Cámara de Representación Territorial, pues otorgan un plus a los Gobiernos en la defensa de los intereses de su territorio frente a los Senadores electos por voto directo. Digamos que en los Estados Federales como el de EEUU y Argentina, por ejemplo, la práctica no corrobora ese aserto. Por otra parte, en nuestra realidad, parece aventurado afirmar que los Gobiernos Autonómicos vayan a representar la pluralidad política de sus respectivos territorios. Y, finalmente, la posible lectura de los Partidos Nacionalistas sería la de un Estado Confederal más que Federal, con todas las consecuencias previsibles.
El formato de Senado integrado por Senadores elegidos por votación individual y directa por Comunidad Autónoma, Presidentes Autonómicos como Senadores natos y órganos de encuentro y cooperación intergubernamentales residenciados en el Senado, parece una propuesta adecuada a la madurez del sistema autonómico así como a la necesaria profundización democrática de nuestro sistema político.
Para finalizar, un cuadro comparativo de la composición actual del Senado y la resultante de una posible propuesta consistente en: Dos Senadores elegibles por Comunidad Autónoma más uno por cada millón de habitantes o fracción mayor a 500.000. Un Senador elegible por Ciudad Autónoma. Diecinueve Presidentes de Comunidad y Ciudad Autónomas como miembros natos del Senado.

COMPOSICIÓN DEL SENADO

Senadores

 

Población

Actual

Propuesta

TOTAL NACIONAL

46.815.916         

266

   101

ANDALUCIA

  8.371.270             

  41

     11

ARAGÓN

  1.344.509             

  14

4

ASTURIAS, PRINCIPADO DE

  1.075.183               

    6

4

BALEARES, ISLAS

  1.100.503                

    7

4

CANARIAS

  2.082.655              

  14

5

CANTABRIA

     592.542                

    5

4

CASTILLA – LEÓN

  2.540.188               

  39

6

CASTILLA -LA MANCHA

  2.106.331               

  23

5

CATALUÑA

  7.519.843               

  24

      11

COMUNIDAD VALENCIANA

  5.009.931               

  18

8

EXTREMADURA

  1.104.499               

  10

4

GALICIA

  2.772.928               

  19

6

MADRID, COMUNIDAD DE

  6.421.874               

  11

9

MURCIA, REGIÓN DE

  1.462.128                

   6

4

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL

     640.129                

   5

4

PAIS VASCO

  2.185.393               

  15

5

RIOJA, LA

     321.173                

    5

3

CEUTA

      83.517       

    2

2

MELILLA

      81.323       

    2

2

Fuente: INE Censo de Población 2.011
Senado de España y Elaboración Propia.

Hay quienes objetarán una reducción tan drástica del número de Senadores, argumentando el riesgo de limitar la capacidad operativa de la Cámara. A estos baste con señalar que ello dependería de la apoyatura técnica puesta a disposición de los Senadores y recordar que el Senado de los EEUU cuenta con 100 Senadores en representación de 50 Estados Federados. Por otra parte, al reducir el número de representantes por Comunidad Autónoma estos adquieren una mayor visibilidad ante los electores, facilitando el seguimiento de su gestión.

