Archivo mensual: diciembre 2012

El impacto de la inmigración en la economía española

El debate  sobre la inmigración en los países europeos en general, y en la sociedad española en particular no ha sido ni es  pacífico, ya que frente a este fenómeno que con tanta fuerza ha irrumpido,  existen dos posturas claramente antagónicas: la de aquellos que desde posiciones y prejuicios xenófobos  consideran el fenómeno como algo negativo que no aporta nada al crecimiento económico e introduce una competencia indeseable en el mercado de trabajo entre nativos e inmigrantes; y por otro lado la de aquellos  que ven en la inmigración un fenómeno positivo que contribuye de forma importante al desarrollo demográfico y crecimiento económico del país receptor.

Obviamente este debate adquiere una mayor intensidad en  momentos como el actual de grave crisis económica y social; cuando el empleo se presenta como un bien cada vez más escaso y cuando además la política de austeridad, con su secuela de recortes del gasto público y de los servicios sociales, hace que los ciudadanos  reaccionen de forma  insolidaria  frente al acceso a esos servicios por parte de los inmigrantes a los que se considera como chivo expiatorio y causantes de los problemas e  insuficiencias de los mismos; sin analizar de forma objetiva la aportación al crecimiento económico de la inmigración. Ni que decir tiene además que es ahí donde los partidos populistas y xenófobos encuentran el caldo de cultivo para la manipulación de los ciudadanos  que agobiados por la crisis y la desesperación reaccionan violentamente en contra del emigrante. En este momento Grecia es el mayor exponente de esta situación, aunque no el único, pues incluso en países del Norte de la UE el rechazo  ”al de fuera” empieza a ser preocupante.

 

Nada mejor que  intentar  demostrar con  la información y los datos que analizo a continuación,  que lejos de haber sido una carga, los inmigrantes han contribuido de forma muy positiva al crecimiento de la economía española, sobre todo durante la fase alta del ciclo económico; para lo que utilizaré  como fuentes, además de la información que proporcionan el Instituto Nacional de Estadística (INE),  el BEL y Eurostat,  las principales conclusiones  de los numerosos estudios que se han publicado sobre esta cuestión; de entre los que destacaré: el artículo publicado en el nº 81 de la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración  con el título “Inmigración, Mercado de trabajo y S.Social: evidencia empírica e implicaciones de política económica “cuyos autores son Isidro Antuñano, Carlos Ochando y Angel Soler;  el informe publicado en mayo de 2011 por  la “Fundación Ideas” bajo el título: ” La contribución de la inmigración a la economía española”,elaborado por el equipo del Área de Economía y Sostenibilidad de dicha Fundación y  los colaboradores externos del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, Ramón Mahía Casado y Rafael de Arce Borda; un estudio sobre la contribución de los inmigrantes al IRPF, publicado en el en nº 61/2010 de la Revista de Presupuesto y Gasto Público cuyos autores son Mercedes Sastre, Teresa Pérez Barrasa y Luis Ayala Cañon; y finalmente el estudio publicado en mayo de 2011 en  el nº 31 de Colección de Estudios Sociales de la Obra Social “la Caixa”, con el título ” Inmigración y Estado de Bienestar en España”, cuya autoría pertenece a Francisco Moreno  y María Bruquetas.

Según Eurostat, el número total de  no nacionales que vivía en el territorio de un Estado miembro de la UE, a 1 de enero de 2010 era de 32,5 millones de personas, lo que representaba el 6,5% de la población de  la UE-27; de los que  más de un tercio (12,3 millones) eran ciudadanos de otro Estado miembro de la UE y el resto (20,2 millones) eran nacionales de paises no pertenecientes a la Unión, lo cual da idea de cómo Europa ha venido actuando como un auténtico polo de atracción de los emigrantes por razones económicas.

En 2010, después de Alemania con 7,1 millones de personas, España ocupaba el segundo lugar en el número de extranjeros con 5,7;  dándose la circunstancia de que  el conjunto de los cinco principales países de la UE-27 acogían el 77,4% del número total  de extranjeros residentes en su territorio; lo cual pone de manifiesto una clara tendencia de los flujos migratorios hacia los países grandes de la UE . En cuanto a la distribución por continentes y nacionalidades, ésta varía  considerablemente entre los distintos Estados miembros en función de factores y circunstancias de índole laboral, cultural  y  vínculos de carácter histórico, entre otras razones.

En el caso concreto de España, lo primero que hay que resaltar es el crecimiento casi exponencial de la población extranjera,  sobre todo a partir del año 2000 coincidiendo con los años de mayor crecimiento de la economía. Efectivamente, de acuerdo con los datos del Padrón municipal publicados por el INE,   de los 923.879 extranjeros residentes en España en el año 2000, hemos pasado,  el 1 de enero de 2012, a más de 5,7  millones( cifra similar a la de 2010 y superior  a los algo más de los 5,2 millones del Censo de Población y Viviendas de 2011 recientemente publicado), que representaban el 12,1 del total de la población, con un crecimiento en promedio anual de casi 400.000 personas, si bien con tendencia hacia la estabilización como consecuencia de la dura crisis económica y de empleo que padecemos y que de seguir así, previsiblemente acabará por acelerar los flujos de salida.

 

IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

La aportación de los emigrantes al empleo en nuestro país ha sido  espectacular: en el periodo de mayor crecimiento  (2001-2008),  los extranjeros ocupados se acercaron   a la cifra de tres millones, (2.886,5 millones), equivalente a más del 15% de la población ocupada total a esa fecha;  con un incremento, en términos absolutos,  de casi 700.000 trabajadores extranjeros en el período 2005-2008( con anterioridad la EPA no contenía datos  diferenciados entre nacionales y extranjeros).  A partir de 2009  se inicia  una importante pérdida de empleo, acorde con la crisis económica que  comenzaba, que ha supuesto   hasta el tercer trimestre de 20012 (último dato disponible), la destrucción de más  de 2.5 millones de puestos de trabajo de los que 675.000 estaban ocupados por  extranjeros, lo que motivó que la tasa de paro de los mismos se haya situado en un 34,84% (frente al 23,32% de los españoles) y  muy superior a la media de la UE-27 que según Eurostat, en 2011 era del 16,8%.

De estos  datos sobre la evolución del empleo de los trabajadores extranjeros  cabe extraer una primera conclusión: la inmigración  llegó a nuestro país atraida por una fuerte demanda de empleo por el extraordinario auge de nuestra economía en el período 2000-2008  y una oferta laboral insuficiente por parte de la mano de obra nacional para atender esos requerimientos; y fue sobre todo   el sector  de la construcción,  con pocas exigencias de cualificación, el que más mano de obra extranjera absorbió, de tal manera que de total de ocupados en ese sector,  todavía en el primer trimestre de 2008 el 25% eran trabajadores extranjeros, seguido de los servicios en el que a esa misma fecha del total de ocupados en el sector, el 13% eran también extranjeros.

Ello explica, a grandes rasgos, que al iniciarse la crisis y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, en el período 2009-2012 los inmigrantes se hayan visto afectados por la enorme destrucción de empleo del sector de la construcción, hasta el punto de que de los más de un millón y medio de puestos de trabajo destruidos en ese sector, casi 500.000 estaban ocupados por extranjeros. Por el contrario los inmigrantes han aguantado mejor el embate en el sector servicios en el que a pesar de haber bajado la ocupación total en el mismo en el período que analizamos, en más de 50o.ooo personas, los trabajadores inmigrantes mantienen  su cuota de participación en torno al 13% . Según la EPA ,  al finalizar el tercer trimestre de 2012, trabajaban en España, en el conjunto de los sectores productivos, más de 2,2 millones de extranjeros, lo que sigue situando su contribución directa al empleo de nuestro país en niveles todavía relativamente altos  (un 12,7% del empleo total).

 

Además de esta aportación directa al empleo por parte de los inmigrantes,  el Informe de la Fundación Ideas  se refiere también a lo que estima como aportación indirecta. ¿ En que consiste esta aportación? Los autores del Informe  contemplan como tales una serie de efectos inducidos  en el empleo de los nativos que inciden en el incremento del potencial de capital humano; en  la tasa agregada de empleo que se  produjo en la etapa de mayor crecimiento de la inmigración;  y en los salarios de los nativos.

En materia de salarios,  el Informe de la Fundación Ideas  valora de forma positiva el impacto   del empleo inmigrante sobre las remuneraciones de los nativos. Afirman sus autores, y en eso coinciden con  otros análistas, que lejos de lo que normalmente se piensa,  la complementariedad de las tareas desempeñadas por nativos e inmigrantes ha contribuido, en términos agregados, a una elevación de los salarios de los trabajadores nativos, al desplazarse éstos hacia puestos de trabajo de mayor cualificación, de tal manera que se ha  venido produciendo un ensanchamiento del abanico salarial del que se han beneficiado principalmente los trabajadores de nacionalidad española.

Que ello ha sido así lo ponen de manifiesto los datos de la última Encuesta de Estructura Salarial (2008-2010) del INE, conforme a loa cual en el año 2010(último dato disponible), los trabajadores españoles fueron los únicos que tuvieron un salario superior a la media anual  de 22.790,20€). En el caso de los trabajadores  procedentes de la UE el salario fue inferior en un 18% a esa media, y para el resto  de  otras nacionalidades se situó entre un 25% y 35%, por debajo también de la media.

