Archivo mensual: junio 2013

El debate sobre la regeneración democrática (3)

En dos entradas anteriores de este blog  tituladas  ” alejamiento ciudadano de la política y los políticos”  y ” malestar ciudadano y deterioro del sistema democrático”, mostraba una profunda preocupación ante el clima de malestar y desconfianza de los ciudadanos hacia la política y los políticos  y  abogaba por que los partidos políticos intentaran llegar a un pacto lo más amplio posible  sobre medidas de regeneración democrática para devolver la confianza ciudadana en el sistema.  Señalaba además el riesgo de que de no adoptarse reformas, podría llegarse a situaciones de grave crisis y desgobierno en las que encontrarían terreno abonado los aventureros  y las soluciones inviables de articulación de la representación política.

Indudablemente la desafección ciudadana hacia la clase política es un problema que no es nuevo y además, en mayor o menor medida, afecta a todas las democracias europeas y no solamente a los países del Sur de Europa, especialmente castigados por la crisis social y económica; aunque esta circunstancia actúa en ellos como una causa más de desafección.

A este respecto merece un breve comentario el interesante artículo de opinión publicado en el diario “El País” del día 14 de junio, bajo el título “ No es el descontento, es la desafección”, en el que sus autores ( Jose Ramón Moreno y Mariano Torcal) abundan en esta idea: distinguiendo entre  desafección y descontento. Para los autores del articulo  la desafección ciudadana hacia la política y los políticos es un fenómeno social que tiene que ver con la visión peyorativa y deslegitimadora  de la política por parte de la sociedad española que aunque viene de antiguo, logró un considerable arraigo durante los cuarenta años de la dictadura franquista, que con su rechazo a la democracia parlamentaria, acabó inculcando en amplios sectores de la sociedad la idea de que la actividad política deberia confiarse a las élites. A “sensu” contrario, consideran los autores del artículo que el descontento  no suele cuestionar  la legitimidad y aceptación del sistema democrático, sino que más bien lo que se produce es una insatisfacción ciudadana por la gestión de los gobernantes y lo que consideran  falta de respuestas a sus problemas.

Desde mi punto de vista, aún reconociendo esa diferencia, sin embargo creo que en momentos como los actuales de grave crisis social y económica,  existe el peligro de que los ciudadanos descontentos que no cuestionaban la legitimidad del sistema, acaben engrosando las filas de la desafección, pasándose hacia posiciones deslegitimadoras de rechazo del sistema  en beneficio de los movimientos populistas de signo fascista (“cirujanos de hierro”; “salva patrias”, etc.) , o hacia opciones de izquierda radical de democracia directa y asamblearia más o menos utópicas e inviables. Lo que sí es constatable  es que, en el momento actual, tal y como vienen reflejando las encuestas, el interés ciudadano por la política se ha revitalizado; eso sí desde posiciones la mayoría de ellas muy críticas  hacia el funcionamiento del sistema y la necesidad de introducir reformas para su “regeneración”.  Muestra de ello es el considerable número de foros de  debate  que esta cuestión está suscitando en  los diversos sectores de opinión.

