Archivo mensual: julio 2013

La reducción de las indemnizaciones por despido de 2012: ¿una expropiación simulada y en diferido?

Publicado en Temas para el Debate, nº 225-226, agosto-septiembre de 2013

Hace algo más de dos décadas, el premio Nobel en Economía, Robert Solow, señalaba que entre los economistas existían dos corrientes de opinión sobre la naturaleza del mercado trabajo y que se podían diferenciar según la respuesta que se diera a la pregunta: ¿El mercado de trabajo es igual al resto de los mercados? Por un lado, se sitúan aquellos economistas que consideran que el mercado de trabajo, en casi todos los aspectos, es exactamente igual que los otros mercados, por lo que debe analizarse de igual forma que se analizaría el mercado de otros bienes y servicios, utilizando el sistema tradicional de oferta y demanda. Así pues, entre los partidarios de este enfoque –que es quizás la tradición dominante actualmente, especialmente en macroeconomía- no es en absoluto evidente que el trabajo como bien económico sea suficientemente diferente de los espárragos o de la vivienda como para que requiera un tipo de análisis diferente.
Por el contrario, la otra corriente de pensamiento económico acerca del mercado de trabajo opina que el trabajo como bien económico tiene algo especial y, por tanto, lo tiene también el mercado de trabajo. Solow, que, por cierto, se encuadraba en este enfoque, al igual que la mayoría de los especialistas en economía laboral, señalaba que el mercado de trabajo funciona de forma distinta a otros mercados, ya que los agentes que actúan en dicho mercado -empresarios y trabajadores- tienen un concepto de justicia y unas creencias distintas de lo que es justo e injusto. Y, normalmente, lo que hacen los denominados agentes sociales es enfrentar esas concepciones del mercado de trabajo a través de negociaciones que pueden desembocar en acuerdos o en conflictos. Así pues, los actores del mercado de trabajo no son racionales en el sentido de la economía neoclásica, sino que son agentes sociales cuyo comportamiento se basa en ideas, normas y conceptos que influyen en su comportamiento. En el centro de la mayoría de las discusiones acerca de esta cuestión subyace el desacuerdo sobre como los mercados de trabajo reaccionan a cambios en el entorno económico.
Por otra parte, en los años ochenta surgió con fuerza el término flexibilidad, consecuencia fundamentalmente de los cambios estructurales que tuvieron que afrontar la mayoría de los países occidentales derivados de las sucesivas crisis del petróleo. Desde entonces este concepto ha venido dominando la escena de los análisis de los mercados de trabajo. A este respecto, y siguiendo el criterio de Burhnes, la flexibilidad laboral puede considerarse desde cuatro tipos de perspectivas diferentes. En primer lugar estaría la flexibilidad cuantitativa externa, que se refiere a los costes relacionados con la contratación y el despido. En segundo lugar aparece la flexibilidad cuantitativa interna, que se refiere a la mayor o menor capacidad que tiene un empresario para asignar las horas de trabajo en función de las necesidades productivas de la empresa. En tercer lugar se puede considerar la flexibilidad funcional, que hace referencia a la cuestión de la mayor o menor polivalencia de los miembros de la plantilla y, en definitiva, a la capacidad de movilidad entre ocupaciones dentro de la empresa. En cuarto y último lugar, se debería tener en cuenta la flexibilidad salarial, con la que se pretende adaptar los costes laborales a la evolución económica de la empresa, tendiendo las retribuciones salariales a fijarse en función de objetivos individuales o de grupo y reduciendo lo más posible los conceptos salariales fijos.
Por último, cabría referirse al término flexiseguridad como combinación de mercados de trabajo flexibles y altos niveles de seguridad para el trabajador. Este nuevo concepto ha sido presentado hace ya algunos años como la respuesta de la Unión Europea al dilema de cómo mantener y mejorar la competitividad en un mundo crecientemente globalizado y a la vez preservar el modelo social europeo. En general, los países europeos combinan un mix variable de negociación de los agentes sociales y de regulación pública para definir los niveles e intercambios de los diferentes tipos de flexibilidad y además esa combinación ha ido variando a lo largo del tiempo. En función de que predomine uno u otro tipo, se podría hablar de flexibilidad negociada o impuesta.