Desde mi punto de vista, lo que los autores del Informe de “Ideas” consideran como un efecto positivo en relación con la remuneración de los nativos, presenta también la cara negativa de  la enorme brecha salarial que se abre entre los propios trabajadores en función de su nacionalidad (no siempre justificada  por el diferente grado de cualificación profesional), generando problemas de discriminación y desigualdad incompatibles con la cohesión social y la integración  de los inmigrantes.

Otro aspecto que destacan todos los estudios es  el impacto de la actividad emprendedora de los inmigrantes sobre el tejido empresarial.Un informe de la Global EntrepreneurshipMonitor de 2010, al que hace referencia el Estudio de la Fundación Ideas, pone de manifiesto que los extranjeros han mostrado una mayor propensión a emprender, llevados por una mentalidad más tendente a l riesgo y una mayor necesidad de hacerlo por subsistencia. Es cierto que analizando los datos de afiliación a la Seguridad Social se observa un crecimiento significativo de afiliados extranjeros al Régimen Especial de Autónomos: desde los 88.47 de 2002 a los más de 216.000 en Octubre de 2012; y además  a medida que avanzaba la crisis, este incremento se ha ido produciendo en paralelo a la disminución progresiva del nº de afiliados extranjeros al Régimen General, según el BEL

 

APORTACIÓN AL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Indudablemente la incorporación de la mano de obra extranjera a nuestra economía supone una aportación directa al PIB, aunque no resulte fácil realizar un cálculo exacto de la misma, dado que  la Contabilidad Nacional no contiene el dato desagregado de dicha aportación, razón por la cual los expertos utilizan distintos procedimientos de cálculo para aproximarse a esa cuantificación.

En el caso del Estudio de la Fundación Ideas, sus autores  estiman que la contribución directa de los inmigrantes a la actividad productiva en nuestro país se habría situado en torno al 10% del PIB en el año 20010 (último año del estudio), partiendo de apenas un 2,7% en el año 2002; de tal manera que agregando los efectos de la inmigración sobre la población y la renta “per cápita,” consideran  que el 60% del crecimiento de la economía española en el período 2000-2010  se puede atribuir a la inmigración ( en torno al 1,2%). En todo caso en lo que sí suele haber un cierto consenso es en que sin la aportación de los inmigrantes en los años de mayor expansión económica, hubiera sido difícil alcanzar las  tasas de crecimiento del 3% del PIB.

 

CONTRIBUCIÓN FISCAL DE LOS INMIGRANTES

Finalmente unas consideraciones sobre la “balanza fiscal” de la inmigración, dado que, como es evidente, la contribución de los trabajadores extranjeros al crecimiento económico de un país  genera también un impacto en las cuentas públicas por la doble vía de los ingresos y los gastos. La pregunta es si es posible aproximarse a una cuantificación  que permita fijar el saldo de esa “balanza fiscal” entre lo que aportan los inmigrantes vía impuestos y lo que reciben vía prestaciones sociales. Se trata de una cuestión relevante  que ha sido objeto también de atención en numerosos estudios y no exenta de dificultades; sobre todo por las distintas vías a través de la cuales  el fenómeno inmigratorio  impacta en las finanzas públicas.

Los inmigrantes generan ingresos vía cuotas a la Seguridad Social, IRP, IVA, tasas e impuestos especiales, etc y al mismo tiempo   producen gasto social  principalmente en sanidad y educación ( según los datos del Estudio de la Obra Social ” la Caixa”, en 2007, el 75% de ese gasto fue destinado a educación y sanidad  y el resto a otras prestaciones y aunque, conforme a los datos más recientes,  el porcentaje de gasto social dedicado a los inmigrantes  ha crecido, pasando del 1% en gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% en gasto sanitario y al 6% en gasto educativo, sin embargo esas proporciones siguen siendo inferiores al porcentaje de los inmigrantes sobre la población total.

¿ Cual ha sido entonces el balance ?. Los autores del Estudio de la Fundación Ideas, al igual que otros analistas,  utilizan como fuente   un Informe  de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno de 2006   que estimaba que el 50% del superávit alcanzado por la finanzas públicas  en los años de mayor crecimiento de la economía española correspondía a los inmigrantes que   absorbían el 5,4% del gasto público ( 18.618 millones de €) , y contribuían con 6,6% de los ingresos totales del Estado (23,402 millones), con un saldo de 4.784 millones de €  (equivalente  casi al 50% del superavit  conjunto del sector público en 2005).

Según otro estudio   de Dolado y Vazquez , al que también se refiere el Informe de la F. Ideas, los ingresos procedentes de la inmigración en 2008 sobrepasaban los costes en cerca de 2000 millones de € anuales. A su vez, el nº monográfico de la Revista Presupuesto y Gasto Público dedicado a la contribución de los inmigrantes sl IRPF ,cifraba en el año 2005, en casi cuatro millones  el nº de contribuyente extranjeros ( el 7% de la población total contribuyente por IRPF )  con una aportación  equivalente al 3% del total de lo recaudado por ese impuesto.En cuanto  a la afiliación a la Seguridad Social, el nº de afiliados hasta octubre de 2012 se mantiene en cifras relativamente estables en el total, aunque  con una distribución diferente (  tendencia decreciente   de la afiliación en el R.General y creciente en otros regímenes como el de Empleados del Hogar y Autónomos).

En todo caso  quiero llamar la atención sobre las dificultades existentes para encontrar sobre esta cuestión análisis y estudios actualizados, aunque es lógico pensar que como consecuencia de la crisis que  está castigando seriamente a los trabajadores extranjeros, la situación de la balanza fiscal de la inmigración ha de haber experimentado cambios importantes.

Concluyo este ya largo artículo confiando en haber podido contribuir a disipar  el rechazo  hacia los inmigrantes  que  de modo preocupante según las encuestas, se va extendiendo entre los españoles. Los extranjeros vinieron  a trabajar para cubrir las necesidades de nuestra economía; contribuyeron  al crecimiento económico en la fase alta del ciclo y aunque  ellos se han visto  afectados por la crisis  y la destrucción de empleo en mayor medida que los nativos, su presencia  sigue siendo importante en algunos sectores; y de cara al futuro pensando en nuestras previsiones demográficas. En lugar de rechazo lo que se necesitan son políticas de integración y formación para prepararlos para el cambio de modelo productivo que inexorablemente tendrá que llegar.No parece que vaya en esta dirección la decisión del Gobierno de excluir de la asistencia sanitaria a un sector importante de aquellos inmigrantes que todavía no han podido regularizar su situación. La noticia de ayer mismo de que el Tribunal Cosntitucional podría revisar esta situación, parece alentadora.

 

 

 

 

 

 

 

