Carlos Navarro López

El debate sobre la regeneración democrática (3)

En dos entradas anteriores de este blog  tituladas  ” alejamiento ciudadano de la política y los políticos”  y ” malestar ciudadano y deterioro del sistema democrático”, mostraba una profunda preocupación ante el clima de malestar y desconfianza de los ciudadanos hacia la política y los políticos  y  abogaba por que los partidos políticos intentaran llegar a un pacto lo más amplio posible  sobre medidas de regeneración democrática para devolver la confianza ciudadana en el sistema.  Señalaba además el riesgo de que de no adoptarse reformas, podría llegarse a situaciones de grave crisis y desgobierno en las que encontrarían terreno abonado los aventureros  y las soluciones inviables de articulación de la representación política.

Indudablemente la desafección ciudadana hacia la clase política es un problema que no es nuevo y además, en mayor o menor medida, afecta a todas las democracias europeas y no solamente a los países del Sur de Europa, especialmente castigados por la crisis social y económica; aunque esta circunstancia actúa en ellos como una causa más de desafección.

A este respecto merece un breve comentario el interesante artículo de opinión publicado en el diario “El País” del día 14 de junio, bajo el título “ No es el descontento, es la desafección”, en el que sus autores ( Jose Ramón Moreno y Mariano Torcal) abundan en esta idea: distinguiendo entre  desafección y descontento. Para los autores del articulo  la desafección ciudadana hacia la política y los políticos es un fenómeno social que tiene que ver con la visión peyorativa y deslegitimadora  de la política por parte de la sociedad española que aunque viene de antiguo, logró un considerable arraigo durante los cuarenta años de la dictadura franquista, que con su rechazo a la democracia parlamentaria, acabó inculcando en amplios sectores de la sociedad la idea de que la actividad política deberia confiarse a las élites. A “sensu” contrario, consideran los autores del artículo que el descontento  no suele cuestionar  la legitimidad y aceptación del sistema democrático, sino que más bien lo que se produce es una insatisfacción ciudadana por la gestión de los gobernantes y lo que consideran  falta de respuestas a sus problemas.

Desde mi punto de vista, aún reconociendo esa diferencia, sin embargo creo que en momentos como los actuales de grave crisis social y económica,  existe el peligro de que los ciudadanos descontentos que no cuestionaban la legitimidad del sistema, acaben engrosando las filas de la desafección, pasándose hacia posiciones deslegitimadoras de rechazo del sistema  en beneficio de los movimientos populistas de signo fascista (“cirujanos de hierro”; “salva patrias”, etc.) , o hacia opciones de izquierda radical de democracia directa y asamblearia más o menos utópicas e inviables. Lo que sí es constatable  es que, en el momento actual, tal y como vienen reflejando las encuestas, el interés ciudadano por la política se ha revitalizado; eso sí desde posiciones la mayoría de ellas muy críticas  hacia el funcionamiento del sistema y la necesidad de introducir reformas para su “regeneración”.  Muestra de ello es el considerable número de foros de  debate  que esta cuestión está suscitando en  los diversos sectores de opinión.

El análisis de las distintas aportaciones a este debate creo que debe partir, cuando menos, del “”Movimiento 15- M”, surgido a raíz de la importante manifestación de protesta del 15 demayo de 2011 y la acampada posterior en la Puerta del Sol de Madrid,  convocada por diversos colectivos sin adscripción política definida, pero todos ellos muy críticos con el funcionamiento del sistema de democracia representativa.  Es mucho lo que se ha escrito sobre el “15-M”, también llamado ” movimiento de los indignados“; por lo que no me voy a detener en el análisis de sus antecedentes. Me limitaré a hacer una valoración de tipo general de las propuestas que surgieron de la Asamblea de La Puerta del Sol que fueron de lo más diverso: unas más realistas y factibles y otras de contenido más utópico. Entre las primeras yo situaría el cambio de la Ley Electoral hacia un sistema de listas abiertas; la defensa de una sanidad pública universal; refuerzo de  una educación pública y laica; reforma fiscal favorable para las rentas más baja; implantación de la “Tasa Tobin”; medidas de control sobre la banca y los mercados financieros; total transparencia de la financiación de los partidos políticos, entre otras. Pero frente a estas reivindicaciones que he calificado como realistas, donde creo que quiebra el discurso de estos movimientos es en  materia de participación democrática ya que partiendo de la deslegitimación de la democracia parlamentaria, lo que se proponía en las “Asambleas de Sol”, de forma bastante poco definida, era un sistema de ” democracia participativa y directa en la que la  ciudadanía tome parte activa” ¿ Significa esa propuesta un sistema de democracia asamblearia? Parece que sí. De todas formas soy de los que piensan que si  el movimiento del 15-M no  hubiera existido, “habría que haberlo inventado”, aunque creo que si sus integrantes no toman clara conciencia de que la única forma realista de participación democrática es organizarse como partido político ((parece que hay algunos intentos al respecto), la fuerza que aportó, actuando como revulsivo del sistema político, acabará diluyéndose.

¿ Qué ha ocurrido con posterioridad? Pues que, como ya he señalado anteriormente, en muy poco tiempo estamos asistiendo a una movilización y concienciación de la sociedad que se está traduciendo en la aparición de múltiples foros de debate con el propósito  de aportar propuestas para lo que ha dado en llamarse la “regeneración democrática”. A  ellos me voy a referir, aunque  me temo que esta proliferación de plataformas   pueda obedecer, en algunos casos, a un cierto deseo de protagonismo personal.

Sin ánimo exhaustivo,  seguramente han surgido y van a surgir muchos más, en los “manifiestos” de los principales foros de debate , a los que ya se puede acceder en las redes sociales,   ( www,porunaleydepartidos.es; www.foromasdemocracia.com; Asociación contra la corrupción y por la regeneración democrática (Accors );    declaración “ Fin de Ciclo,Tiempos Nuevos” del Círculo de Economía…) se  aprecian puntos de coincidencia en las reivindicaciones: nueva Ley de Partidos Políticos  y de su financiación, que garantice su apertura, transparencia, funcionamiento democrático interno y responsabilidad; reforma de la Constitución y medidas de lucha contra la corrupción.

Como comentario de carácter general, creo que por lo que se refiere a la ” exigencia” de una nueva Ley de Partidos, sin negar la necesidad de cambios, no debería olvidarse que la vigente es de 2002 y la última modificación en lo relativo a su financiación, es de  octubre de 2012, por lo que habría que evitar desde estos “foros” inducir a confusión a la ciudadanía no demasiado bien informada que podría pensar que desde 1978 y 1987 en que se regularon, respectivamente, la constitución y funcionamiento de los partidos y su financiación, no ha habido modificaciones y voluntad de mejora  en la línea de perfeccionamiento del sistema. Es más, creo que es bueno constatar que como respuesta a esta “ola regeneracionista”, los partidos empiezan a movilizarse. Recientemente el PSOE , dentro de los trabajos preparatorios de la Conferencia Política, ha elaborado un importante documento sobre cómo recuperar la confianza en la política y en los partidos, que está sirviendo de base para el debate interno, en el que se recogen gran parte de las reivindicaciones que la sociedad civil está planteando. Pero naturalmente, el análisis de su contenido daría por otro artículo.

A pesar de la dureza  del  lenguaje que utiliza,  concluyo  comentando el interesante y lúcido artículo publicado en ” El País” del día 5 de junio de 2013 por el filósofo Jose Luis Pardo, con el título de  “El ciclo que viene“, en el que parte de la constatación de que a propósito de la crisis económica y de la situación actual en general se ha convertido en un tópico  hablar de fin de un ciclo  y  inicio de una nueva etapa caracterizada por la globalización económica y el impacto de las nuevas tecnologías. Comparto el punto de vista del autor del artículo cuando señala más adelante que el denominador común de la globalización de los mercados como seña de identidad del nuevo ciclo, se caracteriza por la deslegitimación de las instituciones públicas y el descrédito de los partidos políticos, con el argumento de que son un gasto inútil porque no sirven para resolver los problemas que agobian a los ciudadanos. A partir de esta inducida e interesada percepción ciudadana-señala Pardo- el neoliberalismo dominante tratará de convencer a los ciudadanos de que la única alternativa a los poderes públicos son los poderes privados, llegando a presentarnos a los partidos  y a las instituciones públicas como “…asociaciones de malhechores en lucha por la apropiación del erario público..”; con lo cual queda expedita la vía a los neopopulismos de izquierdas o de derechas como alternativa a los partidos políticos tradicionales.  Me pregunto:¿No  es esta una llamada de atención contra los excesos descalificadores del funcionamiento del sistema de democracia representativa en los que pueden estar incurriendo algunos analistas y politicólogos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malestar ciudadano y deterioro del sistema democrático (2)

Hace apenas tres meses,en una entrada anterior, me refería al fenómeno preocupante del alejamiento ciudadano de la política y de los políticos, y al analizar las posibles causas de tal fenómeno citaba, entre otras,   la corrupción política que por la acumulación de casos que se van conociendo ocupa un lugar destacado entre los problemas que preocupan a los españoles. Citaba también otras causas de ese alejamiento como la falta de interacción entre el representante y los representados como una consecuencia negativa del propio sistema electoral; el incumplimiento por parte de los partidos políticos de los programas electorales y la percepción ciudadana – no siempre fundada- de que los políticos disfrutan de muchos ” privilegios”.

El hecho de que vuelva hoy sobre el mismo asunto se debe a lo que creo que es un crecimiento alarmante de esa pérdida de confianza entre representantes y representados que de no adoptarse con urgencia auténticas medidas de regeneración democrática que devuelvan la credibilidad a la política y a las instituciones, podría llegarse a una situación de grave crisis democrática y desgobierno en la que los “aventureros de la política” encontrarían su oportunidad para profundizar en el caos y en la crisis del sistema de democracia representativa ( veáse el caso de Italia).

Aunque las causas de este desapego ciudadano hacia la política, son anteriores, es  verdad que la situación de gravísima  crisis económica y social  que vivimos desde hace unos años, contribuye  a este preocupante cuestionamiento de las instituciones por parte de los ciudadanos que esperan legítimamente que los gobiernos sucesivos les solucionen los problemas que les agobian, y ante la incapacidad  de éstos y el incumplimiento de los programas electorales, se produce algo así como una rueda giratoria en la que los partidos gobernantes se van sustituyendo unos a otros aplicando políticas de ajuste y austeridad que aumentan el sufrimiento y el deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la sociedad.