¡¡Que vienen los expertos!!*

Desde el diseño y puesta en marcha del actual sistema de pensiones, allá por los años 80, ha sido inocultable la preocupación en los medios académicos, gestores públicos, legisladores, medios de comunicación y los afectados presentes y futuros, acerca de la sostenibilidad financiera y equidad social del sistema.
Esto llevó a otorgarle un verdadero carácter de Política de Estado que se concretó en el llamado Pacto de Toledo, que no significa otra cosa que asumir, por parte de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, la obligación de buscar el consenso político-social al margen de los intereses particulares o ventajas circunstanciales.
Con la explosión de la última crisis financiera del capitalismo y la recesión económica que padecemos en España, se han hecho evidente amenazas a la suficiencia financiera debido a la tendencia creciente de perceptores y disminución de contribuyentes.
Son innumerables los estudios y artículos publicados que insisten en el imparable envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el incremento del cociente entre pensionistas y aportantes.
A lo largo de estos treinta años se han ido introduciendo mejoras en el sistema y adecuaciones a la evolución demográfica y del empleo. Siempre bajo el criterio de asegurar la continuidad de un sistema público y de reparto, único capaz de contribuir – significativamente – a la creación de una sociedad cohesionada, económica y socialmente equilibrada.
En general, los oscuros augurios de las prospecciones y opiniones publicadas adolecen, en mi modesta opinión, de dos fallas importantes.
Primero; considerar el déficit de rejuvenecimiento como incontestable, rechazando a futuro el factor inmigratorio como compensador, basándose sólo en lo ocurrido en los dos últimos años y negándose a observar este fenómeno en términos temporales amplios. ¿Se puede pensar que el abultado diferencial de renta entre nuestro país y los países emisores de emigrantes hacia España, no seguirá siendo un potente imán de atracción en el futuro?
Segundo; o no se introduce en los esquemas el necesario cambio de modelo productivo – verde, sostenible, tecnológicamente avanzado, basado en el conocimiento – y de ampliación de los grandes servicios públicos que consoliden nuestro estado del bienestar, o se descarta que puedan incrementarse las tasas de actividad y de empleo para mejorar el cociente entre pensionistas y contribuyentes.
Es conveniente convenir que en un próximo futuro, a pesar de los ajustes que puedan instrumentarse dentro del sistema, este se enfrente ante una insuficiencia financiera y deba recurrirse a la complementación de las contribuciones con recursos vía impuestos.
¿Por qué escandalizarse ante esa perspectiva cuando ya se procede así en las coberturas no contributivas a desempleados y pensionistas?
Parafraseando a Felipe Gonzalez; si en 1985 el PIB per cápita español era de 5.900 € y se pudo universalizar el sistema de pensiones que hoy tenemos, por qué no podemos mantenerlo a futuro cuando nuestro PIB per cápita, en plena recesión, ronda los 22.500 €. Y para los que miran hacia otro lado tratando de disimular su capacidad contributiva, habrá que recordarles que en España todavía tenemos un retraso de, al menos, diez puntos en presión fiscal respecto a los países europeos equiparables.
Y en eso estábamos cuando llegaron los “expertos” del Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por la patronal de la industria aseguradora Unespa.
Con la autoridad propia de su experticia nos dicen que no insistamos, que no hay salida y que como muestra de su preocupación nos traen la buena nueva.
Veámosla, pues.
Hay que pasar de la prestación definida actual, a la aportación definida del nuevo sistema. Olvidémonos de edades de jubilación, de años de cotización, de escalas de aseguramiento y otras obligatoriedades. Cada uno irá formando su plan como le apetezca, durante el tiempo que le parezca a través de una fórmula tan sencilla y revolucionaria como la de la ecuación E=mc2 de Einstein.
“En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación o su quinta.”
Pero no os preocupéis porque seguiría siendo un sistema de reparto, no entre los que aportan más y los que aportan menos, sino entre los que vivan menos y los que vivan más, respecto de la expectativa de vida media utilizada para el calculo de la pensión anual.
Es obvio que estos “expertos” no han reparado en que es ya sabido que las personas sometidas a condiciones de trabajo más duras, los con menores niveles educativos y peores condiciones de vida e ingresos más bajos, tienen expectativas de vida inferiores.
De reparto sí, pero de abajo hacia arriba.
Porque además, “Este mecanismo,… proporciona el conocimiento suficiente como para modular qué parte del ahorro se quiere dedicar, si se estima necesario, a mecanismos de capitalización individual.”
¿A quién pretenden engañar con una propuesta que bajo la tapadera del “reparto” lleva directo a un sistema de capitalización?
Y se les ve la patita.
Primer paso, asimilar el sistema público a los sistemas privados de aseguramiento. Segundo paso, con el estribillo de la libertad individual, cargarse la universalidad y abrir el juego a la voluntariedad de adscripción al sistema público o al privado. Tercero y último paso; liquidar el sistema público universal y de reparto y seguir alimentando las arcas y la gula del capital financiero.
El que avisa no es traidor.
Por supuesto, “El nuevo sistema supondría la exclusión del mecanismo contributivo de la viudedad y pensiones asistenciales, y financiarlas con impuestos.”
Además, deberá “tener también elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos.”
Como si no tuviésemos suficiente experiencia en eso de restaurar equilibrios financieros cuando se descuadran las cuentas de los poderosos de siempre.
Cuándo vamos a dejarnos de timideces y verdades a medias y aceptaremos que de la capacidad de generar excedente de un país – el de todos – se deberán dedicar recursos complementarios vía fiscalidad para asegurar condiciones de ingreso y de vida dignas a nuestros mayores.
Por último, que el señor Leal – expresidente de la patronal bancaria – haga honor a su apellido en ese grupo de “expertos”, está muy bien; lo que me intriga es qué hacen allí un exsecretario general confederal de CCOO y un exministro de industria de un gobierno socialista, diseñando estrategias en beneficio del capital financiero.
*El contenido de la propuesta del referido Grupo de Expertos y las citas textuales han sido tomadas del artículo firmado por Pablo Monje y publicado en Cinco Días y El País digital del día 22.04.13. http://cincodias.com/cincodias/2013/04/19/economia/1366401218_735794.html