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SUERTE QUE HAY EXPERTOS PREOCUPADOS POR NOSOTROS

El problema que veo en estos expertos tan preocupados por la clase política – ver César Molinas El País “Una teoría sobre la clase política española” – o la crisis del socialismo español – ver José Luis Alvarez http://www.caffereggio.es/2012/12/17/la-reforma-radical-del-psoe-de-jose-luis-alvarez-en-el-pais/ – es que más allá de lo acertado o no de sus diagnósticos, se reducen a efectuar propuestas unívocas y un tanto simplistas. Listas abiertas, el primero, e irrupción de un líder carismático, el segundo.
Que en todas las organizaciones – no sólo las políticas – se desarrolla un debate entre aquellos que se apoyan en las palancas organizativas para imponer su poder burocrático y quienes quedan fuera de esas instancias de poder, es algo más viejo que las propias organizaciones. (Miakovski en su lucha poética contra la burocracia soviética terminó suicidándose). Que de ese enfrentamiento, si ganan los anti aparato esté asegurada la superación del fenómeno burocrático, es mejor ponerlo en duda. Buena parte de las fuerzas movilizadas por el “cambio” no aspiran a otra cosa que a la sustitución de un grupo dirigente por otro nuevo.
En las empresas, además de los directivos y empleados están los accionistas, los acreedores, la bolsa y los clientes que tienen una mayor o menor influencia en la resolución de las batallas internas. En los Partidos, especialmente en los de “concepción democrática” como el Socialista, además de los distintos grupos “dirigentes” que controlan diferentes niveles de poder orgánico, están los afiliados de base, los simpatizantes y los ciudadanos. En principio, la batalla se dirime, es nuestro caso, entre los grupos dirigentes, con diferentes grados de respaldo por parte de los afiliados de base sujetos a diferentes vías de manipulación. J.L. Álvarez, consciente de las dificultades orgánicas para superar la situación de crisis política del socialismo español: pérdida de credibilidad, desplome electoral, “falta de confianza como partido de gobierno y falta de reputación de su aparato como potencial fuente de cuadros de Gobierno”, con el alejamiento de cuadros profesionales y políticos que podrían hacer aportes sustanciales para la superación de la actual situación, nos regala su propuesta estrella. La aparición de un líder con ideas renovadoras, coraje político y suficiente carisma que se lleve por delante las formas orgánicas y de funcionamiento actuales, desmantele las barricadas burocráticas y, mediante la apelación directa a los afiliados, simpatizantes y ciudadanos reinvente el Socialismo Español. Piensa que su propuesta cuenta con el respaldo de la experiencia histórica, ahí están los ejemplos de Felipe, Blair y Aznar.
Y J.L. Álvarez nos advierte;
“Como estos (…) casos ilustran, el trabajo del liderazgo en un partido es la quiebra de las rutinas e inercias estructurales e ideológicas para mantener libertad estratégica, el tensionar constantemente la organización para hacerla adaptable a la sociedad. Liderazgo y organización son opuestos. La función del liderazgo es vencer la resistencia al cambio de la organización.”
“¿Qué cambio radical y/o reformista de la legislación electoral, que permita como consecuencia la renovación interna del partido, que permita a su vez gobernar la sociedad, está proponiendo hoy el PSOE, con toda la fuerza de su organización, en todos los frentes de acción?”
“Solo el liderazgo puede frenar esta deriva.”
Álvarez no nos dice si las improntas de liderazgo rupturista de Felipe y Blair en el PSOE y el Laborismo Británico, no habrán dejado huellas identificables en la crisis actual de ambos partidos.
Desde mi modesta perspectiva de militante ya viejo y curioseador de las historias, no tengo una muy positiva opinión sobre el papel de los liderazgos demiúrgicos, porque en algunos casos son ellos quienes crean los más formidables aparatos burocráticos ¿Stalin, Fidel y Hitler entre otros? o instrumentan a las organizaciones y a las masas a partir del culto a la personalidad, la demagogia y el clientelismo electoral ¿Cuántos líderes populistas podemos mencionar?
Es que la cuestión no está planteada entre organización y liderazgo, sino entre organización burocrática y democrática. Entonces se trata de lograr – y las crisis siempre ofrecen oportunidades – dar un vuelco democrático al PSOE en lo orgánico y funcional, con un liderazgo colectivo que permita recuperar su liderazgo político y social.
Sobre la propuesta de César Molinas hice algunos comentarios en http://poli-tic.net/2012/09/26/cesar-molinas-y-su-teoria-sobre-la-clase-politica-algunos-comentarios/#more-1038 , aquí mismo formulé algunas propuestas de cambio de la estructura del Estado y el sistema electoral. La inquietud sincera puesta de manifiesto por J.L. Álvarez merece que nos esforcemos por hacer propuestas orientadas a la democratización en profundidad del Partido y su adecuación a la realidad social y política de la España de hoy.
Francisco S. López Romito

Un controvertido editorial: ¿cómo actualizar las pensiones?

El editorial de 12 de diciembre que el diario El País dedica a las pensiones, enmarcado en el conjunto de editoriales que el día anterior anunciaba, va dirigido a proponer la necesidad de cambios paramétricos en nuestro sistema de pensiones materializados a la mayor brevedad posible. Lo que dice pretender ese texto no es otra cosa que la sostenibilidad del sistema a largo plazo, un logro que todas las propuestas que se han hecho a lo largo de la historia reciente de nuestro país decían perseguir.

Las tres modificaciones de las normas que rigen en el acceso a una pensión, y su revalorización una vez percibida, tienen enjundia suficiente para ser consideradas singularmente, si bien yo me quiero referir a una de ellas porque quizás sea la que suscita mayor grado de controversia, y lo que es más importante, la que provocaría los efectos más devastadores para el objetivo que tiene todo sistema de seguro social, que no es otro que la lucha contra la pobreza en la vejez. Lo que el editorial propone es sencillamente la desconexión entre la revalorización de la pensión y la tasa de inflación medida por el índice de precios al consumo. Analizada en profundidad, esa propuesta va más allá del cambio paramétrico y conlleva la defensa del cambio sistémico. Explicaré porqué.

La primera cuestión sobre la que cabe poca discrepancia, es la que afirma que las pensiones exigen un método de revalorización porque, en caso contrario, su valor real decaería con el tiempo hasta conducirlas a valores de miseria. Nadie está de acuerdo con esa depresiva evolución y, por tanto, la cuestión estriba en el elemento a utilizar, la referencia a la que ligar la revisión de su valor. Una primera posibilidad es la de dejar que sea el gobierno de turno el que a  la vista de la coyuntura de cada momento decida si, en un marco de sostenibilidad, se dan las condiciones presupuestarias y financieras para proceder a una revisión, y su cuantía. Esa opción cuenta con muy pocos defensores debido a que deja las pensiones fuertemente sometidas al riesgo político, eventualidad difícilmente mensurable y que socava un elemento fundamental en todo sistema: la confianza en las reglas que lo sustentan.

Descartada esa opción, conviene recordar que con anterioridad a la estanflación de la década de los 70 el criterio para la revisión en la mayoría de países era la evolución de los salarios porque se consideraba que se era el modo de que las rentas de la población activa no se separaran de las de la población pasiva. Más tarde en la mayoría de países europeos se fue implantando el índice de precios al consumo como indicador al que conectar la evolución de las pensiones; una decisión que se fundaba en la evidencia de que los precios avanzaban a menor velocidad que los salarios. Dicho de otro modo, se entendió que las pensiones no se deberían de ajustar con exactitud al progreso del resto de las rentas. (Una completa investigación de este asunto se puede encontrar en Pensions Panorama. The World Bank. 2007)

La mayor parte de países europeos y eurozona revisan sus pensiones con los precios, lo que es nuestro caso. Convendría recordar cual es nuestra historia. Con anterioridad a 1985, las revisión dependía de la voluntad del gobierno y a partir de 1985 en la Ley 26/1985 las pensiones mínimas se revisaron con la tasa de inflación del ejercicio anterior. Aún recuerdo en la discusión de la Ley la defensa tronante del voto en contra del PP que hizo Fernando Suárez quien, brillantemente eso sí, recordaba que ese objetivo de preservar el valor real de la pensión a lo largo del tiempo, era una quimera. Así ocurrió, pese al PP, no sólo con las pensiones mínimas sino con el resto de pensiones (excepto la máxima que estuvo congelada cinco años en 1.129,6 euros). La Ley 24/1997 dio carta de legalidad a la revisión de todas las pensiones con la tasa de inflación, aunque no con la del año anterior sino con la de una previsión del gobierno en PGE que posteriormente se ajustaba con los resultados reales del comportamiento del IPC de noviembre a noviembre. Naturalmente que esa diferencia entra previsión y realidad se compensa, y esa paga consolida la pensión para el aumento del ejercicio siguiente.

En consecuencia, si el IPC no es la referencia adecuada para la revisión, ¿cuál debe de ser? En Suecia, esta cuestión fue bastante debatida cuando se produjo el cambio de sistema. Algunos defendieron que debería ser el crecimiento de la base fiscal del sistema, esto es, el crecimiento de la masa salarial de la economía nacional, aunque quienes se impusieron fueron los que propugnaban que el mejor indicador del avance de una sociedad era el crecimiento del salario por asalariado de la economía. Esto es: la remuneración salarial total de la Contabilidad Nacional, dividido por el número de asalariados.

Pues bien, lo que el editorial propone tiene un inconveniente. Si el IPC desaparece como referencia para revisar las pensiones, ¿tiene sentido que siga siendo la tasa de actualización de las cotizaciones a la hora de calcular la base reguladora de la pensión, que el editorial extiende a toda la vida laboral? Evidentemente, no lo tiene. Si no sirve para revisar las pensiones tampoco debería servir para rentabilizar o actualizar las cotizaciones. En este asunto la coherencia conlleva la simetría perfecta, lo que sirva para revisar las prestaciones debe de servir también para actualizar las cotizaciones.

Llegados a este punto es obligada una mirada al comportamiento a largo plazo de esas dos variables, inflación y salarios, en la economía española, para juzgar cuales han sido, si las hubo, las ventajas o inconvenientes en la preferencia por una u otra referencia.

La evidencia que proporcionan los datos de nuestra economía es contundente. El salario medio creció en España en las tres décadas precedentes (1981-2011) en un 430,8%, mientras que la inflación, medida por IPC, lo hizo en un 326,4%. No cabe duda de que ese 68,4% de diferencia ha incidido en la divergencia entre rentas de activo y de pasivo que han crecido a ritmo distinto en el período. Con todo, pese a esa diferencia, la tasa de sustitución de una renta por otra de nuestro sistema se encuentra entre las más elevadas de Europa.

Mi punto de vista es que si ese editorial rechaza los precios como factor de revisión, se inclina por los salarios. E inclinarse por salarios, que como vimos son históricamente de crecimiento más acelerado que los precios, en un marco en el que se demanda sostenibilidad para el sistema, implica necesariamente un cambio sistémico en nuestra Seguridad Social. O lo que es lo mismo, un giro hacia un sistema público de reparto pero de contribución definida. Más claro aún: un sistema a la sueca.

