Archivo mensual: abril 2013

Fijar objetivos es una decisión política, aunque no la tomen políticos

Hay una corriente que se extiende peligrosamente que pretende excluir a los cargos electos, en particular, y a las personas políticamente reconocibles, en general, de diferentes ámbitos de la vida social y civil. Ahora bien, debemos tener claro que excluir a los políticos no es sinónimo de excluir a la política. Se seguirá haciendo política, pero escondida detrás de presuntos argumentos técnicos.

Hagamos un poco de memoria. Conviene recordar quiénes forman parte de los máximos órganos de dirección públicos y privados y qué se hace en ellos. Los máximos órganos decisorios determinan los objetivos de las entidades que dirigen, tanto en el ámbito de lo público como en el de lo privado.

En el caso de las empresas privadas, los consejos de administración están integrados mayoritariamente por representantes de la propiedad que tratan de hacer valer los legítimos objetivos de ésta: normalmente asegurar la existencia de beneficios que distribuir. Ahora bien, la pregunta es si ganar dinero es el único objetivo posible o si puede haber otros objetivos diferentes. Es obvio que puede haberlos. Seguro que a todos se nos ocurren otros objetivos diferentes, entre los que se encontrarían, maximizar empleo, atender determinados colectivos, alcanzar la máxima calidad o múltiples combinaciones de todos ellos …

Una vez asentado que en cualquier ámbito de la vida pueden existir multitud de objetivos entre los que hay que elegir, la cuestión es cómo o quién decide cuál de ellos es el que se debe alcanzar.  La elección significa que quienes deciden tienen un esquema de prioridades y de preferencias que explica la elección realizada.  Expresado de otra manera, si pueden existir otros objetivos, todos igualmente legítimos, quienes mejor pueden representar las preferencias de la sociedad en cada momento son los cargos electos. Diría más. A la hora de hacer valer este otro tipo de objetivos, los cargos electos tienen un plus de legitimidad, porque cuentan con el respaldo que dan los votos junto a la posibilidad de revocación a través de las urnas.

Es evidente que todas las personas poseen los valores e ideología que configuran su personal orden de prioridades que, en todo momento, les orienta en su toma de decisiones. Eso ya es política: decidir de acuerdo con unos valores y unas preferencias. En consecuencia, la expulsión de “los políticos” de los ámbitos de decisión no significa una expulsión de la política. Expulsar de los órganos de decisión a los cargos electos es acallar la legítima voluntad de la sociedad en beneficio de no se sabe muy bien qué objetivos, ni qué rendición de cuentas; pero no es abandonar lo que despectivamente llaman “política”. Es más, la política seguirá presente en los consejos u órganos de decisión, pero estará de una forma no explicita, no transparente, ni revocable a través de un proceso democrático. Estará enmascarada bajo presuntas decisiones técnicas neutrales, pero que en la mayoría de los casos serán realmente elecciones políticas.

Más bien creo que, dada la extracción social y el sistema de elección de los miembros de buena parte de esos órganos, lo que se conseguirá es que queden excluidas las posiciones diferentes a las visiones más tradicionales. Porque ya se sabe que la doctrina de los medios más ranciamente antidemocráticos es que cuando dicen “política”, quieren decir “izquierdas”, porque cuando es de “derechas” es “profesional o técnica”. Para esos, ser profesional es incompatible con ser de izquierdas.

Lo que llama la atención en medio de todo este griterío que se llama antipolítico, pero que realmente es antidemocrático, es que una parte de lo que se llama “izquierda” apoye el alejamiento de los cargos electos de los puestos de decisión, incluso de las personas públicamente reconocidas como de izquierda aunque no sean cargos electos.

A mi juicio esta posición es un claro error, por una razón doble: la primera, porque si la izquierda cree en una sociedad distinta, tiene que ser capaz de defender sus postulados en cualquier órgano de responsabilidad.
La segunda razón es que si no hay personas con valores e ideología de izquierda en los órganos de decisión, sólo habrá personas con valores e ideología de derechas… ¿o es que nos vamos a creer que alguien no tiene ideología? ¿O es que van a desaparecer los órganos de decisión?

No se trata de que los cargos electos lo ocupen todo, pero frente a quienes excluirlos de todos los ámbitos de decisión, sí es conveniente recordar ahora el valor y la legitimidad de las posiciones expresadas por las personas elegidas por la ciudadanía para representarla.