Cuba, transición y derecho de propiedad

El reciente anuncio ante la Asamblea Nacional de Cuba por parte del Presidente Raúl Castro (82 años) de que este será su “último mandato” al frente de un gobierno, inmerso en reformas para intentar garantizar la continuidad de la Revolución, entre los que anunció la generalizada limitación de mandatos para “la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos”, renueva las especulaciones sobre los ritmos y características de un hipotético proceso de “transición”.
No parece que hayan muchos cambios en los análisis sobre la hipotética transición en Cuba que, hasta ahora, no han traspasado el marco estructurado sobre la oposición entre Régimen Político de Partido Único y de Representación Parlamentaria Pluripartidista. De forma secundaria, la valoración de la capacidad de influencia de la Administración Norteamericana y su hipotética orientación dependiendo del signo político del inquilino de la Casa Blanca. En general, desde España se piensa Cuba desde la experiencia de nuestra transición que, claramente, se concentraba en dicho cambio de modelo político.
Pero en Cuba subyace una realidad, la expropiación masiva de medios de producción y cambio y propiedades inmobiliarias, fruto de la Revolución, que pasaron a manos de nuevos y variados propietarios.
No es una experiencia única, fenómenos similares siguieron a las revoluciones mexicana, rusa, china, en países del sudeste asiático y de la órbita soviética en Europa y Asia. En ninguno de dichos países, más allá de las especificidades de sus procesos de transición a estructuras capitalistas con regímenes de representación pluripartidista o evolución de sus propios sistemas económicos y políticos como en México y China, se han revisado los procesos expropiatorios originarios. En todos ellos se elevaron peticiones, interpusieron recursos judiciales y formularon propuestas en el ámbito político. Puede afirmarse que, excepto casos muy excepcionales, no se revisaron las titularidades ni se indemnizó a los antiguos propietarios.
Nuestra propia transición se limitó a reconocer la incautación ilegal del patrimonio de Partidos Políticos y Sindicatos otorgándoles una indemnización, sin extender dicho reconocimiento a miles de ciudadanos cuyos patrimonios les fueron arrebatados de la misma forma por el Régimen Franquista. El tiempo transcurrido, la debilidad política y social de los afectados y las propias condiciones internacionales estuvieron en la base de lo ocurrido.
En Cuba, sin embargo, el reclamo de restitución de la propiedad a los antiguos dueños es uno de los elementos sustanciales del programa político del sector más poderoso del exilio. Y constituye uno de los principales escollos para encontrar bases de consenso sobre las cuales encaminar el futuro.
Pienso que la restitución es una premisa innegociable para los actuales dirigentes y la inmensa mayoría de los cubanos en Cuba. Y el mero reconocimiento de la expropiación y consiguiente indemnización representaría un esfuerzo de tal magnitud que no sería aceptado, de buen grado, por quienes se verían a sí mismos como los obligados a pagar privilegios a los socios y protegidos de la Dictadura de Batista.
Sería deseable que los grupos opositores, verdaderamente interesados en la democratización de Cuba, dejaran definitivamente fuera de su agenda esa reivindicación.
El Régimen Cubano inició hace tiempo un camino de introducción gradual de mecanismos de mercado y aceptación de relaciones sociales de producción capitalistas. Muchos consideramos que el proceso es insuficiente y demasiado temeroso. También pensamos que sin ampliar los espacios a la libertad de expresión, representación y participación popular no manipulada o directamente dirigida, no habrá avance ulterior.
Quizá resulte probable esperar que el post Castrismo se oriente más decididamente hacia una profundización de su “apertura económica”, ofreciendo nuevos campos de expresión y participación para la oposición política en instituciones sociales, culturales y medios de comunicación, tratando de mantener la dirección del Estado en manos del Partido Único.

¿Hablamos de Organización?