 

Avances y retrocesos, o el salchichón en rodajas

A medida que la legislatura se va deslizando hacia su fin, cumplido ya un cuarto de su mandato, es hora ya de hacer un balance político de lo que el poder absoluto en manos de la derecha está significando para nuestro país. Quizás la primera cuestión que se debe abordar con criterio analítico es la fama de buenos gestores de la economía que ellos mismos se habían arrogado y que, sorprendentemente, caló en la opinión pública.

Sin embargo, el público olvida o tiene dificultades para comprender que la gestión económica de su anterior etapa en el gobierno, que va de 1996 a 2004, coincidió, afortunadamente para ellos (y para todos), con una fase expansiva de todas las economías occidentales de intensidad desconocida desde la época de los treinta gloriosos que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Tanto es así que los mejores espadas de la ciencia económica (Bernanke y Blanchard, entre ellos) se refirieron a ella como la etapa de la Gran Moderación, por su escasa volatilidad macroeconómica y, sobre todo, bajos tipos de interés. En esas condiciones del entorno, el crecimiento y la creación de empleo estaban servidos.

Muy distinta es la etapa que ahora les ha tocado gobernar en la sociedad española. El marco europeo es ahora adverso y hostil y nada hace pensar que el gobierno español tenga autonomía para decidir lo más conveniente a los intereses nacionales, a menos que la austeridad sea una ideología y no una imposición exterior. ¿Cuál de las dos será? Esa es la incógnita. Puede, sin embargo, que se trate de una combinación de las dos. A cualquier persona con un mínimo de sensibilidad sociolaboral le habrá llamado la atención la mansedumbre y aquiescencia con la que el primer ministro portugués Passos Coelho acepta que la troika le imponga una reducción de la indemnización por despido de 20 a 12 días, siguiendo las recetas que dejaba en nuestro país el señor Gurría, que abogaba por lo mismo para nuestro país.

Ahora bien, en este panorama depresivo y triste es obligado hacer un somero inventario de lo que teníamos como país y de lo que se está evaporando en estos momentos. En el ámbito de los derechos sociales, desgraciadamente, todas las semanas conocemos que al salchichón se le corta una nueva rodaja, y esa estrategia que desemboca en el Estado mínimo es posible que esté perfectamente pautada en el calendario de modo que la asunción por la sociedad española de todos los retrocesos sea más digerible. ¿Acaso no es visible esa estrategia en el retroceso en los derechos de los ciudadanos a una sanidad universal y gratuita? La última rodaja se llama copago de los traslados en ambulancia. ¿Y cuántas rodajas van ya? Quienes se extrañen por el comportamiento de este gobierno de la derecha en el tratamiento regresivo de estas cuestiones, deberían abandonar su extrañeza. La mejor prueba de ello es el BOE. En el Boletín no encontramos un sólo avance en materia de derechos sociales que lleve la firma de un responsable político del PP. Se pueden recordar fácilmente los mojones de esa trayectoria de avances. Comienzan con la reforma de las pensiones de 1985, en la que se estableció la revisión de las pensiones mínimas, al menos, con la tasa de inflación, lo que ha conducido a que en los pasados treinta y cuatro años, esas pensiones hayan ganado un 411% en capacidad adquisitiva; entre 1989 y 1991 los pensionistas de los regímenes especiales de la Seguridad Social no asimilables al General pasan a cobrar 14 pagas (venían cobrando doce); en 1986 se aprueba la Ley General de Sanidad, que pone los cimientos de nuestro Sistema Nacional de Salud; en 1990 se aprueba la Ley de Prestaciones no Contributivas de la Seguridad Social que contiene derechos de pensión de jubilación e invalidez de quienes no hayan podido cotizar para tener derecho a las prestaciones contributivas; nacen en esa ley, también, las prestaciones por hijo a cargo en las dos modalidades, contributiva y no contributiva; en 2006 aparece después, de una larga espera, la ley de la Autonomía personal y de atención a la Dependencia. Insisto en que no hay razones para la extrañeza. No hay en el ADN de la derecha española gene alguno que propenda a la generación y consolidación de derechos para el común de la ciudadanía, sean estos civiles, económicos o sociales. Más bien al contrario.

Pero querámoslo o no, estas son las circunstancias en las que nos toca vivir. Por si fuera poco, los enemigos del Estado de bienestar se han visto felizmente liberados del blame avoidance (evitación de culpa) que les contuvo en la fase expansiva (1996-2004) y se proponen ahora ajustar cuentas desmantelando lo conseguido rodaja a rodaja, prestación a prestación, derecho a derecho, fiando a la escasa importancia relativa de cada una de sus decisiones al extraordinario logro del resultado final; en suma, pretendiendo acabar con el salchichón por medio de finas rajas. Hoy unos medicamentos, mañana otros, pasado mañana el servicio de ambulancia, la semana que viene la gestión de los hospitales, y así sucesivamente. Lo verdaderamente curioso de su comportamiento y discurso es su insistencia en lo inevitable de lo que hacen, su disconformidad con sus propios actos y la promesa de reversibilidad de cuanto desmantelan, cuando los tiempos nos devuelvan la coyuntura económica propicia para ello.

Pero ¿quién les puede creer? Nos dijeron que tenían la fórmula para generar confianza en la economía y lo que han traído es la desconfianza generalizada. ¿No dice nada que cuando las cosas se han puesto negro sobre blanco, las cajas de ahorros que han salvado el pellejo, y pasado el obstáculo de Oliver Wyman estén ubicadas en Aragón, Asturias, Cataluña y Andalucía? La prima de riesgo, la tasa de variación de la formación bruta de capital fijo, la evolución del crédito, el nivel de demanda agregada, nada de lo que es mensurable indica que la confianza (bien intangible por excelencia) en la economía española se haya restaurado. Eso era por lo que la derecha clamaba y de lo que hizo razón de Estado y estrategia electoral. Pasado un año, en tan sólo doce meses la banca internacional recela de la española, la banca española no se fía de la empresa española, y la mayoría de los ciudadanos de este país observa el panorama con miedo y recelo, lo que refleja con nitidez el aumento de la tasa de ahorro de los hogares.

Todo eso en un marco en el que la ciudadanía asiste a una perdida gota a gota de los derechos sociales conquistados en el pasado. Y más aún, en este momento en el que de nuevo Alemania vuelve a imponer su férrea y ortodoxa voluntad en el último Consejo Europeo del año, negándose a que la UE apruebe medidas para el impulso del crecimiento y del empleo. ¿Hasta cuándo?

Estructura del Estado y ejercicio de la soberanía popular

La contestación a César Molinas por parte de Paco González de Lena en estas páginas de Fabian@shoy.org, especialmente su tercera parte publicada el 4 de Noviembre pasado con el título de “No adorarás el falso ídolo de las listas abiertas”, me motivaron a aportar algunas sugerencias sobre uno de los problemas políticos más importantes de la democracia española actual. Sigue leyendo

ENTENDIMIENTO DE LA CONDICIONALIDAD: RESCATE FINANCIERO Y DESPIDOS COLECTIVOS

La entrada de Luis Martinez Noval sobre el rescate financiero y sus entornos/condicionantes economicos(“Un rescate financiero bastante chapucero”) no  agota , desafortunadamente ,los analisis criticos sobre el Programa de Asistencia Financiera para la Recapitalizacion de las Instituciones Financieras en España, sobre su gestacion , sus procedimientos y sus resultados.Un analisis desde la perspectiva del empleo,de sus efectos para el empleo, y desde la de su insercion en la dinamica de las decisiones UE con efectos en los Estados.Y para este analisis, nada como seguir la tecnica canonica de “Ciudadano Kane”: 1Partir de un presente no exento de dudas sobre la  correspondencia entre apariencia y realidad;

2dar marcha atras en flashbacks que iluminen sobre los por ques del presente ;

3alguna accion paralela con el tiempo real de la narracion principal , que ,digamos , puede iluminar sobre el desarrollo de la trama;

y, 4, un intento final de juntar las piezas ,para que cobren sentido , aunque sea en un ambiguo y, sobre todo,inquietante Rosebud.

 

1.  El Presente.

  Bruselas ,28 de noviembre de 2012.Comunicado de prensa de la Comision Europea “Ayudas estatales:la Comision aprueba planes de reestructuracion de los bancos españoles BFA-Bankia, NCG Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia”.

En el comunicado se hace referencia a que la Comision considera que los planes de reestructuracion de estos bancos se atienen a las normas sobre ayudas estatales de la UE, y se habal de profunda reestructuracion, de viabilidad a largo plazo, de contribucion de los bancos y sus accionistas a los costes de reestructuracion, de reduccion de balances financieros de las entidades en mas de un 60%, de conformidad de los planes con el Memorando de Entendimiento(ME/MOU, segun version española o inglesa) y de que la absorcion de las perdidas soportadas por los bancos y sus titulares de capital garantizara , junto con las medidas de reestructuracion, un reparto satisfactorio de las cargas y una aportacion propia adecuada a la financiacion de los significativos costes de la reestructuracion.

Programa de asistencia financiera para la recapitalizacion de las instituciones financieras en España.Primera revision-otoño del 2012.Occasional Papers 121.

