Archivo mensual: junio 2012

ES EL MOMENTO DE DECIR LO QUE PIENSAS: UN MANIFIESTO POR EL SENTIDO ECONOMICO

Paul Krugman y Richard Layard publicaron el pasado jueves 28.06.2012 en Financial Times un manifiesto sobre la situación económica que he llevado al castellano para facilitar el apoyo que demandan. Si estás de acuerdo con su contenido, manifiesta tu apoyo en www.manifestoforeconomicsense.org.

 

“Más de cuatro años después de que se iniciara la crisis financiera las economías de los países más avanzados del mundo permanecen profundamente deprimidas, en una escena que recuerda la de los 1930. La razón es simple: estamos dependiendo de las mismas ideas que gobernaron la política durante aquella década. Tales ideas, desde entonces largamente refutadas, contenían profundos errores acerca de las causas de la crisis y su naturaleza y la respuesta apropiada.

Estas ideas habían enraizado en la conciencia pública proporcionando argumentos para la excesiva austeridad de las políticas fiscales en muchos países. Así que es éste un momento ya maduro para un manifiesto en el que los economistas ofrezcan al público un análisis basado en la evidencia de nuestros problemas.

Las causas. Muchos políticos insisten en que la crisis fue causada por irresponsables políticas de endeudamiento público. Con muy pocas excepciones-tales como Grecia- esto es falso. Ocurrió al revés, las condiciones que propiciaron la crisis fueron el excesivo endeudamiento del sector privado y el apalancamiento de los bancos. El estallido de esta burbuja condujo a la fuerte caída de la producción y consecuentemente de los ingresos fiscales. En estos momentos los déficits de los gobiernos son la consecuencia de la crisis, y no la causa.

La naturaleza de la crisis. Cuando la burbuja inmobiliaria explotó a ambos lados del Atlántico, muchos agentes privados redujeron el gasto en un intento de pagar sus deudas pasadas. Esta es una respuesta racional del sector privado, que se ha demostrado colectivamente autodestructiva, porque el gasto de una persona es el ingreso de otra. El resultado del colapso del gasto agregado ha sido la depresión económica que ha empeorado el endeudamiento público de los gobiernos.

La respuesta apropiada. En un momento en el que el sector privado está comprometido en un esfuerzo colectivo de gastar menos, las políticas públicas deberían de actuar como fuerzas estabilizadoras, tratado de mantener el gasto. Cuando menos, no deberíamos empeorar las cosas con recortes en el gasto público o incremento de los impuestos sobre las personas.

El gran error. Después de una buena respuesta en el primer momento, fase aguda de la crisis, las políticas tomaron un enfoque equivocado sobre los déficits de los gobiernos, argunentando que el sector público debería de tratar de reducir sus deudas al unísono con el sector privado. En lugar de jugar un papel estabilizador, la política fiscal acabó reforzando los efectos depresivos de los recortes de gastos del sector privado. Frente a un schok menos severo, la política monetaria podría haber tomado el relevo, pero con tipos de interés cercanos a cero, la política monetaria no pede hacer el trabajo completo. Debe haber, por supuesto, un plan a medio plazo de rreducción de los déficits. Pero si es demasiado intenso puede ser fácilmente  autodestructivo, abortando entonces la recuperación. Una prioridad fundamental es la reducción del desempleo antes de que se torne endémico, haciendo la recuperación y la futura reducción del déficit incluso más dificultosa.

¿Cómo responden aquellos que utilizan la respuesta ortodoxa a la nuestra? Básicamante utilizan dos argumentos:

El argumento de la confianza Su primer argumento es que los déficits de los gobiernos incrementarán los tipos de interés e impedirán la recuperación. Por el contrario la austeridad aumentará la confianza e impulsará la economía.

Sin embargo, no hay ninguna evidencia en favor de este argumento. A pesar de los elevadísimos déficits, los tipos de interés permanecen inusualmente reducidos en los países avanzados donde existen bancos centrales de comportamiento normal. Los tipos de interés son sólo altos en países de la eurozona donde al BCE no se le permite actuar como prestamista de ultimo recurso. En el resto de lugares el Banco Central puede siempre, si es necesario, capitalizar el déficit, relajando el mercado de bonos.

La experiencia muestra que no hay casoos relevantes en los que los recortes presupuestarios hayan generado realmente incremento de la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estudiado 173 casos de recortes presupuestarios en países concretos y encontró que los resultados consecuentes son los de la contracción económica. Lo que ocurrió fué lo siguiente: que los países con mayores recortes habían experimentado las mayores caídas del PIB.

En realidad, ahora podemos comprobar que los recortes presupuestarios no infunden confianza en el mundo de los negocios. Las empresas sólo invierten cuando esperan suficientes clientes, con suficientes ingresos. La austeridad desanima la inversión.

El argumento estructural. Un segundo argumento contra las políticas de expansión de la demanda es que la producción se encuentra constreñida del lado de la oferta por razones estructurales. Pero si esta teoría fuese cierta alguna parte de nuestras economías, o de algunas ocupacione,s deberían de estar en muchos países a pleno rendimiento, lo que no es el caso. De modo que el problema debe de ser una debilidad general del consumo y de la demanda.

En los 1930 se utilizaba el mismo argumento estructural contra las políticas proactivas del gasto en USA. Pero cuando el gasto se incrementó entre 1940 y 1942, el PIB creció en un 20%. De manera que el problema en los 1930 era la escasez de demanda y no de oferta.

Como resultado de sus equivocadas ideas muchos políticos occidentales están infligiendo sufrimientos masivos a sus ciudadanos, aunque estas ideas que ellos abrazan para gestionar las recesiones, fueron rechazadas por casi todos los economistas después de los desastres de los 1930. Es trágico que, en estos momentos, las viejas ideas hayan vuelto a enraizar.

Las mejores políticas será distintas de un país a otro y precisarán de muchos debates. Pero deben de estar basadas en un análisis correcto del problema. Nosotros urgimos, por tanto, a todos los economistas y a cuantos esten de acuerdo con lo fundamental de esta manifiesto por el sentido económico, registren online su acuerdo (www.manifestoforeconomicsense.org) con el mismo y manifiesten de modo argumentado la necesidad de una aproximación más razonable. El mundo sufre cuando los hombres y las mujeres responden con el silencio a lo que ellos creen que está equivocado”

 

 

 

Desigualdad social en Europa

En una entrada anterior aproveché la publicación del último informe de la Fundación FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España para comentar los indicadores más relevantes sobre la realidad social española,  y concluía diciendo que a la vista de los datos analizados el panorama no podía ser más desalentador, ya que los avances relativos alcanzados en España en materia de bienestar y cohesión social, habían iniciado un claro retroceso a partir de los años 2007-2008 en que comienza la grave crisis económica y social en la que continuamos; sin que se vislumbre, a corto ni medio plazo, un mejor horizonte para las clases sociales que vienen soportando el injusto reparto de los costes del ajuste; y afirmaba que solamente  con un sistema fiscal más justo y redistributivo podría recuperarse la senda de la cohesión social y la disminución de las desigualdades.

Con una visión más amplia, referida a la Unión Europea, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Instituto Sindical Europeo (ISE) -ETUI en sus siglas en inglés- han dedicado su último  informe Benchmarking Working Europe 2012 a analizar las desigualdades en Europa, y a  sus principales conclusiones voy a dedicar los siguientes comentarios.

En primer lugar creo que requiere algunos matices la afirmación que se hace en el informe en el sentido de que durante los años de crecimiento económico en Europa Occidental la lucha contra la desigualdad social se consideró como algo secundario, al estimar que  se erradicaría mediante los efectos del crecimiento contínuo, ya que si bien se dice que ello ocurrió en mayor medida en los paises anglosajones, sin embargo no sería válido con carácter general, puesto que el nacimiento del estado de bienestar después de la II Guerra Mundial fué posible gracias a las políticas redistributivas que los distintos gobiernos europeos, de signo socialdemócrata o demócrata cristiano, pusieron en marcha y que hicieron de auténtico cortafuegos como modelo de economía social de mercado frente al sistema   comunista  de  economía estatal imperante en los países de la Europa Oriental. Lo que sí ha ocurrido es que desde finales de los años ochenta se inicia una cierta crisis del estado de bienestar, debido principalmente  a  que una vez constatado el fracaso del sistema comunista, los paises de economía capitalista ya no necesitan de ese cortafuegos;hasta el punto de que poco a poco ha ido ganando terreno la llamada “revolución consevadora” con gobiernos que cuestionan el propio modelo social que con tantos esfuerzos se había conseguido.

Constata el informe que comentamos  que la desigualdad no se manifiesta  solamente en las diferencias en los niveles de renta sino en otras muchas facetas  como la educación, el acceso al mercado de trabajo la protección social la sanidad y los servicios sociales,  y  aunque los problemas de exclusión y pérdida de cohesión social son anteriores a la actual crisis económica, como consecuencia de los cambios estructurales producidos en la distribución de la renta, sin embargo a partir de 2008 el proceso  sufre una evidente aceleración, de tal manera que en un contexto de austeridad que afecta sobre todo a los más débiles, eso se traduce en una enorme injusticia.  Inncluso para los autores del informe estos cambios estructurales en la distribución de la renta han sido uno de los factores desencadenantes de la crisis .

Cuestión importante es la relativa la valoración crítica que el Instituto Sindical Europeo hace sobre las políticas aplicadas en la UE ya que, a su juicio, han debilitado los mecanismos que podrían facilitar la lucha contra las desigualdades y permitir la salida de la crisis a través de la cohesión y la prosperidad. Es decir el mensaje que quiere transmitr el informe es claro: Europa va por el camino equivocado. Sobre este asunto incidiremos más adelante.

A partir de estas consideraciones de carácter más general,  me voy a referir; en primer lugar  a aquellos ámbitos donde-según el informe- se manifiesta especialmente la desigualdad para analizar después  lo que se   considera como la creciente responsabilidad política en el aumento de las desigualdades y el debilitamiento de los mecanismos de cohesión social y comentar , por último, las propuestas que se hacen para modificar esa políticas.