El 38 Congreso del PSOE postergó las necesarias decisiones sobre Organización a una Conferencia que, por fin, se anuncia para este año. También he leído en la prensa que la Comisión Ejecutiva Federal tiene la intención de pasar un cuestionario a todas las instancias organizativas del Partido.
La idea de que la reforma estructural del partido es tan importante como la redefinición del proyecto y la renovación de su equipo dirigente, es ampliamente aceptada. Estoy de acuerdo, pues entiendo que donde se miden las voluntades y se hacen realidad los discursos, es en el plano de la organización y el consecuente funcionamiento de acuerdo con los cánones de conducta derivados de aquella.
Pero tengo la sensación, por las propuestas que he leído o escuchado, hasta ahora, en esta materia, que sería bueno avanzar en el grado de concreción, pues se corre el riesgo de que no sean ni muchas ni tan importantes las innovaciones que se introduzcan.
Por eso invito a leer y, llegado el caso, considerar las siguientes propuestas:
1. Incorporación: mantener las dos categorías de Afiliado y Simpatizante. Facilitar el trámite de afiliación por internet, dando el alta inmediata a quién consigne sus datos personales y el Nº de cuenta bancaria. El sistema informático del Partido los reasignará a la estructura correspondiente (territorial o sectorial) que, a posteriori, debería cursar las objeciones que pudiese comprobar para su rechazo. Lo mismo para Simpatizante, sin necesidad de la cuenta bancaria. Por supuesto los derechos y obligaciones de los simpatizantes deben quedar fijados estatutariamente. Es imprescindible que quienes puedan participar en elecciones primarias para candidatos electorales deban, previamente, estar dados de alta en el registro correspondiente. En la política democrática el anonimato no cuela.
2. Jubilación y prejubilación – Incompatibilidad de cargos: junto los dos temas porque los considero íntimamente relacionados: No soy partidario de establecer criterios de jubilación para nadie. Primero, porque no hay criterios disponibles para ello, ¿el tiempo, la edad, la pérdida de la voz, el envejecimiento físico, haber jugado en las ligas de décadas anteriores?
Por último, porque no estoy de acuerdo con que la política deba ser una vocación temporal a la que un ciudadano sólo deba dedicarse durante un tiempo, considero que la política es una obligación social del ciudadano y eso excluye la jubilación. El discurso contra los “políticos profesionales” va en contra de la política que los socialistas defendemos para el avance de la sociedad.
Incompatibilidades: El Partido puede establecer incompatibilidades más estrictas que las legales, mientras estas no se modifican. En ese caso podrían establecerse procedimientos “preventivos”; es decir, si se ocupa un cargo, por ejemplo Concejal o Alcalde y se figura en una lista para Diputado o Senador, la persona implicada debiera dejar, por escrito, su compromiso de abandonar el cargo ocupado en caso de salir electo para el nuevo. Su incumplimiento daría paso a su expulsión del Partido.
La incompatibilidad entre cargos electos o de gobierno con los puestos ejecutivos del Partido tiene una mayor complejidad. Es verdad que parece que la tradición partidaria de la falta de autonomía o subordinación de la organización al gobierno se ha mostrado negativa. Pero también hay ejemplos de enfrentamientos entre ambas instancias realmente desastrosos. Sería preferible ir cambiando la práctica actual y, para ello, si se avanza en una mayor y más efectiva participación de las bases e incluso de los simpatizantes y se logra una mayor relación con las organizaciones sociales, podría superarse la situación heredada.
3. Limitación de mandatos: parece razonable diferenciar entre orgánicos y electorales. En los orgánicos, comparto la limitación a dos mandatos, eso equivale según los tiempos congresuales, a ocho años. Pero para que cada ocho años no deba producirse un cambio total de personas, debería exigirse que, en cualquier caso, los nuevos equipos tengan, como mínimo, un treinta por ciento de recién elegidos. No debería impedirse que pasado un mandato se pudiese volver a los puestos anteriores. En los electivos, no creo que la limitación de mandatos sea conveniente pues se podría hurtar a los ciudadanos la facultad de elegir como su representante a quién ellos prefieran. La modificación del sistema de elección interna de las candidaturas puede aportar un salto de calidad democrática en este sentido.