Este clima de malestar social y desconfianza política se refleja un día tras otro y de modo casi coincidente en las múltiples encuestas y sondeos de opinión. Además de referirme al Avance de Resultados del Barómetro de Marzo  de 2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), voy a centrar sobre todo mi análisis  en lo último que hemos conocido ayer mismo : ”  el estudio sobre protesta social y legitimidad del sistema político” incluido en el Observatorio de la Cadena Ser de fecha 15 de este mes que elabora para esa cadena de radio la firma demoscópica MyWord; a cuyos principales y preocupantes resultados quiero dedicar los comentarios que siguen, aún a riesgo de resultar algo reiterativo,  teniendo en cuenta la enorme atención que distintos medios de comunicación y algunos políticos- estos últimos para descalificarlo- dedicaron a sus  conclusiones ( la Secretaria General del Partido Popular dijo sin más en rueda de prensa que le daba poca credibilidad, poniendo así de manifiesto una falta de respeto al trabajo y rigor de los autores del estudio).

En primer lugar hay que insistir en lo ya señalado anteriormente, en el sentido de que la crisis económica con sus secuelas en materia de desempleo y desprotección social, contribuye a agravar el clima de descontento y rechazo a la política y las instituciones, por el pesimismo y la falta de confianza de los ciudadanos en la salida de la crisis económica, como lo demuestra el dato de que más de un 92% sigue considerando que la situación económica es mala o muy mala; y lo que es más desalentador, casi un 42% considera que dentro de un año la situación económica será peor (Barómetro de marzo 2013 del CIS), El panorama no es mucho más alentador en relación con la situación política, ya que según el CIS, un 84% de ciudadanos considera que  es mala o muy mala y casi un 38% opina que dentro de un año será peor.

Así que en este clima de pesimismo y descontento en el que,según el Observatorio de la SER, un 59% reconoce que la crisis económica ha producido cambios grandes en su modo de vida, se explica el alarmante aumento de  la acciones de protesta o reivindicación, en cualquiera de sus formas: manifestaciones, huelgas, firma de peticiones. Llama  la atención el que un 64% de ciudadanos  considere que la protesta es un instrumento eficaz para lograr que los representantes políticos rectifiquen y que entre esos instrumentos un 67% considere como adecuado el “escrache” o presión directa sobre los diputados; si bien aquí hay que introducir el matiz importante de que de ese 67% solamente el 8% se muestra partidario de utilizar esa medida de presión aunque sea extralimitándose (acoso a familiares,etc.). Como un síntoma más de la radicalización del conflicto social que estamos viviendo, debe señalarse  que  a  un 27% de los ciudadanos les parezca bien la participación en una manifestación no autorizada y a un 23% la participación en actos de desobediencia civil, parara presionar.

Pero a mi juicio, lo más preocupante del estudio que comentamos son los datos relativos al estado de opinión sobre los políticos y los partidos. Produce alarma  que un 88% de los ciudadanos opine que junto con los grandes empresarios y los banqueros. los políticos forman parte de una élite que ” trabaja sobre todo en la defensa de los intereses de unos pocos” y que a pesar de que un 61% sigue pensando que la democracia es el mejor sistema político posible, un 57% opine que ” la democracia podría funcionar sin partidos políticos, mediante plataformas sociales que los ciudadanos elegirían para la gestión de los asuntos públicos”. Un dato añadido también preocupante es que haya un 39% de ciudadanos que opine que la democracia no es mejor que otros sistemas políticos.

Desde mi punto de vista, esta parte del sondeo de opinión es sin duda la más preocupante. En efecto ¿ qué está pasando para que un porcentaje tan elevado de ciudadanos piense que las plataformas y movimientos asamblearios pueden sustituir a los partidos políticos y a la democracia parlamentaria? ¿ Cómo se puede haber llegado a un grado tal de frustración ciudadana y desconcierto? Partiendo del más rotundo rechazo hacia estas derivas populistas y antisistema, creo que no basta con que los defensores de la democracia representativa nos reafirmemos en la convicción de que no hay alternativa a la misma. Es preciso y urgente que esa regeneración democrática de que tanto se habla se  tome en serio por parte de los partidos políticos y de las instituciones, pasando de la retórica a la puesta en marcha de un auténtico proceso de reformas del propio sistema que devuelva la confianza ciudadana en el mismo, disipando cualquier tentación de aventuras hacia soluciones inviables de articulación de la representación política.

 

 

 

 

 

Luis Martínez Noval: un hombre honesto y consecuente

La muerte inesperada y repentina de Luis Martínez Noval ha producido una gran conmoción entre todas aquellas personas que hemos tenido el privilegio de conocerle y ser sus amigos.

Pasados unos días desde su fallecimiento y una vez superada en parte la emoción y tristeza que el hecho me ha producido, creo que es el momento de dedicarle el merecido recuerdo y homenaje en las páginas de este blog ,  cuya andadura se inició hace algo más de un año, cuando algunos, y especialmente él, decidimos exponer nuestras ideas y pensamiento en línea con el proyecto  socialdemócrata que defendemos.

Conocí a Luis en el año 1990 cuando sustituyó en el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a Manuel Chaves. Yo era entonces Director General de Trabajo, y al proponerme pasar a la Secretaría General Técnica acepté gustoso el cambio después de haber sufrido el duro desgaste que supuso para mí la responsabilidad de la gestión de las medidas laborales de la reconversión industrial que desde el Ministerio de Trabajo tuvimos que aplicar.

Durante los diez meses en que desempeñé la Secretaria General Técnica tuve ya ocasión de apreciar  su gran calidad humana y capacidad política, a pesar de su carácter tímido e introvertido. A ello había que unir su gran sentido de la austeridad en el desarrollo de sus tareas de Ministro hasta el extremo de restringir al máximo los gastos por desplazamientos al extranjero para asistir a las reuniones de Ministros de Asuntos Sociales de la UE o a algún otro lugar.

De mi etapa de Subsecretario con él de Ministro, los recuerdos son también imborrables. Al despacho de los jueves para preparar el Consejo de Ministros le dedicaba siempre mucha atención y no recuerdo haberle visto nunca enfadado; escuchaba bien y si necesitaba alguna aclaración la pedía sin levantar el tono de voz. Cesó  en julio de 1993 como consecuencia de la grave enfermedad que tuvo que afrontar;  y digno es  de resaltar que su sentido del compromiso político le llevó a participar activamente en la campaña de la Elecciones Generales de aquel año, a pesar de su precario estado de salud.

En cuanto a su gestión como Ministro, Luis se dedicó a la tarea política con rigor y pleno conocimiento de las amplias y complicadas competencias de un Ministerio como el de Trabajo y Seguridad Social, en el que el diálogo con los agentes sociales en aquellos años estuvo siempre presente, aunque no siempre fuera posible alcanzar el acuerdo. Durante su mandato tuvo lugar en mayo de 1992 una huelga general como rechazo por parte de los sindicatos a las modificaciones que en materia de políticas de empleo el Gobierno llevó a cabo  y a pesar de su carácter introvertido me consta la entereza con la que afrontó aquel ” mal trago”; siempre desde  de la más absoluta responsabilidad política.

De todas formas su trabajo político  en el Ministerio quedó incompleto por razones diversas, siempre ajenas a su gestión como Ministro. Recuerdo con qué ilusión impulsó la elaboración de un proyecto de ley sobre la regulación del derecho de huelga que, fiel a su talante dialogante , vino precedido de un proceso de negociación intenso por parte del Ministerio con los interlocutores sociales. Le parecía, y nos parecía a los miembros de su equipo, realmente asombroso el haber podido llegar a un acuerdo sobre una materia en la que los intereses de las partes negociadoras eran tan contrapuestos. !Qué lastima que  la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales del año 1993 diera al traste con aquel proyecto tan querido por Luis!

De su vida política posterior, estos días se ha escrito casi todo por lo que  no me voy a referir a ello. Me interesa más destacar que Luis nunca dejó de preocuparse por los temas y la marcha del Ministerio de Trabajo-para él tan querido- hasta tal punto  que ya en su etapa de Consejero del Tribunal de Cuentas, hemos venido celebrando casi todos los meses las ” cenas del Hotel Regina” a las que asistíamos un grupo de antiguos integrantes de su equipo de la etapa de Ministro. Es de esas cenas de donde surgió la idea-a iniciativa suya- de crear este blog en el que ahora escribo  y del que él  ha sido su principal animador hasta tres días antes de su muerte.

Aunque será difícil cubrir el vacío que nos ha dejado en lo humano y en lo intelectual, trataremos de dar continuidad al compromiso adquirido, siempre desde el recuerdo al amigo y a las ideas que con tanta convicción y coherencia defendía.

! Adios amigo Luis !

 

 

La rocambolesca historia de la relación laboral de Luis Bárcenas

En otra entrada anterior de este “blog”, al analizar las causas del alejamiento ciudadano de la política y de los políticos, señalaba como una de las principales  la corrupción que de forma alarmante viene afectando a la vida política y  a las Instituciones: La Corona, El Gobierno del Estado y los Gobiernos Autonómicos, los Partidos Políticos, El Poder Judicial, Los Sindicatos y un largo etc. están bajo el punto de mira de los ciudadanos a medida que se van desvelando episodios de corrupción cuyo conocimiento produce alarma entre la ciudadanía  que se encuentra desconcertada al despertarse cada día con la información que  dan a conocer los medios de comunicación sobre nuevos casos.

Sin duda, en los 35 años de Democracia transcurridos desde 1978, el ” Caso Gürtel”, sobre el que lleva ya tiempo actuando la Justicia, constituye uno de los más graves y complejos  asuntos de corrupción, cuyo desenlace esperamos  con manifiesta ansiedad. Hoy quiero referirme al “Caso Bárcenas”  como una deriva del mismo; y en concreto a una cuestión de máxima actualidad como es la lamentable e increíble explicación que desde el Partido Popular se viene ofreciendo sobre sus relaciones con el tesorero.

El diario “El País” del pasado domingo día 10 de marzo señalaba cronológicamente las distintas fases de esa relación, partiendo de los propios comunicados de PP.

En un primer comunicado del 28 de julio de 2009, a raiz de conocerse la imputación de Bárcenas en el caso Gürtel, el PP aceptaba su renuncia transitoria  a la condición de tesorero del partido, manifestando el reconocimiento a su profesionalidad y buen hacer durante los muchos años de servicio al partido y el respeto hacia una decisión inspirada, una vez más-se decía- en su lealtad hacia la organización, para concluir afirmando que no se procedería a su sustitución hasta que quedara acreditada su inocencia en las instancias judiciales.

Casi un año después, el 8 de abril de 2010,  como consecuencia de la decisión de Bárcenas  de renunciar con carácter definitivo a sus funciones como tesorero, y de solicitar su baja temporal como militante, se produce un nuevo comunicado del PP haciendo un reconocimiento público a la magnífica gestión y lealtad demostrada por Bárcenas durante los muchos años en que desempeño sucesivamente los cargos de Gerente Nacional y Tesorero del Partido.