AMBITOS EN QUE SE MANIFIESTA LA DESIGUALDAD

El informe del ISE es muy extenso y exhaustivo al analizar los ámbitos donde especialmente se manifiesta esa desigualdad creciente, tal y como ya he indicado con anterioridad: educación, sanidad, mercado de trabajo,  salud, condiciones de trabajo, salarios y pobreza, como  más relevantes. Estamos ante   lo que el informe llama desigualdades cruzadas que se producen no solamente dentro de cada Estado miembro de la UE sino entre paises o grupos de paises afectados por la crisis económica: Grecia, Portugal, España e Italia  Eslovenia, Rumanía o Hungría,  frente a otros que o han logrado volver a los niveles de producción anteriores a la crisis (Francia, Alemania, Paises Bajos Bélgica y Austria), o han tenido un relativo crecimiento,como es el caso de Polonia, Suecia y Eslovaquia, aunque para este año las perspectivas de crecimiento  sean malas en todos los Estados de la UE.

Desde una visión  critica hacia las medidas de austeridad que se vienen adoptando, el informe analiza algunas  variables  cuya comportamiento evidencia lo poco acertado de dichas medidas:

En primer lugar, los ratios de deuda pública bruta lejos de disminuir, han aumentado en toda la UE desde 2007 y se preve que lo van a seguir haciendo cuando menos hasta 2013; especialmente en aquellos paises afectados por la crisis de la deuda (Grecia,Portugal, Irlanda, España e Italia), ya que para luchar contra el aumento de la misma, no basta con reducir el deficit sino que es necesario además recuperar las tasas de crecimiento que siguen siendo muy bajas, cuando no negativas.

También la distribución de la renta se ha visto seriamente afectada por las políticas de austeridad que al incidir en mayor medida en las rentas más bajas, aumentan la desigualdad: el desempleo de larga duración, a veces con expulsión definitiva del mercado de trabajo, y los bajos niveles educativos de los hogares conducen a la marginación y actúan como mecanismos de reproducción de la pobreza en todo el entorno familiar.

Como otra consecuencia  de la crisis, el informe constata algo tan preocupante como la inversión  de la tendencia del crecimiento que permitía a los paises más pobres de la UE ir aproximandose progresivamente a los niveles de crecimiento de los paises más ricos, al experimentar una tasa de crecimiento superior. La mayor convergencia que ello producía en los niveles de renta, se ha visto interrumpida, de tal manera que vuelve a aumentar la brecha entre el centro y la periferia. Además esta brecha está creciendo también dentro de cada Estado miembro, lo cual incrementa  las desigualdades regionales que especialmente en algunos paises de la periferia europea eran ya importantes.

No menos preocupante es el deterioro de las condiciones laborales que la crisis está generando y que afecta especialmente a determinados colectivos ( jóvenes demandantes de primer empleo, parados de larga duración, personas mayores y  mujeres),  que además de verse afectados por  unas tasas de desempleo elevadas, si quieren trabajar  tienen que  aceptar lo que la Organización Internacional de l Trabajo(OIT) considera como empleos vulnerables (contratos temporales para trabajos poco cualificados y, en muchos casos, bastante alejados de la formación y culificación profesional adquirida; contratos de prácticas prorrogados; contratos de empleo a tiempo parcial no siempre voluntarios,etc.).

En estas circunstancias no resulta extraño-el informe lo resalta- que casi el 60% de los trabajadores crean que no van a permanecer en sus empleo hasta los 60 años; lo cual no deja de ser preocupante en un momento en que la tendencia en la mayoría de los paises es alargar la edad de jubilación, entre otras razones porque la propia UE así  se lo pide a los Estados miembros.

La  distribución, en concreto, de las rentas salariales se presenta también como otro factor de desigualdad. El informe se fija especialmente en los  modelos de negociación colectiva existentes en la UE para constatar que difieren de un Estado a otro en cuanto al grado de centralización; tasa de cobertura y papel de los agentes sociales y económicos en la elaboración y aplicación de las políticas salariales. Ni que decir tiene que las diferencias salariales son considerables:  mientras que en los paises del Norte de Europa los salarios  han aumentado, y en otros como Alemania, Austria y Paises Bajos se ha producido una moderación e incluso congelación (Reino Unido), en el caso de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal se viene produciendo una disminución de los salarios en paralelo al descenso de la productividad, como un instrumento de devaluación interna utilizado por estos paises para ganar competitividad, una vez que con la moneda única no es posible acudir a las devaluaciones competitivas de carácter monetario.

Una observación importante que aporta el informe, es la relativa a la relación existente en cada país entre el grado de cobertura de la negociación colectiva  y la desigualdad de rentas salariales: a mayor cobertura menor es el grado de desigualdad y vicerversa; lo cual permite afirmar que  en los paises de la UE con un sistema de negociación colectiva consolidado y centralizado las diferencias salariales se reducen considerablemente y además la volatilidad de los salarios es mucho menor.

Como comentario, solamente añadir que por lo que se refiere a España, la reforma de la negociación colectiva recientemente aprobada va justo en la dirección contraria, al otorgar primacía al convenio de ámbito empresarial sobre el convenio sectorial,con un evidente propósito descentralizador que,sin duda, va a increementar las desigualdades en la distribución de las rentas salariales.

Ante este panorama el informe se pregunta por el papel de los sindicatos, y las conclusiones a que  llega son más bien preocupantes : su labor en defensa de los trabajadores, dirigida a conseguir la mejora de sus  condiciones laborales y salariales se está viendo seriamente obstaculizada, por razones muchas veces de tipo ideológico,  mediante campañas de desprestigio con las que se persigue fomentar la desafiliación y su capacidad de actuación en un contexto de grave crisis social y económica que se utiliza además como coartada para bloquear el diálogo social y la negociación colectiva. Creo que lo que está pasando en España en los últimos meses es un buen ejemplo de esta estrategia antisindical.

Muy crítico se manifiesta el informe a este respecto  con el papel de la UE a la que considera  responsable de que, por ejemplo, en la Estrategia Europa 2020 los sindicatos europeos tengan un menor protagonismo en sus funciones de consulta y negociación que el que tuvieron en la Estrategia de Lisboa.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA  EN EL INCREMENTO DE LAS DESIGUALDADES

Las políticas aplicadas en la UE  en los últimos treinta años, a juicio de los autores del informe , han contribuido a incrementar las desigualdades mediante una serie de reformas estructurales del mercado de trabajo  tendentes a conseguir un mayor grado de flexibilización y desregulación que  aunque hayan podido contribuir a incrementar la tasa de empleo, sin embargo al mismo tiempo han producido un aumento de las desigualdades en el reparto de las rentas de trabajo, porque la creación de empleo sin más no reduce los niveles de desigualdad y de exclusión social si no va acompañada de la mejora en la calidad del empleo y de políticas fiscales redistributivas. Yo añadiría que en la larga y profunda crisis por la que atraviesa Europa los resultados de esas políticas desreguladoras están ya produciendo unos resultados contrarios a los esperados, al menos en algunos paises.

Por consiguiente, frente al  discurso  todavía predominante en la UE de la austeridad como prioridad, para alcanzar después la recuperación del crecimiento y el empleo, la salvación del modelo social europeo, y la superación de las desigualdades, los autores del informe consideran erróneo tal planteamiento porque entienden que no es seguro que el crecimiento sin más genere igualdad  si no se pone el acento en las políticas sociales, de creación de empleo y redistributivas; afirmación que comparto plenamente.

Aunque referido a la realidad de EEUU, me parece oportuno recordar   un reciente artículo, titulado el precio de la desigualdad, ( El Pais 17-6-2012) en el que el profesor y premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz,  trata de desmitificar   el famoso ” sueño americano”, afirmando, entre otras cosas,  que hoy día hay menos igualdad de oportunidades en EEUU, con “una clara tendencia a la concentración de ingresos y riqueza en la cima, al vaciamiento de las capas medias y a un aumento de la pobreza..”,   por lo que además de rechazar la teoría de que el enriquecimiento  de los de arriba redunde en beneficio de todos,  acaba diciendo que la desigualdad reduce el crecimiento y la eficiencia y conduce a la inestabilidad económica.

Para concluir creo que en la actual coyuntura de crisis por la que atraviesa la UE, el debate  austeridad – crecimiento-igualdad- no debería plantearse en términos de prioridad  de unas medidas sobre otras sino mediante actuaciones simultáneas y complementarias. Esperemos que los líderes políticos europeos decidan por fin corregir el rumbo en esta dirección, introduciendo cambios en la estrategia seguida hasta ahora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORÍA DE LA CREDIBILIDAD (y un caso práctico)

Hace pocas fechas dediqué unas líneas a llamar la atención sobre la importancia que en la economía tiene la confianza, y en este momento es mi pretensión hacer lo mismo con la credibilidad. Lo hago porque unas semanas atrás, John Kay, columnista de los miércoles en Financial Times publicó un artículo titulado El dogma de la “credibilidad” pone en peligro la estabilidad (FT 16.05.2012) en el que pasaba revista a la presencia de este concepto en la historia de la ciencia económica. Reparaba Kay en que ni Keynes ni Marshall habían empleado una sola vez ese término a lo largo de su dilatada obra, y, sin embargo, Martin Wolf (otro columnista de FT) lo había empleado en quince ocasiones en su última columna. Y es que, en efecto, la credibilidad está en estas fechas en la boca y en la pluma de infinidad de economistas, políticos,  y, sobremanera, gobiernos y oposiciones a ellos.

De todos los ángulos de ataque que tiene el concepto a mi me interesa particularmente su significado, si es que le queda alguno, en la ciencia económica. Porque al término, por desgracia, le ocurre lo que a tantas otras palabras, a las que su uso y abuso en el lenguaje cotidiano acaba por desfigurar. El caso es que Kay, sitúa el origen de su uso en economía en los trabajos que llevaron a Kydland y Prescott a obtener el Nobel. La pareja de economistas (noruego y norteamericano) sostuvieron que las empresas y las economías domesticas basan su comportamiento en las expectativas que tienen sobre el futuro; estas se forman con toda la información disponible en los mercados, con los programas presupuestarios y con los objetivos monetarios de los bancos centrales que consisten en finanzas públicas sostenibles y baja tasa de inflación. Lo mejor es entonces que las agentes adapten sus expectativas a esos planes fiscales y monetarios.