En este documento de la Direccion general para asuntos economicos y financieros de Comision Europea se hace referencia a la adopcion de los planes de reestructuracion o liquidacion de los bancos del grupo 1 como elemento del ME/MOU, y se hace en el contexto de un analisis de la reduccion de desequilibrios macroeconomicos, que incluye la valoracion de que la reciente reforma del mercado de trabajo supuso un importante paso en la reduccion de la segmentacion y en el incremento de la flexibilidad laboral, derivadas de las importantes rigideces en el mercado de trabajo español. Sobre esto , el Occasional Paper 121 señala que hay unas primeras indicaciones  de que la reforma incremento la flexibilidad interna y la capacidad de las empresas para el ajuste, mientras que las evidencias de moderacion salarial y dualidad parecen ser mas variadas(“mixed” es el delicioso eufemismo de la V.O. en ingles con el que se expresa el castizo na de na). Y como Satanas nunca duerme, el Occasional Paper 121 señala que una valoracion minuciosa de la reforma deberia revisar criticamente el impacto sobre la dinamica salarial y la segmentacion del mercado de trabajo e identificar concretas acciones de seguimiento/comprobacion/revision(todas estas traducciones son posibles para el termino utilizado “follow up”, que como se ve es de una polisemia solo comparable a collateral damages/daños colaterales).

 

 

Madrid,28 de noviembre de 2012.Nota de prensa del Banco de España”La aprobacion de la Comision Europea completa la tramitacion de los planes de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB”.

En la nota se hace referencia a la aprobacion de los planes de reestructuracion por el Banco de España el martes(suponemos que el martes 27), y a que estos planes incluyen , como han exigido las autoridades europeas conforme a las normas y precedentes sobre ayudas de Estado, importantes medidas de ajuste de negocio, asi como reducciones en terminos de(sic) plantilla y red de oficinas(las estimaciones realizadas en los medios se mueven en torno a 9000 despidos).

 

 

2.Flashback.

Bruselas , 26 de julio de 2012.Memorandum de Entendimiento

Las medidas de condicionalidad del ME/MOU incluyen la preparacion de los planes de reestructuracion o liquidacion para los bancos, y el enfoque de esta reestructuracion/liquidacion se basa en los principios de viabilidad, distribucion de la carga y limitar las distorsiones de la competencia,con una reduccion significativa de los negocios no rentables.

3.Acciones paralelas.

Bruselas ,20 de julio de 1998.Directiva 98/59 CE del Consejo, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados  miembros que se refieren a los despidos colectivos.

Art 2. 1Cuando el empresario tenga la intencion de efctuar despidos colectivos , debera consultar, en tiempo habil, a los representantes de los trabajadores con vistas a llegar a un acuerdo.2Las consultas versaran, como minimo,sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas , en especial,a la ayuda para la readaptacion o la reconversion de los trabajadores despedidos.

Art2.4Las obligaciones establecidas en los apartados 1,2y3 se aplicaran con independencia de que la decision relativa a los despidos colectivos sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control sobre el. En lo que se refiere a las infracciones alegadas de las obligaciones de informacion , consulta y notificaccion establecidas en la presente Directiva, cualquier justificacion del empresario basada en el hecho de que la emprsa que tomo la decision relativa alos despidos colectivos no le ha facilitado la informacion necesaria, no se podra tomar en consideracion.

Bruselas , 20 de dicembre de 2006.Reglamento CE 1927/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Fondo Europeo de adaptacion a la globalizacion(FEAG)

El Feag se creo como instrumento de apoyo a los trabajadores despedidos a causa de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalizacion, y tambien , aunque de forma temporal hasta 2011, para despidos motivados por la crisis.Este Fondo dispone de hasta 500 millones de euros al año ,para financiar medidas de asistencia en la busqueda de empleo, formacion ,o asignaciones individuales  de movilidad.

Maastrich ,1993.Amsterdam , 1997.Niza , 2000.Lisboa,2009.Version Consolidada del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Art 137.1.Para la consecucion de los objetivos del art, 136, la Comunidad apoyara y completara la accion de los Estados  miembros en los siguientes ambitos:b) las condiciones de trabajo;c) la seguridad social y la proteccion social de los trajadores;d) la proteccionde los trabjadores en caso de rescision del contrato laboral;e) la informacion y consulta a los trabajadores.2A tal fin el Consejo:a)podra adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperacion entre los Estados miembros mediante 9niciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de informacion y de buenas practicas, promover formulas innovadoras y evaluar experiencias con exclusion de toda armonizacion de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.4 Las disposiciones adoptadas en virtud del presente articulo:-no afectaran a la facultad reconocida a los estados miembros de definir los principios fundamentales de su sistema de seguridad social, ni deberan afectar de modo sensible al equilibrio financiero de este.5Las disposiciones del presente articulo no se aplicaran a las remuneraciones, al derecho de asociacion y sindicacion, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.

 

 


 

4Juntando las piezas:Regreso  al futuro.

Parece claro que los flahback aclaran el presente.Es obvio que desde  el ME/MOU  la reestructuracion bancaria estaba prevista, en todos los sentidos del termino, desde la prevision del futuro a su ordenacion. Y conviene subrayar que  el ME/MOU : a) habla de reparto de cargas, y alude por ejemplo a los accionistas de las entidades, pero no hace referencia al empleo o a los empleados de estas, con lo que  queda servida la omision de referencias a medidas que puedan distribuir la carga  del desempleo de aquellos;b)para hablar de la reestructuracion bancaria se habla de la reforma laboral, y se hace se hace desde el  bien conocido en nuestro pais  sermon del “a mas flexibilidad menos dualidad”, seguido de la muy peculiar tecnica de prueba y error  consistente en que si la generosa flexibilidad aportada por la Reforma 2012 no se ha traducido en menos dualidad, lo que hay que hacer es proporcionar al paciente una nueva (sobre)dosis flexibilizadora, y asi , mientras el cuerpo aguante.

Tambien las acciones paralelas arrojan luz sobre lo que finamente podriamos llamar el Discurso del Entendimiento.Por ejemplo, sobre la compatibilidad entre este discurso y el Derecho Comunitario , por ejemplo ,  la Directiva de despidos colectivos. Atencion, preguntas:¿Como se puede poner en practica el mandato de este Directiva sobre la negociacion con los representantes de los trabajadores acerca de evitar o reducir despidos, cuando el Plan de reestructuracion ha sido ya aprobado/concertado por la Comision , el Banco de España  y el Gobierno español?¿A cual o cuales de estas instituciones  correspònde desempeñar el papel de Madrastra de Blancanieves/empresa que ejerce el control sobre los bancos que van a realizar los despidos colectivos?.

Y si ponemos en relacion la regulacion europea de los despidos colectivos con ejemplos de medidas sociales de acompañamiento originadas tambien en el ambito europeo, como  el Fondo de adapatacion a la globalizacion, se abre una linea de reflexion.De reflexion sobre la aplicacion en casos como el rescate bancario de la formula triangular , tipica de los sistemas de relaciones laborales europeos, en la que ,precisamente para lograr los resultados buscados por la Directiva 98/59, concurren en los despidos colectivos la accion de empresas , sindicatos y poderes publicos, apoyando estos ultimos la consecucion del acuerdo entre los primeros.Acabamos de ver lo maltrechas que quedan las posibilidades de aplicar, de verdad, la Directiva de despidos colectivos a los que se anuncian( bueno, mas bien , prescriben) para el sector financiero español¿sabemos algo de algun fondo UE que sirva para paliar los efectos sociales de una decision UE, o la operacion va a ser sin anestesia?.

Conclusion:El entendimiento de la condicionalidad en el caso del rescate financiero español se expresa en forma de contradiccion entre decisiones UE y normas UE.Y por si esto no fuera poco, si ponemos en relacion el reparto de competencias Estados-UE que aparece en los Tratados con las nada casuales referencias en los documentos de la Comision a la reforma laboral, presente y futura,los Tratados no salen muy bien parados.

Todo la exquisita arquitectura juridica bruselense , que va afinando en precisar lo que es de Europa, lo que es de los Estados, e incluso lo que es de los agentes sociales en ambas escalas, se desmorona  con el implacable bulldozer de la reputada marca ME/MOU, que lo mismo aplana salarios que pensiones.Y si piensa que exageramos,repasen las noticias de pasado mes en torno al enesimo rescate griego.Alli veran de todo en condicionalidades, entendimientos y troikas:retraso de edad de jubilacion,reducciones salariales, cambios en la estructura de la negociacion colectiva, trabajo en domingo…No hay competencia que los Tratados hayan reservado a los Estados o a los agentes sociales que no se lleve su racion de entendimiento y condicionalidad.

Y unas preguntas /reflexiones  para acabar pensando en el futuro:

-¿Los requerimientos para solicitar ya el rescate tienen que ver con este o mas bien con sus previsibles condicionalidades? ¿es casual que la reciente trilogia de editoriales de “El Pais” encadene urgencia del rescate con reforma de pensiones? ¿habra algun borrador de ME/MOU que reivindique el tan añorado contrato unico?

¿Alguien se acuerda de cuando son las proximas elecciones al Parlamento Europeo?Con este horizonte,¿No habria que pensar en   planteamientos  distintos del pensamiento unico de la moralina de la austeridad y del fervorin victimista y neonacionalista de la culpabilizacion de Frau Merkel?