El análisis de las distintas aportaciones a este debate creo que debe partir, cuando menos, del “”Movimiento 15- M”, surgido a raíz de la importante manifestación de protesta del 15 demayo de 2011 y la acampada posterior en la Puerta del Sol de Madrid,  convocada por diversos colectivos sin adscripción política definida, pero todos ellos muy críticos con el funcionamiento del sistema de democracia representativa.  Es mucho lo que se ha escrito sobre el “15-M”, también llamado ” movimiento de los indignados“; por lo que no me voy a detener en el análisis de sus antecedentes. Me limitaré a hacer una valoración de tipo general de las propuestas que surgieron de la Asamblea de La Puerta del Sol que fueron de lo más diverso: unas más realistas y factibles y otras de contenido más utópico. Entre las primeras yo situaría el cambio de la Ley Electoral hacia un sistema de listas abiertas; la defensa de una sanidad pública universal; refuerzo de  una educación pública y laica; reforma fiscal favorable para las rentas más baja; implantación de la “Tasa Tobin”; medidas de control sobre la banca y los mercados financieros; total transparencia de la financiación de los partidos políticos, entre otras. Pero frente a estas reivindicaciones que he calificado como realistas, donde creo que quiebra el discurso de estos movimientos es en  materia de participación democrática ya que partiendo de la deslegitimación de la democracia parlamentaria, lo que se proponía en las “Asambleas de Sol”, de forma bastante poco definida, era un sistema de ” democracia participativa y directa en la que la  ciudadanía tome parte activa” ¿ Significa esa propuesta un sistema de democracia asamblearia? Parece que sí. De todas formas soy de los que piensan que si  el movimiento del 15-M no  hubiera existido, “habría que haberlo inventado”, aunque creo que si sus integrantes no toman clara conciencia de que la única forma realista de participación democrática es organizarse como partido político ((parece que hay algunos intentos al respecto), la fuerza que aportó, actuando como revulsivo del sistema político, acabará diluyéndose.

¿ Qué ha ocurrido con posterioridad? Pues que, como ya he señalado anteriormente, en muy poco tiempo estamos asistiendo a una movilización y concienciación de la sociedad que se está traduciendo en la aparición de múltiples foros de debate con el propósito  de aportar propuestas para lo que ha dado en llamarse la “regeneración democrática”. A  ellos me voy a referir, aunque  me temo que esta proliferación de plataformas   pueda obedecer, en algunos casos, a un cierto deseo de protagonismo personal.

Sin ánimo exhaustivo,  seguramente han surgido y van a surgir muchos más, en los “manifiestos” de los principales foros de debate , a los que ya se puede acceder en las redes sociales,   ( www,porunaleydepartidos.es; www.foromasdemocracia.com; Asociación contra la corrupción y por la regeneración democrática (Accors );    declaración “ Fin de Ciclo,Tiempos Nuevos” del Círculo de Economía…) se  aprecian puntos de coincidencia en las reivindicaciones: nueva Ley de Partidos Políticos  y de su financiación, que garantice su apertura, transparencia, funcionamiento democrático interno y responsabilidad; reforma de la Constitución y medidas de lucha contra la corrupción.

Como comentario de carácter general, creo que por lo que se refiere a la ” exigencia” de una nueva Ley de Partidos, sin negar la necesidad de cambios, no debería olvidarse que la vigente es de 2002 y la última modificación en lo relativo a su financiación, es de  octubre de 2012, por lo que habría que evitar desde estos “foros” inducir a confusión a la ciudadanía no demasiado bien informada que podría pensar que desde 1978 y 1987 en que se regularon, respectivamente, la constitución y funcionamiento de los partidos y su financiación, no ha habido modificaciones y voluntad de mejora  en la línea de perfeccionamiento del sistema. Es más, creo que es bueno constatar que como respuesta a esta “ola regeneracionista”, los partidos empiezan a movilizarse. Recientemente el PSOE , dentro de los trabajos preparatorios de la Conferencia Política, ha elaborado un importante documento sobre cómo recuperar la confianza en la política y en los partidos, que está sirviendo de base para el debate interno, en el que se recogen gran parte de las reivindicaciones que la sociedad civil está planteando. Pero naturalmente, el análisis de su contenido daría por otro artículo.