¡¡Que vienen los expertos!!*

Desde el diseño y puesta en marcha del actual sistema de pensiones, allá por los años 80, ha sido inocultable la preocupación en los medios académicos, gestores públicos, legisladores, medios de comunicación y los afectados presentes y futuros, acerca de la sostenibilidad financiera y equidad social del sistema.
Esto llevó a otorgarle un verdadero carácter de Política de Estado que se concretó en el llamado Pacto de Toledo, que no significa otra cosa que asumir, por parte de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria, la obligación de buscar el consenso político-social al margen de los intereses particulares o ventajas circunstanciales.
Con la explosión de la última crisis financiera del capitalismo y la recesión económica que padecemos en España, se han hecho evidente amenazas a la suficiencia financiera debido a la tendencia creciente de perceptores y disminución de contribuyentes.
Son innumerables los estudios y artículos publicados que insisten en el imparable envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y el incremento del cociente entre pensionistas y aportantes.
A lo largo de estos treinta años se han ido introduciendo mejoras en el sistema y adecuaciones a la evolución demográfica y del empleo. Siempre bajo el criterio de asegurar la continuidad de un sistema público y de reparto, único capaz de contribuir – significativamente – a la creación de una sociedad cohesionada, económica y socialmente equilibrada.
En general, los oscuros augurios de las prospecciones y opiniones publicadas adolecen, en mi modesta opinión, de dos fallas importantes.
Primero; considerar el déficit de rejuvenecimiento como incontestable, rechazando a futuro el factor inmigratorio como compensador, basándose sólo en lo ocurrido en los dos últimos años y negándose a observar este fenómeno en términos temporales amplios. ¿Se puede pensar que el abultado diferencial de renta entre nuestro país y los países emisores de emigrantes hacia España, no seguirá siendo un potente imán de atracción en el futuro?
Segundo; o no se introduce en los esquemas el necesario cambio de modelo productivo – verde, sostenible, tecnológicamente avanzado, basado en el conocimiento – y de ampliación de los grandes servicios públicos que consoliden nuestro estado del bienestar, o se descarta que puedan incrementarse las tasas de actividad y de empleo para mejorar el cociente entre pensionistas y contribuyentes.
Es conveniente convenir que en un próximo futuro, a pesar de los ajustes que puedan instrumentarse dentro del sistema, este se enfrente ante una insuficiencia financiera y deba recurrirse a la complementación de las contribuciones con recursos vía impuestos.
¿Por qué escandalizarse ante esa perspectiva cuando ya se procede así en las coberturas no contributivas a desempleados y pensionistas?
Parafraseando a Felipe Gonzalez; si en 1985 el PIB per cápita español era de 5.900 € y se pudo universalizar el sistema de pensiones que hoy tenemos, por qué no podemos mantenerlo a futuro cuando nuestro PIB per cápita, en plena recesión, ronda los 22.500 €. Y para los que miran hacia otro lado tratando de disimular su capacidad contributiva, habrá que recordarles que en España todavía tenemos un retraso de, al menos, diez puntos en presión fiscal respecto a los países europeos equiparables.
Y en eso estábamos cuando llegaron los “expertos” del Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas, patrocinado por la patronal de la industria aseguradora Unespa.
Con la autoridad propia de su experticia nos dicen que no insistamos, que no hay salida y que como muestra de su preocupación nos traen la buena nueva.
Veámosla, pues.
Hay que pasar de la prestación definida actual, a la aportación definida del nuevo sistema. Olvidémonos de edades de jubilación, de años de cotización, de escalas de aseguramiento y otras obligatoriedades. Cada uno irá formando su plan como le apetezca, durante el tiempo que le parezca a través de una fórmula tan sencilla y revolucionaria como la de la ecuación E=mc2 de Einstein.
“En el momento de la jubilación, anticipada o no, la pensión de cada cotizante pasa a ser la suma de todas sus aportaciones a lo largo de su carrera (debidamente actualizadas) dividida por el número de años que se espera que viva una vez retirado; este número de años se determina para todo el colectivo de su generación o su quinta.”
Pero no os preocupéis porque seguiría siendo un sistema de reparto, no entre los que aportan más y los que aportan menos, sino entre los que vivan menos y los que vivan más, respecto de la expectativa de vida media utilizada para el calculo de la pensión anual.
Es obvio que estos “expertos” no han reparado en que es ya sabido que las personas sometidas a condiciones de trabajo más duras, los con menores niveles educativos y peores condiciones de vida e ingresos más bajos, tienen expectativas de vida inferiores.
De reparto sí, pero de abajo hacia arriba.
Porque además, “Este mecanismo,… proporciona el conocimiento suficiente como para modular qué parte del ahorro se quiere dedicar, si se estima necesario, a mecanismos de capitalización individual.”
¿A quién pretenden engañar con una propuesta que bajo la tapadera del “reparto” lleva directo a un sistema de capitalización?
Y se les ve la patita.
Primer paso, asimilar el sistema público a los sistemas privados de aseguramiento. Segundo paso, con el estribillo de la libertad individual, cargarse la universalidad y abrir el juego a la voluntariedad de adscripción al sistema público o al privado. Tercero y último paso; liquidar el sistema público universal y de reparto y seguir alimentando las arcas y la gula del capital financiero.
El que avisa no es traidor.
Por supuesto, “El nuevo sistema supondría la exclusión del mecanismo contributivo de la viudedad y pensiones asistenciales, y financiarlas con impuestos.”
Además, deberá “tener también elementos adicionales que restauren el equilibrio financiero cuando se descuadren recursos y gastos.”
Como si no tuviésemos suficiente experiencia en eso de restaurar equilibrios financieros cuando se descuadran las cuentas de los poderosos de siempre.
Cuándo vamos a dejarnos de timideces y verdades a medias y aceptaremos que de la capacidad de generar excedente de un país – el de todos – se deberán dedicar recursos complementarios vía fiscalidad para asegurar condiciones de ingreso y de vida dignas a nuestros mayores.
Por último, que el señor Leal – expresidente de la patronal bancaria – haga honor a su apellido en ese grupo de “expertos”, está muy bien; lo que me intriga es qué hacen allí un exsecretario general confederal de CCOO y un exministro de industria de un gobierno socialista, diseñando estrategias en beneficio del capital financiero.
*El contenido de la propuesta del referido Grupo de Expertos y las citas textuales han sido tomadas del artículo firmado por Pablo Monje y publicado en Cinco Días y El País digital del día 22.04.13. http://cincodias.com/cincodias/2013/04/19/economia/1366401218_735794.html