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Todos los ríos van a la mar

Este artículo se publicó en El País en fecha 07.12.2012

La decisión del Gobierno de no actualizar las pensiones de 2012, ajustando en un 1,9% el montante de todas ellas, y consolidando el resultado para hacer la revisión para 2013, ha dado pie a lo que ahora se denomina como incendio en las redes y en la esfera del papel; en esta última, donde los incendios son más humeantes y por ende alarmantes, han proliferado los que en cualquier momento y ocasión aprovechan para denostar al sistema de reparto y propugnar el advenimiento de un sistema de capitalización. Todo eso es normal, ocurre aquí y en Pernambuco, pasando por Washington, donde los ataques a la financiación por reparto de las pensiones han alcanzado cotas que los enemigos españoles del reparto, por mucho que se esfuercen, nunca alcanzarán.

Puede entonces que este sea el momento para poner en valor los innumerables servicios que el mejor y más eficiente programa de seguro de este país, ha prestado a la sociedad española. Me refiero, claro está, a la Seguridad Social. Poco a poco, a lo largo de décadas, nuestro sistema de pensiones ha ido consolidando su presencia como instrumento fundamental de lucha frente a la pobreza en la vejez. Ese es el sentido de las pensiones mínimas que nacieron hace décadas. En 1977 la pensión mínima con cónyuge a cargo se fijó en 55,89 euros mensuales, y en 2010 ascendió a 725,20 euros. Esto es: en treinta y tres años las mínimas se han incrementado en un 1.197,54%, mientras que la inflación lo ha hecho en un 786,40%. El resultado es una ganancia de capacidad adquisitiva en esos años del 411,14%. En ese año, la pensión mínima era el 39% del salario medio de la economía española. ¿Poco o mucho? Busquemos una referencia en un país pata negra en políticas sociales. Suecia, por ejemplo.

Por su parte, en 2010 el sistema sueco garantizaba una pensión mínima de 777,48 euros mensuales que significaba el 27% del salario medio del ejercicio en ese país. Bien es verdad que a la pensión mínima garantizada se accede cualesquiera que sean los años cotizados puesto que lo que cuenta son los años de residencia en el país, partiendo de un máximo de cuarenta años, que daría derecho a los 777,48 euros o bien al complemento necesario hasta alcanzar ese máximo.

Pero quizás lo más representativo del sistema sea referirse a la evolución histórica de la pensión media del Régimen General, que en los treinta y cuatro años del período 1977-2011 experimentó un aumento en su poder adquisitivo de un 844,6%. Una cifra que se origina en el crecimiento de las bases de cotización, y en la diferencia entre las bajas y las altas de pensiones, entre las que se registran diferencias al compas de la inflación y del crecimiento de las bases de cotización, que son en definitiva las que determinan la pensión de alta en el sistema. En este caso el valor de la pensión media en 2011, que se elevó a 962 euros, supuso el 50% del salario medio de ese mismo año.

En cuanto a las pensiones máximas, su regulación es más tardía. Aparecen en la legislación en 1984, año en el que se fija una cuantía para la misma de 1.129,60 euros y hasta el año 1988 conservan el mismo valor, año a partir del cual se benefician de idénticas revalorizaciones que el conjunto de las pensiones, a excepción de las mínimas. Obviamente esa congelación inicial a lo largo de cinco años, en los que por lo demás la tasa de inflación fue elevada, han conducido a una pérdida de la capacidad adquisitiva de estas pensiones que hasta 2011 se puede cifrar en una cuantía del 90%. Una corriente de pensamiento sostiene que con la pensión máxima se está procediendo a una revolución silenciosa en el sistema, que otros prefieren calificarla de deriva beveridgeana (por lord Beveridge cuyo sistema era de una pensión igual para todos). Según esta gente, a ese retroceso se llega de modo silencioso, sin ruido, sin alarma, por la vía de revisar año tras año las bases de cotización por una cuantía inferior a la tasa real de inflación, lo que inevitablemente deprime el valor de la pensión que se alcanza a la jubilación. Pero ese argumento sólo tiene sentido aplicado a aquellas pensiones elevadas, pero que no superen el tope de la máxima que el gobierno fija en los PGE de cada año. En definitiva, la pensión máxima del año 2011 suponía 1,34 veces el valor del salario medio del año.

Procede entonces volver a referenciar esta pensión con la que proporciona el sistema sueco. Nuestra base máxima de cotización en 2011 tenía un valor de 1,7 veces el salario medio; en el sistema sueco de cuentas nocionales de contribución definida ni se cotizó por encima, ni se pagó una pensión que superase en 2010 el valor de 39.592 euros (anuales, se entiende), lo que en su caso suponía 1,2 veces el salario medio de su economía. Preciso es entonces recordar que para los trabajadores del país nórdico la pensión del sistema público solo representa un 65% de sus ingresos de jubilado; otro 25% procede de planes de empresa, que los sindicatos consiguieron en la negociación colectiva de 1979 para el 90% de los trabajadores ocupados, y el resto, en torno a un 10%, llega de los planes de pensiones individuales.

Si he decidido contrastar nuestras cifras de tres niveles de pensiones (mínima, media y máxima) con la de un país que no es eurozona, es porque casi todo lo que ahora se escribe en España desde el ámbito académico y, más aún, lo que se propugna desde la esfera empresarial, es el inicio de un camino que conduzca a nuestra Seguridad Social hacia el sistema sueco, que en estos momentos patrocinan el Banco Mundial, el FMI y la OCDE. A tal destino (el sistema sueco) se le denomina la reforma definitiva. Y yo añado que es la definitiva por el momento, porque antes, en la década de los 90, la definitiva era otra, que por cierto también patrocinaban los mismos y que no era otra que el camino a la capitalización total o parcial de nuestro sistema.

Pues bien, pese a todas las adversidades macroeconómicas, nuestro sistema sobrevive a la tormenta, y lo hace incurriendo en déficits que por el momento son de todo punto asumibles.  A fin de cuentas, el sistema sueco, que también sufrió el impacto de la crisis financiera, en este caso la bursátil en 2008, por desplome del valor de su Fondo (¡menuda ironía!), se encontró con que conforme a sus reglas era precisa una rebaja de las pensiones de un 4,5% en 2009. Y, ¿cómo evitar entonces lo que era socialmente insostenible? Fácil, muy fácil. Acudiendo al Estado y aprobando en el Parlamento una modificación del IRPF que lo rebajara a los jubilados, para compensar así la merma de la pensión. Y es que todos los ríos, todos, acaban en la mar, incluso los que aparentan ser actuarialmente perfectos.

 

 

 

 

Acuerdos necesarios

 

A medida que el tiempo pasa y el estado de la nación se deteriora, a medida que lo que resume como ninguna otra cosa la cifra de parados, que no deja de crecer, se consolida, va haciéndose palmariamente evidente las razones por las que el PP y su gobierno rechazan la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE y con otras fuerzas políticas. Todo apunta a que la derecha española ha decidido concluir en esta legislatura un proceso de contrarreformas, porque puede y quiere hacerlo, y porque ha encontrado en el subterfugio de la crisis  y de la triste realidad el mejor acompañante de sus políticas reaccionarias.

Por comenzar por lo más reciente, hagámoslo por las pensiones. La decisión  de no revalorizar con la inflación y su consecuente de no consolidar el incremento en la revisión para 2013, supone un retroceso en la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que no voy a juzgar en su cuantía. Supongamos (supuesto heroico) que el gobierno está acertado en la consideración del cumplimiento en materia de déficit y que esa y no otra es la razón que justifica la tacañería con los pensionistas. Convengamos que la situación por la que atravesamos es la característica de una crisis de demanda privada a la que se añade una paupérrima demanda del sector público por razone fiscales. Sigamos con el argumento de las pensiones reducidas en su valor real, y entonces preguntémonos: ¿Cuál cree el gobierno que va a ser, o puede ser, el elemento de la economía que propicie la recuperación de la demanda? Si por un lado el paro y por el otro el propio gobierno se ocupan afanosamente en reducir la renta disponible de los hogares españoles, el repunte de la demanda se convierte en un imposible.

Es por eso que en estas circunstancias tan lastimosas, la derecha ha encontrado el campo de juego idóneo para llevar a la práctica su ideario de revisión y vuelta atrás. Todo, absolutamente todo, está sometido a la reconsideración comenzando por la estructura del Estado y siguiendo por el Estado de bienestar y sus pilares básicos como la educación, la sanidad y la dependencia. El argumento de lo que nos podemos y lo que no nos podemos permitir es una falacia. Lo que nos podemos permitir depende de los impuestos que se recaudan, y estos dependen crucialmente de la demanda. Para recaudar por IVA es necesario que los hogares consuman, para recaudar el impuesto de vehículos la gente tiene que comprar coches; el IRPF no crecerá si el número de ocupados decrece y con ellos la masa salarial. Y así sucesivamente.