4. Elección de cargos orgánicos: No comparto la opinión de aquellos que, apoyándose en el concepto bersteiniano dela pertenencia del Partido a los trabajadores o a los ciudadanos, se de participación en la elección de cargos orgánicos a quienes no sean afiliados. El Partido se sustenta en la voluntad de aquellos que asumen un compromiso explícito con la organización y la responsabilidad de sus actos. Dicho esto, parece conveniente recuperar la elección, en los Congresos, de Ejecutivas completas, incluido el número uno de la lista. En caso de presentación de listas alternativas, aquella que no resultara mayoritaria pero superase un cierto porcentaje de votos, obtendría un número de puestos de la Ejecutiva resultante. Esto obligaría a practicar la integración plural y facilitaría el proceso de “negociación” de las listas para su presentación. En los ámbitos menores (Agrupaciones territoriales o sectoriales) el mismo sistema pero con voto directo de los afiliados. Este sistema facilitaría la práctica de listas cerradas pero no bloqueadas, donde los votantes pueden modificar el orden mediante la señal de refuerzo positivo en, por ejemplo, un tercio de los integrantes de la lista. Para la elección de miembros de órganos deliberativos (Comités Regionales, Congresos, etc.) sólo sería necesario introducir la señal de refuerzo positivo.
5. Elección de candidatos electorales: Aquí la intervención de no afiliados (simpatizantes registrados) en las llamadas primarias, pueden jugar un papel de apertura a los ciudadanos que aportaría, además, la posibilidad de ajustar mejor la lista del Partido a las preferencias de los electores en las respectivas circunscripciones. Pero ¿por qué limitarla al cabeza de lista? Si realmente se pretende evitar el enchufismo y las componendas de grupos, puede perfectamente aplicarse el mismo sistema descripto en el punto 4. Es llegada la hora de quebrar la tendencia al liderazgo plebiscitario y al presidencialismo autocrático que conduce a la desvalorización del parlamentarismo y, como ya se ve en algunos países de Europa, al más claro populismo.
6. Estructura del Partido: Primero, los tímidos intentos de combinar una estructura territorial con una sectorial, han fracasado porque no se le ha dado, a esta última, voto y participación proporcional en los órganos deliberativos (Congresos, Comités Federal y Regional, etc.). Nunca habrá militancia creíble en las estructuras sectoriales mientras se obligue a los afiliados a pasar por las territoriales donde los esperan los tradicionales administradores de votos. Por otra parte, se ha obstruido la amplitud posible de la estructura sectorial limitándola a dos o tres formaciones sin recursos propios ni diseño estructural y engarce con la organización territorial.
Segundo: Es un tema reincidente el de que el Partido debe arbitrar espacios atractivos para la participación de afiliados, organizaciones sociales y ciudadanía en general. Vivimos desde hace ya bastante en dos realidades que se interpenetran cotidianamente, la real y la virtual. En ambas deben crearse los ámbitos más adecuados de atracción, participación y visualización del Partido. En ambos casos, no se puede permanecer pasivos o sujetos a improvisaciones ciclotímicas. Es decisivo crear espacios con volumen o masa crítica suficiente para tener impacto en el territorio ciudadano en que se actúe (por ejemplo, una ciudad del tamaño de Madrid debe disponer, no sólo por criterios de ejercicio democrático interno, de una Agrupación de la Ciudad que le permitiría contar con un centro físico de actividades permanentes y atractivas para la ciudadanía. Es evidente que la estructura territorial de base (las actuales Agrupaciones) ven orientada su actividad natural y prioritaria a la política municipal. Mal han podido hasta ahora y peor se avizora el futuro para tener incidencia en los llamados ámbitos sectoriales, que no son otros que tantos como problemas y aspiraciones de índole particulares (sanidad, cultura, educación, economía, transportes, función pública, etc.) afectan a las gentes.
Tercero; se impone contar con un Plan Integral Digital con un diseño racional y una asignación coherente de ámbitos de gestión que combine la máxima participación con las correspondientes responsabilidades de gestión. Es necesario desarrollar un bosque de redes, foros, etc., que supere la jungla de iniciativas voluntaristas y artesanales actualmente existentes.