Finalmente el 13 de febrero de 2013, el PP emite un nuevo comunicado en el que informa  que si bien en el mismo año 2010 ( se supone que después de que el juez Pedreira levantara la imputacíón que recaía sobre él) Bárcenas había solicitado la incorporación a su puesto de trabajo en las oficinas centrales del PP, por haber finalizado la situación de excedencia forzosa que tenía concedida en razón de su escaño de senador al que había renunciado, sin embargo el Partido manifestó su decisión de “no reintegrar al Sr. Bárcenas a su puesto de trabajo reconociéndole en consecuencia, a los efectos previstos en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores, una indemnización por la resolución del contrato de trabajo”, añadiendo que ” ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito”.

Lo que ocurre después yo diría que podría calificarse de “auténtica ceremonia de la confusión”: el PP procede a darle de baja en la Seguridad Social; a raiz de ello Bárcenas plantea demanda por despido improcedente y en los últimos días presenta una denuncia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid por malos tratos, al parecer como consecuencia de la irrupción en el despacho en el que tenía guardada la documentación.

En este contexto de desconcierto en que se sume la dirección del PP, quizá lo más penoso sea la comparecencia  de hace unos días de su Secretaria General, en la que de forma   patética dió una explicación confusa de la situación laboral del Sr. Bárcenas;  fruto,sin duda, de la mala gestión política que el PP viene haciendo de todo este asunto. Por cierto, no deja de sorprender que  esté Partido esté tan mal asesorado en materia laboral y de S.Social.

Siempre a resultas de lo que puedan determinar tanto el Juez de lo Social sobre la demanda de despido, como la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las actuaciones que ha llevado a cabo, si lo manifestado  en sus diversos comunicados por el PP se ajusta a la realidad de los hechos, estaríamos-como de forma torpe expuso su Secretaria General- ante un supuesto de simulación de contrato laboral, puesto que la relación laboral y de Seguridad Social se habría extinguido en el momento de la firma del finiquito en el año 2010, con independencia de que se acordara el abono de la indemnización por despido mediante pagos en plazos mensuales hasta diciembre de 20012 ( el PP habla en su comunicado de abono en diferido que es lo mismo).

Por consiguiente de ser así los hechos, el Partido Popular presuntamente habría incurrido  en una infracción muy grave, conforme al artículo 23.1.e) del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y sanciones en el Orden social que califica como tal” la simulación de la contratación laboral para obtener prestaciones indebidas”.Esta infracción puede ser sancionada, según el art.40 de dicha Ley, en cuantía comprendida entre 6.251 y 187.515 € según los criterios  de graduación que se utilicen  en función de las circunstancias concurrentes,a tenor del artículo 39  de la citada la Ley.

Para concluir,quiero insistir en que toda esta  confusa situación se aclare  mediante las actuaciones inspectoras y judiciales   ya iniciadas  y que de una vez por todas el Partido Popular sea capaz de asumir sus responsabilidades; lo que de momento no parece que vaya a ocurrir.

 

 

 

 

 

Acuerdo sobre la Reforma Laboral en Francia

El pasado 11 de enero,después de más de tres meses de negociaciones, las organizaciones empresariales francesas MEDEF, CGPM y UPA y los sindicatos CFDT ( de orientación socialdemócrata), CFTC ( de orientación cristiana) y la CGC  (sindicato de cuadros), cerraron un importante acuerdo sobre la reforma laboral llamado ” Acuerdo Nacional interprofesional para un nuevo modelo económico y social al servicio de la competitividad de las empresas y la seguridad  del empleo y los itinerarios profesionales de los trabajadores asalariados”, del que quedaron fuera la CGT, primer sindicato  de Francia, y FO ( fuerza Obrera), por considerar inaceptables las concesiones hechas a las empresas; llegando el Secretario General de FO a calificar el acto de la firma como ” una jornada sombría para los derechos de los trabajadores”. Una vez firmado oficialmente por las organizaciones que lo han suscrito, existe el compromiso del propio Presidente de la República, Francois Hollande de tramitarlo como proyecto de ley, quien nada más conocerlo, emplazó a su Gobierno a ” preparar sin demora un proyecto de ley a fin de transcribir fielmente las disposiciones de orden legislativo previstas en el acuerdo”

VALORACIONES

Aunque sin restarle méritos al contenido de lo acordado, en una primera valoración, creo que es exagerado calificarlo como  ”histórico”, tal y como rezaba el título del editorial de “Le Monde” de 14 de enero; e indudablemente  una de sus debilidades es que no lo hayan firmado ni la CGT ni FO. Por ello  merece destacarse el esfuerzo de responsabilidad realizado por los sindicatos firmantes que se van a tener que enfrentar a una fuerte oposición y rechazo por parte de los  no firmantes.

De la importancia y trascendencia política y social que todas las partes implicadas han dado al Acuerdo, dan fe las distintas declaraciones hechas inmediatamente después de su firma. El Presidente Francois Hollande en sus declaraciones del mismo día 11 de enero,  después de rendir homenaje a las organizaciones profesionales de trabajadores y de empresarios que  lo hicieron posible , afirmó que era la primera vez en treinta años que una negociación de este nivel y amplitud había concluido en un acuerdo sobre un problema esencial para los franceses como es el empleo. Nada de extraño encontramos en esa quizá  excesiva euforia del Presidente Francés, si recordamos que ya en su primera declaración como Presidente anunció su intención de centrarse en la consecución de un “nuevo contrato social”, afirmando de forma muy gráfica que para resolver los problemas de Francia era necesario ” quitar el barro de los engranajes que paralizan la maquinaria francesa y que necesitan de un alto el fuego entre sindicatos y empresarios”. Qué gran diferencia con lo ocurrido en nuestro país donde desde la llegada del Gobierno del PP la parálisis del dialogo social ha sido total con la imposición de una reforma laboral de forma unilateral, aunque con la conformidad tácita de las organizaciones empresariales que se encuentran cómodas con la situación.

En cuanto a las valoraciones por parte de los firmantes del Acuerdo, la   confederación empresarial MEDEF, declaró con gran satisfacción que ” los agentes sociales habían situado a Francia a la altura de los estándares europeos en materia de mercado de trabajo y de relaciones sociales”, afirmando su presidenta Laurence Parisot que el acuerdo alcanzado  contiene disposiciones que van a cambiar la vida de las empresas y  supone la vuelta a una cultura de compromiso, después de décadas de antagonismo social; pidiendo que fuera ratificado por el Parlamento lo más rápido posible.

La CFDT lo valoró como un acuerdo ambicioso para el empleo con el que consiguieron los objetivos fijados por su Secretario General: reducción de la precariedad;  mejora en los procedimientos de información y consulta anticipada a las instancias representativas del personal sobre los cambios económicos  de la empresa y la puesta en practica de medidas para favorecer la evolución profesional de los trabajadores.

    CONTENIDO 

Como valoración de carácter general, creo que el Acuerdo ha pretendido conseguir el siempre difícil equilibrio de la “flexiseguridad” entre la necesaria adaptación flexible de la organización y funcionamiento de las empresas a la propia evolución del mercado, y la no menos necesaria garantía  de seguridad de los trabajadores. En qué medida ello se ha conseguido es lo que trataré de analizar a continuación.

REFORZAMIENTO DE DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

De los seis títulos en que se estructura el Acuerdo, los dos primeros recogen aquellos aspectos del mismo que suponen un reforzamiento  de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

En materia  de derechos individuales, las medidas más importantes acordadas son:

- Ampliación de la cobertura sanitaria mediante la generalización de la cobertura complementaria de los gastos sanitarios, a cuyo fin las partes firmantes se comprometen a iniciar antes del 1 de abril de 2013 un proceso de negociación para que los trabajadores que no se benefician a nivel de empresa o de sector  de una cobertura colectiva obligatoria de reembolsos complementarios, puedan acceder a la misma. En el Acuerdo se establecen los plazos y el procedimiento   a seguir para la negociación de esta ampliación de  cobertura sanitaria   que deberá hacerse a nivel sectorial y en su defecto a nivel de empresa y cuya financiación será compartida al 50% entre empresas y trabajadores.

- Creación de un “dispositivo de derechos recargables”   que permitirá al trabajador que vuelva al trabajo después de un período de desempleo subsidiado  acumular la parte de prestación no cosumida, para añadirla, si volviera a perder el empleo, a los nuevos derechos generados durante el período de vuelta al empleo.

-  Cuenta personal de formación de 20 horas al año, de carácter personal, universal y transferible : cada persona ya sea trabajador o demandante de empleo dispondrá de la cuenta desde su ingreso en el mercado laboral hasta su jubilación y no disminuirá al cambiar de una empresa a otra. Su financiación  será objeto de convenio entre el Estado y las Regiones.

- En las empresas de 300 ó más trabajadores, derecho a un período voluntario de movilidad con seguridad que permita a los trabajadores, con una antigüedad mínima de dos años,  iniciar un ” período de movilidad” para la búsqueda de empleo en otra empresa. El ejercicio de este derecho requerirá el acuerdo con el empresario mediante una clausula adicional al contrato de trabajo en la que se especificará el objeto, la duración y demás condiciones. Durante el período de movilidad se suspenderá el contrato de trabajo. En mi opinión,  se trata de un aspecto importante de lo acordado que bien utilizado, puede permitir a los trabajadores ampliar sus expectativas de promoción profesional sin el riesgo de pérdida del puesto de trabajo que vienen desempeñando, al que pueden retornar al finalizar el período de movilidad

También los derechos colectivos de los asalariados se ven reforzados de forma importante  mediante  medidas orientadas a incrementar su información  sobre las perspectivas y las decisiones estratégicas de la empresa en la que trabajan, ya que como acertadamente señala el Acuerdo,   conocer y comprender la estrategia de la empresa y la incidencia que esa estrategia puede tener en su puesto de trabajo y en su carrera profesional, es una condición necesaria para  conseguir la  implicación de los trabajadores en el proyecto empresarial.

En este apartado el Acuerdo contempla dos medidas importantes: una detallada regulación de la información y consulta anticipada por parte del empresario a las Instituciones Representativas del Personal (IRP); y la participación de los trabajadores con voz pero sin voto en el Órgano de Gobierno  al que corresponda decidir la estrategia  empresarial (Consejo de Administración o Consejo de Supervisión), en aquellas empresas cuya plantilla total, valorada a escala internacional sea al menos de 10.000 trabajadores, o 5.000 a escala de Francia. Sobre esta cuestión quizá lo más importante sea destacar que las partes firmantes acuerdan la creación en las empresas de una base de datos única, actualizada regularmente, que habrá de sustituir a cualquier otra documentación,  y que va a servir de  soporte al intercambio de información entre el empleador y los representantes del personal sobre la situación y perspectivas de la empresa. Sin detenerme en el detallado procedimiento de consulta que el Acuerdo establece, creo que en este punto merece una valoración muy positiva.

MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

En materia de contratación  el Acuerdo contiene algunas medidas importantes  sobre contratación temporal; fomento de la contratación indefinida y contratos a tiempo parcial.

Con la doble finalidad de limitar el uso de los contratos temporales de menos de tres meses y  hacer frente al mayor coste en prestaciones de desempleo que generan, se fija un aumento en la cotización empresarial al seguro de desempleo de estos contratos conforme a una escala de tipos que implica que cuando más corta es la duración del contrato, mayor es el tipo. La medida merece  también una valoración positiva, aunque se excluyan de esta sobrecotización los contratos de sustitución y los relativos a empleos estacionales.

Con el  propósito de fomentar la contratación indefinida  de jóvenes, los contratos de tal naturaleza que se celebren con menores de 26 años estarán exentos de las cotizaciones patronales al seguro de desempleo durante 3 meses- ampliable a 4 en empresas de  menos de 50 asalariados- siempre que el trabajador continúe después del período de prueba .

Sobre el trabajo a tiempo parcial el Acuerdo, fija con carácter general el tiempo mínimo de actividad en 24 horas semanales, como muy tarde el 31 de diciembre de 2013, para todas las empresas cualquiera que sea su sector de actividad.

FLEXIBILIDAD INTERNA

Hasta aquí hemos analizado aquellos aspectos del Acuerdo que de alguna manera devienen en garantías y reforzamiento de derechos de los asalariados; por decirlo de alguna manera, esta sería la parte de la seguridad en el empleo  que  los negociadores sindicales se marcaron como objetivos mínimos a alcanzar en la negociación. Pero naturalmente, en el juego de las contrapartidas el resultado de la negociación recoge  un conjunto de medidas flexibilizadoras tendentes  a conseguir mayores y mejores niveles de competitividad.¿ Cuales son esas medidas?  Me  referiré sucintamente a las más importantes, empezando por las relativas a la flexibilidad interna, para analizar después las que tienen que ver con la flexibilidad de salida.

Entre las primeras se contempla el fomento de la movilidad interna, ya sea funcional o geográfica,  remitiéndose a la negociación en el seno de las empresas en la que deberá tratarse  de las medidas de acompañamiento ( formación y ayudas a la movilidad geográfica) ; limites a la geográfica y garantías retributivas. Importante es destacar que la negativa del trabajador a  aceptar la modificación contractual propuesta no dará lugar ( en su caso) a un despido por causas económicas sino por motivos  personales con derecho a medidas de reclasificación o aumento de la cuenta personal de formación.

Otra medida importante de flexibilidad interna es la relativa a los “acuerdos de mantenimiento del empleo” negociados a nivel de empresa con las Instituciones Representativas del Personal (IRP), en el caso de  graves dificultades económicas.Esta negociación se debe desarrollar con total transparencia, para lo cual los representantes de los trabajadores deberán disponer de toda la información necesaria; y podrá afectar tanto a los salarios (reducción) como al  tiempo de trabajo (aumento), aunque  los pactos alcanzados no podrán superar los dos años de duración y en todo caso requerirán contrapartidas a los esfuerzos realizados por los trabajadores: los sacrificios salariales deben aplicarse también a los directivos de la empresa y  los asalariados deberán participar en los beneficios económicos obtenidos al concluir el plazo de vigencia. De alguna manera esta medida guarda una cierta similitud con las llamadas “clausulas de descuelgue” de nuestra vigente regulación legal en materia de negociación colectiva, aunque con una diferencia de calado como es el arbitraje obligatorio de dudosa constitucionalidad que introdujo en nuestra legislación la última reforma laboral.

FLEXIBILIDAD DE SALIDA: DESPIDOS COLECTIVOS

Las medidas relacionadas con los despidos colectivos  de carácter económico que el Acuerdo contempla, parece que  fueron una de las más controvertidas en la negociación.

Para el despido de 10 ó más trabajadores en empresas de  50  ó  más, se introduce una importante flexibilización en los procedimientos al establecerse una doble vía : el acuerdo colectivo mayoritario firmado por una o varias organizaciones  que hubieran obtenido como mínimo el 50% de los votos en las últimas elecciones profesionales, en el que se fije el procedimiento a seguir; la documentación a entregar a la representación de los trabajadores y el plan de mantenimiento del empleo, entre otras cuestiones. Este acuerdo puede dejar sin efecto las disposiciones correspondientes del Código de Trabajo.

En defecto de tal acuerdo,  el empresario puede utilizar el procedimiento  de homologación, presentando ante la Administración  el correspondiente documento en el que deberá especificar  los pasos a seguir en las consultas con el Comité de Empresa ( calendario de reuniones, lista de documentos a presentar, el plan social y el proyecto del Plan de mantenimiento del Empleo). La Administración deberá pronunciarse en plazo de 21 días, operando el silencio administrativo positivo en defecto de pronunciamiento expreso.En caso de que el documento de homologación sea rechazado, la empresa deberá eleborar otro  para someterlo nuevamente a homologación.

AGILIZACION Y DESJUDICIALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

En fin, el Acuerdo contempla también otras medidas tendentes a agilizar los procesos judiciales introduciendo mecanismos de conciliación para desjudicializar al máximo los procedimientos y reducir el temor de las empresas a la incertidumbre jurídica; acordandose incluso la reducción de los plazos de prescripción.

Concluyo  con una valoración positiva en su conjunto de lo acordado; sobre todo en lo que tiene de esfuerzo por recuperar el diálogo y la concertación en un momento en que tanto se necesita para intentar superar la grave situación de crisis que atraviesa la Unión Europea. Ojalá que la falta de apoyo por parte de algunos sindicatos-especialmente la CGT- no acabe actuando como “un palo en las ruedas” del diálogo social en Francia. Frente a reformas unilaterales como las llevadas a cabo en España, el ejemplo francés debería servirnos de referencia, si es que todavía queda algún márgen para el acuerdo en nuestro país.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejamiento ciudadano de la política y de los políticos

El progresivo desapego que viene mostrando la sociedad hacia la política en general y hacia los políticos, empieza a resultar preocupante como expresión de una brecha cada vez más profunda entre los ciudadanos y las instituciones democráticas, de tal manera que si no se adoptan  medidas para cerrarla, se corre el riesgo de poner en grave peligro el sistema democrático que supimos construir entre todos al final de la Dictadura.

Creo que no exagero al afirmar que ese distanciamiento entre los ciudadanos y sus representantes, en un contexto de crisis económica y social como el actual, se ve extraordinariamente favorecido por la frustración; la desconfianza y el empobrecimiento de amplias capas de la sociedad proclives a los “cantos de sirena” y a confiar en ” cirujanos de hierro” que con planteamientos radicales y populistas, pueden arrastrar con facilidad a los ciudadanos hacia soluciones extremas en lo político y en lo económico. Desgraciadamente la Historia de lo ocurrido en Europa en la primera mitad del siglo pasado es un buen ejemplo de ello.

Indudablemente no será posible cambiar esta tendencia sin una aproximación a las diversas causas de este malestar social hacia los políticos que las encuestas vienen poniendo de manifiesto desde hace tiempo. Aunque  e l fenómeno afecta en mayor o menor medida a la casi totalidad de los paises democráticos, en este artículo me voy a limitar a analizar el caso de España, partiendo de la información que periódicamente aportan los sondeos y barómetros de opinión más significativos.

Según los datos del último sondeo (diciembre de 2012) del barómetro de opinión que realiza semestralmente  Metroscopia para el  diario El País sobre ” evaluación ciudadana de los principales grupos sociales e instituciones españolas”, cuando se pregunta a los ciudadanos si aprueban o desaprueban la forma en que desempeñan sus funciones, los partidos políticos y los políticos aparecen el los últimos lugares del ranking; y lo preocupante además es que esta percepción y valoración negativa casi no varía de un semestre a otro. Más preocupante aún es que esta percepción negativa se extiende al ámbito institucional, de tal manera que también suspenden instituciones tan importante como los Tribunales de Justicia, el Tribunal Constitucional, los Ayuntamientos, el Gobierno del Estado y el Parlamento. La única excepción es la Corona, de tal manera que después del deterioro de  la imagen del Rey en los primeros meses del año pasado, parece que la Monarquía se recupera algo del desgaste sufrido, a pesar de lo desacertado de algunos aspectos de la campaña de imágen que se viene realizando. En todo caso no hay que descartar que a medida que se vayan conociendo más detalles del ” caso Urdangarín” y nos acerquemos a la fecha del juicio, esta mejoría pueda desvanecerse.

Yendo más allá del ámbito estrictamente político, resulta también preocupante la valoración negativa que hacen los ciudadanos de los sindicatos y de la patronal; creo que injustificada en el primer caso y explicable en el segundo, a tenor de algún reciente episodio como la imputación por delitos graves del penúltimo de sus presidentes.

Sobre las causas de este deterioro y alejamiento, es mucho lo que ya se ha escrito. Sin embargo, me voy a referir a las que considero más importantes, sin que pretenda aportar nuevos argumentos a los que reiteradamente se vienen haciendo por los medios de comunicación y  analistas políticos.

En primer lugar creo que el  problema más grave que tiene en estos momentos nuestro sistema democrático es  la corrupción y la percepción que de este fenómeno tienen los ciudadanos. Precisamente cuando escribo este artículo se está produciendo una auténtica conmoción social como consecuencia de los últimos episodios que se van conociendo,  que afectan especialmente al Partido Popular, Unión Democrática de Cataluña y a la familia Puyol, vinculada a Convergencia Democrática de Cataluña. Aunque seguramente el impacto de estos acontecimientos va a tener una considerable repercusión y se reflejará en los próximos sondeos de opinión, de los  datos disponibles del Indice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional (el correspondiente a 2012); del último sondeo de Metroscopia sobre la percepción de los ciudadanos en relación con la corrupción y del avance de resultados del Bárómetro de Diciembre de 2012 del Centro de Investigaciones Sociólógicas (CIS) , podemos extraer algunas conclusiones ciertamente preocupantes:

Según el el Indice de Transparencia Internacional, España aparece situada en el puesto número 30 de un total de 174 paises analizados (Francia figura en el puesto 22 e Italia en el 72), lo cual significa que en este “ranking” nuestra posición no está tan alejada de la de otros paises de nuestro entorno. Sin embargo lo llamativo es que esta no es la percepción que los ciudadanos españoles tienen de la incidencia de este fenómeno en nuestro país, debido quizá a  que a pesar de que muchos de estos episodios de corrupción vienen de atrás, sin embargo por la propia lentitud de la investigación judicial, su conocimiento por los ciudadanos se va produciendo en cascada y de forma acumulativa a medida que los van revelando los medios de comunicación. La información que proporciona el último sondeo de Metroscopia a que nos hemos referido resulta muy significativa:

El 96% de los ciudadanos  considera que existe mucha o bastante corrupción política.