Entonces, de ahí surgió el dogma de la credibilidad expresado en los siguientes términos: “lo fundamental para la estabilidad de precios es la credibilidad de la política para la estabilidad de precios”. Un razonamiento que se antoja un poco circular y que se apoya en el perfecto conocimiento de todos los agentes de toda la información disponible. Ciertamente que de ese dogma o axioma se pueden deducir elegantes modelos que explican y predicen el comportamiento de la realidad económica, pero lamentablemente las cosas no son así. Los agentes económicos no tienen información perfecta, sino incompleta y además sesgada por las fuentes en que cada uno bebe.

La segunda objeción que se le puede hacer al dogma de la credibilidad es la idealización del mundo de las relaciones sociales. Tal como el modelo las presenta las cosas son sencillas. Cualesquiera que sean los planes plurianuales de un gobierno, o los objetivos de un banco central en materia inflacionista, los agentes económicos los aceptan mansamente, sin rechistar, y se limitan a adaptar sus expectativas a las prescripciones de los mismos: es de ese modo como se alcanza el equilibrio y la estabilidad.

Pero, una vez más, las cosas no son así. Los mineros de Asturias, León y Andorra (por referirse a lo más incandescente del momento) no aceptan los planes presupuestarios del Gobierno porque amenazan seriamente la continuidad de sus empleos. Tales planes pueden disfrutar del beneficio de la credibilidad por ser coherentes con otros objetivos (consolidación fiscal) pero resultan incompatibles con otros (empleo). Conducen por consiguiente al desequilibrio económico y a la inestabilidad social.

La candente realidad lleva a Kay a la conclusión que da título a su columna: el dogma de la credibilidad, tal como los modelos la definen, pone en peligro la estabilidad y además, añade, es incompatible con la democracia. Su cumplimiento dogmático conduce a la aparición de las posiciones más extremas desde el punto de vista político en la sociedad.

Con todo, hay otro modo de entender la credibilidad, más usual entre nosotros. No permite construir modelos económicos ni nada que se les parezca, sino que proporciona prestigio social o político, personal o colectivo, a quien se le atribuye; afecta a las personas, a colectivos, a organizaciones, a políticas públicas, a relatos sobre la realidad y a un sinfín de circunstancias vitales.

Un monumental test a cerca de la credibilidad política y económica es el que se le ha planteado a la sociedad española a propósito de las reformas estructurales. Los españoles tenemos que  creer, primero, y confiar, después, en que la pérdida de derechos (caso de reforma laboral) o de rentas (caso reducción de salarios y pensiones) que el gobierno ha decidido llevar a cabo es el peaje necesario para recuperar posteriormente, en el futuro, la senda de crecimiento que la economía española siguió hasta 2007. En este caso, el problema para el gobierno es la existencia de los que financian nuestro endeudamiento, que son los primeros a los que el gobierno debe convencer de que sus medidas en el presente y las previsiones del futuro darán lugar sin dificultades al pago del servicio de la deuda y a su amortización vencido el plazo. En este caso, por lo demás, el indicador de la credibilidad de las políticas del gobierno no son estudios demoscópicos más o menos frecuentes, sino un indicador diario, permanente, agobiante, amenazante, implacable, que es la prima de riesgo.

Las circunstancias por las que ahora atravesamos parecen dar a entender que el beneficio de la credibilidad como país nos ha abandonado y que es posible que ya no sean eficaces los gestos por aparatosos o solemnes que estos sean. Puede que hayamos llegado ya al límite y que “no nos crea nadie”. ¿Cómo creernos cuando el PIB lejos de aumentar retrocede? ¿Cómo se generarán así los ingresos necesarios para atender el servicio de la deuda? ¿Qué pensar si después del incremento de la tarifa de IRPF en 2012 la recaudación hasta abril ha caído un 0,2%? ¿Seguirán en sus trece los de la teoría del “no se puede gastar lo que no se tiene”? ¿Aceptarán de una vez por todas que a diferencia de la economía familiar, en la economía agregada los gastos públicos también determinan los ingresos?

Esta mañana he escuchado a un Secretario de Estado decir que el verdadero problema es que el euro, nuestra moneda europea “carece de credibilidad”. Consolémonos entonces: mal de muchos (17) epidemia.

ALGUNAS PERLAS (AUTÉNTICAS Y FALSAS) DE LA ACTUALIDAD LABORAL

Quienes entre nuestras aficiones tenemos el seguimiento de la evolución de la economía española, estamos obligados (o al menos eso creo yo) a la lectura semanal del artículo de Ángel Laborda (uno de nuestros mejores coyunturalistas) en Negocios. En su última entrega (domingo 17 de junio de 2012) titulada El mito de los salarios y la productividad, constata con cifras una realidad que tiene interesantes y variadas derivaciones políticas. Se trata, en sus propias palabras, de que al analizar la pérdida de competitividad de la economía española hasta 2008, “constituye un error atribuir dicha pérdida, como se ha oído decir a destacados dirigentes políticos europeos, al hecho de que los salarios crecieron en España por encima de la productividad y no así en Alemania u otros países europeos. Las cosas, nos dice Laborda, no son así; o, al menos, las cifras no dicen eso. “Lo que ha ocurrido en España no es una desviación de salarios respecto a la productividad, sino que ha habido más inflación de precios que en la zona euro y ello se ha trasladado a mayores aumentos salariales nominales. A su vez, esta mayor inflación, de la que no se aprovecharon los salarios, sino el excedente empresarial…”. Mejor descripción del mito refutado con cifras, no es posible.

En efecto quienes visiten a menudo las páginas en las que el INE (www.ine.es) ofrece regularmente las cifras de la Contabilidad Nacional encontrarán en el apartado de la distribución funcional de la renta española una tendencia creciente del peso de los excedentes empresariales en la participación en la tarta de la renta nacional. Una realidad muy evocadora, especialmente en el contexto de una polémica que ha llenado miles de páginas en la literatura económica: la rigidez o inflexibilidad del mercado de trabajo europeo. La causa originaria de la sucesión de reformas laborales que hemos llevado al BOE en nuestro país.

Inicialmente la rigidez del mercado de trabajo no obedecía a la vigencia de normas protectoras del empleo sino, fundamentalmente, a la incapacidad de los salarios reales para ajustarse a la evolución de la productividad de la mano de obra. Solow nos recuerda (What is labour market flexibility? What is good for?) que hubo una época, en los primeros años ochenta, en los que la hipótesis del gap salarial era la explicación más comúnmente utilizada para explicar el alto desempleo en Europa. Por eso, cuando Bruno y Sachs explicaban los problemas europeos (The Economics of Worlwide Stagflation) eran los salarios reales los responsables del desempleo. Lo eran porque su hipótesis consistía en demostrar que los salarios reales en Europa habían crecido por encima de la productividad de la mano de obra y que su consecuencia inmediata, que era la baja rentabilidad de las empresas, llevaba al estancamiento de la inversión y a la escalada del paro. Para que nadie se desubique recordaré que hablamos de los años de la reconversión industrial en nuestro país.

Suponer que los salarios reales habían superado en su evolución a la de la productividad, tendría que haber significado que la parte de la renta agregada de la economía española correspondiente a los salarios hubiera disfrutado de un avance por encima del de los excedentes empresariales. Y eso fue efectivamente lo que ocurrió en los primeros años de la reconversión industrial. Sin embargo, a partir de 1983 la parte de las rentas salariales comenzó a decaer en la distribución funcional de la renta, y así ocurre a partir de 1998, fecha de la que parten los datos que Laborda utiliza.

Ese escenario de conjunto, y su evolución a lo largo del tiempo, no permiten, tal como concluye Laborda y las cifras corroboran, atribuir al comportamiento de los salarios la rigidez del mercado de trabajo en nuestro país (a otro perro con ese hueso) y por tanto a nuestro pasado esquema de negociación colectiva.

Como es sobradamente conocido, pasado el tiempo, el acento de la rigidez se trasladó de los salarios a la protección del empleo en la legislación laboral o, dicho sin eufemismos, a la regulación de los costes de extinción de los empleos. Ese pasó a ser el caballo de batalla, hasta que la batalla se extendió a todo el cuerpo de la legislación laboral que fue al que abarcó el contenido de la reciente reforma.

Mas como la perfección es ciertamente inalcanzable, el FMI le propone al gobierno español, a modo de consejo, una nueva vuelta de tuerca a la reforma , para que ésta sea perfecta.  Con ocasión de las 2012 Consultas del artículo IV con España (www.mineco.gob.es), el FMI, en el apartado 18 celebra el contenido de la reforma laboral y apunta dos refuerzos de la misma. Por un lado la reducción de la brecha que separa a la indemnización por despido de los contratos temporales con los contratos indefinidos (¿más aún?). Por otro recomienda una mejor comunicación a las empresas de las posibilidades  de flexibilidad que la reforma contiene, y si los resultados se hacen esperar encuentra necesarios planes de contingencia que, “por ejemplo, incluirían un sistema de incorporación optativa a un convenio (opt-in) en la negociación colectiva”; esto es, un trabajador habría de expresar su consentimiento previo para ser incluido en un convenio. Un modo, claro está, muy efectivo de separar a las ovejas blancas de las negras.

¿Ha publicado ya el FMI El modelo asiático de relaciones laborales? Al tiempo.

PROSISTEMA

El estado de las cosas del Estado.

¿Recuerdan cuando Margaret Thatcher(¿o seria Meryl Streep?) dijo aquello de que”No existe algo que sea la sociedad.hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias”?.Y mas o menos por la misma epoca Ronald  Reagan afirmo que “El Gobierno no es la solucion del problema , es el problema”.¿Que ha pasado para que ,veinte años despues,  el Gobierno britanico de la Coalicion Tory-LibDem, cuente entre sus miembros  con un Ministro para la Sociedad Civil y para que el lema de la campaña electoral que llevo al Gobierno a esta coalicion fuese The Big Society/La Gran Sociedad? .

¿A quien atribuyen la paternidad/maternidad de la frase “Nuestro objetivo es crear un clima que de poder a la gente y las  comunidades locales construyendo una gran sociedad que le quite el poder a los politicos y se lo de al pueblo”:¿Un slogan del 15 M en la linea “No nos representan”, “Ni izquierda ni derecha.Somos los de abajo.Vamos  a por los de arriba”, “Nuestros sueños no caben en vuestras urnas” “No les votes”(Por cierto ¿alguien ha (psico)analizado la frecuencia de las formulaciones en negativo de la spanish revolution y su exquisito, casi aristocratico, complejo de superioridad  respecto  del vulgar  voto del comun de los mortales?). ¿Chavez&Morales?.¿RosaDiaz? .¿Intereconomia?. Pues no, amigos/as.Nuevamente ,el Programa electoral tory ,que fue contestado desde las filas laboristas diciendo que esta invocacion a la Big Society era el manto que cubria a un small state/pequeño estado.