Malestar ciudadano y deterioro del sistema democrático (2)

Hace apenas tres meses,en una entrada anterior, me refería al fenómeno preocupante del alejamiento ciudadano de la política y de los políticos, y al analizar las posibles causas de tal fenómeno citaba, entre otras,   la corrupción política que por la acumulación de casos que se van conociendo ocupa un lugar destacado entre los problemas que preocupan a los españoles. Citaba también otras causas de ese alejamiento como la falta de interacción entre el representante y los representados como una consecuencia negativa del propio sistema electoral; el incumplimiento por parte de los partidos políticos de los programas electorales y la percepción ciudadana – no siempre fundada- de que los políticos disfrutan de muchos ” privilegios”.

El hecho de que vuelva hoy sobre el mismo asunto se debe a lo que creo que es un crecimiento alarmante de esa pérdida de confianza entre representantes y representados que de no adoptarse con urgencia auténticas medidas de regeneración democrática que devuelvan la credibilidad a la política y a las instituciones, podría llegarse a una situación de grave crisis democrática y desgobierno en la que los “aventureros de la política” encontrarían su oportunidad para profundizar en el caos y en la crisis del sistema de democracia representativa ( veáse el caso de Italia).

Aunque las causas de este desapego ciudadano hacia la política, son anteriores, es  verdad que la situación de gravísima  crisis económica y social  que vivimos desde hace unos años, contribuye  a este preocupante cuestionamiento de las instituciones por parte de los ciudadanos que esperan legítimamente que los gobiernos sucesivos les solucionen los problemas que les agobian, y ante la incapacidad  de éstos y el incumplimiento de los programas electorales, se produce algo así como una rueda giratoria en la que los partidos gobernantes se van sustituyendo unos a otros aplicando políticas de ajuste y austeridad que aumentan el sufrimiento y el deterioro de las condiciones de vida de amplias capas de la sociedad.

Este clima de malestar social y desconfianza política se refleja un día tras otro y de modo casi coincidente en las múltiples encuestas y sondeos de opinión. Además de referirme al Avance de Resultados del Barómetro de Marzo  de 2013 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), voy a centrar sobre todo mi análisis  en lo último que hemos conocido ayer mismo : ”  el estudio sobre protesta social y legitimidad del sistema político” incluido en el Observatorio de la Cadena Ser de fecha 15 de este mes que elabora para esa cadena de radio la firma demoscópica MyWord; a cuyos principales y preocupantes resultados quiero dedicar los comentarios que siguen, aún a riesgo de resultar algo reiterativo,  teniendo en cuenta la enorme atención que distintos medios de comunicación y algunos políticos- estos últimos para descalificarlo- dedicaron a sus  conclusiones ( la Secretaria General del Partido Popular dijo sin más en rueda de prensa que le daba poca credibilidad, poniendo así de manifiesto una falta de respeto al trabajo y rigor de los autores del estudio).

En primer lugar hay que insistir en lo ya señalado anteriormente, en el sentido de que la crisis económica con sus secuelas en materia de desempleo y desprotección social, contribuye a agravar el clima de descontento y rechazo a la política y las instituciones, por el pesimismo y la falta de confianza de los ciudadanos en la salida de la crisis económica, como lo demuestra el dato de que más de un 92% sigue considerando que la situación económica es mala o muy mala; y lo que es más desalentador, casi un 42% considera que dentro de un año la situación económica será peor (Barómetro de marzo 2013 del CIS), El panorama no es mucho más alentador en relación con la situación política, ya que según el CIS, un 84% de ciudadanos considera que  es mala o muy mala y casi un 38% opina que dentro de un año será peor.

Así que en este clima de pesimismo y descontento en el que,según el Observatorio de la SER, un 59% reconoce que la crisis económica ha producido cambios grandes en su modo de vida, se explica el alarmante aumento de  la acciones de protesta o reivindicación, en cualquiera de sus formas: manifestaciones, huelgas, firma de peticiones. Llama  la atención el que un 64% de ciudadanos  considere que la protesta es un instrumento eficaz para lograr que los representantes políticos rectifiquen y que entre esos instrumentos un 67% considere como adecuado el “escrache” o presión directa sobre los diputados; si bien aquí hay que introducir el matiz importante de que de ese 67% solamente el 8% se muestra partidario de utilizar esa medida de presión aunque sea extralimitándose (acoso a familiares,etc.). Como un síntoma más de la radicalización del conflicto social que estamos viviendo, debe señalarse  que  a  un 27% de los ciudadanos les parezca bien la participación en una manifestación no autorizada y a un 23% la participación en actos de desobediencia civil, parara presionar.

