Por qué dicen que suben, cuando nos van a reducir más de un tercio la pensión

Hace dos años -en febrero de 2016- publiqué en este blog un artículo en el que alertaba sobre el empobrecimiento que iban a tener los pensionistas con la reforma que aprobó el gobierno del Partido Popular en 2013 y que acabó con la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo. Cumplidos ya cuatro años de la aplicación de aquella reforma, he vuelto a examinar los datos y las perspectivas se ha vuelto aún más preocupantes para el futuro de nuestras pensiones. Y ello básicamente por dos razones. En primer lugar, la inflación pasó de una tasa negativa en 2014 (-1,4 por ciento) a superar un punto en 2017 (1,1 por ciento) y parece que las expectativas no son de una reducción en los próximos años, sino más bien todo lo contrario.

En segundo lugar, y a pesar de que se está creando empleo, la recuperación no está llegando a las cuentas de la Seguridad Social, ya que la diferencia entre ingresos y gastos se saldó en 2017 con un déficit corriente de casi 19.000 millones de euros. Si se toma el déficit acumulado en los cuatro años de aplicación de la reforma (2014-2017), la cifra asciende a 69.0000 millones de euros y en la hucha de las pensiones sólo quedan 8.065 millones de euros, cuando llegó a tener 66.815 millones de euros en el año 2011. Con este panorama financiero de la Seguridad Social -y no se espera que vaya a mejorar significativamente a medio plazo- parece claro que el famoso Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones quedará congelado en ese 0,25 por ciento que se ha venido aplicando en estos años.

Menos manipulación y más información

Recientemente, Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social -que pertenece a ese espécimen que pone en su curriculum lo de “cursó estudios de …”, para ver si cuela como titulo universitario-, ha calificado de “irrelevante” la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en estos primeros cuatro años de la reforma. Tal afirmación proviene de que compara la tasa media de inflación de cada año y la subida anual de las pensiones, olvidando que hasta la reforma de 2013 las pensiones se revalorizaban todos los años con la tasa de inflación anual y no con la media. Así pues, si se utiliza la variación anual del IPC el resultado es bastante distinto: entre 2014 y 2017 la subida acumulada de los precios fue de un 1,7 por ciento y la de las pensiones sólo fue del 1 por ciento; por tanto, la pérdida de poder adquisitivo fue del 0,7 por ciento, siete veces mayor que el 0,1 por ciento que es la información suministrada por Tomás Burgos. Y la diferencia tiene su importancia, pues -por ejemplo- un jubilado que perciba la pensión mínima, cuyo importe en 2017 fue de 605 euros mensuales, en el periodo 2014-2017 ha visto reducido su poder adquisitivo en 141 euros, mientras que si se utiliza el dato que emplea Tomás Burgos la pérdida se reduce a tan sólo 19 euros.

Para evitar estas manipulaciones y ofrecer una información veraz a los ciudadanos, sería muy conveniente que la Seguridad Social incorpore a su página web un simulador para los pensionistas que permita calcular en cualquier momento la variación del poder adquisitivo que ha tenido su pensión, de igual forma que los activos pueden ya autocalcular su pensión futura. Y, si no lo hace la Seguridad Social, animo a que algún departamento universitario ofrezca este servicio a la ciudadanía.

Pero en estos días la desinformación no queda circunscrita al señor Burgos, sino que ha entrado en escena la inefable Celia Villalobos, presidenta de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. Esta señora -famosa por su caldo en tiempos de las vacas locas, aficionada al Candy Crush, a dormitar en su escaño y a maltratar conductores- nos ha ofrecido una solución mágica para resolver el futuro de las pensiones: ahorrar 2 euros al mes desde los veinticinco años y trabajar hasta los ochenta. Con la propuesta de la señora Villalobos de simplemente introducir todos los meses los dos euros en una hucha durante cincuenta y cinco años, el resultado sería un fondo acumulado de 1.344 euros, que daría para una pensión mensual de 11 euros durante diez años.

Pues bien, si esta veterana diputada -lleva por el Congreso desde 1989- hubiese aprovechado las sesiones parlamentarias para releer la Enciclopedia Álvarez, en vez de jugar al Candy Crush, al menos podría haber articulado su propuesta un poco mejor, al suponer que el ahorro mensual del joven iba a obtener, por ejemplo, una rentabilidad del 5 por ciento -concedámosle incluso esta alta rentabilidad-, y que cuando llegue a los ochenta años tendría así un ahorro de 6.896 euros. Con ese fondo -y suponiendo que la esperanza de vida fuese llegar a los noventa años- podría tener un complemento de pensión de 57 euros mensuales durante diez años. Incluso, suponiendo que la señora Villalobos se haya equivocado y hubiese querido proponer 20 euros de ahorro al mes y que sólo se trabajase hasta los setenta años, los resultados serían un fondo acumulado de 40.484 euros, que generaría un complemento mensual de 169 euros durante veinte años. Como puede apreciarse toda una solución para el futuro de las pensiones de nuestros jóvenes.