Por ahi va la cosa, por la (des)valoracion del papel del Estado/Sistema, coincidiendo con la presente etapa de ajuste fiscal.¿Les suena esta letra con musica de “Suspiros de España”?.¿Saben que dijo  John Harris,un columnista del Guardian, a proposito de la primera etapa de gobierno de la Coalicion:”El Thatcherismo con acento pijo(posh) es una propuesta toxica”. No me digan que con esta frase no se les viene  a la mente la imagen de esos/as  Abogados/as del Estado/a, cargados de masters ,que se reproducen clonicamente en ministerios , moncloas y tertulias.

¿A ver si  hay que darle una vuelta reposada  a esta recurrente historia de la sociedad civil  ? ¿A ver si lo progresista va a  consistir en ser discretamente Prosistema?   Podemos utilizar como punto de partida para esta nueva reflexion algunas de las ideas de nuestro  Jedi/Judt,que aparecieron  en la entrada que incitaba a unos buenos ejercicios espirituales de socialdemocracia. Ideas sobre el Estado y el Estado de Bienestar, y sobre las relaciones de estas instituciones y la economia.Y añadiremos a ellas una  nueva cita de Judt  de su libro de 2008 “Sobre el olvidado Siglo XX”:”Lo mismo que la democracia politica es todo lo que media entre los individuos aislados y un Gobierno excesivamente poderoso,el Estado regulador, de bienestar, es todo lo que media entre sus ciudadanos y y las impredecibles fuerzas del cambio economico”.

Desde esta cita , iremos  a Fabianos hoy, a lo que dicen en estos dias por la Fabian Society, pasando previamente por recordar algo de lo que dijimos en la entrada “¿Que falla en Europa “? acerca de las instituciones.Y el viaje fabiano nos puede servir para ir conociendo personas y lugares del paisaje laborista , que tiene su cierta complejidad y, con ello ,resulta bastante estimulante.

En su libro “Por que fallan las Naciones/Why Nations fail, Acemoglu y Robinson construyen una teoria sobre el desarrollo de las naciones basado en la interelacion positiva entre Instituciones politicas inclusivas(favorecedoras de la libertad y participacion politica  de los ciudadanos ,en contraposicion a las extractivas)  e Instituciones economicas inclusivas(favorecedoras de la mayor participacion de los ciudadanos en la economia).Y para esta inclusividad hacen falta propiedad privada segura,seguridad jurica y una provision de servicios publicos que facilite un terreno de juego en condiciones de igualdad en el que las personas puedan contratar e intercambiar,  permitiendo  la entrada de de nuevas empresas y facilitando la eleccion de sus vidas profesionales.Y conviene indicar que A&R no atribuyen este tipo de derechos en exclusiva al ambito empresarial:deben existir para la mayoria de la gente en la sociedad.

A&R vuelven frecuentemente sobre el papel del Estado.A  las funciones clasicas de la ortodoxia liberal de asegurar el cumplimiento de las leyes y la ejecucion de los contratos(bueno ,esto en la era Lehman Brothers es ya casi revolucionario) añaden especificamente la prevencion del fraude y las malas practicas(parentesis anterior , bis), y la provision de  los servicios publicos, que sean o no prestados por particulares,requieren para su coordinacion de una autoridad central .En resumen , las instituciones economicas inclusivas necesitan y usan el Estado, un Estado centralizado y poderoso.

Como ven , hay vida mas alla de la hipertrofia mercadista que nos ha dejado reducidos a tan lamentable estado/Estado, y mas aca del apocalipsis antisistema del pensamiento tweet y el aplauso de lengua de signos.Y esa vida comienza ,modestamente, por la reivindicacion del Estado y de las Instituciones.Veamos que nos ofrece el muestrario fabiano

Fabianos,hoy.

En enero de este año , la Sociedad Fabiana celebro su Conferencia de Año Nuevo sobre “La alternativa economica”, y en su introduccion, el Secretario General de la Sociedad,Andrew Harrop,comenzo alertando sobre el riesgo de reduccion estructural del Estado ,que formaba parte de la agenda  de la coalicion Tory -Lib Dem  , oculta en las medidas de control del gasto.  Harrop planteo con total crudeza una alternativa laborista en la que el aumento de los impuestos , y no la reduccion del gasto, serian las vias de reduccion del deficit en torno a las que se definirian las posiciones politicas en las elecciones de 2015, y estas ideas son el resultado de una reflexion mas general , vertebrada en torno a la idea de “capitalismo responsable” y tambien al papel del Estado y las Instituciones en la vida economica.

Harrop dice que conseguir lo que el llama “la proxima economia”no depende de una nueva moralidad, por que seria desesperadamente utopico hacer planes para un capitalismo diferente basandose  en un giro radical de la etica personal  en el conjunto de la clase empresarial. La idea de responsabilidad es la clave para que el Estado  diseñe un nuevo marco institucional y las normas sociales dentro de las que se adoptan las decisiones individuales. Tenemos que pensar en un sistema responsable , no en personas responsables, y el primer objetivo de las nuevas normas sociales es claro: la regulacion de las (muy) altas retribuciones.

Es este un asunto que esta ocupando un lugar importante en el debate politico del Reino Unido, dando lugar a la creacion de una Comision (High Pay Commission), patrocinada por  Compass  una institucion entre el grupo de presion que organiza campañas, la corriente de transformacion hacia la izquierda del Partido Laborista y el think tank, presidida por Neal Lawson .En esta comision participaban desde  parlamentarios laboristas , como Jon Cruddas(encargado ahora por Milliband de los asuntos de redefinicion ideologica del partido) a sindicalistas, miembros de ONG y directivos de Fondos de Inversion. Entre sus conclusiones : las retribuciones variables de los altos directivos deben ser fijadas por una comision con participacion de los representantes de los trabajadores , las empresas deben dar publicidad a estas retribuciones asi como a los gastos fiscales generales de la empresa,se deben establecer canales de promocion interna para los puestos directivos ,prioritarias a los fichajes externos…   .Estas  idea aparecen tambien  cuando  Harrop  habla de transparencia y participacion de los trabajadores como medios para que los consejos de administracion  internalizen una presion que lleve a que los ejecutivos sientan el estigma desde  sus propios iguales si sobrepasan  determinadas marcas. Como ven , se puede ser britanico, incluso laborista britanico, sin perder la compostura para  plantear acciones que en tono  british podria calificarse de suavemente radicales.

Un parentesis: esta prioridad por la igualdad se explica mejor si se situa en el contexto general de lo que pàrece se esta convirtiendo en el elemento critico para configurar las orillas ideologicas en el debate postcrisis: el subrayar los efectos sociales y economicos de  la desigualdad (recuerden las entradas  de Carlos Navarro sobre Pobreza y Desigualdad y Retribuciones de consejeros y altos directivos de las empresas    ) , con la consiguiente reivindicacion de la igualdad como objetivo politico. En eso estuvo acertado el lider laborista Ed Milliband  cuando identifico los efectos de la crisis (lease , del modelo politico y economico que la propicio) con la expresion “squeezzed middle“, el centro exprimido, apretado, haciendo referencia a la clase media y media -baja que (recuerden lo que nos decia Judt sobre la clase media como creacion del Estado de Bienestar) que se  habia visto     descendiendo  apresuradamaente escalones en la movilidad social por el efecto combinado de la crisis y de las medidas anticrisis, en sus economias domesticas y en las economias publicas, particularmente las de ese Estado de Bienestar diseñado precisamente para reducir  las desigualdades.

Harrop cita otras areas para la regulacion, como las referidas al riesgo empresarial o a las culturase mpresariales  cortoplacistas, situando estas concretas regulaciones  en un proyecto mas general de creacion por el Estado de un nuevo marco institucional , que incluya, aprendiendo de la crisis, garantias, como  una institucion independiente que actue(literalmente) como aguafiestas , que solicita politicas contraciclicas cuando crecen las burbujas inmobiliarias o cuando la laxitud de las politicas fiscales o crediticias alimenta la caldera de un (precario) boom.

 

Y tenemos mas ejemplos.

Ya saben que en estos siempre dolorosos procesos freudianos de matar el padre los colegas britanicos cerraron la etapa New Labour con el biblico sacrificio del padre Blair(componente de suicidio ritual iraki incluido), escenificado con el duelo entre los Milliband Brothers(de nuevo el Genesis, con Cain y Abel y la expulsion Al Este del Eden), y la victoria de (Red) Ed.Pues bien,uno de los apoyos teoricos  mas consistentes de Ed Milliband ha sido un articulo publicado  a finales de 2011 por Roy Hattersley y Kevin Hickson, con el titulo In praise of Social Democracy/En elogio de la SocialDemocracia.

Hattersley es un veterano laborista, que en tiempos se habia alineado frente a la ortodoxia de Foot y Benn que llevo a los sucesivos revolcones electorales laboristas de la era Thatcher, hasta la llegada de Blair(cést la vie, compañeros), y que luego marco distancias con el New Labour.Ahora , Hattersley y Hickson titulan significativamente a uno de los apartados de su trabajo “En defensa del Estado”, y afirman que solo el Estado  puede desempeñar determinadas  tareas esenciales y que solo el Estado puede desempeñar otras tareas de forma justa, y entre estas tareas se encuentra  una regulacion mas potente del capitalismo financiero.

(Parentesis para confesar una pequeña trampa:H &H habla siempre del central state, entre otras cosas por que escribe su articulo en un momento en el que dentro del Laborismo se estaba desarrollando una tendencia, el Blue Labour,favorable a una redistribucion del poder politico hacia unidades  territoriales mas pequeñas , en las que las comunidades de las clase trabajadora podrian desarrollar sus tradiciones y valores. Asi que, quedan ustedes advertidos de la licencia poetica del traductor, que no es partidario de meterse en mas de un jardin por entrada, y ha preferido dejar las cosas en el terreno de la dialectica Estado-Mercado, sin perjuicio de que el debate territorial sea tambien seductor).