El 50% opina que hay más corrupción en la vida política española que en el resto de la sociedad, frente a un 40% que considera que el nivel de corrupción es igual; y el 54% considera que hay más corrupción en nuestra vida política que en países como Alemania o Francia.

Este preocupante estado de opinión tiene también su reflejo en el último Barómetro del CIS, según el cual los partidos y y la política y la corrupción y el fraude aparecen, respectivamente, en el tercero y cuarto lugar en la lista de los principales problemas de España.

Como puede apreciarse, la percepción  de los españoles sobre la corrupción de la clase política no puede ser más desoladora. Es verdad que en las propias encuestas se matiza algo, al opinar un porcentaje elevado de ciudadanos (67%) que los políticos corruptos son minoría, aunque desgraciadamente, ello no impide que  consideren que esa minoría “contamina”a la mayoría.

¿ Cuales son las causas de esta corrupción política que como vemos produce tan grave deterioro institucional? Parece claro, y en ello creo que existe un amplio consenso, en que   la causa principal de la corrupción política tiene que ver con la financiación de los partidos políticos que -sobre todo en campaña electoral-  actúan como auténticas ” máquinas de gastar dinero” y necesitan captar muchos recursos extraordinarios para su funcionamiento, sin que les resulten suficientes los ingresos ordinarios que reciben por alguna de las vías previstas en la sucesivas leyes que han tratado de hacer frente a su financiación, con  éxito relativo hasta el momento.

Es verdad que los partidos políticos a lo largo de estos más de treinta años de democracia en España,  han venido mostrando su preocupación por el problema de financiación de sus actividades, tal y como ponen de manifiesto las sucesivas leyes aprobadas ( Leyes Organicas 3/1987: 8/2007 y 5/2012), de tal manera que se ha acotado el márgen  para su financiación con medidas creo que bien diseñadas: cerrando la posibilidad de las donaciones anónimas, limitando a 100.000 € anuales las donaciones de las personas físicas y jurídicas y prohibiendo  que  puedan recibir donaciones de fundaciones privadas y de asociaciones o entidades que reciban subvenciones de las Administraciones Públicas, con la finalidad de evitar que esa vía sirva de instrumento a la financiación de los partidos.

Desde mi punto de vista, creo que lo que vuelve a fallar una vez más en nuestro ordenamiento son los instrumentos de control en “tiempo real”; basta con recordar que el plazo de prescripción de las infracciones contenidas en la Ley de Financiación de Partidos es de cuatro años a contar desde el momento de la comisión de la infracción.Pues bien teniendo en cuenta que la competencia sancionadora corresponde al Tribunal de Cuentas y que éste lleva un retraso en la fiscalización de varios años, en muchos casos cuando El Tribunal pretende iniciar el procedimiento sancionador, la infracción ya ha prescrito. Lamentablemente por una insuficiente dotación de medios del Órgano encargado de la fiscalización, la prescripción acaba exonerando a los partidos infractores.! Realmente preocupante!

Pero el desprestigio y alejamiento ciudadano de la política y de las instituciones tiene también otras causas de entre las que yo destacaría la falta de interacción entre el representante y el representado, como consecuencia,en gran medida, del sistema electoral  vigente: el ciudadano vota en cada proceso electoral a una lista cerrada y bloqueada de candidatos de los que a veces solamente conoce al cabeza de lista, sin que posteriormente, en la mayoría de los casos, se mantenga a lo largo de la legislatura una cierta relación de proximidad.

Es verdad que el modelo mayoritario al estilo británico tiene inconvenientes, como ya puso de manifiesto en un artículo de este blog F.González de Lena (entre otros la marginación de los partido pequeños), pero si se descarta ese modelo habría que pensar en introducir alguna corrección en el sistema vigente en nuestro país,  como podría ser el de listas cerradas pero no bloqueadas que permitiera al elector  cambiar el orden de los candidatos dentro de la  lista. Esta es una de las soluciones que apunta en otro artículo de este blog Francisco López Romito.

No acaban aquí las causas de este crecimiento exponencial de la desafección política. Creo que junto a la corrupción, el  motivo fundamental de este alejamiento es el incumplimiento de los programas electorales por parte de los partidos. Los ciudadanos se sienten engañados y defraudados por el incumplimiento de las promesas desgranadas durante las campañas electorales. Después de un año de  Gobierno del Partido Popular la frustración ciudadana por las promesas incumplidas es muy considerable y así lo reflejan las encuestas; siendo esta la principal causa del hundimiento del Partido del Gobierno en sus expectativas electorales.

En fin, para nos extenderme demasiado me limito a enunciar otros motivos de este malestar relacionados con lo que los ciudadanos consideran- a veces sin demasiado fundamento- como “privilegios” de los políticos ( retribuciones, compatibilidades, limitación de mandatos, etc), cuyo análisis rqueriría de otro artículo.

La pregunta que cabe hacerse es si esta negativa percepción de la sociedad con respecto a sus representantes políticos y a las instituciones está justificada o si por el contrario se trata de una situación pasajera fruto de la coyuntura. Mi opinión es que estamos alcanzando    una situación límite y que si no se pone remedio, el deterioro de nuestras instituciones representativas y de nuestra clase política puede llegar a un punto sin retorno, con las graves consecuencias que ello puede acarrear para el sistema democrático, que podría entrar en una deriva populista que serviría como caldo de cultivo para los movimientos de signo autoritario-fascista y posiciones “antisistema”  de democracia asamblearia un tanto utópica e irrealizable.

Aunque parece que hablar de Pacto de Estado es un concepto que está algo devaluado y manoseado, creo sinceramente que  se precisa de un amplísimo consenso, entre todos los partidos del arco parlamentario, para acordar las medidas precisas y eficaces que permitan  recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, desde el convencimiento de que no hay alternativa válida al sistema de democracia parlamentaria que consagra nuestra Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

El impacto de la inmigración en la economía española

El debate  sobre la inmigración en los países europeos en general, y en la sociedad española en particular no ha sido ni es  pacífico, ya que frente a este fenómeno que con tanta fuerza ha irrumpido,  existen dos posturas claramente antagónicas: la de aquellos que desde posiciones y prejuicios xenófobos  consideran el fenómeno como algo negativo que no aporta nada al crecimiento económico e introduce una competencia indeseable en el mercado de trabajo entre nativos e inmigrantes; y por otro lado la de aquellos  que ven en la inmigración un fenómeno positivo que contribuye de forma importante al desarrollo demográfico y crecimiento económico del país receptor.

Obviamente este debate adquiere una mayor intensidad en  momentos como el actual de grave crisis económica y social; cuando el empleo se presenta como un bien cada vez más escaso y cuando además la política de austeridad, con su secuela de recortes del gasto público y de los servicios sociales, hace que los ciudadanos  reaccionen de forma  insolidaria  frente al acceso a esos servicios por parte de los inmigrantes a los que se considera como chivo expiatorio y causantes de los problemas e  insuficiencias de los mismos; sin analizar de forma objetiva la aportación al crecimiento económico de la inmigración. Ni que decir tiene además que es ahí donde los partidos populistas y xenófobos encuentran el caldo de cultivo para la manipulación de los ciudadanos  que agobiados por la crisis y la desesperación reaccionan violentamente en contra del emigrante. En este momento Grecia es el mayor exponente de esta situación, aunque no el único, pues incluso en países del Norte de la UE el rechazo  ”al de fuera” empieza a ser preocupante.

 

Nada mejor que  intentar  demostrar con  la información y los datos que analizo a continuación,  que lejos de haber sido una carga, los inmigrantes han contribuido de forma muy positiva al crecimiento de la economía española, sobre todo durante la fase alta del ciclo económico; para lo que utilizaré  como fuentes, además de la información que proporcionan el Instituto Nacional de Estadística (INE),  el BEL y Eurostat,  las principales conclusiones  de los numerosos estudios que se han publicado sobre esta cuestión; de entre los que destacaré: el artículo publicado en el nº 81 de la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración  con el título “Inmigración, Mercado de trabajo y S.Social: evidencia empírica e implicaciones de política económica “cuyos autores son Isidro Antuñano, Carlos Ochando y Angel Soler;  el informe publicado en mayo de 2011 por  la “Fundación Ideas” bajo el título: ” La contribución de la inmigración a la economía española”,elaborado por el equipo del Área de Economía y Sostenibilidad de dicha Fundación y  los colaboradores externos del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía Casado y Rafael de Arce Borda; un estudio sobre la contribución de los inmigrantes al IRPF, publicado en el en nº 61/2010 de la Revista de Presupuesto y Gasto Público cuyos autores son Mercedes Sastre, Teresa Pérez Barrasa y Luis Ayala Cañon; y finalmente el estudio publicado en mayo de 2011 en  el nº 31 de Colección de Estudios Sociales de la Obra Social “la Caixa”, con el título ” Inmigración y Estado de Bienestar en España”, cuya autoría pertenece a Francisco Moreno  y María Bruquetas.

Según Eurostat, el número total de  no nacionales que vivía en el territorio de un Estado miembro de la UE, a 1 de enero de 2010 era de 32,5 millones de personas, lo que representaba el 6,5% de la población de  la UE-27; de los que  más de un tercio (12,3 millones) eran ciudadanos de otro Estado miembro de la UE y el resto (20,2 millones) eran nacionales de paises no pertenecientes a la Unión, lo cual da idea de cómo Europa ha venido actuando como un auténtico polo de atracción de los emigrantes por razones económicas.

En 2010, después de Alemania con 7,1 millones de personas, España ocupaba el segundo lugar en el número de extranjeros con 5,7;  dándose la circunstancia de que  el conjunto de los cinco principales países de la UE-27 acogían el 77,4% del número total  de extranjeros residentes en su territorio; lo cual pone de manifiesto una clara tendencia de los flujos migratorios hacia los países grandes de la UE . En cuanto a la distribución por continentes y nacionalidades, ésta varía  considerablemente entre los distintos Estados miembros en función de factores y circunstancias de índole laboral, cultural  y  vínculos de carácter histórico, entre otras razones.