Y para calentar un poco más el ambiente doña Celia ha afirmado también -sin ofrecer ningún dato- que hay mucha gente que está cobrando más tiempo la pensión que trabajando. Supongo que se estaría refiriendo al banquero Ángel Corcostegui, que al cesar en el Banco Santander, allá por el 2002 cuando tenía sólo 51 años, recibió -según informaron los medios de comunicación- una indemnización de 110 millones de euros (18.300 millones de pesetas), a lo que habría que agregar 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) cada año hasta su jubilación, y después pasaba a disfrutar además de su fondo de pensiones. Y este no es un caso único entre los ejecutivos de la banca: Alfredo Sáenz (88 millones de euros), Francisco Luzón (56 millones de euros), José Ignacio Goirigolzarri (53 millones de euros) y Jose María Amusategui (44 millones de euros) conforman, junto con Ángel Corcostegui, el top ten de las indemnizaciones por cese, a lo que habría que añadir sus cuantiosos fondos de pensiones. El conjunto de las indemnizaciones percibidas por estos cinco ejecutivos suma -nada más y nada menos- que 351 millones de euros (58.368 millones de pesetas). Después de estas cifras, resulta bastante inmoral e indecente tener que escuchar a muchos ejecutivos de la banca decir que el coste del despido sigue siendo alto en España y que el sistema público de pensiones no es sostenible y que hay que fomentar un sistema privado, que es su gran negocio pendiente.

A largo plazo estamos todos los muertos

La famosa sentencia de John Maynard Keynes es algo totalmente aplicable a nuestro recorrido vital; sin embargo, desde la reforma de las pensiones aprobada en 2013, en el viaje hacia el final de la vida vamos a tener un nuevo acompañante: la pensión menguante que nos ha aprobado el Partido Popular.
La gente es razonablemente buena a la hora de formular estimaciones basadas en la suma, pero cuando se enfrenta a operaciones como el interés compuesto, que dependen de multiplicaciones repetidas, subestima sistemáticamente lo rápido que crecen o decrecen las cosas. Y eso es lo que va ocurrir con nuestra pensión al ir perdiendo poder adquisitivo año tras año.

Para escenificar este deterioro a largo plazo supongamos tres trabajadores que se han jubilado el 1 de enero de 2018 y que su esperanza de vida es de veinte años. Los denominaremos “el bajo” (pensión mínima sin cónyuge a cargo), “el medio” (pensión media de jubilación en 2017) y “el alto” (pensión máxima). Como hipótesis de crecimiento de la inflación supongamos una tasa del 1,4 por ciento para este año 2018 y un incremento suave hasta alcanzar el 2 por ciento (objetivo de evolución de los precios del Banco Central Europeo) en el año 2021, para luego mantenerse estable hasta el 2037 (supuestos, por cierto, muy optimistas). Por otra parte, el valor del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones -por las razones comentadas anteriormente- se supone que se mantendrá invariable en un 0,25 por ciento.

Bajo estos supuestos se hizo una simulación de como evolucionarían año a año las pensiones de nuestros tres tipos de jubilados. El primer resultado, común a los tres, es que dentro de veinte años su pensión habrá perdido un 34 por ciento de su poder adquisitivo. Durante el periodo 2018-2037, el jubilado “bajo”, que en 2018 percibirá una pensión de 606 euros mensuales, acumulará unas pérdidas de 3.380 euros. En el caso del jubilado “medio”, que parte con una pensión de 1.074 euros, las pérdidas acumuladas ascenderán a 5.985 euros, mientras que el jubilado “alto”, con una pensión inicial de 2.580 euros mensuales, sumará unas pérdidas de 14.381 euros en el año 2037.

Si se pasa del nivel individual al agregado, y se tiene en cuenta que en 2017 el número de pensiones ascendía a 9,6 millones de personas -a lo que habría que sumar los olvidados jubilados de MUFACE-, parece bastante plausible -en función de la evolución de la esperanza de vida y la jubilación de la generación del baby boom- que se pueda manejar la cifra de 12 millones de pensiones como media para el período de los próximos veinte años. Pues bien, si la subida anual se mantiene en el 0,25 por ciento y la inflación no rebasa el 2 por ciento, los jubilados españoles dejaran de percibir más de 70.000 millones de euros entre 2018 y 2037, y esa cantidad podrá ser mucho mayor si la inflación en España supera las previsiones del Banco Central Europeo.