H&H toman como refrencia de la accion estatal(vease parentesis) la busqueda de la igualdad, y consideran que el mercado es ,con frecuencia pero no siempre, la mejor manera de regular la economia.A partir de ahi , describen los valores propios de la socialdemocracia:

La libertad , relacionada con la capacidad de los ciudadanos de hacer efectivas en la practica sus opciones, con una concepcion positiva de la libertad en la que la gente solo es libre si son capaces de poner en practica su libertad teorica;y para eso hace falta una accion estatal, por que incluso las instituciones de la sociedad civil, aun no siendo una amenaza para la libertad,son un mecanismo inadecuado para defenderla.

Los Derechos, superando la vision neoliberal de unos derechos “negativos”(el derecho a no recibir daño), que son los unicos universales, y otros derechos “positivos”, dependientes en su efectividad de la capacidad de ser financiados por el Estado, y condicionados por ello a la accion de instituciones como el voluntariado(uno de los buques insignia de  la Big Society). Frente a esto , la vision socialdemocrata reafirma el papel central del Estado en la proteccion de los derchos de ciudadania, combinada con las responsabilidades de los ciudadanos y sus organizaciones.

Justicia Social, entendida como una distribucion equitativa  del poder y la riqueza.Frente a los argumentos neoliberales sobre la existencia de otros valores tan respetables como el de igualdad, como por ejemplo el  merito , y la imposibilidad de que el Estado imponga uno de estos valores,H&H reivindican la capacidad de la socialdemocracia de construir un amplio consenso sobre la redistribucion. Y para ello  hay que partir de que no es necesario demostrar una intencionalidad en  la busqueda de la  injusticia social , sino, simplemente,, la previsibilidad, basada en la observacion practica , de que un mercado libre de toda restriccion favorece la desigualdad. Y aqui nuevamente la idea de que la accion del Estado es imprescindible, por que la accion del voluntariado puede mitigar la desigualdad pero no hasta el punto de conseguir una autentica justicia social.

Igualdad. El planteamiento neoliberal de que la desigualdad puede ser un incentivo para el esfuerzo personal y la promocion de la riqueza parece flaquear considerablemente si se observan los resultados de una crisis , primero  financiera y luego economica, promovida por la accion de los beneficiarios de unos bastante poco igualitarios sueldos y bonus. Esta desigualdad que lleva al riesgo  es indeseable no solo  por razones exclusivamente morales, tambien por razones economicas. Y aunque algunas desigualdades materiales pueden incluso llevar a un beneficio social en sentido amplio, eso no puede llevar a una vision de la meritocracia que consista en competir en busca de la desigualdad.

Y seria bueno completar esta reflexion sobtre la relacion ectre Estado, Mercado y Sociedad, enlazando con alguna de las ideas que Jesus Arango planteo en “La economia en crisis” acerca del sobredesarrollo de la teorizacion formal matematica en la ciencia economica(los matorrales de algebra de Mrs. Robinson).

En una  reseña del libro de Nicholas WapshotKeynes Hayeck:The clash that defined modern economy/K H :El choque que definio la economia moderna”  publicada en New Statesman(otra conspicua referencia fabiana),  David Marquand (un laborista retornado al seno materno despues de algunos viajes por el antiguo partido socialdemocrata britanico y el apoyo naif a los LibDem)subrayaba como la economia no es una “ciencia” libre de valores, como a  muchos economistas modernos , envidiosos de la Fisica, les gusta pensar.De Smith a Keynes, los grandes economistas del pasado vieron la economia como una disciplina historica,filosofica y , sobre todo, moral;pero en la segunda mitad del pasado siglo las matematicas se llevaron por delante la etica , la historia y la filosofia con resultados desastrosos, uno de los cuales fue la proliferacion de sofisticadas formas de ingenieria financiera que se suponia iban  a barrer los riesgos y que en realidad llevaron al crash del 2008 .Y a proposito del riesgo, nuestro reiteradamente citado Acemoglu tambien dice que existen tres tipos de creencias erroneas compartidas por los economistas:la de que la volatilidad agregada habia llegado a su fin, la de que los mercados , sin instituciones de apoyo y sin regulacion, podian cortar la excesiva y oportunista toma de riesgos y la de que la conciencia reputacional de de las grandes compañias las haria autocontrolarse.Como ven , unas creencias que hacian que la realidad se reflejase en ellas como en un espejo, es decir, igual ,pero al reves.
Y mas alla de lo sugerente que puedan resultar por separado los distintos planteamientos que hasta aqui hemos comentado , habria que subrayar su musica de fondo, una musica  formada por las ideas de  Estado, instituciones, regulacion y , por supuesto, igualdad.Unas ideas que, solas o en compañia de otras, pero nunca sin ellas, hacen reconocible el proyecto socialdemocrata

 

El trabajo en el mundo

Con poca diferencia de fechas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha publicado dos interesante informes: uno elaborado por el Instituto Internacional de Estudios Laborales que dirige Raymond Torres sobre ” el trabajo en el mundo 2012″  y otro” sobre tendencias mundiales del empleo 2012″, preparado por el equipo de Tendencias del Empleo de la OIT, dirigido por  Ekkehard Ernst, a cuyas principales conclusiones voy a dedicar  los comentarios que siguen.

Con carácter general, ambos informes constatan que el panorama a nivel mundial al iniciarse 2012 es bastante crítico, con altos niveles de desempleo y carencias importantes de empleos de calidad.

Tras la larga y grave  crisis económica iniciada en 2008, hay un déficit de casi 200 millones de puestos de trabajo y, según se avanza en uno de los informes, en la próxima década sería necesario crear otros 400 millones para mantener un cierto nivel de cohesión social; de los cuales 80 millones habría que crearlos en los dos próximos años; objetivo que se presenta casi imposible en las actuales circunstancias, con unas perspectivas negativas de creación de empleo en el corto y medio plazo: la tasa de desempleo mundial  permanecería estancada en torno al 6 por ciento, con  especial incidencia en los jóvenes que soportan una tasa de desempleo del 12,7 por ciento.

Destacan los informes que que si bien el estancamiento en la creación de puestos de trabajo se ha producido en mayor medida en Europa, sin embargo también ha afectado a Japón e incluso a economías emergentes como China en las que aunque  se crea empleo, éste resulta insuficiente para cubrir las necesidades de una población en edad de trabajar, numerosa y con unos niveles de formación crecientes.

Entrando más en detalle, hay otros aspectos importantes a destacar en el análisis  realizado por  la OIT:

En primer lugar la constatación de que la crisis del empleo en el mundo ha entrado en una nueva fase de carácter estructural más difícil de erradicar, especialmente en lo que se refiere a Europa. Ello significa, por un lado, que determinados grupos de trabajadores( jovenes demandantes de primer empleo; personas mayores  y parados de larga duración, entre otros) encuentran serias dificultades para incorporarse o para volver al mercado de trabajo; y por otro, un aumento exponencial  del empleo vulnerable  cada vez más precario y de baja calidad con un incremento de más de dos tercios  del trabajo  a tiempo parcial y temporal de carácter involuntario   en más de la mitad de las economías avanzadas y del empleo informal (economía sumergida), del  40 por ciento en dos terceras partes de las economias emergentes: lo que la OIT denomina  empleo vulnerable ha aumentado desde 2009 en 23 millones de personas hasta alcanzar la cifra estimada de 1520 millones de trabajadores.

Además, a medida que la economía mundial se desacelera, las diferencias en los niveles de productividad laboral entre los paises desarrollados y las economías en desarrollo puede ahondar la brecha de  desigualdad y  pobreza, reduciendo los avances conseguidos con anterioridad. A este respecto resulta muy significativo  que, realizados los oportunos ajustes en función de las diferencias de precios entre paises, el trabajador medio de un país en desarrollo produce algo menos de una quinta parte de lo que produce ese mismo trabajador medio en un país de economía avanzada.

La doble circunstancia del estancamiento en la creación de empleo en las economías desarrolladas y la baja productividad en los países en desarrollo dificultan seriamente el crecimiento económico, de tal manera que cada vez resulta más evidente lo que la OIT califica como un auténtico  bucle de retroalimentación negativo entre la economía y el mercado de trabajo, de  modo que la combinación entre las altas tasas de paro y las bajas tasas de crecimiento salarial,  al contraer la demanda de bienes y servicios, hacen que la economía se deprima aún más; ante la falta de confianza y perspectivas  empresariales para nuevos proyectos de inversión y de contratación.  En este sentido las previsiones económicas apuntan, al menos durante este año, hacia un debilitamiento del crecimiento que tímidamente se habia iniciado en 2009 y que a estas alturas incluso ha llevado  a algunos paises a la recesión.

Para la OIT, este deterioro de la economía y del empleo a nivel mundial tiene que ver con lo que se define como la trampa de la austeridad que se ha ido imponiendo a partir de 2010 y que ha supuesto un cambio en las prioridades de   la política económica para orientarla ante todo a la reducción de los déficits fiscales; colocando en un segundo plano el crecimiento y la creación de empleo. Además esta estrategia aplicada en un principio en las economías de los paises afectados por la crisis se ha acabado extendiendo a otros paises no tan directamente afectados por la misma que la han acabado aplicando con carácter preventivo, pensando en reacciones adversas de los mercado financieros.

Especialmente crítico es el ” Informe sobre el trabajo en el mundo 2012″ con las reformas flexibilizadoras del mercado de trabajo llevadas a cabo en algunos paises, que se vienen adoptando con la intención de recuperar la confianza de los mercados financieros para de esta manera recuperar el crecimiento y el empleo. Sin embargo-se dice- estas expectativas no se han cumplido y en los paises de Europa que las han aplicado.Los  resultados positivos, hasta ahora, no se han producido ni en términos de crecimiento ni de empleo. Es más el informe pronostica que estas medidas flexibilizadoras fracasarán y que ante una situación de recesión, normas laborales menos rígidas pueden dar lugar  a más despidos, sin apoyar la creación de empleo; y ello unido a un debilitamiento de la negociación colectiva puede ocasionar unos ajustes salariales a la baja  de  graves efectos deflacionaros que pueden retrasar aún más la salida de la crisis.

Muy contundente es este informe al confirmar las conclusiones de otros anteriores en el sentido de señalar que no existe una relación evidente entre las reformas del mercado laboral y los niveles de empleo: las regulaciones laborales mal diseñadas pueden afectar negativamente al funcionamiento del mercado de trabajo, mientras que regulaciones laborales  adecuadas  y discutidas en el marco del diálogo social pueden contribuir positivamente a la creación de empleo.