Pero a mi juicio, lo más preocupante del estudio que comentamos son los datos relativos al estado de opinión sobre los políticos y los partidos. Produce alarma  que un 88% de los ciudadanos opine que junto con los grandes empresarios y los banqueros. los políticos forman parte de una élite que ” trabaja sobre todo en la defensa de los intereses de unos pocos” y que a pesar de que un 61% sigue pensando que la democracia es el mejor sistema político posible, un 57% opine que ” la democracia podría funcionar sin partidos políticos, mediante plataformas sociales que los ciudadanos elegirían para la gestión de los asuntos públicos”. Un dato añadido también preocupante es que haya un 39% de ciudadanos que opine que la democracia no es mejor que otros sistemas políticos.

Desde mi punto de vista, esta parte del sondeo de opinión es sin duda la más preocupante. En efecto ¿ qué está pasando para que un porcentaje tan elevado de ciudadanos piense que las plataformas y movimientos asamblearios pueden sustituir a los partidos políticos y a la democracia parlamentaria? ¿ Cómo se puede haber llegado a un grado tal de frustración ciudadana y desconcierto? Partiendo del más rotundo rechazo hacia estas derivas populistas y antisistema, creo que no basta con que los defensores de la democracia representativa nos reafirmemos en la convicción de que no hay alternativa a la misma. Es preciso y urgente que esa regeneración democrática de que tanto se habla se  tome en serio por parte de los partidos políticos y de las instituciones, pasando de la retórica a la puesta en marcha de un auténtico proceso de reformas del propio sistema que devuelva la confianza ciudadana en el mismo, disipando cualquier tentación de aventuras hacia soluciones inviables de articulación de la representación política.

 

 

 

 

 

Una reflexión sobre el gobierno de los profesionales

Ante la manifiesta debilidad de las instituciones, existe una corriente con un poso profundamente antidemocrático: aquella que ve en el gobierno tecnocrático o de los profesionales como la solución a todos nuestros males. En el fondo, de lo que se trata es que sean sólo los jueces los que puedan hablar del gobierno de la judicatura; los profesionales de la salud de la sanidad; o los catedráticos de la universidad.

No existen razones de eficacia ni de eficiencia que justifiquen tal posición. Es más, me atrevo a afirmar que esa forma de concebir el gobierno de los grandes servicios públicos quizás asegure eficazmente la protección de determinados intereses corporativos, pero no asegura que esos servicios atiendan los objetivos que la sociedad persigue en cada momento.

Bajo la pátina de presunta “profesionalización” de los servicios, se encuentra el triunfo de una posición política que, en el fondo, pretende sustraer determinados ámbitos del control y establecimiento de objetivos por parte de la sociedad y de sus legítimos representantes.

¿Acaso alguien sostendría que para ser ministro de Defensa hace falta ser general? Pues en el resto de los ámbitos, tampoco hace falta haber alcanzado el máximo nivel profesional para ser un buen responsable-gobernante-director. Es más, el informe del comité de expertos sobre el sistema universitario sigue reservando el rectorado de las universidades a personas con el máximo grado profesional y reconocimiento investigador. Ahí puede estar el germen de una parte de los problemas de la universidad. Porque no hay nada que asegure que un Premio Nobel en Física sea un buen rector de una universidad, como un premio Nobel en Economía probablemente no sea el mejor ministro. Su reconocimiento es por hacer muy bien un trabajo en una disciplina, pero eso no le habilita especialmente para gestionar una institución compleja.

Otra cosa es que tenga que contar con la opinión, ente otros, de investigadores de excelencia, docentes de prestigio, antiguos alumnos o empresas para tener una idea cabal de lo que quiere hacer, lo que puede hacer y las consecuencias de sus decisiones. Y también tiene que tener en cuenta la opinión de la sociedad que financia al servicio público de educación superior. Y quien mejor puede expresar la opinión, los deseos y las ambiciones de la sociedad son sus cargos electos.

Aparte de otras consideraciones, el gobierno de los profesionales conlleva además un problema de legitimidad dinámica. Es decir, la cualificación profesional obtenida en un momento del tiempo (la oposición a abogado del estado se gana una vez y después quien la ha obtenido la tiene para toda la vida…) no quiere decir que profesionales “excelentes” en su campo en un momento del tiempo sean capaces de interpretar en cada momento los deseos, ambiciones y objetivos de una sociedad que les ha encomendado unas tareas que nada tienen que ver con la interpretación de su voluntad. Porque esa labor de interpretación de la sociedad corresponde a los cargos electos, no a los empleados públicos.

Esos profesionales deberían aportar su conocimiento y saber hacer para alcanzar los objetivos de la sociedad. Sin embargo, en demasiadas ocasiones hemos asistido al enmascaramiento como decisiones técnicas de lo que realmente son opciones políticas. Lo que es peor, en ocasiones más bien parece determinados responsables técnicos boicotean la puesta en marcha de decisiones políticas que no comparten. ¿Nos imaginamos que un juez no aplicase una ley porque no la comparte?

El caso de la exclusión de cargos electos de las cajas de ahorro españolas es un buen ejemplo de las tensiones descritas aquí. Ahora, no se sabe muy bien a quién representan quienes rigen estas entidades; pero hace no demasiado tiempo era normal la presencia de cargos electos en sus órganos de gestión.