En este sentido, tomemos como referencia la reforma laboral de febrero de 2012, lo primero que hay que señalar es que ignoró totalmente el II Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva firmado por los agentes sociales días antes y que significaba, entre otras medidas, además de un acuerdo sobre moderación salarial a tres años, una decidida apuesta por la flexibilidad interna frente el uso abusivo de la flexibilidad externa (despido) como mecanismo principal de ajuste ante los cambios de ciclo. Por otra parte, de la lectura del Real Decreto-Ley 3/2012 se puede concluir que estamos ante un cambio legal que se puede calificar de radical y desequilibrado hacia los intereses de la parte empresarial, por lo que más que de una reforma se debería hablar de una verdadera ruptura del marco español de relaciones laborales. Se podría decir que este cambio en la normativa laboral nos refresca la memoria para recordar que en los mercados de trabajo existe un intercambio desigual entre empresarios y trabajadores, y que en esta ocasión es evidente que la desigualdad es sostenida y reforzada por el dominio capitalista del poder político y su capacidad para utilizar las instituciones –en este caso el sistema legal- para enmascarar, consolidar y extender la explotación de los trabajadores.
Para ver la incidencia de esta reforma, centrémonos en un aspecto muy concreto de la misma que puede ser cuantificada: la reducción de las indemnizaciones por despido. Sobre esta cuestión se pueden hacer múltiples simulaciones, pero para visualizar su impacto pongamos sólo dos ejemplos . El primero, sería la equivalencia de las pérdidas que tendría un trabajador cuyo salario bruto anual ascendiese a 35.918 € (cuatro veces el SMI de 2012) y que lleve trabajando en la empresa 28 años, o sea gran parte de su vida laboral. Si es despedido de forma improcedente en un momento en el que la empresa ha tenido una reducción de ingresos durante 90 días: pasaría de percibir una indemnización como despido improcedente de 107.755 € (45 días y 42 mensualidades) a tan sólo recibir 34.208 € (20 días y 12 mensualidades), lo que supone una reducción de 73.547 €, es decir, una rebaja del 68 por ciento. Teniendo en cuenta el precio medio de la vivienda usada en España en 2012, la reducción experimentada por el citado trabajador supone la mitad del precio de una vivienda de 70 metros cuadrados.
El segundo ejemplo, se refiere a un trabajador con una antigüedad en la empresa de 5 años y que percibiese en 2012 un salario bruto anual de 44.898 € (cinco veces el SMI). Pues bien, si es despedido de forma improcedente en un momento en el que la empresa ha experimentado una reducción de ventas durante tres trimestres consecutivos, vería reducida significativamente su indemnización, pasando de percibir 24.503 € a sólo 10.690 €, lo que significaría una reducción de 13.363 €, es decir, una rebaja del 56 por ciento. Teniendo en cuenta el precio de un coche Seat Ibiza, la reducción experimentada por el citado trabajador como consecuencia de la reforma de 2012 equivaldría a la compra de un coche de esta gama y todavía quedaría dinero para abonar la póliza del seguro a todo riesgo del primer año.
Si se considera que la indemnización por despido es un derecho que el trabajador ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo y que si hubiese establecida en las empresas una provisión por despidos, aquél tendría acumulada una cantidad que se vería significativamente reducida, pues este cambio normativo tiene carácter retroactivo al afectar a toda la antigüedad del trabajador en la empresa. En ese sentido, se podría decir que la reforma laboral de 2102 constituye una expropiación forzosa a favor de los empresarios, y podría hablarse también de un claro atentado al principio de seguridad jurídica. Si se tiene en cuenta que en el año 2012 el empleo indefinido se redujo en 372.000 personas- al que habría que sumar la pérdida de 316.000 empleos temporales, y se toma como referencia el salario medio de ese año, manejando tres hipótesis sobre la antigüedad de los trabajadores despedidos, el importe de esa expropiación legal a favor de los empresarios podría rondar los 6.300 millones de euros. Después de estos datos y consideraciones, hablar de equilibrio de la reforma laboral de 2012 –tal como hace el Gobierno del PP- es todo un ejercicio de cinismo. Pero claro, siempre se podrá decir que la reducción de las indemnizaciones por despido sólo es una expropiación simulada y en diferido.
Para concluir este breve y sucinto recorrido por algunas cuestiones laborales, debo hacer hincapié en una cuestión que de forma reiterada se olvida en los análisis sobre el mercado de trabajo y que es la siguiente: la demanda de trabajo es siempre una demanda derivada de la evolución que experimente la demanda de productos de las empresas y que la legislación laboral por si sola no explica los resultados del mercado de trabajo. El ejemplo más cercano lo tenemos en nuestro país: con la misma normativa laboral la tasa de paro de Andalucía duplica ampliamente la del País Vasco. Por tanto, otros factores distintos a la legislación laboral explican los niveles de empleo y paro de una economía.