ENFOQUE  ALTERNATIVO

Para la OIT existe políticas alternativas para escapar a la trampa de la austeridad,  que se concretarían en la siguientes medidas:

Un cambio estratégico orientado hacia el crecimiento y el empleo, coordinando las políticas económicas y evitando el contagio producido por la austeridad fiscal.En Europa esta estrategia podría incluir un enfoque también coordinado para resolver  los problemas específicos de la deuda, utilizando nuevos mecanismos de financiación junto con los Fondos Estructurales ya existentes; haciendo compatible el crecimiento con el cumplimiento de los objetivos de déficit.

Un fortalecimiento de las políticas activas de empleo y de las instituciones del mercado laboral, de manera que los salarios crezcan al mismo ritmo que la productividad: empezando por los paises con superávit.

Una regulación  más profunda del sistema financiero orientada a restablecer la credibilidad y  la confianza y a facilitar el acceso al crédito, especialmente de las pequeñas y medianas empresas que son las que crean alrededor del 70 por ciento de los puestos de trabajo.

Crear estímulos  a la inversión privada, sobre todo en los paises desarrollados en los que la prioridad debe ser la lucha contra el desempleo, especialmente de los jóvenes; mientras que en los  paises en desarrollo  es necesario centrar los esfuerzos en la inversión pública y en la reducción de los niveles de pobreza y desigualdad existentes.

Establecimiento de foros de consulta nacionales como lugares de encuentro entre los gobiernos y los agentes sociales y económicos.

Reformas en la gobernanza de la economía mundial  para lo que sería  necesario conseguir una coordinación global de las políticas económicas y eliminar la amenaza que pesa sobre la estabilidad económica mundial, producida por los flujos financieros trasnacionales no regulados.

En definitiva, la OIT plantea que estos objetivos y medidas de estímulo para ser efectivos no deben  comprometer la estabilidad fiscal y en tal sentido se apuesta por un gasto público acorde con los incrementos de la renta que pueda servir de estímulo a la economía real, gracias al multiplicador del presupuesto equilibrado. En épocas de demanda titubeante- se dice-ampliar el papel de los gobiernos en relación con la demanda agregada ayuda a estabilizar la economía y establece un nuevo estímulo,  contando además con que el incremento de gasto se vería complementado con aumentos simultáneos de los ingresos tributarios.

Como comentario final solamente  me resta hacer una valoración  positiva de los análisis y soluciones alternativas propuestos por la OIT para salir de la crisis y el estancamiento en que se encuentra la economía mundial y el empleo, y unirme a su preocupación ante el hecho de que las medidas adoptadas hasta ahora no hayan logrado reducir el incremento de los 27 millones de desempleados provocados por la crisis. Sin crecimiento no puede haber empleo y para ello es necesario, sobre todo en las economías avanzadas, un nuevo enfoque hacia políticas económicas más equilibradas entre crecimiento y austeridad fiscal. Parece que  empieza a cambiar el viento en Europa en esa dirección. Confiemos en que así sea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REFORMA LABORAL DE 2012. PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE SUS RESULTADOS

Valeriano Gómez
Portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista

Mucho ha sido lo escrito durante estos ya casi cuatro meses de vigencia del Decreto Ley que aprobaba con carácter urgente una nueva reforma de nuestra legislación laboral, la tercera en apenas 18 meses. Por supuesto todo lo publicado se ha centrado en el análisis de los principales cambios introducidos en nuestras instituciones laborales y, a lo sumo, en los consiguientes juicios respecto de sus consecuencias sobre un mercado de trabajo que, en el caso español, ha perdido 2,9 millones de empleos desde la segunda mitad de 2008 y algo más de 3 millones si el cómputo se establece desde el tercer trimestre de 2007, un periodo que marca el punto más alto en la evolución del ciclo de ocupación en el sector de la construcción.
En mi opinión las reformas introducidas, más allá de la configuración del despido, que parece resultar el elemento de estímulo esencial de la reforma, o la concepción de la flexibilidad como algo que corresponde decidir al empresario de forma exclusiva, con el consiguiente poder unilateral de decisión en todas las cuestiones esenciales de la relación de trabajo, la reforma supone una profunda alteración del centro de gravedad de nuestro diseño laboral.
Aunque se ha significado el papel de la reforma como una pieza clave en el necesario proceso de devaluación interna de la economía española, lo cierto es que ello podría perfectamente lograrse –ese era su objetivo revelado- a través de acuerdos salariales y de negociación colectiva como el alcanzado, algunos días antes de la reforma, por sindicatos y organizaciones empresariales. Tres años de moderación salarial con reducciones de poder adquisitivo y de costes laborales que suceden a dos años anteriores, 2010 y 2011, con comportamientos salariales adecuados a nuestra situación de crisis. De hecho, si concedemos valor a los datos aportados por Eurostat, este proceso ya se estaría produciendo y con las previsiones más razonables a asignar a su evolución durante 2012 podría alcanzar una reducción del 10% en el coste laboral real durante el trienio 2010-2012.
Es todavía escaso el tiempo transcurrido para aventurar juicios, fundados en hechos, sobre las consecuencias de la reforma en nuestro mercado laboral. Si no fuera porque la evolución del ciclo económico y la recaída de la economía española en una nueva fase recesiva, explican mucho más sobre la situación laboral que las medidas incorporadas en la reforma podríamos realizar análisis muy poco favorables al papel que ha desempeñado en la evolución laboral más reciente.
No deja de resultar paradójico que quienes exigían resultados a las reformas de 2010 y de 2011 prácticamente desde el mes siguiente a su entrada en vigor, soliciten ahora la indulgencia del transcurso del tiempo para valorar los efectos de la nueva reforma sobre los principales problemas de nuestros mercados laborales. Merece la pena que, a este respecto, recuerde una anécdota no muy lejana. Ocurrió a partir octubre de 2010. Entonces el Boletín de coyuntura laboral publicado por Seopan (una agrupación empresarial formada por las grandes compañías del sector de la construcción) realizaba, como era y sigue siendo costumbre, su análisis sobre la coyuntura laboral tras la publicación de los resultados de la EPA del tercer trimestre de 2010. El empleo había crecido en 70.000 nuevos ocupados. Un dato normal incluso no demasiado bueno en términos desestacionalizados tratándose del tercer trimestre del año. Además, como también resulta habitual en los terceros trimestres, el empleo temporal aumentó más que el indefinido por razones vinculadas a la estacionalidad del empleo en el sector turístico. Ello llevó a los autores del Boletín de Seopan a concluir que la reforma laboral aprobada solo unas semanas antes de la elaboración de la publicación no estaba logrando los resultados esperados. Y aun así, la curiosidad de la anécdota no estriba en esta evidente muestra de precipitación, sino en el hecho de que, desde entonces, mes tras mes (cuando se publicaban los resultados de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social) o trimestre a trimestre (cuando se publicaban los ofrecidos por la EPA), el Boletín (por cierto elaborado por una entidad presidida por quien había sido pocos meses antes Director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno) repetía sin modificación alguna, cualquiera que fueran los registros alcanzados, la misma frase: puede comprobarse una vez más que la reforma no alcanza los resultados esperados.
Desde ámbitos como los anteriores ahora se pide tiempo y prudencia en la espera de resultados. Un tiempo imprescindible teniendo en cuenta que las previsiones macroeconómicas, en un contexto de reducción esperada en nuestro PIB del -1,7%, arrojan una cifra de casi 640.000 empleos menos durante 2012. Y sin embargo lo cierto es que en un solo trimestre, el primero de 2012, se ha destruido un nivel de empleo similar (alrededor de 400.000 puestos de trabajo) al que desapareció durante todo el primer año de vigencia de la reforma de 2010. De hecho las previsiones de pérdidas en la ocupación para el conjunto del presente año deberán empeorar a la vista de los resultados registrados durante el primer trimestre.
Lo que también sabemos es que se están produciendo cambios sustantivos en los expedientes de regulación de empleo con suspensión, que crecen algo más del 50%, en cuanto a trabajadores afectados en media mensual durante la segunda mitad de 2011, respecto al año anterior y sobre todo los de reducción de jornada, que se han cuadruplicado a partir de 2010 con respecto al nivel previo a dicho año. Mientras tanto los expedientes de despido han crecido ligeramente sobre todo durante la recaída de 2011. Todo ello confirma uno de los resultados pretendidos por las reformas de 2010 y 2011: limitar el empleo del despido colectivo y favorecer el uso de los instrumentos de suspensión del empleo y de reducción parcial de la jornada financiados proporcionalmente por el sistema de protección por desempleo. Se trata, por supuesto, de asunto trascendental porque los últimos datos recogen que el volumen de trabajadores afectados en medida mensual por expedientes de suspensión y reducción de jornada es cinco veces mayor que los afectados por expedientes de extinción de la relación laboral. En este aspecto los datos no recogen el periodo posterior a febrero, mes de aprobación de la reforma. Habrá que esperar, pues, a los próximos meses para confirmar que la enorme reducción del coste del despido y la ampliación de las facilidades para su realización en el ámbito individual y colectivo produce el impacto esperado por el Gobierno que, conviene subrayarlo, confesaba en la Memoria explicativa que la reducción de la indemnización por despido era uno de los principales objetivos perseguidos por la nueva legislación.
Junto ello, uno de los aspectos más sombríos de la coyuntura laboral durante el primer trimestre de 2012 está constituido por la evolución de las solicitudes de alta en la prestación por desempleo -el principal indicador adelantado del gasto en prestaciones por desempleo y del volumen esperado de beneficiarios-. En el primer trimestre de 2012 las solicitudes de alta en la prestación vuelven a crecer a tasas situadas en el entorno del 17% cuando en el mismo periodo del año anterior descendían al -15% en términos interanuales. Ello anticipa un crecimiento significativo de los beneficiarios desempleados durante 2012 y la drástica alteración del lento pero progresivo ritmo de descenso que se había iniciado en 2011 prolongado hasta la segunda parte del dicho año.
En el ámbito de la contratación, las estadísticas aun no proporcionan detalles específicos del funcionamiento del nuevo contrato indefinido para pequeñas empresas y emprendedores, un contrato que contiene, como es sabido, un periodo de prueba de un año sin indemnización alguna a la rescisión del contrato durante la etapa de prueba. Pero los datos generales son a este respecto concluyentes. Desciende la contratación indefinida (nada menos que un 17% en términos acumulados durante los cuatro primeros meses de 2012 frente al año anterior) en mucha mayor medida que la temporal que también se reduce en casi 7% durante el mismo periodo en términos anuales.
Y sin embargo, en este contexto de atonía general en el funcionamiento de mercado de trabajo, hay un ámbito en el que los cambios operados desde la perspectiva regulatoria (me estoy refiriendo a la desaparición de la ultraactividad del convenio transcurrido un plazo de dos años y a las nuevas posibilidades abiertas a la modificación de las condiciones de trabajo, incluidas las salariales, por decisión unilateral del empresario) junto a importantes bloqueos en la negociación colectiva, en mi opinión no imputables a las posiciones mantenidas por las organizaciones sindicales, podrían ya estar causado evidentes alteraciones en las pautas y grado de cobertura de la negociación colectiva.
En el cuatrienio que transcurre entre 2007 hasta 2011 el número de convenios colectivos ha descendido en prácticamente un 50%. Es verdad que existen aun algunos desfases estadísticos en el registro que minorarán este intensísimo descenso. Pero al final terminará siendo muy apreciable dado que hay 4,5 millones menos de trabajadores que no han visto renovar sus convenios colectivos en 2011 respecto de los que lo habían hecho cuatro años antes (alrededor de 11,6 millones en 2007). Y por si esto fuera poco el periodo transcurrido de 2012 ofrece un grado de cobertura de la negociación colectiva inferior en más del 20% al ya reducido nivel de 2011.
Sé que para algunos estos datos serán contemplados como buenas noticias. Pero yo no estoy seguro de que debamos interpretarlas de esta forma. Si la receta esa propiciar una devaluación interna a través de los salarios y el resto de las condiciones laborales dado que no podemos devaluar la moneda porque ahora la compartimos con otros 16 países (sin contar Andorra, San Marino y el Vaticano), es importante recordar aquí una vez más más que esta receta es mucho más sencilla de prescribir que de ser aceptada por el paciente. El patrón oro no pudo ser finalmente restablecido con éxito precisamente por el rechazo social que registraban en los distintos países, en primer lugar en el Reino Unido, los intensos ajustes que requería el mantenimiento de la paridad de las distintas monedas con el oro.