La presencia de políticos, como la de no políticos, ni es garantía de mala gestión, ni de buena. Porque de la misma manera que Lehman Brothers o Banesto quebraron, sin que conste concejal alguno en su consejo de administración, algunas cajas de ahorro españolas han sido ejemplos de buena gestión, sin que presencia de cargos electos en sus consejos fuese un obstáculo para ello. Así que la buena o mala gestión no depende solo de que se sea político o no, de la misma manera que en Pescanova no consta la presencia de cargos electos.

La paradoja es que ahora una persona que cumpla los requisitos de elegibilidad para la gestión de entidades financieras queda inhabilitada para estar en una entidad promovida por una caja de ahorros si resulta elegido en unas elecciones; pero paradójicamente puede ser consejero del Banco Santander y concejal. Como puede ser concejal y dueño de una promotora inmobiliaria.

No cabe duda de que tiene sentido vetar la presencia de políticos en aquellos casos en los que haya potenciales conflictos de intereses entre regulador y regulado. En el resto, la presencia de cargos electos debería estar sometida a las mismas exigencias y requisitos que cualquier otra persona; sin perjuicio de los regímenes de incompatibilidades que han de ser claros, exigentes y homogéneos, cuyo cumplimiento se debe verificar con rigor por un órgano independiente y común para todos los cargos públicos.

Más allá de eso, intentar excluir a un sector o actividad de la presencia de cargos electos o de representantes de su voluntad es un simple intento de sustraer a determinados sectores del necesario control social al que deben estar sometidos.

la expropiación del lenguaje: la austeridad y Martínez Noval.

Ha muerto Luis Martínez Noval. Por respeto sobre todo a su memoria, a su modo de ser, procuraré que estas lineas no sean hagiográficas, y rehuiré en lo posible la referencia a recuerdos personales. Sólo adelantaré que era benévolo testigo de mi dispersión en el discurso, como aquí se verá.

De Martínez Noval se ha dicho que era un hombre austero. Resultaba ser austero un objetor de la “austeridad”. De esta especie de oxímoron quiero hablar brevemente, como homenaje y recordatorio.

Los poderes -yo diría “la derecha” si no fuera por la anacronía, ya que lo que ocurre se hunde en el origen de la civilización- no sólo son dueños de las cosas sino también de las palabras. Y respecto de unas y otras, primero viene la conquista, la apropiación, y después la transformación. Poseen las cosas, las palabras y los medios de transmisión de unas y otras. Saben que lo que no se nombra no existe (Steiner), y si se nombra debe nombrarse y existir “como procede”. Sé que ésto es sobradamente conocido por quienes me puedan leer, pero creo un deber moral recordármelo y recordarlo. La historia de las palabras sufre esta involución, y, con frecuencia, nos contamina a todos. Incluso hemos podido llegar a trastocar nuestros “aforismos”, casi dogmas, sobre los impuestos hasta no saber en qué orilla acampamos.

El Poder escribe la historia. Ya se sabe. A veces, abiertamente: conocemos la Guerra de las Galias por el general vencedor, y, en las de este siglo por los medios escritos y cadenas televisivas de los invasores. Y, por desgracia, el pueblo romano y los pueblos de hoy saludan con laureles a los elegidos por los dioses.

Hace treinta años la austeridad era virtud de gente modesta en el vivir, al margen del grupo de pertenencia. Hoy dia, la austeridad es palabra mágica que, salvo que hagamos como Ulises frente a las Sirenas, justifica el desmantelamiento del Estado de Bienestar, para que -hablemos claro- los sectores poderosos obtengan más ganancias y los no poderosos pasen de la austeridad en su sentido genuino a la pobreza. Eso sí, para garantizar, dicen cínicamente, que sea posible mantener algún resto de la actuación del Estado-Leviatán, ese enemigo del Dios-mercado.

Ya en Roma se producía esta manipulación del lenguaje. Sólo recordaré que los Césares ulizaban ampliamente los términos y referencias de la época republicana, pro domo sua, nunca mejor dicho, conscientes del prestigio que la causa democrática de los “mayores” aún podía quedar entre los ecos de los muros. Pero pronto vendría el día en que el pueblo romano llegó a gritar: “nos ordenas ser libres, lo seremos” en oración al emperador Trajano. En la evolución de su práctica política, Roma asimilaba poco a poco la imagen misma que antes de su triunfo despreciaba siempre ante el enemigo. Azaña alabado por Aznar no es nuevo aunque sorprenda (Me permito recomendar el precioso libro “La lengua del Imperio” de Juan Luis Conde).

Pero “vengamos a lo de ayer, que también es olvidado como aquéllo”. No me extenderé, por obvio, y por explicado sobradamente en éstas y en otras muchas páginas en lo que está sucediendo en cuanto a pérdida de derechos. Asistimos atónitos a una guerra que ni literalmente es incruenta, aunque sin Panzers, en la que se pulveriza los derechos en trance de adquisición e incluso los adquiridos. Y entonces, por concesión a la nostalgia, recordaría con Luis Martínez Noval el análisis de la “irregresividad” de las normas a que con bastante razón y mucha brillantez nos sometía Olabarría Muñoz, con obligada cita de Persiani y tantos otros. Y qué decir del uso alternativo del derecho que justamente en sentido contrario al predicado por Barcellona usan nuestros operadores jurídicos (y económicos, por supuesto) una vez superada la vergüenza de los propios orígenes y perdido el respeto a las fuerzas de la parte débil del contrato social (o de trabajo). (Leamos la doctrina elaborada ya sobre la propiedad “privada” expropiada estos dias por el Gobierno andaluz). Siempre pensamos en el consenso entre la socialdemocracia y la democracia cristiana como afortunada conjunción para el logro de una sociedad esperanzada pero tal acuerdo no es ni siquiera mentado por las derechas en el poder, salvo aislados arrebatos, pronto silenciados. ¿Qué se hizo el Rey Don Juan? ¿Qué fué de las dos corrientes políticas?. Algo se ha hecho mal, como hablamos no hace ni un mes en el Regina, algo hacemos mal. Pero esta evidencia en la que debemos pensar y repensar no es de este lugar, salvo para insistir en la seriedad intelectual de nuestro amigo, también en los disgustos.