En el caso concreto de España, lo primero que hay que resaltar es el crecimiento casi exponencial de la población extranjera,  sobre todo a partir del año 2000 coincidiendo con los años de mayor crecimiento de la economía. Efectivamente, de acuerdo con los datos del Padrón municipal publicados por el INE,   de los 923.879 extranjeros residentes en España en el año 2000, hemos pasado,  el 1 de enero de 2012, a más de 5,7  millones( cifra similar a la de 2010 y superior  a los algo más de los 5,2 millones del Censo de Población y Viviendas de 2011 recientemente publicado), que representaban el 12,1 del total de la población, con un crecimiento en promedio anual de casi 400.000 personas, si bien con tendencia hacia la estabilización como consecuencia de la dura crisis económica y de empleo que padecemos y que de seguir así, previsiblemente acabará por acelerar los flujos de salida.

 

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

La aportación de los emigrantes al empleo en nuestro país ha sido  espectacular: en el periodo de mayor crecimiento  (2001-2008),  los extranjeros ocupados se acercaron   a la cifra de tres millones, (2.886,5 millones), equivalente a más del 15% de la población ocupada total a esa fecha;  con un incremento, en términos absolutos,  de casi 700.000 trabajadores extranjeros en el período 2005-2008( con anterioridad la EPA no contenía datos  diferenciados entre nacionales y extranjeros).  A partir de 2009  se inicia  una importante pérdida de empleo, acorde con la crisis económica que  comenzaba, que ha supuesto   hasta el tercer trimestre de 20012 (último dato disponible), la destrucción de más  de 2.5 millones de puestos de trabajo de los que 675.000 estaban ocupados por  extranjeros, lo que motivó que la tasa de paro de los mismos se haya situado en un 34,84% (frente al 23,32% de los españoles) y  muy superior a la media de la UE-27 que según Eurostat, en 2011 era del 16,8%.

De estos  datos sobre la evolución del empleo de los trabajadores extranjeros  cabe extraer una primera conclusión: la inmigración  llegó a nuestro país atraida por una fuerte demanda de empleo por el extraordinario auge de nuestra economía en el período 2000-2008  y una oferta laboral insuficiente por parte de la mano de obra nacional para atender esos requerimientos; y fue sobre todo   el sector  de la construcción,  con pocas exigencias de cualificación, el que más mano de obra extranjera absorbió, de tal manera que de total de ocupados en ese sector,  todavía en el primer trimestre de 2008 el 25% eran trabajadores extranjeros, seguido de los servicios en el que a esa misma fecha del total de ocupados en el sector, el 13% eran también extranjeros.

Ello explica, a grandes rasgos, que al iniciarse la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en el período 2009-2012 los inmigrantes se hayan visto afectados por la enorme destrucción de empleo del sector de la construcción, hasta el punto de que de los más de un millón y medio de puestos de trabajo destruidos en ese sector, casi 500.000 estaban ocupados por extranjeros. Por el contrario los inmigrantes han aguantado mejor el embate en el sector servicios en el que a pesar de haber bajado la ocupación total en el mismo en el período que analizamos, en más de 50o.ooo personas, los trabajadores inmigrantes mantienen  su cuota de participación en torno al 13% . Según la EPA ,  al finalizar el tercer trimestre de 2012, trabajaban en España, en el conjunto de los sectores productivos, más de 2,2 millones de extranjeros, lo que sigue situando su contribución directa al empleo de nuestro país en niveles todavía relativamente altos  (un 12,7% del empleo total).

 

Además de esta aportación directa al empleo por parte de los inmigrantes,  el Informe de la Fundación Ideas  se refiere también a lo que estima como aportación indirecta. ¿ En que consiste esta aportación? Los autores del Informe  contemplan como tales una serie de efectos inducidos  en el empleo de los nativos que inciden en el incremento del potencial de capital humano; en  la tasa agregada de empleo que se  produjo en la etapa de mayor crecimiento de la inmigración;  y en los salarios de los nativos.

En materia de salarios,  el Informe de la Fundación Ideas  valora de forma positiva el impacto   del empleo inmigrante sobre las remuneraciones de los nativos. Afirman sus autores, y en eso coinciden con  otros análistas, que lejos de lo que normalmente se piensa,  la complementariedad de las tareas desempeñadas por nativos e inmigrantes ha contribuido, en términos agregados, a una elevación de los salarios de los trabajadores nativos, al desplazarse éstos hacia puestos de trabajo de mayor cualificación, de tal manera que se ha  venido produciendo un ensanchamiento del abanico salarial del que se han beneficiado principalmente los trabajadores de nacionalidad española.

Que ello ha sido así lo ponen de manifiesto los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial (2008-2010) del INE, conforme a loa cual en el año 2010(último dato disponible), los trabajadores españoles fueron los únicos que tuvieron un salario superior a la media anual  de 22.790,20€). En el caso de los trabajadores  procedentes de la UE el salario fue inferior en un 18% a esa media, y para el resto  de  otras nacionalidades se situó entre un 25% y 35%, por debajo también de la media.

Desde mi punto de vista, lo que los autores del Informe de “Ideas” consideran como un efecto positivo en relación con la remuneración de los nativos, presenta también la cara negativa de  la enorme brecha salarial que se abre entre los propios trabajadores en función de su nacionalidad (no siempre justificada  por el diferente grado de cualificación profesional), generando problemas de discriminación y desigualdad incompatibles con la cohesión social y la integración  de los inmigrantes.

Otro aspecto que destacan todos los estudios es  el impacto de la actividad emprendedora de los inmigrantes sobre el tejido empresarial.Un informe de la Global EntrepreneurshipMonitor de 2010, al que hace referencia el Estudio de la Fundación Ideas, pone de manifiesto que los extranjeros han mostrado una mayor propensión a emprender, llevados por una mentalidad más tendente a l riesgo y una mayor necesidad de hacerlo por subsistencia. Es cierto que analizando los datos de afiliación a la Seguridad Social se observa un crecimiento significativo de afiliados extranjeros al Régimen Especial de Autónomos: desde los 88.47 de 2002 a los más de 216.000 en Octubre de 2012; y además  a medida que avanzaba la crisis, este incremento se ha ido produciendo en paralelo a la disminución progresiva del nº de afiliados extranjeros al Régimen General, según el BEL

 

APORTACIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Indudablemente la incorporación de la mano de obra extranjera a nuestra economía supone una aportación directa al PIB, aunque no resulte fácil realizar un cálculo exacto de la misma, dado que  la Contabilidad Nacional no contiene el dato desagregado de dicha aportación, razón por la cual los expertos utilizan distintos procedimientos de cálculo para aproximarse a esa cuantificación.

En el caso del Estudio de la Fundación Ideas, sus autores  estiman que la contribución directa de los inmigrantes a la actividad productiva en nuestro país se habría situado en torno al 10% del PIB en el año 20010 (último año del estudio), partiendo de apenas un 2,7% en el año 2002; de tal manera que agregando los efectos de la inmigración sobre la población y la renta “per cápita,” consideran  que el 60% del crecimiento de la economía española en el período 2000-2010  se puede atribuir a la inmigración ( en torno al 1,2%). En todo caso en lo que sí suele haber un cierto consenso es en que sin la aportación de los inmigrantes en los años de mayor expansión económica, hubiera sido difícil alcanzar las  tasas de crecimiento del 3% del PIB.

 

CONTRIBUCIÓN FISCAL DE LOS INMIGRANTES

Finalmente unas consideraciones sobre la “balanza fiscal” de la inmigración, dado que, como es evidente, la contribución de los trabajadores extranjeros al crecimiento económico de un país  genera también un impacto en las cuentas públicas por la doble vía de los ingresos y los gastos. La pregunta es si es posible aproximarse a una cuantificación  que permita fijar el saldo de esa “balanza fiscal” entre lo que aportan los inmigrantes vía impuestos y lo que reciben vía prestaciones sociales. Se trata de una cuestión relevante  que ha sido objeto también de atención en numerosos estudios y no exenta de dificultades; sobre todo por las distintas vías a través de la cuales  el fenómeno inmigratorio  impacta en las finanzas públicas.

Los inmigrantes generan ingresos vía cuotas a la Seguridad Social, IRP, IVA, tasas e impuestos especiales, etc y al mismo tiempo   producen gasto social  principalmente en sanidad y educación ( según los datos del Estudio de la Obra Social ” la Caixa”, en 2007, el 75% de ese gasto fue destinado a educación y sanidad  y el resto a otras prestaciones y aunque, conforme a los datos más recientes,  el porcentaje de gasto social dedicado a los inmigrantes  ha crecido, pasando del 1% en gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% en gasto sanitario y al 6% en gasto educativo, sin embargo esas proporciones siguen siendo inferiores al porcentaje de los inmigrantes sobre la población total.

¿ Cual ha sido entonces el balance ?. Los autores del Estudio de la Fundación Ideas, al igual que otros analistas,  utilizan como fuente   un Informe  de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de 2006   que estimaba que el 50% del superávit alcanzado por la finanzas públicas  en los años de mayor crecimiento de la economía española correspondía a los inmigrantes que   absorbían el 5,4% del gasto público ( 18.618 millones de €) , y contribuían con 6,6% de los ingresos totales del Estado (23,402 millones), con un saldo de 4.784 millones de €  (equivalente  casi al 50% del superavit  conjunto del sector público en 2005).

Según otro estudio   de Dolado y Vazquez , al que también se refiere el Informe de la F. Ideas, los ingresos procedentes de la inmigración en 2008 sobrepasaban los costes en cerca de 2000 millones de € anuales. A su vez, el nº monográfico de la Revista Presupuesto y Gasto Público dedicado a la contribución de los inmigrantes sl IRPF ,cifraba en el año 2005, en casi cuatro millones  el nº de contribuyente extranjeros ( el 7% de la población total contribuyente por IRPF )  con una aportación  equivalente al 3% del total de lo recaudado por ese impuesto.En cuanto  a la afiliación a la Seguridad Social, el nº de afiliados hasta octubre de 2012 se mantiene en cifras relativamente estables en el total, aunque  con una distribución diferente (  tendencia decreciente   de la afiliación en el R.General y creciente en otros regímenes como el de Empleados del Hogar y Autónomos).

En todo caso  quiero llamar la atención sobre las dificultades existentes para encontrar sobre esta cuestión análisis y estudios actualizados, aunque es lógico pensar que como consecuencia de la crisis que  está castigando seriamente a los trabajadores extranjeros, la situación de la balanza fiscal de la inmigración ha de haber experimentado cambios importantes.

