La crisis ya es sistémica

Está totalmente aceptado que España atraviesa una crisis económica profunda y prolongada que ya se puede denominar depresión sin temor a equivocarse. También está aceptado que atraviesan una crisis algunos partidos políticos y su funcionamiento. Sin embargo, otros consideramos que la crisis es mucho más profunda y que afecta al conjunto de nuestro modelo económico y de convivencia. Pedro de Silva la calificaba recientemente, la crisis es sistémica.

A estas alturas, lo que realmente está en cuestión no es solo el modelo económico, que es evidente que lo está, sino también el modelo de democracia representativa en toda su extensión. Está en cuestión el valor y la utilidad de las instituciones democráticas y de los cargos electos, cuando son la única garantía de participación en la vida pública de la inmensa mayoría de la población que no tiene otra voz que la que pueden expresar periódicamente a través de su voto.

Muestras del desprecio más absoluto a los representantes democráticos hay muchos, pero algunos claman al cielo por su indisimulada obscenidad. Uno de los más recientes se encuentra en el informe sobre propuestas de mejora del sistema universitario español cuando dice que “la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros, dentro de los cuatro años anteriores. La aceptación de un cargo público de un miembro del Consejo implicará su cese inmediato como miembro del mismo”[1]. La propuesta en sí misma da para pensar; pero es mucho más provocadora si se tiene en cuenta que entre los integrantes del citado comité se encuentra el Vicepresidente Tercero del Banco de Santander, Matías Rodríguez Inciarte, quien firma como tal.

Lo llamativo es que el fondo del texto anterior coincide plenamente con el “no nos representan” proclamado desde opciones que están en las antípodas ideológicas. Las posiciones más extremas tanto de derechas como de izquierdas coinciden en cuestionar las bases en las que se asienta el sistema democrático representativo: niegan la legitimidad de los representantes que son elegidos mediante voto universal, cuyos mandatos tienen límite temporal y en los que para renovar es imprescindible revalidar el apoyo en la ciudadanía. Es más, parece que ante los ojos de una parte de la opinión publicada, el hecho de pasar por el filtro de las urnas y obtener un legítimo respaldo  democrático convierte en una suerte de piratas aprovechados a quienes antes eran reconocidos profesionales en diferentes campos.

Este cuestionamiento de las instituciones democráticas y de los representantes de la voluntad popular está alimentada desde posiciones extremas de derecha y de izquierda. El PP se aprovecha de ella para unirla a la cacareada austeridad, sacar a relucir su vena más antidemocrática e intentar aniquilar instituciones de representación (ayuntamientos o parlamentos) y dificultar cínicamente la presencia en las instituciones de los representantes de la ciudadanía. El caso de la supresión de retribuciones a los parlamentarios de Castilla-La Mancha es el colmo del ventajismo, porque sólo afecta a los diputados del PSOE, puesto que previamente el PP se aseguró de que todos sus parlamentarios tuviesen retribuciones estables por ocupar cargos políticos en otras instituciones, desde el propio gobierno autonómico manchego hasta ayuntamientos y diputaciones.

Los medios de información más identificados con las posiciones más ultraconservadoras son los que dedican más tiempo y argumentos a descalificar y poner bajo sospecha a las personas que desempeñan puestos políticos. Y son sus mismos argumentos los que utilizan grupos autocalificados de izquierdas para proclamar una suerte de asamblearismo al estilo Beppe Grillo como solución a los males de la sociedad contemporánea.

Desde posiciones supuestamente de izquierdas, han surgido distintos movimientos políticos que avanzan en una dirección similar. En ese ámbito se encuentran quienes pretenden obtener escaños simplemente para no ocuparlos y, en consecuencia, no participar en las decisiones que se adoptan en esos órganos. O quienes se agrupan en torno a plataformas que pretenden conseguir tal o cual objetivo, ignorando las implicaciones que tienen sus propuestas en otros colectivos con aspiraciones y preocupaciones tan legítimas como las que están en el origen de aquellas plataformas. Y es precisamente la participación en las decisiones y la búsqueda de propuestas equilibradas la razón de ser de partidos políticos e instituciones representativas.

Ahora bien, que las posiciones más radicales de derecha e izquierda coincidan en rechazar la democracia representativa, ¿quiere decir que ambos persiguen los mismos objetivos? Y surgen más preguntas: ¿Es razonable esta pretendida exclusión de la “política” de los órganos de gobierno de instituciones financiadas con fondos públicos y cuyos objetivos trascienden con mucho a quienes trabajan en ellas (universidades, justicia, salud, educación, determinadas entidades empresariales, incluso financieras? ¿Qué personas razonables y competentes van a aspirar a ser cargo electo si el hecho de ganar la confianza de miles ciudadanos en competencia con otros candidatos les pone inmediatamente bajo sospecha y les inhabilita para la vida civil y profesional? ¿Dónde ha quedado la legitimidad que otorga haber ganado democráticamente la confianza de los conciudadanos para gestionar lo que concierne a todos? ¿Es el descrédito genérico y sin matices de los cargos electos la vía para regenerar la vida pública española?

Es evidente que es imprescindible cambiar cosas en profundidad para reforzar los mecanismos de gobierno de lo público y el sistema representativo. Ahora bien, hasta ahora no existe una alternativa real mejor para conjugar todos los intereses que simultáneamente conviven en una sociedad que el sistema de democracia representativa. Y está acercándose al abismo.



[1] VV.AA. (2013): Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, Madrid, página:45. En http://goo.gl/Fr8UU

Una respuesta a La crisis ya es sistémica

  • Jesús Arango dice:

    Santiago, bienvenido al blog de Fabian@sHoy. Y muchas gracias por recordarnos que haber tenido un cargo político no es sinónimo de antecedentes penales a los efectos de no poder desempeñar determinados puestos, pues con esa perspectiva algunos que hemos pasado una buena temporada en la gestión pública -según ese enfoque- deberíamos ser considerados a tales efectos como “delincuentes habituales”. Curiosamente, la realidad nos dice que si el sujeto en cuestión es derechas da la impresión que su pasado político prescribe rápidamente y pasa a tener la condición de independiente. Todos conocemos a algunos economistas, que habiendo colaborado con la dictadura desempeñando puestos de designación en los Ministerios, pero claro esa colaboración parece ser que fue “técnica” y han pasado posteriormente a ser renombrados economistas independientes. Así es la vida, si eres de derechas te consideran un técnico independiente, pero si eres de izquierdas acabarás siendo toda la vida un político, lo cual no debería avergonzarnos, sino todo lo contrario.

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