Para ir terminando no me resisto a callar tres despropósitos como muestra de la velocidad con la que cambian los significados, prescindiendo aquí de indagar intenciones, ocultos vasallajes o ignorancia culpable.

No olvidemos que pudo mandar en EEUU un personaje multimillonario que declaraba soezmente “estar también en desempleo” (Romney, Florida 2011).

El 26 de marzo de 2013 escribía Salvador S. en un periódico de Madrid: “De un lado naufraga el Estado de Bienestar creado a partir de ideas marxistas y no desde los principios económicos, humanistas y justos (sic)”. El creador de la expresión “Welfare State”, el Arzobispo William Temple quedaría atónito. El primer impulsor de pensiones publicas, el Canciller de Hierro, desenfundaría el sable. Lord Beveridge se sentiría confuso. Pues nada: éstos son los ideólogos o creadores de opinión.

En otro periódico se titulaba el 9 de abril: “El PS portugués pide el fin de la austeridad”. Hace treinta y cinco años conocí a Martinez Noval. Era un hombre austero (y modesto en exceso). ¿Quién podría adivinar entonces que los socialistas iban a pedir el fin de la austeridad? Los historiadores de la semántica no descansarán. Pero ¿no significa ésto que perdemos incluso en el manejo de la lengua? ¿Tenemos, al menos, una Circe que nos advierta del variado gorjeo de las palabras-sirena? ¿Lograremos ideas y palabras que signifiquen democracia sin apellidos? ¿Conseguiremos que quienes las trasladen a los demás sean seguidos en la austeridad primigenia que también practiquen?

Martínez Noval era economista pero no de esos grupos tan numerosos que ocultan vínculos y que embriagan con cifras y abstracciones sin atender el contexto, cuyo mejor espejo seria la “obsolescencia programada” aceptada sin escándalo. Ese tipo de teórico a cuyo “dictado” se ha llegado a comparar con la situación que en psiquiatría se atribuye a quien sufre delirios, por estar programado para no ver lo que no se quiere ver (la idea es ajena, por supuesto: por ejemplo, Jordi Pigem). Obvio resulta que tampoco sufren por quienes padecen (sujeto último de la economía), pues no los ven, ni escuchan, al menos, el Sermón del Monte.

Finalmente, puesto que Luis Martínez Noval era amante de la literatura y del cine, me permitiréis un Rosebud particular, aprendido de un humilde y gran compañero que lloró como nadie esta muerte y cuya frase de ya lejana felicitación repito ahora: “Luis:¡Tira, que libres!.”

Manuel Sampedro Gallo

¿Y la reforma empresarial?

¿Y la reforma empresarial?

(10-04-2013)

Por Jonás Fernández Álvarez, economista.

Más allá de constatar la profunda recesión que atraviesa la economía español en el marco de la eurozona, sumando ya un lustro bajo el signo de la crisis, los datos de contabilidad nacional aportan otra información relevante que informa de cómo se está canalizando la deflación interna que debería hacer las veces de una devaluación, ahora imposible, para reanimar las exportaciones y, con ello, el crecimiento. Sin duda, bajo el actual marco institucional de la eurozona sólo una deflación, que retroalimente a corto plazo y con potencia las exportaciones, supone una vía para recuperar la actividad. Ahora bien, los socialdemócratas no deberíamos resignarnos a esta vía de ajuste, resituando el foco de la política económica en una integración más profunda en la eurozona que permita un mejor funcionamiento de la política monetaria y el uso de la política fiscal. Sigue leyendo

La crisis ya es sistémica

Está totalmente aceptado que España atraviesa una crisis económica profunda y prolongada que ya se puede denominar depresión sin temor a equivocarse. También está aceptado que atraviesan una crisis algunos partidos políticos y su funcionamiento. Sin embargo, otros consideramos que la crisis es mucho más profunda y que afecta al conjunto de nuestro modelo económico y de convivencia. Pedro de Silva la calificaba recientemente, la crisis es sistémica.

A estas alturas, lo que realmente está en cuestión no es solo el modelo económico, que es evidente que lo está, sino también el modelo de democracia representativa en toda su extensión. Está en cuestión el valor y la utilidad de las instituciones democráticas y de los cargos electos, cuando son la única garantía de participación en la vida pública de la inmensa mayoría de la población que no tiene otra voz que la que pueden expresar periódicamente a través de su voto.