Concluyo este ya largo artículo confiando en haber podido contribuir a disipar  el rechazo  hacia los inmigrantes  que  de modo preocupante según las encuestas, se va extendiendo entre los españoles. Los extranjeros vinieron  a trabajar para cubrir las necesidades de nuestra economía; contribuyeron  al crecimiento económico en la fase alta del ciclo y aunque  ellos se han visto  afectados por la crisis  y la destrucción de empleo en mayor medida que los nativos, su presencia  sigue siendo importante en algunos sectores; y de cara al futuro pensando en nuestras previsiones demográficas. En lugar de rechazo lo que se necesitan son políticas de integración y formación para prepararlos para el cambio de modelo productivo que inexorablemente tendrá que llegar.No parece que vaya en esta dirección la decisión del Gobierno de excluir de la asistencia sanitaria a un sector importante de aquellos inmigrantes que todavía no han podido regularizar su situación. La noticia de ayer mismo de que el Tribunal Cosntitucional podría revisar esta situación, parece alentadora.

 

 

 

 

 

 

 

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Salarios a la baja: devaluación interna

Bajo el título de “ Salarios encogidos”, el diario “EL PAIS ” del pasado día 18 de octubre abría su página editorial afirmando lo siguiente : ” El poder adquisitivo de los salarios se reduce dramáticamente al compás de las revisiones de los convenios y la contínua subida de la inflación. Pero la crisis y la perversa coincidencia entre salarios congelados y precios que se disparan no solo reduce la riqueza en todos los órdenes: su manejo acentúa un cada vez más desigual reparto. Este fenómeno resulta muy preocupante, no solo en sí mismo; también porque es susceptible de lastrar la futura  recuperación económica…..”. 

En el mismo sentido, Antón Costas, Catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, en un interesante artículo publicado el  día 28 de octubre de este año, en el suplemento  ” Negocios” del mismo diario,con el título de ” Esto no tiene ni pies ni cabeza” señalaba los  ”efectos dañinos para la salud de la economía y la sociedad de una austeridad basada en recortes arbitrarios de gastos sociales para reducir la deuda y en devaluaciones internas de salarios para ganar competitividad, justificadas con porque ahora no es posible recurrir a la devaluación externa de la moneda”.

¿ Es esta la política económica del Gobierno? Indudablemente  sí, si se tiene en cuenta que la llamada austeridad expansiva que viene aplicando tiene  dos ejes principales: los recortes del gasto público y la reducción de los costes laborales vía ajustes salariales orientados a ganar competitividad a riesgo de profundizar en la desigualdad y el empobrecimiento de las clase más desfavorecidas.

Ya en otra entrada anterior referida a la Reforma Laboral que el Gobierno aprobó este mismo año, decía yo que aunque la reforma se había presentado como necesaria para la creación de empleo, el motivo que subyacía en la misma era la reducción de los costes salariales como vía de ajuste para ganar competitividad al no poder conseguirse este objetivo en la eurozona a través de la devaluación de la moneda. Y es que, efectivamente, la mayor parte de su contenido tiene esa finalidad: ya sea en materia de modificación unilateral  de  las condiciones de trabajo (incluido el salario) ; inaplicación (descuelgue) de las claúsulas salariales; prioridad del convenio de empresa frente al de sector; abaratamiento del coste del despido, etc.

Que este objetivo se  esta consiguiendo a costa de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y del consiguiente deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la sociedad, lo ponen de manifiesto algunos de los indicadores que analizo a continuación, utilizando como fuentes la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo( CCT) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y datos del INE ( Contabilidad Nacional,  y Encuesta sobre Condiciones de Vida).

En cuanto a la evolución de la negociación colectiva, de la comparación entre los salarios pactados y el Indice de Precios al Consumo, se obtiene una primera conclusión: frente a crecimientos ligeramente superiores al IPC en los dos primeros años de la crisis (2008-2009),  en 2010 se produce  ya una  pérdida de poder adquisitivo (-0,84%) y después de una ligerísima ganancia  en 2011 (0,12%), en 2012 se inicia  una senda de incremento de los precios (sobre todo a partir del mes de septiembre con la subida del IVA), de tal manera que la brecha entre los salarios pactados en los convenios  y el IPC se va agrandando para llegar a  una pérdida de poder adquisitivo del- 2,1% como consecuencia de una tasa interanual en el mes de septiembre del IPC del 3,4% , frente a un incremento de los salarios de convenio,en media, del 1,30% . Dato importante a considerar es que del total de convenios registrados hasta septiembre, los 407 firmados en 2012 pactan una subida media del 0,70% por debajo del  indicado incremento global del 1,30%.

Pero no solamente es que la remuneración media pactada en convenio colectivo se sitúe por debajo de la inflación, sino que también la remuneración total de los asalariados ha experimentado en el período 2008-2011 una importante variación, según  la Contabilidad Nacional  (datos corregidos de efectos estacionales y de calendario), de tal manera que después del último  incrementos anual del 3,3%  en 2008 , en los años siguientes se producen variaciones anuales negativas con pérdida acumulada en el el período 2009- 2011 del -5,4%  y del -3,9%  en el segundo trimestre de 2012 en relación  con el mismo período del año anterior.

Estos ajustes salariales, como no podría ser de otra manera, han supuesto una reducción de los costes laborales unitarios (CLU)  que, según los datos de la Contabilidad Nacional, se han reducido   entre 2009 y 2011 en tasa de variación interanual un -5,5%, ( a un ritmo algo mayor que la media de la Zona-Euro) y en los dos primeros trimestres la tendencia de reducción de los (CLU) se mantiene en torno a -2,5%   como consecuencia  de  la masiva destrucción de empleo  y de la reducción de la retribución media por asalariado.

La consecuencia que puede extraerse de todo lo expuesto es que, como reiteradamente se viene insistiendo en las páginas de este blog , acorde con lo que empieza a ser el criterio cada más extendido entre los expertos económicos, el pretender salir de la crisis de deuda en que estamos inmersos exclusivamente mediante medidas de reducción del gasto y de ajustes a la baja de los costes laborales,  está conduciendo a  una situación cada vez más desesperada para amplias capas de la sociedad que ven cómo sus condiciones de vida se siguen deteriorando a medida que se profundiza en esas políticas, sin ningún tipo  de medidas complementarias  de estímulo de la demanda; ahondando en la desigualdad  y en el empobrecimiento, tal y como vienen poniendo de manifiesto los   indicadores sobre pobreza y desigualdad.

Por referirme a lo más reciente, el pasado día 22 de octubre el INE publicó la Encuesta de Condiciones de Vida, con datos todavía provisionales referidos a 2012, de los que destaco como más significativos los siguientes:

En 2011, los ingresos medios de los hogares ( 24.609 €) experimentaron una disminución del -1,9% respecto al año anterior y el ingreso medio por persona (9.321 €) es también inferior al del año anterior en -1,3%.

La tasa de riesgo de pobreza en 2012 se sitúa en el 21.1% porcentaje que si bien es inferior  al 21,8% de 2011 sin embargo ello se produce como consecuencia de que la tasa se reduce en la franja de mayores de 65 años aunque aumenta entre los comprendidos entre 16 y 64, debido a los altos niveles de desempleo existentes, lo cual no deja de ser paradójico.

En resumen, creo que nos encontramos inmersos en lo que acertadamente la OIT ( ver mi entrada anterior sobre  ”el trabajo en el mundo”) califica como auténtico”bucle de retroalimentación negativo” entre la economía y el mercado de trabajo, de tal modo que la combinación entre las altas tasas de paro y y las bajas tasas de crecimiento salarial (negativas en nuestro caso), al contraer la demanda de bienes y servicios, conducen a que la economía se deprima aún más, ante la falta de confianza y perspectivas empresariales para nuevos proyectos de inversión y contratación.

Lo grave de esta situación es que no se vislumbran  cambios en la política económica  a corto y medio plazo; no solamente en España sino en el conjunto de  la Unión Europea, dada la correlación de fuerzas políticas hoy día imperante. Solamente cabe confiar, cada vez con menos fe, en que el cambio político que ha tenido lugar en Francia hace unos meses, pueda contrapesar las rígidas políticas de austeridad impulsadas por Alemania y otros países del Centro y Norte de Europa.

Gobernar a golpe de Decreto

Repasando la legislación de estos últimos años, no deja de ser preocupante la utilización desmesurada que se viene haciendo de la legislación de urgencia a través de la figura del decreto-ley que contempla el artículo 86 de la Constitución Española para los casos de “extraordinaria y urgente necesidad”; circunstancia no siempre suficientemente argumentada ni justificada.

Desde mi punto de vista, la consecuencia inevitable de ello se traduce en una progresiva devaluación institucional de las Cortes Generales  cuya función legislativa se puede ver seriamente  puesta en cuestión si los sucesivos Gobiernos siguen haciendo  un uso desproporcionado de esta facultad;  sin que el trámite de convalidación posterior por el Congreso de los Diputados, mediante una votación de totalidad a través de un procedimiento especial y sumario, pueda sustituir, en la mayoría de los casos, el  sosegado debate y discusión parlamentaria exigido para la elaboración de las leyes. Téngase en cuenta que la entrada en vigor del decreto-ley es inmediata a partir de su publicación en el BOE y solamente cuando la decisión  sea la de su tramitación posterior como proyecto de ley, puede decirse que las Cortes recuperan su plena función legislativa.

Pero dicho lo anterior, no pretendo en este artículo cuestionar la legitimidad de ejercicio de esta competencia  por parte de los gobiernos sino simplemente recordar la  jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance y los límites de esta potestad,  para adentrarme después en  un breve análisis cuantitativo  y cualitativo del uso que  se ha hecho de ella  en los últimos años, con especial referencia al tiempo transcurrido en los nueve meses de ejercicio del poder por el actual Gobierno.

Nuestro Tribunal Constitucional ha establecido una consolidada doctrina a través de numerosas y reiteradas sentencias, que podría sintetizarse de la siguiente manera : el artículo 86 de la Constitución habilita para que el Gobierno pueda dictar normas con fuerza de ley, mediante real decreto-ley, pero en la medida que ello supone una sustitución del Parlamento por el Gobierno,constituye una excepción al procedimiento legislativo ordinario y a la participación de las minorías que este dispensa. Tal habilitación debe quedar sometida, en cuanto a su ejercicio, a la necesaria concurrencia de todos los presupuestos circunstanciales y y materiales que lo legitime, entre los que se incluye la necesaria conexión entre la facultad legislativa otorgada al Gobierno y la existencia de presupuesto habilitante; esto es la concurrencia de una situación de ” extraordinaria y urgente necesidad” en cuya apreciación  el Gobierno, dentro del lógico margen de apreciación política, no puede actuar libremente sin restricción alguna sino que debe haber unos límites jurídicos a la utilización de los decretos-leyes.