A pesar de la dureza  del  lenguaje que utiliza,  concluyo  comentando el interesante y lúcido artículo publicado en ” El País” del día 5 de junio de 2013 por el filósofo Jose Luis Pardo, con el título de  “El ciclo que viene“, en el que parte de la constatación de que a propósito de la crisis económica y de la situación actual en general se ha convertido en un tópico  hablar de fin de un ciclo  y  inicio de una nueva etapa caracterizada por la globalización económica y el impacto de las nuevas tecnologías. Comparto el punto de vista del autor del artículo cuando señala más adelante que el denominador común de la globalización de los mercados como seña de identidad del nuevo ciclo, se caracteriza por la deslegitimación de las instituciones públicas y el descrédito de los partidos políticos, con el argumento de que son un gasto inútil porque no sirven para resolver los problemas que agobian a los ciudadanos. A partir de esta inducida e interesada percepción ciudadana-señala Pardo- el neoliberalismo dominante tratará de convencer a los ciudadanos de que la única alternativa a los poderes públicos son los poderes privados, llegando a presentarnos a los partidos  y a las instituciones públicas como “…asociaciones de malhechores en lucha por la apropiación del erario público..”; con lo cual queda expedita la vía a los neopopulismos de izquierdas o de derechas como alternativa a los partidos políticos tradicionales.  Me pregunto:¿No  es esta una llamada de atención contra los excesos descalificadores del funcionamiento del sistema de democracia representativa en los que pueden estar incurriendo algunos analistas y politicólogos?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para crear empleo hay que empezar por no despedir

Para crear empleo hay que empezar por no despedir (*)

Valeriano Gómez
Economista

Una de las medidas más significativas incluidas en el Plan de Reactivación de la Economía española presentado hace unos días por el Partido Socialista ha sido el establecimiento de una moratoria sobre el despido durante los próximos tres años. Con ella se planteaba la posibilidad de que las empresas en dificultades pudieran percibir apoyo público equivalente a una tercera parte de sus costes laborales junto a una reducción de la jornada equivalente a otro tercio. El resultado sería que durante un periodo de entre 1 y 3 años la empresa acogida a la moratoria podría ver disminuir sus costes laborales en dos tercios (aunque la jornada se reduciría en un tercio).

La experiencia alemana de jornada reducida (el denominado Kurzarbeit) permitía, además, llevar a cabo una evaluación previa de su funcionamiento que, en términos generales, no es en absoluto negativa. Durante la crisis, en Alemania, ha habido alrededor de 1,5 millones de trabajadores, en media mensual, afectados por esta medida y su impacto sobre el empleo no es despreciable. Para ello basta con tener en cuenta que una cifra así es más de un tercio de los trabajadores desempleados en Alemania. Alrededor de 1,5 millones que no han pasado a engrosar las filas de la población desempleada.

Ha habido sin embargo algunas reacciones a la medida –sin ir más lejos la reflejada en estas mismas páginas por Juan José Dolado en un artículo titulado Fórmulas alemanas para el empleo- que merece la pena analizar. Por supuesto, la moratoria contra el despido no pretende ser ningún milagroso remedio (al estilo del denominado contrato único) frente a nuestra situación laboral, pero mantiene la convicción de que en situación de crisis contribuir a mantener el empleo es un requisito previo a su propia creación.

Naturalmente, este tipo de medidas no es aplicable a una situación como la que ha vivido el sector de la construcción en España porque lo que en él se ha producido ha sido el retorno a una situación de la que nunca debimos salir: antes del estallido de la crisis, la construcción ocupaba en España a 2,7 millones de trabajadores una cifra superior incluso a la de Alemania, un país que nos dobla en población y nos triplica en PIB. Ahora tenemos algo más de un millón de ocupados en construcción que es lo que en realidad necesita nuestra economía para construir alrededor de 350.000 viviendas al año (que en el futuro deberían proceder de la rehabilitación, más intensiva en empleo, que de obra nueva) y mantener la inversión en infraestructura y obra civil.

Pero donde sí es aplicable una medida como esta es entre los trabajadores y empresas de la industria y los servicios. Casi 2 millones de empleos se han perdido en estos dos sectores durante la crisis y aunque una parte de ellos están vinculados a la actividad constructiva e inmobiliaria, el resto son empleos que se pueden recuperar a la salida de la crisis).

Medidas similares a esta no son nuevas en la regulación laboral española. A lo largo de 2009 se implantó una medida consistente en el estímulo a la regulación temporal de empleo mediante la ampliación en tres meses de los derechos al desempleo de los trabajadores afectados. Que la respuesta fue muy positiva lo avala el hecho de que los expedientes de regulación de empleo con suspensión o reducción de jornada se multiplicaron por 5 hasta alcanzar a más de 480.00 trabajadores Pero no fue suficiente para evitar un nivel de destrucción de empleo intensísimo fuera del sector de la construcción (en la industria y los servicios en lo que va de crisis se han perdido ya tres veces más puestos de trabajo que durante la crisis de los 90 del pasado siglo).