Muestras del desprecio más absoluto a los representantes democráticos hay muchos, pero algunos claman al cielo por su indisimulada obscenidad. Uno de los más recientes se encuentra en el informe sobre propuestas de mejora del sistema universitario español cuando dice que “la pertenencia al Consejo de la Universidad será incompatible con tener o haber tenido un cargo político, empresarial o sindical en organismo público alguno de ámbito nacional, autonómico, provincial, municipal u otros, dentro de los cuatro años anteriores. La aceptación de un cargo público de un miembro del Consejo implicará su cese inmediato como miembro del mismo”[1]. La propuesta en sí misma da para pensar; pero es mucho más provocadora si se tiene en cuenta que entre los integrantes del citado comité se encuentra el Vicepresidente Tercero del Banco de Santander, Matías Rodríguez Inciarte, quien firma como tal.

Lo llamativo es que el fondo del texto anterior coincide plenamente con el “no nos representan” proclamado desde opciones que están en las antípodas ideológicas. Las posiciones más extremas tanto de derechas como de izquierdas coinciden en cuestionar las bases en las que se asienta el sistema democrático representativo: niegan la legitimidad de los representantes que son elegidos mediante voto universal, cuyos mandatos tienen límite temporal y en los que para renovar es imprescindible revalidar el apoyo en la ciudadanía. Es más, parece que ante los ojos de una parte de la opinión publicada, el hecho de pasar por el filtro de las urnas y obtener un legítimo respaldo  democrático convierte en una suerte de piratas aprovechados a quienes antes eran reconocidos profesionales en diferentes campos.

Este cuestionamiento de las instituciones democráticas y de los representantes de la voluntad popular está alimentada desde posiciones extremas de derecha y de izquierda. El PP se aprovecha de ella para unirla a la cacareada austeridad, sacar a relucir su vena más antidemocrática e intentar aniquilar instituciones de representación (ayuntamientos o parlamentos) y dificultar cínicamente la presencia en las instituciones de los representantes de la ciudadanía. El caso de la supresión de retribuciones a los parlamentarios de Castilla-La Mancha es el colmo del ventajismo, porque sólo afecta a los diputados del PSOE, puesto que previamente el PP se aseguró de que todos sus parlamentarios tuviesen retribuciones estables por ocupar cargos políticos en otras instituciones, desde el propio gobierno autonómico manchego hasta ayuntamientos y diputaciones.

Los medios de información más identificados con las posiciones más ultraconservadoras son los que dedican más tiempo y argumentos a descalificar y poner bajo sospecha a las personas que desempeñan puestos políticos. Y son sus mismos argumentos los que utilizan grupos autocalificados de izquierdas para proclamar una suerte de asamblearismo al estilo Beppe Grillo como solución a los males de la sociedad contemporánea.

Desde posiciones supuestamente de izquierdas, han surgido distintos movimientos políticos que avanzan en una dirección similar. En ese ámbito se encuentran quienes pretenden obtener escaños simplemente para no ocuparlos y, en consecuencia, no participar en las decisiones que se adoptan en esos órganos. O quienes se agrupan en torno a plataformas que pretenden conseguir tal o cual objetivo, ignorando las implicaciones que tienen sus propuestas en otros colectivos con aspiraciones y preocupaciones tan legítimas como las que están en el origen de aquellas plataformas. Y es precisamente la participación en las decisiones y la búsqueda de propuestas equilibradas la razón de ser de partidos políticos e instituciones representativas.

Ahora bien, que las posiciones más radicales de derecha e izquierda coincidan en rechazar la democracia representativa, ¿quiere decir que ambos persiguen los mismos objetivos? Y surgen más preguntas: ¿Es razonable esta pretendida exclusión de la “política” de los órganos de gobierno de instituciones financiadas con fondos públicos y cuyos objetivos trascienden con mucho a quienes trabajan en ellas (universidades, justicia, salud, educación, determinadas entidades empresariales, incluso financieras? ¿Qué personas razonables y competentes van a aspirar a ser cargo electo si el hecho de ganar la confianza de miles ciudadanos en competencia con otros candidatos les pone inmediatamente bajo sospecha y les inhabilita para la vida civil y profesional? ¿Dónde ha quedado la legitimidad que otorga haber ganado democráticamente la confianza de los conciudadanos para gestionar lo que concierne a todos? ¿Es el descrédito genérico y sin matices de los cargos electos la vía para regenerar la vida pública española?

Es evidente que es imprescindible cambiar cosas en profundidad para reforzar los mecanismos de gobierno de lo público y el sistema representativo. Ahora bien, hasta ahora no existe una alternativa real mejor para conjugar todos los intereses que simultáneamente conviven en una sociedad que el sistema de democracia representativa. Y está acercándose al abismo.



[1] VV.AA. (2013): Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español, Madrid, página:45. En http://goo.gl/Fr8UU

España en depresión

Luis Martínez Noval. In Memoriam

 “Los fallos principales de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para proporcionarnos plena ocupación y su distribución arbitraria y no equitativa de la riqueza y la renta”. John Maynard Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936.