SUERTE QUE HAY EXPERTOS PREOCUPADOS POR NOSOTROS

El problema que veo en estos expertos tan preocupados por la clase política – ver César Molinas El País “Una teoría sobre la clase política española” – o la crisis del socialismo español – ver José Luis Alvarez http://www.caffereggio.es/2012/12/17/la-reforma-radical-del-psoe-de-jose-luis-alvarez-en-el-pais/ – es que más allá de lo acertado o no de sus diagnósticos, se reducen a efectuar propuestas unívocas y un tanto simplistas. Listas abiertas, el primero, e irrupción de un líder carismático, el segundo.
Que en todas las organizaciones – no sólo las políticas – se desarrolla un debate entre aquellos que se apoyan en las palancas organizativas para imponer su poder burocrático y quienes quedan fuera de esas instancias de poder, es algo más viejo que las propias organizaciones. (Miakovski en su lucha poética contra la burocracia soviética terminó suicidándose). Que de ese enfrentamiento, si ganan los anti aparato esté asegurada la superación del fenómeno burocrático, es mejor ponerlo en duda. Buena parte de las fuerzas movilizadas por el “cambio” no aspiran a otra cosa que a la sustitución de un grupo dirigente por otro nuevo.
En las empresas, además de los directivos y empleados están los accionistas, los acreedores, la bolsa y los clientes que tienen una mayor o menor influencia en la resolución de las batallas internas. En los Partidos, especialmente en los de “concepción democrática” como el Socialista, además de los distintos grupos “dirigentes” que controlan diferentes niveles de poder orgánico, están los afiliados de base, los simpatizantes y los ciudadanos. En principio, la batalla se dirime, es nuestro caso, entre los grupos dirigentes, con diferentes grados de respaldo por parte de los afiliados de base sujetos a diferentes vías de manipulación. J.L. Álvarez, consciente de las dificultades orgánicas para superar la situación de crisis política del socialismo español: pérdida de credibilidad, desplome electoral, “falta de confianza como partido de gobierno y falta de reputación de su aparato como potencial fuente de cuadros de Gobierno”, con el alejamiento de cuadros profesionales y políticos que podrían hacer aportes sustanciales para la superación de la actual situación, nos regala su propuesta estrella. La aparición de un líder con ideas renovadoras, coraje político y suficiente carisma que se lleve por delante las formas orgánicas y de funcionamiento actuales, desmantele las barricadas burocráticas y, mediante la apelación directa a los afiliados, simpatizantes y ciudadanos reinvente el Socialismo Español. Piensa que su propuesta cuenta con el respaldo de la experiencia histórica, ahí están los ejemplos de Felipe, Blair y Aznar.
Y J.L. Álvarez nos advierte;
“Como estos (…) casos ilustran, el trabajo del liderazgo en un partido es la quiebra de las rutinas e inercias estructurales e ideológicas para mantener libertad estratégica, el tensionar constantemente la organización para hacerla adaptable a la sociedad. Liderazgo y organización son opuestos. La función del liderazgo es vencer la resistencia al cambio de la organización.”
“¿Qué cambio radical y/o reformista de la legislación electoral, que permita como consecuencia la renovación interna del partido, que permita a su vez gobernar la sociedad, está proponiendo hoy el PSOE, con toda la fuerza de su organización, en todos los frentes de acción?”
“Solo el liderazgo puede frenar esta deriva.”
Álvarez no nos dice si las improntas de liderazgo rupturista de Felipe y Blair en el PSOE y el Laborismo Británico, no habrán dejado huellas identificables en la crisis actual de ambos partidos.
Desde mi modesta perspectiva de militante ya viejo y curioseador de las historias, no tengo una muy positiva opinión sobre el papel de los liderazgos demiúrgicos, porque en algunos casos son ellos quienes crean los más formidables aparatos burocráticos ¿Stalin, Fidel y Hitler entre otros? o instrumentan a las organizaciones y a las masas a partir del culto a la personalidad, la demagogia y el clientelismo electoral ¿Cuántos líderes populistas podemos mencionar?
Es que la cuestión no está planteada entre organización y liderazgo, sino entre organización burocrática y democrática. Entonces se trata de lograr – y las crisis siempre ofrecen oportunidades – dar un vuelco democrático al PSOE en lo orgánico y funcional, con un liderazgo colectivo que permita recuperar su liderazgo político y social.
Sobre la propuesta de César Molinas hice algunos comentarios en http://poli-tic.net/2012/09/26/cesar-molinas-y-su-teoria-sobre-la-clase-politica-algunos-comentarios/#more-1038 , aquí mismo formulé algunas propuestas de cambio de la estructura del Estado y el sistema electoral. La inquietud sincera puesta de manifiesto por J.L. Álvarez merece que nos esforcemos por hacer propuestas orientadas a la democratización en profundidad del Partido y su adecuación a la realidad social y política de la España de hoy.
Francisco S. López Romito

Estructura del Estado y ejercicio de la soberanía popular

La contestación a César Molinas por parte de Paco González de Lena en estas páginas de Fabian@shoy.org, especialmente su tercera parte publicada el 4 de Noviembre pasado con el título de “No adorarás el falso ídolo de las listas abiertas”, me motivaron a aportar algunas sugerencias sobre uno de los problemas políticos más importantes de la democracia española actual. Sigue leyendo