Una de las claves para el éxito del programa planteado por el PSOE reside en el hecho de que los trabajadores afectados reducen su jornada y su salario en un tercio pero no consumen su derecho al desempleo. En nuestro diseño legal actual los trabajadores consumen el desempleo durante el tiempo que están en suspensión o en reducción de jornada y la aversión a estos programas por parte de los trabajadores es obvia dado el miedo a que, si se produce un despido al final del expediente, hayan perdido una buena parte de su derecho al desempleo.

De ahí que pensemos que la moratoria frente al despido no solo se financiará casi íntegramente mediante los ahorros producidos en el sistema de protección por desempleo sino que permitirá una mayor capacidad de adaptación al ciclo en nuestras empresas. Por ejemplo, el coste de la implantación de esta medida en empresas que ocupen a 500.00 trabajadores, para un coste laboral medio anual de 21.000 euros, un tercio del cual se financiaría por el Estado, sería de 3.500 millones de euros (una décima parte del gasto total en prestaciones por desempleo registrado en 2012) y es seguro que se ahorrarían casi íntegramente reduciendo gasto en desempleo.

Es obvio que la crisis ya se ha llevado por delante más de 3,7 millones de empleos. Pero la sangría de empleo no se ha detenido. Durante 2012 se han perdido 850.000 puestos de trabajo y todo parece indicar que en 2013 perderemos otros 500.000 más. Por eso la moratoria frente al despido no solo no es inútil sino que junto al resto de las más de 60 medidas contempladas en el Plan de Reactivación (normalizar el crédito a las empresas es con seguridad la cuestión crucial) ayudaría a paliar una situación que es ya dramática en nuestro mercado de trabajo.

No hace falta subrayar también aquí el enorme fracaso de una de las medidas principales de la reforma laboral de 2012, el contrato de emprendedores. Lo que nos indica este comportamiento, es que para crear empleo no basta con abaratar el coste del despido haciéndolo gratuito durante el primer año. Mientras que la oleada de despidos producida en 2012 está directamente vinculada a la reducción de su coste en precio y en requisitos (algunas empresas embalsaron incluso despidos previstos con anterioridad a la espera que se facilitara el despido en la reforma de 2012). Por eso es mejor durante las crisis una reducción sustancial en el coste de las cotizaciones sociales, como se propone en el Plan del PSOE para la contratación en empresas de menos de 50 trabajadores, que abaratar el despido de una forma indiscriminada. Porque para crear empleo lo primero que hay que hacer es dejar de destruirlo.

(*) Una versión resumida de este artículo se publicó en EL PAIS el 4.06.2013

Esperanza de vida y pensiones

Jesús Arango

Publicado en el Diario La Nueva España el sábado, 1 de junio de 2013

Hace casi dos años, el 29 de julio de 2011, le escuché en Muros de Nalón al profesor López-Otín, en una magistral conferencia sobre el genoma humano, que era muy probable que en aquel momento hubiese nacido en algún lugar del mundo una niña que vivirá ciento cincuenta años. Desde entonces, y siguiendo sus  buenos consejos de que hay que dedicar dos horas diarias a pensar, esta afirmación ha ocupado alguna que otra hora de mis reflexiones. Y especialmente en estos últimos tiempos en los que la esperanza de vida ha pasado a tener un protagonismo muy destacado en los debates sobre posibles reformas del sistema público de pensiones, pues los denominados expertos sobre la materia han llegado a la sabia conclusión que, para mantener la viabilidad futura del sistema, si la esperanza de vida aumenta, la edad de jubilación debe retrasarse y la cuantía de la pensión a percibir deberá tener en cuenta la evolución de dicho parámetro.

A la vista de tales recomendaciones, uno puede llegar a la conclusión de sí los espectaculares descubrimientos en el campo de la bioquímica que se han producido en la última década (entre febrero de 2001, fecha de publicación de la secuenciación del genoma humano y mayo de 2010, cuando apareció en la revista Science la noticia histórica de que Craig Venter y su equipo lograran crear una célula bacteriana con genoma sintético), únicamente van a servir para que la frase bíblica “ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis, 3:19), la tengamos que aplicar durante más años de nuestra vida: ¿merece la pena que los avances de la ciencia nos regalen más años de vida para emplearlos en más años de trabajo y no en más tiempo libre para disfrutar de la vida?

Estas propuestas de alargamiento de la vida laboral parecen contradictorias con la evolución de una economía en la que –más allá de crisis cíclicas- los continuos avances tecnológicos han ido reduciendo las necesidades de mano de obra por unidad producida, hecho que no sólo afecta a la industria sino que se está extendiendo cada vez más a las actividades de servicios, tal y como en la década de los noventa pusieron de manifiesto, entre otros, Jeremy Rifkin en El fin del trabajo, y Orio Garini y Patrick Liedtke en El dilema del empleo: el futuro del trabajo, informe presentado en 1996 al Club de Roma. Así pues, nos enfrentamos a un futuro en el que el trabajo será cada vez más escaso y, sin embargo, se nos propone que hay que retrasar la edad de jubilación ligándola a la evolución de la esperanza de vida, ocupando así las personas de más edad puestos de trabajo que harán que los jóvenes –con cualificaciones más adaptadas al desarrollo tecnológico- tengan menos  oportunidades  de incorporarse a la actividad laboral.

Precisamente, y en esa línea, el Gobierno español ha aprobado recientemente una norma que hace compatible la percepción de la pensión con el seguir trabajando: estamos ante el absurdo de que, ante un mercado de trabajo con un exceso de oferta –más de seis millones de parados y una tasa de paro juvenil que rebasa ampliamente el 50 por ciento-, se incentiva el que los trabajadores de más edad sigan en activo, cuando las medidas de una mejor asignación de recursos humanos deberían ir precisamente en la dirección contraria.

Por otra parte,  y principalmente como consecuencia de los mercados de trabajo flexibles, cada vez más en nuestras sociedades está surgiendo la figura del trabajador precario –trabajadores temporales, a tiempo parcial, de centros de atención al cliente y de servicios deslocalizados- que tiene la sensación de que su vida e identidad están hechas de retazos deshilvanados, con los que no puede construir un relato vital deseable o hacer una carrera laboral que le permita acumular un volumen de cotizaciones suficiente para aspirar a una pensión digna de jubilación. La precarización laboral –que afecta especialmente a una juventud formada y frustrada- está conformando una clase social emergente con la conciencia de una vulnerabilidad común, y a la que Guy Standing, presidente de la red internacional de la Renta Básica, ha bautizado con la denominación del precariado. A lo largo de las últimas décadas el crecimiento de este colectivo se ha visto acelerado por el neoliberalismo de la globalización, que impulsó la flexibilidad en los mercados de trabajo, la mercantilización de todo y la reestructuración de la protección social.

Ante unas perspectivas como las apuntadas, y teniendo en cuenta que –como señalan dos reconocidos especialistas en la materia, Nicholas Barr y Peter Diamond- los sistemas de pensiones tienen múltiples objetivos, que incluyen la distribución del consumo a lo largo de ciclo vital, el aseguramiento, la mitigación de la pobreza y la redistribución de la renta, la cuestión es: ¿cómo deberían diseñarse los sistemas de pensiones para poder tener en cuenta adecuadamente los problemas demográficos, los avances tecnológicos, el aumento de la productividad y la creciente precarización de una gran parte de los asalariados?