Churchill lo intentó y fracasó estrepitosamente. Hoy la única forma eficiente y civilizada para hacerlo es a través del diálogo social. Un diálogo que el Gobierno ha arruinado con una reforma injusta que, a la luz de los hechos, parece que también será estéril.

(Una versión de este artículo aparecerá proximanente en la revista TEMAS PARA EL DEBATE)

CONSIDERACIONES SOBRE NUESTRO SISTEMA DE PENSIONES

Una versión más breve de este artículo se publicó en el reciente Anuario de Relaciones Laborales 2012, editado por UGT

En una nota a pie de página de la reciente publicación de FEDEA Nada es gratis, se incluye una afirmación que merece la pena transcribir ya que es la primera ocasión en la que de ese entorno de la Fundación sale a la luz una sentencia sobre un tema que en ocasiones anteriores había sido resuelto de modo bien distinto.  El caso es que hablando de la reforma de las pensiones la nota dice: “Un pequeño inciso: nosotros no defendemos un sistema de capitalización para España porque éste, en contra de lo que algunas veces se afirma de manera errónea, no soluciona los problemas de sostenibilidad de la Seguridad Social. Los costes del envejecimiento de la población ya se han devengado en su mayor parte y por tanto hay que pagarlos independientemente de si mantenemos un sistema de reparto o nos movemos a un sistema de capitalización”.[1]

Lo que significa que los costes del envejecimiento ya se han devengado no es otra cosa que la imposibilidad de privar a los cotizantes actuales de los derechos que ya tienen adquiridos con sus cotizaciones; tales derechos vistos desde el lado de la Seguridad Social son el compromiso de pagar unas prestaciones en el medio y largo plazo. Entonces este acontecimiento (es el valor que tiene para mí la declaración de la nota) proporciona la oportunidad de analizar la conceptualización del significado de un sistema de seguro que garantiza la sustitución de las rentas de activo por otras a las que denominamos pensiones de jubilación.

Una valoración de los cambios de posiciones que respecto al sistema de pensiones que se están produciendo en estos momentos, desemboca necesariamente en una pregunta: ¿qué es lo que tanto prestigió académicamente al sistema de capitalización? Evidentemente no ha sido solo en España en dónde la capitalización ocupó la mayor parte de los trabajos académicos, para ser elogiada o directamente propuesta como alternativa al reparto. ¿Tiene ello algo que ver con la presencia en la financiación de estos trabajos de las entidades de crédito? Cada uno de nosotros tenemos una respuesta a esa pregunta. Yo, personalmente, creo que la incidencia académica (y su consecuente presencia en los medios de comunicación) debe mucho a la importancia que el Banco Mundial concede a las distintas alternativas al sistema de reparto, que a estas alturas está claro que no es la preferencia del Banco.

Efectivamente, fue el Averting… el que provocó todo el debate académico de la década de los años 90 con la capitalización y privatización de los sistemas de pensiones como protagonistas; en esa etapa, el sistema chileno  era la referencia que vino a España a recomendar el señor Piñera, arquitecto del mismo. Era el año 1994.

Una década después el Banco Mundial abandona su apuesta por la capitalización y apadrina la botadura del sistema de cuentas nocionales de contribución definida y de reparto.[2]En este caso la referencia es la reforma del sistema sueco que se inclinó por ese instrumento de proporción de rentas de sustitución del salario y que, de nuevo, el Banco Mundial propaga en diversos países del mundo. Aquí en España el sistema de las cuentas nocionales vuelve a prender en la literatura académica y en la recomendación política de fundaciones como FEDEA. Y en esas estamos en estos momentos.

Las consecuencias del sistema sueco

En la realidad española han confluido dos propuestas alternativas al vigente sistema público de reparto. Por un lado, la propuesta de FEDEA que se inclina por el sistema sueco; por otro, la propuesta de UNESPA (la patronal del seguro) que habla de un sistema mixto reparto/capitalización, si bien la capitalización tan obligatoria como el reparto. De hecho ambas propuestas podrían ser la misma en la medida en la que el sistema sueco contiene los dos instrumentos financieros: el reparto y la capitalización, aunque en proporciones muy distintas[3].

Así, todo parece apuntar en esas preferencias al sistema mixto de contribución definida, de reparto y de capitalización. Es decir, el sistema sueco. Esto es, el que en estos momentos apadrina el Banco Mundial y que ha llevado a Suecia, Italia, Brasil, Polonia, Letonia y Kyrguizistán, a la adopción del mismo. De él se destacan como elementos que le caracterizan básicamente tres. Por un lado garantiza el mantenimiento del tipo de cotización sobre el salario, por eso se le denomina de cotización definida; por otro calcula en el momento de la jubilación para cada cohorte la esperanza media de vida; y finalmente lleva asociado un mecanismo de vuelta al equilibrio financiero en el caso de que los pasivos del sistema superen a los activos. De ese modo el sistema parece inmune tanto a los riesgos demográficos como a los socioeconómicos

Los creadores de este sistema y los partidarios de su implantación en nuestro país, sostienen que al someter al mismo a estrictas reglas actuariales se está evitando la politización y su apropiación por políticos populistas, una deriva, aseguran, tan usual en el caso de la política de pensiones. En consecuencia, ellos creen que además de la inmunidad frente a los dos riesgos anteriores, se puede y se debe añadir una inmunidad adicional: la del riesgo político.

Sin embargo, por más que los rigores técnicos hayan sido respetados al máximo en el diseño del sistema, la cruda realidad se suele colar por las rendijas dando lugar al derrumbe de principios básicos del sistema como, en el origen, era la erradicación de la discrecionalidad política en la evolución del artefacto financiero. Una descripción de cuanto ha ocurrido en 2010 en el sistema sueco es esclarecedora de que, como en otros sistemas, todo es relativo porque todo depende de las circunstancias de cada momento que son, a fin de cuentas, las que determinan las pensiones que los jubilados perciben y que en función de la gravedad de la coyuntura resquebrajan principios y reglas.

Lo cierto es que el nuevo sistema sueco venía funcionando bien desde 2002. Hasta ese año y desde 1999 (año de implantación) la relación entre activos y pasivos rondó la unidad o la superó levemente; así ocurrió también desde esa fecha hasta que en 2008 la crisis financiera deprimió las cotizaciones bursátiles y redujo severamente el valor de uno de los activos fundamentales del sistema que es el buffer fund[4](un fondo de reserva) que, mayormente, tiene invertidos sus recursos en renta variable. De ese modo la crisis económica y financiera llegó al sistema sueco afectando por vez primera a su índice de solvencia que alcanzó un valor por debajo de la unidad (los pasivos superaron a los activos), y disparó la activación del mecanismo de equilibrio automático que afectó tanto a la revisión de las pensiones de los jubilados como al rendimiento de las cuentas de los activos.

Pero como la reducción que el mecanismo de equilibrio automático exigía era de cuantía notoria y excesivamente lesiva para el jubilado, el Parlamento sueco legisló para cambiar las reglas. ¿Cómo? Hasta ese momento la norma establecía que el valor del buffer fund era el de las cotizaciones de 31 de diciembre de cada año y después del cambio normativo en lo relativo al índice el valor del buffer fund fue el de una media móvil de tres años para suavizar sus efectos; de esa manera el índice redujo sus efectos y dejó la evolución de las pensiones en 2010[5] en -3,0%, cifra inferior al -4,5% de no haber tenido lugar el cambio legislativo. A ello se añadió una rebaja de la fiscalidad a los beneficiarios de pensiones que no fueran perceptores de la pensión mínima garantizada.[6]

Ole Settergren, que fue uno de los arquitectos del sistema sueco, saca tres lecciones de esta crisis y del modo en que se afrontó[7]. La primera es que la confianza del público se ha visto socavada si bien la respuesta se ha producido en los estrictos términos de la regla inicial, esto es, aplicando el mecanismo de equilibrio automático. La segunda es que de todos modos el daño causado se ha minimizado por la incidencia de las pensiones mínimas garantizadas y la rebaja de la fiscalidad de los jubilados. En tercer lugar, el comportamiento ante la crisis pone en valor la existencia de reglas predeterminadas que se aplicaron de modo estricto y que ahorraron todos los debates que en otras circunstancias se habrían producido.