Jesús Arango

España se ha adentrado en una depresión. El término recesión se utiliza cuando la economía cae durante dos trimestres consecutivos, pero cuando la variación es negativa de forma continuada en tres de los últimos cuatro años no cabe más que hablar de depresión para referirse a la situación por la que atraviesa la actividad económica en España. En el gráfico –que incluye las recientes previsiones del Banco de España para 2013- que se adjunta se pone claramente de manifiesto este comportamiento, al que hay que añadir un caída aún más intensa del empleo: desde 2008 se han destruido más de 3 millones de puestos de trabajo, de forma que actualmente uno de cada cuatro trabajadores está en paro, y uno de cada dos jóvenes españoles no encuentra trabajo, ni siquiera precario. Además los que tienen la suerte de seguir ocupando un puesto de trabajo ven como sus salarios están siendo recortados. Si a todo ello se le añaden las miles de personas que han perdido su vivienda y que han quedado endeudadas de por vida, el millonario colectivo afectado por la estafa de las preferentes y las obligaciones subordinadas, así como la fuerte caída del precio de la vivienda, el más importante deposito del ahorro de las clases medias, el retrato se parece cada vez más a un grabado de los desastres de la guerra de Goya. Sigue leyendo

Luis Martínez Noval: un hombre honesto y consecuente

La muerte inesperada y repentina de Luis Martínez Noval ha producido una gran conmoción entre todas aquellas personas que hemos tenido el privilegio de conocerle y ser sus amigos.

Pasados unos días desde su fallecimiento y una vez superada en parte la emoción y tristeza que el hecho me ha producido, creo que es el momento de dedicarle el merecido recuerdo y homenaje en las páginas de este blog ,  cuya andadura se inició hace algo más de un año, cuando algunos, y especialmente él, decidimos exponer nuestras ideas y pensamiento en línea con el proyecto  socialdemócrata que defendemos.

Conocí a Luis en el año 1990 cuando sustituyó en el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a Manuel Chaves. Yo era entonces Director General de Trabajo, y al proponerme pasar a la Secretaría General Técnica acepté gustoso el cambio después de haber sufrido el duro desgaste que supuso para mí la responsabilidad de la gestión de las medidas laborales de la reconversión industrial que desde el Ministerio de Trabajo tuvimos que aplicar.

Durante los diez meses en que desempeñé la Secretaria General Técnica tuve ya ocasión de apreciar  su gran calidad humana y capacidad política, a pesar de su carácter tímido e introvertido. A ello había que unir su gran sentido de la austeridad en el desarrollo de sus tareas de Ministro hasta el extremo de restringir al máximo los gastos por desplazamientos al extranjero para asistir a las reuniones de Ministros de Asuntos Sociales de la UE o a algún otro lugar.

De mi etapa de Subsecretario con él de Ministro, los recuerdos son también imborrables. Al despacho de los jueves para preparar el Consejo de Ministros le dedicaba siempre mucha atención y no recuerdo haberle visto nunca enfadado; escuchaba bien y si necesitaba alguna aclaración la pedía sin levantar el tono de voz. Cesó  en julio de 1993 como consecuencia de la grave enfermedad que tuvo que afrontar;  y digno es  de resaltar que su sentido del compromiso político le llevó a participar activamente en la campaña de la Elecciones Generales de aquel año, a pesar de su precario estado de salud.

En cuanto a su gestión como Ministro, Luis se dedicó a la tarea política con rigor y pleno conocimiento de las amplias y complicadas competencias de un Ministerio como el de Trabajo y Seguridad Social, en el que el diálogo con los agentes sociales en aquellos años estuvo siempre presente, aunque no siempre fuera posible alcanzar el acuerdo. Durante su mandato tuvo lugar en mayo de 1992 una huelga general como rechazo por parte de los sindicatos a las modificaciones que en materia de políticas de empleo el Gobierno llevó a cabo  y a pesar de su carácter introvertido me consta la entereza con la que afrontó aquel ” mal trago”; siempre desde  de la más absoluta responsabilidad política.

De todas formas su trabajo político  en el Ministerio quedó incompleto por razones diversas, siempre ajenas a su gestión como Ministro. Recuerdo con qué ilusión impulsó la elaboración de un proyecto de ley sobre la regulación del derecho de huelga que, fiel a su talante dialogante , vino precedido de un proceso de negociación intenso por parte del Ministerio con los interlocutores sociales. Le parecía, y nos parecía a los miembros de su equipo, realmente asombroso el haber podido llegar a un acuerdo sobre una materia en la que los intereses de las partes negociadoras eran tan contrapuestos. !Qué lastima que  la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales del año 1993 diera al traste con aquel proyecto tan querido por Luis!

De su vida política posterior, estos días se ha escrito casi todo por lo que  no me voy a referir a ello. Me interesa más destacar que Luis nunca dejó de preocuparse por los temas y la marcha del Ministerio de Trabajo-para él tan querido- hasta tal punto  que ya en su etapa de Consejero del Tribunal de Cuentas, hemos venido celebrando casi todos los meses las ” cenas del Hotel Regina” a las que asistíamos un grupo de antiguos integrantes de su equipo de la etapa de Ministro. Es de esas cenas de donde surgió la idea-a iniciativa suya- de crear este blog en el que ahora escribo  y del que él  ha sido su principal animador hasta tres días antes de su muerte.

Aunque será difícil cubrir el vacío que nos ha dejado en lo humano y en lo intelectual, trataremos de dar continuidad al compromiso adquirido, siempre desde el recuerdo al amigo y a las ideas que con tanta convicción y coherencia defendía.

! Adios amigo Luis !