En definitiva, sostiene el T.C. que  aunque nuestra Constitución ha adoptado una solución flexible y matizada respecto al decreto-ley, sin embargo el fin que justifica la legislación de urgencia no es otro que el de subvenir a “situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las Leyes”. Tratándose, por tanto, de una potestad que se configura como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes, debe estar sometido en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de una serie de requisitos que lo legitiman, cuyo control externo compete al T.Constitucional, que puede verificar, sin sustituir, el juicio político de oportunidad que corresponde al Gobierno.

Establecida de esta forma tan clara y reiterada  la doctrina del Tribunal Costitucional sobre los límites de la potestad de los Gobiernos para aprobar decretos-leyes, la pregunta que cabe hacerse y es si el uso que se viene haciendo últimamente de la misma está siempre plenamente justificado y se ajusta a la necesaria concurrencia de los presupuestos  circunstanciales y materiales que lo justifican.

Un análisis cuantitativo de lo ocurrido a partir del año 2009 pone de manifiesto cómo  la crisis económica que arrastramos desde 2008, ha servido de ” paraguas” para  un progresivo y preocupante aumento en la utilización de esta potestad por parte de los sucesivos Gobiernos: frente a los 14 decretos-leyes aprobados en 2009 y otros tantos en 2010, fueron 20 los aprobados   en 2011 y 26 hasta el 30 de septiembre de 2012.

Un primer dato preocupante, desde mi punto de vista, es que centrándonos en 2012, de los 26 decretos-leyes aprobados, solamente siete han sido tramitados posteriormente como proyectos de ley; lo cual es una primera muestra  de deterioro de la función legislativa de las Cortes Generales,  y en concreto del Congreso de los Diputados que en los demás casos solamente ha intervenido en el trámite de convalidación. Por no hablar del Senado, que ni siquiera interviene en dicho trámite.

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En cuanto a los contenidos, creo que es conveniente hacer algún comentario crítico en relación con las cuestiones que se regulan en muchos de ellos y su conexión con las razones urgencia y extraordinaria necesidad como presupuesto habilitante. Enlazando con lo dicho anteriormente, es cierto que la  la profunda crisis económica y social que venimos arrastrando desde hace unos años, justifica la urgencia con la que se puede ver obligado a actuar el Gobierno; por ejemplo en el sector financiero o en la reducción del déficit público. Ahora bien, un análisis crítico de las medidas adoptadas, permite avanzar dos conclusiones: la primera la forma errática y a veces algo contradictoria con que se han ido adoptando  y la segunda, que en muchos casos, como ha ocurrido con los decretos-leyes sobre reducción del gasto público, se ha ido más allá de lo que pudiera ser la urgencia extraordinaria de reducir el déficit público para introducir por razones ideológicas un auténtico cambio de modelo.

Este ha sido el caso, por ejemplo, del  Real Decreto-Ley 16/20012 que bajo el eufemístico título de ” medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” lo que se hace es aprovechar para  introducir un auténtico cambio del modelo sanitario de asistencia universal que arranca de la Ley de Sanidad de 1986, para pasar a otro basado en el aseguramiento.Como dato que va más allá de la pura anécdota, este Decreto-Ley fue objeto unos días después de su publicación de casi 58 modificaciones a través del procedimiento de la corrección de errores utilizado de forma a veces desmesurada para introducir rectificaciones  de más calado que la pura y simple corrección de errores.

Otro caso paradigmático es el de la Reforma Laboral aprobada por el Real Decreto 3/2012 ( tramitado posteriormente como Proyecto  de Ley) que con la coartada  de la grave situación del empleo se aprovechó también para introducir cambios de importancia en nuestro sistema de relaciones laborales, cuyos resultados hasta ahora, en relación con el objetivo de la creación de empleo, han sido los contrarios a lo que se perseguía, si tenemos en cuenta  que la tasa de desempleo no ha dejado de crecer; por una razón tan simple como que la creación de empleo depende sobre todo de algo tan importante como es el factor del crecimiento económico que solamente se producirá cuando haya un cambio en las  equivocadas políticas de austeridad sin crecimiento que nos viene imponiendo la Unión Europea.

Significativo y digno de resaltarse es lo ocurrido con la modificación del Régimen de Administración de la Corporación RTVE llevada a cabo con el R.D.-Ley 15/20012 que con el pretexto de la situación de bloqueo existente en la renovación del Consejo de Administración de dicha Corporación, se aprovecha para introducir modificaciones en la composición y elección de los miembros de dicho Consejo, de forma tal que se  socava la independencia y neutralidad del modelo de  televisón pública que tanto había costado conseguir. En el caso de este R.D.-Ley llama también la atención el hecho de que se aproveche además para regular otras cuestiones como el acceso a los campos de futbol de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica ¿ donde está la urgencia de esta medida?.

Otras veces de lo que se trata es de trasponer  las Directivas de la Unión Europea a nuestro Ordenamiento jurídico interno. En todos estos casos las razones justificativas de la urgencia obedecen a la existencia de un incumplimiento previo de los plazos de trasposición y la necesidad de poner fin al retraso para tratar de evitar una posible sanción por las instituciones de la Unión Europea. La pregunta es ¿ no se podía haber evitado este incumplimiento  con una actuación más diligente del Gobierno llevando a las Cámara el oportuno proyecto de Ley dentro de plazo?

En fin, no me resisto a concluir este repaso del uso hecho por el Gobierno  de la potestad constitucional de dictar normas con rango de ley, sin hacer un breve comentario del R.D-Ley 20/2012 que también bajo el eufemístico título de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”  regula a lo largo de 91 páginas y 41 correcciones de errores,   medidas relacionadas con la contención de los gastos de personal del sector público, incluida la suspensión de convenios colectivos que afectan al personal laboral de dicho sector; modificaciones en materia de S.Social y protección por desempleo; modificaciones de la Ley de Dependencia; medidas de carácter tributario; de carácter liberalizador en el comercio, transporte y vivienda y otras referidas al sector eléctrico. Llama la atención dentro de este amplio paquete de medidas,  la inclusión de beneficios fiscales a la candidatura olímpica de Madrid con respecto a la cual una vez más hay que preguntarse por las razones que justifican su urgencia.

Concluyo como inicié este artículo,  mostrando  mi más profunda preocupación ante el deterioro institucional y devaluación de la actividad legislativa de las Cortes, por el uso desmedido que por parte del Gobierno se viene haciendo de la potestad legislativa de carácter excepcional que le concede el artículo 86 de la Constitución, sin que la situación de crisis económica pueda ser siempre la razón de urgencia que lo justifique, sobre todo si la misma se utiliza como coartada para introducir cambios profundos en el Estado de Bienestar que tanto nos ha costado construir.

 

 

 

 

 

La deriva populista y demagógica del Partido Popular

Aunque  este artículo suponga  desviarme un poco de los contenidos propios de este foro de  debate, sin embargo ante el sesgo demagógico que el Gobierno y el Partido Popular que lo sustenta están imprimiendo a sus políticas a través de algunas decisiones ya tomadas y anuncios de otras, he creido necesario responder desde este blog a lo que, desde mi punto de vista, no es más que un intento  de desviar el descontento ciudadano por las medidas de ajuste duro que se vienen adoptando, hacia otras cuestiones de marcado carácter populista  cuya incidencia en la salida de la crisis es escasa.

Claro que no nos debe extrañar que esto sea así si recordamos las grandes dosis de demagogia que el PP utilizó cuando estaba en la oposición para desgastar al Gobierno Socialista. Recuerdo aquellas declaraciones de diferentes líderes populares en contra de las reformas que entonces se adoptaron, llegando incluso a decir la Secretaria General del PP que su partido era el auténtico defensor de los trabajadores.

Pero ya en el Gobierno el PP ha venido acentuando esa deriva  populista con declaraciones como las del Ministro de Economía y Competitividad que a propósito de la reforma sanitaria llegó a afirmar que no tenía sentido que una  persona con una renta de 100.000 € pudiera acceder gratuitamente a los medicamentos; lo cual dicho así es una declaración de gran impacto en la ciudadanía, pero como dice L.Martinez Noval en otro artículo publicado en este blog (“Copagos,   Sistema Fiscal y Estado de Bienestar”)  eso sería razonable si esa persona no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pero si lo ha hecho es lógico que espere tener derechos como contrapartida al cumplimiento de sus obligaciones. Lo que no dijo el Sr. De Guindos es que la razón por la cual se articulaba esa medida está en la escasa capacidad recaudatoria de nuestro sistema impositivo como consecuencia fundamentalmente de los altos niveles de fraude existente.

Más recientemente el Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, anunció una reforma del Consejo General del Poder Judicial, desde mi punto de vista, también de cierto tenor demagógico, con la que se pretendería que los Vocales del Consejo no cobraran retribuciones fijas y solamente dietas de asistencia, pudiendo compatibilizar el desarrollo de su actividad profesional con la dedicación a dicho Organo del Estado. Una vez más se lanza una propuesta de impacto ante la opinión pública sin que se expliquen las consecuencias negativas y el deterioro que ello puede producir en el funcionamiento de uno de los pilares del Estado de Derecho.

En fin, las declaraciones y manifestaciones políticas de este carácter no acaban aquí. Para referirme a lo más reciente, baste recordar las desafortunadas declaraciones de la Ministra de Empleo y Seguridad Social a propósito de la prórraga del programa de  recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo,                                utilizando un ejemplo fuera de la realidad y absolutamente demagógico. También el actual Presidente de la Xunta de Galicia ha manifestado públicamente la intención ( frustrada por el adelanto electoral) de reducir el número de parlamentarios autonómicos. Pero lo más sorprendente de todo ha sido ayer mismo el anuncio por parte de la Presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, no solamente de reducir el número de parlamentarios de la Comunidad Autónoma, sino de suprimir el sueldo de aquellos que, conforme al artículo 11 del Reglamento de las Cortes de dicha Comunidad, hubieran optado por la dedicación exclusiva.¿ Es posible encontrar mayor carga demagógica y populista en en quien no solamente es Presidenta de esa C.Autónoma sino también Secretaria General del Partido que gobierna en estos momentos en España?

Lo realmente preocupante de todo esto es que desde el PP se piense que la manera de paliar el desapego ciudadano hacia la clase política sea  a base de un discurso populista que suene bien a la gente sin valorar el daño que se causa al propio sistema democrático y al Estado de las Autonomias, con propuestas que devalúan ante los ciudadanos las Instituciones. ¿ Es posible que los representantes a todos los niveles de la soberanía popular puedan desarrollar su función si no es con plena dedicación y con una retribución adecuada que garantice su independencia, como recogen las Constituciones de los paises de nuestro entorno y los Estatutos de Autonomía?  La manera de recuperar el prestigio de la clase política no puede conseguirse  cediendo a tentaciones populistas sino reforzando las instituciones democráticas; acercándolas a los ciudadanos y dotándolas de la máxima trasparencia.