En este país en donde el rescate bancario nos va costar a los españoles -según el Banco de España- más de 60.000 millones de euros, en el que por la vía del subterfugio de los llamados CTC (costes de transición a la competencia) les hemos metido en el bolsillo de las eléctricas más de 22.000 millones de euros, en el que se van a rescatar unas cuantas autopistas de peaje, etc., parecería lógico que el Gobierno acudiese también al rescate de los casi nueve millones de españoles mayores de 65 años que hoy viven en España, casi el 20 por ciento de la población, colectivo que va a sufrir en los próximos años una significativa reducción del poder adquisitivo de su pensión.

No es una cosa extraordinaria, se trata de dar cumplimiento al artículo 50 de nuestra Constitución: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Y si no está suficientemente claro el mandato constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que los partidos políticos acuerden una mayor concreción y hagan una reforma exprés de la Constitución como se hizo en el año 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria en el artículo 135, ¿o es qué los jubilados españoles les importamos menos que nuestros acreedores extranjeros?

No se trata de una demanda de subida de las pensiones, sino simplemente de mantener su poder adquisitivo y de recuperar la normativa de actualización previa a la reforma de 2013. Por eso cuando el Gobierno habla de que la recuperación económica ya está aquí, deberían de tener un poco de vergüenza y pensar en la inquietud que provocan en el colectivo de jubilados al dejar sus pensiones al albur de la evolución de la inflación. Aunque no nos consideren un riesgo sistémico como a la banca, al menos deberían de tener el respeto de no tomarnos por imbéciles al comunicarnos por carta una subida de nuestras pensiones. Resultaría menos hiriente que la ministra Fátima Ibañez nos encomendase a la Virgen del Rocío y así nos ahorraríamos al menos los cinco millones de euros que debe costar el envío de más de nueve millones de cartas. Parafraseando lo que decía en 1792 la escritora y filosofa inglesa Mary Wollstonecraft, “es justicia y no caridad lo que necesitan los pensionistas españoles”.

No  se pretende que la Comisión del Pacto de Toledo proponga soluciones milagrosas -eso ya lo hace la señora Villalobos, que si tuviera un poco de respeto por si misma debería dimitir de inmediato- sino de que al menos se propongan medidas para resolver un asunto urgente, como es buscar financiación para los 20.000 millones de euros de deficit que tendrá probablemente este año la Seguridad Social, ¿o es que sus señorías con su parsimonia prefieren que la solución sea un nuevo préstamo del Tesoro Público?: al final más deuda pública. Y a cada español ya le corresponden más de 22.000 euros de deuda pública, lo que significa, más o menos, una cifra similar a nuestro PIB por habitante.

Nuestros representantes políticos deberían explorar soluciones por la vía de los ingresos, revisando las bases de cotización y planteando una reforma profunda del sistema fiscal que permita procesos significativos de redistribución de la renta en una economía en la que las cadenas de producción han sustituido los trabajadores por robots y la tecnología está revolucionando la forma en que producimos, comerciamos y consumimos. Frente a esta revolución tecnológica, las bases de financiación de la Seguridad Social siguen todavía asentadas bajo un esquema propio de una economía industrial, en la que la mano de obra era básicamente masculina y en la que predominaban los contratos indefinidos a tiempo completo.

Estoy hasta el gorro del omnipresente proces y del encaje de Cataluña en España, de banderas, banderillas y banderolas, que en definitiva solo hacen desviar la atención de la corrupción rampante y de los otros graves problemas que afectan a los ciudadanos, y lo que estoy esperando es que alguien se ocupe de una vez -con hechos y no con palabrería- del encaje de los españoles en general y de los pensionistas en particular, que aspiramos a una vejez digna y sin inquietud después de una larga vida de trabajo.

Con este panorama en perspectiva, ¡hala¡, sigan votando a quiénes han eliminado el mecanismo de garantizar el poder adquisitivo de nuestras pensiones, que igual se animan y en vez de un tercio nos reducen a la mitad la pensión, y de paso también le pegan un recorte a los viajes del IMSERSO. Estos conservadores españoles siguen haciendo lo que siempre han hecho conservar los privilegios de unas minorías, dejando a un lado los intereses generales. Con rabia contenida, pues a nadie le gusta que le tomen el pelo, termino con una frase del poeta Ángel González: “escribo sin esperanza, pero con convencimiento”.

Una respuesta a Por qué dicen que suben, cuando nos van a reducir más de un tercio la pensión

  • Carmen Gutiérrez dijo:

    Muy interesante e ilustrador.
    En este país y en especial en su Parlamento se precisan de análisis tan rigurosos y certeros como el que aquí se presenta. En esta institución no se cuenta con capacidad analítica suficiente para realizar analisis de impacto oportunos.
    ¿Para cuando el simulador de las pensiones?¿Qué menos?

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *