Archivo mensual: marzo 2015

Recuperación: qué y cuándo

Ahora que se habla tanto de la recuperación de la economía española después del crecimiento del 1,4 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2014, es preciso recordar lo que se entiende por recuperación. Según el Diccionario de la Real Academia Española uno de los significados de la palabra recuperar es “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía”. Desde esa perspectiva, cabría hacerse múltiples preguntas sobre qué y cuándo se producirá una recuperación de los efectos negativos de la crisis que comenzó a manifestarse durante 2008. En lo que sigue me propongo realizar un recorrido sobre la posible evolución de dos indicadores económicos (el PIB por habitante y la deuda pública) para tratar de visualizar lo difícil que va a resultar concretar en hechos la anunciada recuperación. Se podría hacer algo similar con otras variables económicas, tales como el empleo, los salarios, las pensiones, o las perdidas patrimoniales derivadas de la caída de precios de la vivienda, pero ello rebasa con mucho el espacio de un articulo periodístico.

El PIB por habitante español alcanzó su máximo histórico en 2007 al situarse en 27.200 euros, habiendo descendido hasta los 22.683 euros en 2014 (con el fin de que las comparaciones no estén distorsionadas por la inflación, todas las cifras se expresan en euros de 2014). Así pues, este indicador se ha reducido en 4.500 euros en los siete años transcurridos entre 2007 y 2014: en términos relativos, la reducción fue de un 17 por ciento. Pues bien, si el objetivo es recuperar los niveles pre-crisis, por ejemplo en un período de diez años (en 2025), el PIB per cápita debería crecer a una tasa anual acumulativa del 1,8 por ciento, que por cierto es la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la economía española en el año 2016. Si ese objetivo se quiere rebajar a ocho años (dos legislaturas), la tasa anual acumulativa debería elevarse a un 2,3 por ciento anual, que es la previsión de crecimiento para 2015 establecida recientemente por la Comisión Europea. Estos resultados son pura matemática, pero ¿es posible sostener durante un largo periodo esas tasas anuales?. La respuesta dependerá de varias circunstancias, entre otras, de la política económica llevada a cabo y sobre todo por la evolución de la coyuntura económica internacional.

Cabe recordar que el PIB por habitante en España aumentó a una tasa anual del 1,5 por ciento a lo largo de los treinta y ocho años transcurridos desde la recuperación de la democracia, partiendo de una cifra de 13.163 euros en 1977. Claro que en este largo periodo hubo etapas en los que el ritmo de crecimiento fue muy superior, como fue el caso de los trece años de los gobiernos de Felipe González (1983-1995) en los que la tasa anual fue de un 3 por ciento, o la etapa de los ocho años de gobierno de José María Aznar (1996-2003), en los que el PIB por habitante experimentó un incremento del 3,3 por ciento anual. Estas cifras contrastan con la caída experimentada en los tres años de gobierno de Mariano Rajoy (-1,7 por ciento anual), o en los ocho años de los gobiernos de Zapatero (-0,3 por ciento anual). En todo caso, las cifras anteriores ponen de manifiesto que recuperar los niveles de PIB por habitante del año 2007 es un objetivo que muy probablemente -dadas las perspectivas actuales- no se alcance hasta pasada una década.

Por otra parte, la deuda pública que tiene contraída España se elevaba a finales de 2014 a 1,034 billones de euros, el máximo nivel alcanzado en más de un siglo. Sólo en el último año la deuda pública española se incrementó en 68.000 millones de euros, lo que significó un aumento del 7 por ciento. En otras palabras, si se quisiese eliminar toda la deuda pública, España tendría que dedicar la producción obtenida en un año a tal objetivo. Las previsiones apuntan a que nuestra deuda pública seguirá creciendo en los dos próximos años hasta alcanzar un 102 por ciento del PIB a finales de 2016. En 2007, antes del comienzo de la crisis, el monto de la deuda pública española ascendía a 383.798 millones de euros, lo que significaba un 36 por ciento del PIB, el nivel relativo más bajo de los últimos veinticinco años: habría que remontarse a 1983 para encontrar un nivel más bajo de la deuda pública con respecto al PIB. Desde entonces la cuantía de la deuda no ha dejado de crecer. El gobierno de Zapatero dejó “en herencia” un nivel de deuda de 743.531 millones de euros (69 por ciento del PIB) y el de Rajoy se ha encargado de elevarla a 1.034.000 millones de euros (98 por ciento del PIB): un incremento de unos 300.000 millones de euros en tan sólo tres años, lo que equivale a un aumento de casi 30 puntos porcentuales del PIB.

La deuda pública por habitante en España -en términos de euros constantes de 2014- era en 1977 de 1.816 euros, mientras que el PIB per cápita en ese año se situaba en los 13.163 euros. En los momentos actuales la deuda pública por habitante ha alcanzado los 22.254 euros y el PIB per cápita ha retrocedido hasta los 22.683 euros. Por tanto, se ha pasado de una relación de 7 a 1 entre la producción por habitante y la deuda pública asignada a cada español a prácticamente una paridad entre ambos indicadores. Sin embargo, a pesar de la gravedad de estas cifras de endeudamiento público, sobre este asunto apenas se habla más allá de que la deuda pública hay que pagarla, sin precisar en que cuantía se pretende rebajar en los próximos años, ni que nivel debe alcanzar en relación al PIB si hay una recuperación de la economía española.

Con el único fin de plantear un escenario para la discusión de cómo afrontar la grave crisis de deuda soberana que padece nuestro país, se puede concretar un objetivo no muy ambicioso: reducir en veinte años la deuda pública española al límite máximo establecido por los Tratados comunitarios (60 por ciento del PIB). Dados los niveles de deuda actuales, tal objetivo supondría un superávit primario (diferencia positiva entre ingresos y gastos públicos, excluida la partida de pago de intereses de la deuda pública) de unos 20.000 millones de euros anuales, cifra que habría que detraer en gran parte del gasto público, en detrimento de inversiones en sanidad y educación, por citar a dos partidas relevantes para el bienestar de los ciudadanos y la productividad del país. Y ello se produciría con mayor probabilidad si se llevan a cabo sucesivas reducciones de impuestos tal como defiende el gobierno actual, pues aunque se mantenga la recuperación de la economía en los próximos años, es muy poco probable que el comportamiento de los ingresos fiscales permita un crecimiento del gasto público y a la vez generar un superávit primario de 20.000 millones de euros anuales, Por cierto, a esas cifras habría que añadir el pago de más de 30.000 millones de euros anuales en concepto de intereses de la deuda pública vigente.

Frente a este panorama, y ante un objetivo tan modesto de desendeudamiento como el planteado, cabe preguntarse qué hacer para reducir nuestra abultada deuda pública actual. Son tres las vías principales que se pueden combinar en diferentes proporciones: un impuesto sobre el patrimonio, la inflación y las políticas de austeridad. Un impuesto excepcional sobre el patrimonio es la solución más justa y eficiente. En su defecto, la inflación podría desempeñar un papel de cierta utilidad, pues esta ha sido la vía utilizada en la historia para reabsorber deudas públicas importantes de algunos países. La peor solución, tanto en términos de justicia como de eficiencia, son las políticas prolongadas de austeridad. Sin embargo, esta es la única solución que se aplica actualmente en la Unión Europea y que se sigue en nuestro país desde mayo de 2010. Teniendo en cuenta que la vía de la inflación para un país de la zona euro es una opción muy limitada, dados los objetivos antiinflacionistas del Banco Central Europeo, cabe plantearse la siguiente alternativa: establecer un impuesto excepcional sobre el patrimonio durante los próximos años y dedicar el potencial de crecimiento del resto de los ingresos públicos a recuperar los niveles de gasto social e inversión pública tan deteriorados como consecuencia de la crisis y de las políticas de austeridad.

La ventaja de una solución fiscal como la propuesta permite exigir un esfuerzo en función del patrimonio de cada ciudadano, estableciendo a tal efecto diversos grupos: podrían quedar exentos los patrimonios netos de menos de un millón de euros, se podría gravar con un 1 por ciento los patrimonios comprendidos entre uno y cinco millones de euros, y con un 2 por ciento a la fracción de patrimonios superiores a los cinco millones de euros. Si se supone que la distribución de la riqueza en España se aproxima a la de la media de la Unión Europea, este impuesto progresivo sobre el capital privado permitiría obtener una recaudación -según las estimaciones de Thomas Piketty- en torno a un 2 por ciento del PIB, generando en el caso español unos 20.000 millones de ingresos anuales adicionales, que se deberían dedicar exclusivamente a desendeudamiento, a través por ejemplo de un fondo de “redención” como el propuesto en 2011 por un consejo de economistas alemanes.

Para finalizar, sería bueno que las diferentes opciones políticas concretasen cuales son sus objetivos temporales y medidas concretas para acabar con la crisis de deuda pública que tan gravemente afecta a España y así los ciudadanos podrían tener elementos de juicio para decidir su apoyo electoral. Como ciudadano preocupado por el futuro de mi país, aquí simplemente he esbozado un escenario dentro de las distintas alternativas posibles. Espero que al menos sirva para que nuestros representantes se tomen la molestia de concretar otras vías.