Cuando se piensa en todo ello, viene a la memoria la situación de hace tres décadas, cuando por primera vez el PSOE llegó al gobierno. En aquella ocasión las circunstancias eran muy diferentes a las actuales. Aquellas fechas quedarán para la historia como una intensa crisis de la oferta a la que respondimos, lógicamente con políticas de oferta. Es fácil recordar que en aquellos momentos nuestro aparato industrial estaba aquejado de profunda obsolescencia. Lo recordamos bien los asturianos. La minería, la siderurgia, la construcción naval, casi toda la industria pesada sufría las consecuencias de unos años de baja inversión en nuevas tecnologías, lo que había llevado a nuestro equipamiento  industrial a condiciones difícilmente competitivas. En tales circunstancias se imponían las políticas de oferta de apoyo a la inversión productiva, tanto desde el sector público como desde el privado. Para nosotros el mejor ejemplo de aquellos años es la inversión de 3.600 millones de euros en la acería LD III de Tabaza, sin la que Ensidesa hubiera desaparecido del mercado mundial del acero.

Esta no es la situación en la que nos encontramos. Ahora nos enfrentamos a una demanda interna que en término reales ha retrocedido a niveles de 2004. ¿Cómo salir de una crisis profunda de demanda? Pues con políticas de demanda, no con sucesivas medidas que cercenen la base de toda demanda, que es la renta disponible de los hogares. Entonces, cuando el gobierno del PP nos habla de que lo que ellos propician con sus medidas es la base de la recuperación, lo primero que hay que preguntarles es por los factores concretos y precisos de todas esas medidas, que harán que se recupere la demanda agregada. Ciertamente que si no se es capaz de negociar en Bruselas una ampliación de plazos para el compromiso de déficit, que conceda un margen a las políticas de demanda, ¿dónde está el imprescindible cebo de bomba? Esa es una razón, suficientemente poderosa para que el gobierno se presentara en Bruselas a negociar con el respaldo del 95% del Parlamento español.

¿Por qué nada de eso es posible? Porque un acuerdo de esa naturaleza haría imposible el logro de otros objetivos irrenunciables para el PP, a los que me refería líneas atrás. ¿Qué tiene que ver con la crisis la reforma educativa de Wert (another brick in the wall), ideológica donde las haya? ¿Y el tasazo de Gallardon? ¿Y la privatización de los hospitales  de Madrid? Por si poco fuera, sumamente curioso y enojante ha sido la creación de un impuesto a la banca con tipo cero, que tiene la exclusiva finalidad de evitar que el Principado de Asturias, que había anunciado la voluntad de hacerlo, pueda implantar el impuesto en el Presupuesto de la Comunidad para 2013. Se trata, sin ambages, de la vulneración del principio de la autonomía fiscal que recientemente ha validado el TC en ese mismo impuesto en Extremadura y, lo que es peor, de la generalización urbi et orbi del castizo ¡que se jodan!

Efectivamente, nada de eso hubiera sido posible en el marco de un acuerdo entre partidos que de haberse producido, o de producirse en el futuro, debería de responder a criterios más nobles que los que el Gobierno no verbaliza pero ejecuta. Porque es verdad que el gobierno viene utilizando el mantra de que lo que hace son todas cosas a las que está obligado por el destino que le ha tocado vivir, aún a su pesar. Pero eso es radicalmente falso. Es el contexto ideal para su regreso al pasado sin que el viaje les cause daños irreparables. ¿Cuánto tardará el viento informativo en llevarse el bote de humo de la reforma educativa?

Sin embargo, como el viejo aforismo dice no hay mal que por bien no venga. Es verdad que la izquierda tiene problemas para articular un discurso que concite mayorías en la presente situación española, y ese viene siendo el lamento de cuantas personas de ideas progresistas se manifiestan a propósito de la situación política del momento. La derecha, pese a todo, por paradójico que resulte, brinda en bandeja un esbozo de programa a sus adversarios. Es muy claro, ese programa y discurso debería de ir precedido por una sencilla pretensión: recuperar todos los derechos que se evaporaron a partir de 2012, que son muchos, y después todo lo demás. ¿Acaso no es ese discurso suficiente?

 

PENSIONES SIN ACTUALIZAR. ¿IMPROVISACION O ENGAÑO?

VALERIANO GOMEZ
Economista

El viernes pasado hemos podido conocer, tras una espera de casi seis meses, cual será la actuación del Gobierno en una materia, la revalorización de las pensiones, sobre la que resulta difícil exagerar su importancia. Aunque la democracia es también, y sobre todo, un régimen de formas -y hay que reconocer que en esta cuestión el Gobierno ha superado, hasta rozar el esperpento, todas aquellas que resultan exigibles- la intención de las reflexiones que siguen quieren centrarse sobre todo en el fondo de lo que ha sucedido en estos meses alrededor de un asunto tan crucial.

Durante la discusión parlamentaria de los Presupuestos Generales del estado, fuimos algunos los que advertimos de la preocupante fantasía en la que se basaban las cifras que se contemplaban para nuestro sistema de pensiones (y también, debo recordarlo, para el sistema de protección por desempleo). El gasto en pensiones estaba infravalorado en más de 3.000 millones y los ingresos ignoraban lo que estaba ya ocurriendo con la intensa caída de la afiliación (en los 10 meses primeros del año se han perdido casi medio casi 500.000 cotizantes), de forma que en nuestra opinión, así lo dijimos entonces faltarían no menos de 4.000 millones de euros en la recaudación de la Seguridad Social, con lo que el déficit final llegaría a los 7.000 millones de euros, sin contar otros 4.000 que faltaban en el presupuesto de la protección a los desempleados.

La respuesta del Gobierno, que calificaba de innecesariamente alarmista la visión del principal partido de la oposición, enfatizaba la herencia recibida (una herencia que en el caso de la Seguridad Social también incluía más de 67.000 millones de euros acumulados en el Fondo de Reserva que no habían sido utilizados por el Gobierno anterior en lo peor de la crisis) y las dificultades que comenzaban a surgir en el sistema que presentaba ahora un déficit que había comenzado a fraguarse durante el último trimestre de 2011.

Pese a ello y aunque las previsiones de crecimiento del IPC al final de noviembre ya eran muy altas, durante el mes de Julio se remitió a Bruselas una Proyección presupuestaria para 2013 y 2014 que contemplaba una bajada en las cotizaciones sociales de 1 punto en 2013 (que costaría alrededor de 3.500 millones) y de 2 puntos en 2014 (que supondría en torno a 6.500 millones más, dado el ritmo de descenso del empleo en el periodo). Entonces el Partido Socialista planteó que no se negaba a producir, en el contexto de una discusión global de rentas y salarios en la que estuvieran también las organizaciones sindicales y empresariales, un debate de fondo sobre cotizaciones sociales e impuestos, pero que nos parecía suicida para el sistema público de pensiones bajar de esa forma las cotizaciones sin establecer ingresos alternativos en un contexto en el que además las cifras de afiliación caían de forma abrupta (tampoco ellas parecían haber percibido el cambio de Gobierno producido hace ahora casi un año).

Por fortuna, y todavía no sabemos muy bien porqué dado que como suele ser habitual aquí nadie dice nada cuando se propone y tampoco cuando se dispone, aquella rebaja de cotizaciones no se produjo. Pero lo que a continuación sucedió es toda una serie de propuestas a medias, casi siempre informales y poco matizadas, sobre aspectos centrales del Acuerdo Económico y Social que el Gobierno y los interlocutores sociales habían alcanzado en febrero del año pasado y que dio pie a una Ley de reforma de nuestro sistema de pensiones que entrará en vigor a comienzos del 2013.

Y junto a ello, aunque todavía no sabemos bien cuales eran sus intenciones más o menos confesadas, a la vuelta del verano lo que el Gobierno preparó es una verdadera ceremonia de la confusión respecto a como y hasta donde se actualizarían las pensiones, una vez que se conociera el IPC de Noviembre para el que se esperaba una desviación de más de 2 puntos sobre el crecimiento inicial que las pensiones había tenido a comienzos de año (el 1%). En esta infausta ceremonia oficiaron casi todos los miembros del Gobierno (me parece que en esta ocasión se salvaron los Ministros de Educación y de Justicia que ya tenían bastante con sus cosas). Ninguno decía lo mismo que su compañero de Consejo de Ministros: se revisarían con normalidad, como siempre, decían unos; otros que algo habría que hacer, que subirían como la hiciera “la vida” decía la Vicepresidenta del Gobierno, o que había que implantar un IPC que no tuviera en cuenta las subidas de impuestos y revisar así las pensiones como sugirió el Ministro de Economía.

A la vista de lo sucedido el viernes pasado, parece obvio que el objetivo era entretenernos a todos, al menos hasta que pasaran las elecciones primero en Galicia y en el País Vasco, y después en Cataluña. No es la primera vez que el Gobierno lo hacía en este año. Hace unos meses lo hizo con los Presupuestos Generales del Estado. Deberíamos haberlo imaginado, es verdad. Pero a uno siempre le quedaba la esperanza de que si esperaban tanto tiempo para informar a los ciudadanos, también podría ser debido a la intención de conocer la magnitud del coste o incluso para forzar a la baja el IPC (como lo han hecho en noviembre con el precio de los carburantes) y así abaratar el coste de la actualización.