El diseño tiene básicamente dos tipos de respuestas. Por un lado, las que tratan de hacer viables los sistemas actuales utilizando un enfoque actuarial para que se mantenga en el tiempo un equilibrio entre los ingresos fundamentados en cotizaciones sociales y los gastos por prestaciones. Y en esa dirección se sitúan las diferentes reformas del sistema que se han venido aprobando y que en estos momentos se está pendiente de un nueva vuelta de tuerca por parte del Gobierno, que tendrá como justificación un informe ad hoc encargado a un grupo de los denominados expertos, mayoritariamente ligados a las dos instituciones que más intereses tienen en fomentar los sistemas privados de pensiones: la banca y las aseguradoras. Así, teniendo en cuenta los problemas de envejecimiento creciente de la población, las propuestas de este enfoque –que siempre reaparece con fuerza en los momentos de crisis económica- estarán inevitablemente centradas en el retraso de la edad de jubilación y en una reducción de la pensión a percibir por la vía de complejas formulas paramétricas e índices de sostenibilidad que no garantizarán el poder adquisitivo de unas pensiones públicas decrecientes.

La otra respuesta posible, de la que apenas se habla, consistiría en una sustitución de los actuales sistemas públicos de pensiones basados en cotizaciones sociales –que son impuestos de carácter proporcional con bases topadas- pensados y diseñados para una economía industrial, en la que las empresas necesitaban un gran contingente de mano de obra –mayoritariamente masculina- que permitía financiar al colectivo de pensionistas. En este sentido, hay que tener en cuenta que el mundo –y especialmente lo que llamamos Occidente- ha evolucionado muy rápido desde que en el último cuarto del siglo XVIII se originase en Lancashire la revolución industrial. Los trabajos de Agnus Maddison así nos lo ponen de manifiesto: entre 1820 y 2001, la renta per cápita se multiplicó por 9, la población por 6 y la esperanza de vida al nacer pasó en Europa de 36 a 79 años. Por tanto, si ese crecimiento económico hizo posible la construcción y desarrollo del Estado de Bienestar que hoy conocemos en los países europeos, ¿porqué no se puede pensar que un mundo que avanza velozmente en los campos de la ciencia y la tecnología no puede suministrar un mejor bienestar y una mayor seguridad económica a los ciudadanos? Claro que para que ello suceda habrá que afrontar cambios radicales que respondan a una revolución tecnológica como la que estamos viviendo con una revolución en el ámbito de las políticas en general.

En el campo concreto de los sistemas de pensiones deberían adoptarse cambios profundos en las fuentes de financiación y a la par que se establezca el principio del mantenimiento de una renta básica a lo largo de la vida –de la cuna a la tumba- como elemento de cohesión en una sociedad que pretenda ser socialmente avanzada. Para ello hay que tener muy presente que, en donde no hace mucho tiempo, había millones de trabajadores que cotizaban a la Seguridad Social, ahora en esas fábricas hay robots que son capaces de trabajar de forma continua, sin bajas por enfermedad y sin absentismo, y que obviamente no cotizan al sistema. ¿No debería una parte de los beneficios generados por esos robots destinarse –en forma de impuestos- a financiar las pensiones del futuro? La respuesta está como siempre en la política: ¿quién se lleva -o cómo se reparten- las ganancias de productividad?

Supongo que retos políticos de este calado estaban presentes cuando en 1883 la llamada cuestión social se abordó con la creación de la Comisión de Reforma para el mejoramiento de la clase obrera. Seguro que en aquellas fechas casi nadie creía que sería posible recorrer el largo camino que separa la caridad de las Corporaciones y Hermandades del Antiguo Régimen y nuestro actual sistema de pensiones. En definitiva, la mejora esperada de la esperanza de vida constituye un desafío fundamental para la viabilidad de los sistemas públicos de pensiones, lo que tendría que dar lugar a una profunda discusión sobre nuevas alternativas políticas y económicas en este campo y no simplemente a circular por el carril determinista de los enfoques actuariales y tecnocráticos que son actualmente el centro de los debates políticos.

Finalmente, y ante las lúgubres perspectivas que se nos presentan, sólo me cabe preguntar a mi admirado profesor López-Otín sí seguirá siendo saludable pensar. ¿Porqué actualmente, a pesar de los avances científicos y tecnológicos, se está volviendo tan duro ganarse el sustento y el bienestar?