Una reflexión sobre el gobierno de los profesionales

Ante la manifiesta debilidad de las instituciones, existe una corriente con un poso profundamente antidemocrático: aquella que ve en el gobierno tecnocrático o de los profesionales como la solución a todos nuestros males. En el fondo, de lo que se trata es que sean sólo los jueces los que puedan hablar del gobierno de la judicatura; los profesionales de la salud de la sanidad; o los catedráticos de la universidad.

No existen razones de eficacia ni de eficiencia que justifiquen tal posición. Es más, me atrevo a afirmar que esa forma de concebir el gobierno de los grandes servicios públicos quizás asegure eficazmente la protección de determinados intereses corporativos, pero no asegura que esos servicios atiendan los objetivos que la sociedad persigue en cada momento.

Bajo la pátina de presunta “profesionalización” de los servicios, se encuentra el triunfo de una posición política que, en el fondo, pretende sustraer determinados ámbitos del control y establecimiento de objetivos por parte de la sociedad y de sus legítimos representantes.

¿Acaso alguien sostendría que para ser ministro de Defensa hace falta ser general? Pues en el resto de los ámbitos, tampoco hace falta haber alcanzado el máximo nivel profesional para ser un buen responsable-gobernante-director. Es más, el informe del comité de expertos sobre el sistema universitario sigue reservando el rectorado de las universidades a personas con el máximo grado profesional y reconocimiento investigador. Ahí puede estar el germen de una parte de los problemas de la universidad. Porque no hay nada que asegure que un Premio Nobel en Física sea un buen rector de una universidad, como un premio Nobel en Economía probablemente no sea el mejor ministro. Su reconocimiento es por hacer muy bien un trabajo en una disciplina, pero eso no le habilita especialmente para gestionar una institución compleja.

Otra cosa es que tenga que contar con la opinión, ente otros, de investigadores de excelencia, docentes de prestigio, antiguos alumnos o empresas para tener una idea cabal de lo que quiere hacer, lo que puede hacer y las consecuencias de sus decisiones. Y también tiene que tener en cuenta la opinión de la sociedad que financia al servicio público de educación superior. Y quien mejor puede expresar la opinión, los deseos y las ambiciones de la sociedad son sus cargos electos.

Aparte de otras consideraciones, el gobierno de los profesionales conlleva además un problema de legitimidad dinámica. Es decir, la cualificación profesional obtenida en un momento del tiempo (la oposición a abogado del estado se gana una vez y después quien la ha obtenido la tiene para toda la vida…) no quiere decir que profesionales “excelentes” en su campo en un momento del tiempo sean capaces de interpretar en cada momento los deseos, ambiciones y objetivos de una sociedad que les ha encomendado unas tareas que nada tienen que ver con la interpretación de su voluntad. Porque esa labor de interpretación de la sociedad corresponde a los cargos electos, no a los empleados públicos.

Esos profesionales deberían aportar su conocimiento y saber hacer para alcanzar los objetivos de la sociedad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones hemos asistido al enmascaramiento como decisiones técnicas de lo que realmente son opciones políticas. Lo que es peor, en ocasiones más bien parece determinados responsables técnicos boicotean la puesta en marcha de decisiones políticas que no comparten. ¿Nos imaginamos que un juez no aplicase una ley porque no la comparte?

El caso de la exclusión de cargos electos de las cajas de ahorro españolas es un buen ejemplo de las tensiones descritas aquí. Ahora, no se sabe muy bien a quién representan quienes rigen estas entidades; pero hace no demasiado tiempo era normal la presencia de cargos electos en sus órganos de gestión.

La presencia de políticos, como la de no políticos, ni es garantía de mala gestión, ni de buena. Porque de la misma manera que Lehman Brothers o Banesto quebraron, sin que conste concejal alguno en su consejo de administración, algunas cajas de ahorro españolas han sido ejemplos de buena gestión, sin que presencia de cargos electos en sus consejos fuese un obstáculo para ello. Así que la buena o mala gestión no depende solo de que se sea político o no, de la misma manera que en Pescanova no consta la presencia de cargos electos.

La paradoja es que ahora una persona que cumpla los requisitos de elegibilidad para la gestión de entidades financieras queda inhabilitada para estar en una entidad promovida por una caja de ahorros si resulta elegido en unas elecciones; pero paradójicamente puede ser consejero del Banco Santander y concejal. Como puede ser concejal y dueño de una promotora inmobiliaria.

No cabe duda de que tiene sentido vetar la presencia de políticos en aquellos casos en los que haya potenciales conflictos de intereses entre regulador y regulado. En el resto, la presencia de cargos electos debería estar sometida a las mismas exigencias y requisitos que cualquier otra persona; sin perjuicio de los regímenes de incompatibilidades que han de ser claros, exigentes y homogéneos, cuyo cumplimiento se debe verificar con rigor por un órgano independiente y común para todos los cargos públicos.

Más allá de eso, intentar excluir a un sector o actividad de la presencia de cargos electos o de representantes de su voluntad es un simple intento de sustraer a determinados sectores del necesario control social al que deben estar sometidos.

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