Y sin embargo, cuando la factura se abarata en más de 1.200 millones de euros (entre la actualización y la consolidación en la nómina del año que viene) como consecuencia de la caída inducida en el IPC por la positiva evolución del precio de los carburantes lo que hace el gobierno es rechazar de plano cualquier tipo de actualización. Ni mucha ni poca. Ni quitando el impacto del IVA, ni dejándolo. Ni media paga ni una entera. Nada de nada. Así ha terminado, por ahora esta triste historia.

No es necesario recordar aquí lo obvio. Durante el periodo 2004 a 2011 nuestro sistema de pensiones completó un proceso de crecimiento de las pensiones mínimas imprescindible para dignificar a casi tres millones de pensiones cuya cuantía se había deteriorado de una forma intensa durante la década anterior. En términos nominales las pensiones mínimas subieron más de un 50% en esos 7 años y su poder adquisitivo mejoró en más del 26%. En España, el objetivo de nuestra política de pensiones, al menos desde 1995, no es mejorar el poder adquisitivo de las pensiones contributivas (las que están por encima del mínimo) sino mantenerlo a salvo de la erosión de su poder de compra. Las pensiones contributivas se congelaron en 2011 –no así las pensiones mínimas- pero como habían ganado poder adquisitivo en 2009 (porque subieron 1,7 puntos más que los precios que solo crecieron el 0,3% en ese año) la pérdida final de poder de compra fue del 1,2% en todo el periodo.

Con una sola decisión adoptada durante el primer año de Gobierno el PP ha recortado más las pensiones contributivas que lo que perdieron tras la congelación de 2011. Una congelación aquella que, conviene recordarlo más allá de sus efectos, fue anunciada siete meses antes de que se produjera. Pero de la misma forma que una mentira no debe convertirse en verdad a base repetirla, aquella congelación no debe ocultar la política de mejora de las pensiones mínimos más intensa en la historia de nuestro sistema de pensiones abordada entre 2004 y 2011. Ni tampoco que en media el conjunto de las pensiones, las mínimas y las contributivas, se revalorizaron hasta mejorar el 6,3% su poder adquisitivo durante las dos anteriores legislaturas.

Por supuesto, nadie puede permanecer ajeno a los problemas que surgirán en nuestro sistema de pensiones, si la destrucción de empleo continúa con la misma intensidad durante los próximos años. Por eso es tan importante encontrar una salida a una situación que solo empeorará si se insiste en imponer un ajuste que se hace más destructivo en la medida en que se produce a la vez en el conjunto de la economía europea.

Ni los interlocutores sociales, sindicatos y empresarios, ni los partidos políticos pueden ser convidados de piedra de una política de reformas que acumula casi 20 años de consenso y de compromiso con un pilar fundamental del estado social. Si el Gobierno ha acariciado la idea de hacer lo que pretende, romper el Acuerdo Social y Económico de 2011 sin hablar con nadie, es mejor que la abandone pronto. Ya hemos tenido suficientes errores en estos 11 meses. Por eso es mejor que guardemos los aciertos para reformar desde el diálogo y la concertación política y social lo mejor de nuestro estado de bienestar.

Madrid
3 de diciembre de 2012

Un rescate financiero bastante chapucero

Una entidad bancaria puede verse en dificultades por muchos motivos. Puede funcionar con un nivel de costes operativos que resulten incompatibles con los niveles de negocio; puede sufrir también una equivocada política de marketing que no le proporcione pasivos; y es también posible que una entidad se embarque en políticas crediticias ruinosas, que supongan la adquisición de una cartera de créditos mal valorados por sus riesgos potenciales. Todo eso es posible. Lo que resulta particularmente extraño es que una entidad aparezca a los ojos del mercado como deficitaria en capital como consecuencia de unas predicciones sobre la evolución agregada de la economía nacional, que cuando se redactaron tenían una probabilidad de certeza de un 1%, y, ahora, unos meses después, no llega siquiera a esa exigua cifra, por no hablar de imposibilidad.

Cuando una predicción de esta naturaleza es la causa desencadenante de daños y perjuicios de todo orden, de modo automático, y siempre previo a la posibilidad de constatar su cumplimiento en la realidad, lo que conlleva imposibilidad de corrección, las predicciones deben ser analizadas tan críticamente como sea posible. Eso es precisamente lo que pretendo hacer con las predicciones introducidas en el modelo de Oliver Wyman que han dado lugar a las exigencias de recapitalización de unas cuantas entidades de crédito españolas.

En concreto, y por razones obvias, me quiero ocupar de lo que el Informe Wyman denomina pruebas de resistencia ante la adversidad, en el caso concreto de Liberbank. De todas las adversidades posibles me quiero centrar en aquella que según el informe tiene tan sólo una probabilidad de un 1% de hacerse realidad. Desde el punto de vista macroeconómico el escenario adverso supone una reducción de la actividad económica en el trienio 2012-2014 del 6,5%, cuando en el trienio anterior 2008-2011 (cuando la crisis inmobiliaria golpeó con más fuerza) el retroceso de la actividad fue del 5%.  Además, los datos trimestrales de la Contabilidad Nacional ponen de relieve que el retroceso de la actividad en el sector de la construcción se está desacelerando de modo notable su caída, probablemente porque cada vez queda menos por reducir. Con ello quiero decir que las posibilidades de que se den las condiciones macroeconómicas que dibuja el escenario adverso no llegan ni al 1% que el informe precisa. Avala esta afirmación el hecho de que no encontramos en diciembre de 2012, año en el que ese escenario supone una caída de la actividad del 4,1%. ¿Cabe alguna posibilidad de que esa cifra se convierta en realidad con los datos que ya conocemos de los tres trimestres precedentes que apuntan a un retroceso del PIB en este ejercicio del 1,5%? A menos que en España suframos un terremoto seguido de tsunami, ninguna. Por tanto, ¿serán las cifras previstas para 2013 y 2014 en el escenario adverso tan irreales como la de 2012, que por ser más cercana es más fácil de predecir? Puede que sí, o puede que no. Quién lo sabe.

Entonces ¿quién ha puesto cifras a esos escenarios? Esto es lo importante porque dependiendo de los escenarios las necesidades de recapitalización serán muy distintas y, sobre todo, las consecuencias sociales serán completamente dispares. La responsabilidad de las cifras, digámoslo claro, se diluye en una sopa de letras compuesta por SCC y EEC comisiones que forman nuestro Ministerio de Economía, BdE, FROB, EC, EBA, BCE y IMF. Ellos son los responsables de adivinar el futuro y de exigir que la recapitalización se haga con capital de la máxima calidad (core Tier 1), superando el exigido por el BEI.

En suma el test de estrés en el escenario adverso consiste en disponer de un capital suficiente para que si se dieran esas circunstancias macroeconómicas, que más que circunstancias habría que llamarlas calamidades, el capital de las entidades bancarias quedaría siempre por encima del 6% (el capital que sirve de referencia es el que tenían las entidades a 31 de diciembre de 2011). De ahí proceden las exigencias de recapitalización, que en el caso de Liberbank se elevan a 1.198 millones de euros.

Precisada esa cifra, el Memorando de Entendimiento entre acreedores y deudores (MoU por sus siglas inglesas) detalla los pasos a seguir por cada entidad dependiendo del grupo de cuatro en el que quede enclavada. Liberbank queda así ubicada, conforme al MoU, en el Grupo 3 caso 1 que dice que “a los bancos del Grupo 3 que proyecten un aumento importante de capital equivalente o superior al 2% de los activos ponderados por riesgo se les exigirá como medida cautelar, que emitan bonos convertibles (COCOs) con arreglo al plan de capitalización a más tarde en diciembre de 2012, a fin de satisfacer sus necesidades de capital. El FROB, utilizando los recursos del programa, suscribirá dichos bonos, que podrán recomprarse hasta el 30 de junio de 2013 si los bancos logran obtener el capital necesario de fuentes privadas. En caso contrario serán recapitalizadas mediante la conversión parcial o total de los bonos en acciones ordinarias. Los bancos deberán presentar planes de restructuración.”

Por si no bastara la inquietante sugerencia de ir privatizando la entidad, las consecuencias sociales del inciso final (los bancos deberán presentar planes de restructuración) tiene un significado letal para el empleo, porque cuando el eufemismo de la restructuración obligada aparece en un texto, lo que sigue, inexorablemente, son los ajustes de empleo y de salarios. Legítimamente se puede pensar, entonces, ¿para qué se extrema hasta lo estadísticamente imposible el escenario adverso? ¿No será para llegar con ello al mayor grado de privatización de las viejas cajas? ¿Por qué el rigor y la solvencia impuesto a las cajas españolas no se le exige a las sparkassen alemanas?

Llegados a este punto se entiende con facilidad que proliferen posiciones contrarias a la petición de un rescate de país, porque si el de un sector como el financiero es un verdadero dictak, carente además de equilibrio y sensatez en la composición de los escenarios macroeconómicos, podemos imaginarnos como podría ser el MoU que exigiría el BCE para comenzar a comprar en el mercado secundario deuda española a corto plazo. Mejor ni lo imaginamos.