Pese a todo, lo que aconteció en torno a una crisis económica y financiera de la intensidad observada y de duración aún incierta, no es otra cosa que lo ya conocido: el futuro, incluso el futuro a corto plazo es completamente impredecible. Por más que quienes diseñaron se hubieran empeñado en la perfección técnica siempre es posible una rendija por la que aparece un problema; en este caso el criterio temporal para valorar el fondo de reserva, que es parte sustancial de los activos del sistema. Más aún, la pretensión de encapsulamiento respecto a decisiones políticas se ha evidenciado falsa. En realidad el valor computable del fondo de reserva pasó a ser el obtenido con una media móvil de tres años, pero por qué no cuatro o cinco; todo es posible cuando lo que se pretende evitar una reducción de las pensiones que se considera políticamente inviable. Más enjundia tiene la medida de acompañamiento fiscal consistente en la reducción de la imposición de los jubilados que abre todas las posibilidades para el futuro. Esa válvula de escape (la interactuación entre el sistema fiscal y el social) abre todas las posibilidades para el futuro del sistema.

Una conceptualización de los sistemas de pensiones

Pension Reform, la nueva referencia del Banco Mundial, como en su día lo fue el Averting, contiene cuatro artículos[8] de los mejores especialistas en la materia que tratan de conceptualizar los sistemas de pensiones que hoy en día tienen mayor presencia en la realidad de los países más avanzados del mundo. Más en particular la atención se centra en los que dominan la escena que en estos momentos son los pertenecientes a las familias de la prestación definida y de la contribución definida.

Lo primero que hay que dilucidar a propósito de una cuestión como esta son los objetivos a los que pretende alcanzar un sistema de pensiones, que son, obviamente, los que sustentan la existencia de los mismos. En primer término está la suavización del consumo de los individuos a lo largo de su ciclo vital; en segundo lugar se encuentra la pretensión elemental de asegurar la percepción de rentas en la vejez; tercero, pero no menos importante, es la pretensión de los sistemas de luchar contra la pobreza en la vejez; y, por último, alcanzar otros ibjetivos en cuanto a la distribución de la renta.

Los criterios para el análisis son los habituales en la teoría del bienestar: la eficiencia, la equidad intra e intergeneracional, la distorsión del mercado de trabajo y otras consideraciones. No obstante, lo que destaca en los cuatro autores que se citan en las notas del pie de página es algo que expresa de modo muy nítido Barr cuando en un apartado denominado curiosamente “aspectos equívocos” afirma: “Algunas características de los NCDs [el sistema sueco] pueden ser observadas bien como ventajas o bien como desventajas, dependiendo de los puntos de vista  a cerca de la teoría, los hechos empíricos o los valores” (Barr, p. 63). En último término, como es habitual en las ciencias sociales, el análisis científico limita con los valores personales.

De la panoplia de criterios a  aplicar en el caso NCD vamos a situar el foco en primer término en las ventajas y posteriormente en las desventajas. La primera ventaja aducida es la  equidad que caracteriza a los sistemas dominados por lo actuarial. Quien crea eso, creerá también  que los sistemas de pensiones deben de tener como mucho un objetivo de lucha contra la pobreza y poco más, y defenderá que, consecuentemente, ese gasto se financie con impuestos generales y no con cotizaciones de los trabajadores. Pero otras personas creerán que entre los objetivos a alcanzar se encuentra también la suavización del consumo (o el ahorro).

 

 

 

 

 

 



[1] Jorge Juan (2011): Nada es gratis. Ediciones Destino. pág. 111.

[2] Holzmann, R. y Palmer, E. (editores)(2003): Pension Reform. Issues and Prospects for Non-Financial Contributions Defined (NCD’s) Schemes. Banco Mundial.

[3] Del tipo de cotización del 18,5% del salario, el 16% engrosa el reparto y el 2,5% se dirige a la capitalización.

[4] En términos de PIB el fondo que en los tres años anteriores, en media, había alcanzado un valor del 29%, se desplomó en 2008 hasta un 22%.

[5] ¿Por qué un hacho acontecido en 2008 muestra sus primeros efectos en 2010? Por las peculiaridades del sistema sueco. Como la revisión se lleva a cabo utilizando el crecimiento real del salario per capita éste no se puede conocer hasta la publicación de la Contabilidad Nacional que tiene lugar en el último trimestre de 2009  y el valor exacto el gobierno lo aprueba en los inicios de 2010.

[6] En Suecia la percepción de la pensión mínima en cuantía completa exige 40 años de residencia en el país, cifra a partir de la cual  la pensión reduce su valor. En el año 2009 el 42% de todos los jubilados y el 26% de los jubilados ese año cobraban la pensión mínima. En 2010 la pensión mínima garantizada era de 6.713 coronas mensuales (12 pagas) en al caso de persona casada (unos 790 euros). Las pensiones mínimas se financian con impuestos generales y su cuantía se revisa de acuerdo con la evolución del Indice de Precios al Consumo.

[7] Ole Settergren (2011): Impact of the financial and economic crisis on the Swedish pension system. (www.issa.int)

[8] Barr, N. (2003): “Non-Financial Defined Contribution Pensions. Mapping the Terrain”. Pension Reform. pp 57-71.

Diamond, P.(2003):“Conceptualization of Non-Financial Defined Contribution Systems”. Pension Reform. pp. 76-80.

Lindbeck, A.(2003): “Conceptualization of Non-Financial Defined Contribution Systems”. Pension Reform. pp. 71-80

Valdés-Prieto, S.(2003):“Conceptualization of Non-Financial Defined Contribution Systems”. Pension Reform. pp. 81-91.

COPAGOS, SISTEMA FISCAL Y ESTADO DE BIENESTAR

La gota que colmó el vaso procedió días pasados del responsable de la seguridad nacional, al sugerir que una norma futura trasladará el coste de la protección policial de los estadios a quienes por su actividad son los causantes de los mismos, esto es, los clubes de fútbol; de idéntico modo, toda persona u organización que ocasione un gasto policial deberá hacerse responsable del mismo en lo que se refiere a su financiación, siempre que de ello obtenga un beneficio.  Unas fechas antes, la reforma sanitaria daba a conocer los copagos de los medicamentos que al referirse a los que habrán de pagar los pensionistas regulaba un sistema de muy difícil, por no decir imposible, gestión. Es fácil recordar, a su vez, que el responsable de nuestro sistema judicial defiende las tasas judiciales para moderar, en este caso, la demanda de justicia que los ciudadanos puedan manifestar. En fin, desde quienes tienen la responsabilidad de mantener las autopistas española en buen uso se ha especulado , no hace mucho tiempo, con la posibilidad de un peaje, blando, eso sí, en toda la red de autovías. Y, como con todo eso no bastaba, para subir presión a la olla, el responsable de la educación nacional anuncia que su política de tasas universitarias aproximará las matrículas al coste real de la prestación del servicio. Una relación, sin duda, que un lector con imaginación podría extender ad infinitum.

Podemos preguntarnos entonces ¿a qué viene esta fiebre por el establecimiento de tasas y precios públicos? ¿a qué conduce esta pretensión de que los servicios públicos básicos (seguridad, salud, transporte, justicia, educación) sean financiados en parte por quienes los consumen o utilizan? La respuesta la encontramos en quienes las aprueban y quienes las publicitan: es de justicia, dicen, que quienes causan el gasto lo financien; que quienes consumen servicios judiciales los paguen; que quien deteriora el piso de las autovías contribuya a la financiación de su mantenimiento; que quien necesite muchas medicinas corresponda en proporción a su necesidad. Y añaden más: muchas de las contribuciones exigidas lo han de ser con carácter progresivo en relación con la renta de los usuarios o consumidores. Y con ello, ni más ni menos, creen reforzar la legitimación de unas decisiones que tienen un trasfondo demasiado nítido y concluyente.

Tales medidas, y las que eventualmente se les añadirán si arrecia la tormenta, tienen un efecto inmediato que no es otro que socavar los cimientos del Estado de bienestar. Los constructores saben bien que los cimientos se basan en principios y que si estos se debilitan es la completa estructura del edificio la que se resiente. En el caso de la sanidad lo decisivamente relevante es la desaparición de un pilar fundamental: la universalidad, que ha cedido paso al más restrictivo concepto de asegurado (art. 1 del RD. Ley 16/2012); lo que la reforma ha hecho es regular un sistema de pago de medicamentos que de acuerdo con sus autores es tiene naturaleza de progresividad puesto que la aportación se incrementa con el nivel de renta; una pauta de progresividad que, por cierto, no se asemeja al de la tributación por IRPF (art. 13).

Consecuentemente, no parecen existir razones para que la tasa por uso de la justicia no incorpore también algún atisbo de progresividad para que la misma actúe como desincentivo de querulantes, en el supuesto de que la querulancia esté relacionada directamente con el nivel de renta. Ésta debiera de ser una cuestión a investigar porque si la relación de la querulancia con el nivel de renta es inversa, se estaría
gravando a los ciudadanos menos litigiosos para financiar el turno de oficio de los que más frecuentan los juzgados, y, por ende, más atascan la administración de ese servicio.

En cuanto a la imposición de un peaje, por blando que fuera, en el uso de la red de autovías, estamos en lo mismo, y no es necesario reproducir argumentos precedentes. Sin embargo, este es el momento para someter a la prueba de racionalidad las palabras que empleó Luis de Guindos cuando sentenció que “no tiene sentido que una persona que tiene una renta de 100.00 euros acceda gratuitamente a los medicamentos”. Claro, eso es completamente razonable cuando la persona en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones fiscales, pero deja de serlo cuando es fiel cumplidor de las mismas; ese señor al que se refiere de Guindos paga sus impuestos, felizmente progresivos, y espera tener derechos, que no son tra cosa que la contrapartida del cumplimiento de sus obligaciones. Si esa afirmación tuviera algún sentido lo tendría aplicado a todos, absolutamente a todos los bienes y servicios públicos. ¿Por qué sólo a los medicamentos? ¿Y si es a todos, para qué tenemos un sistema fiscal progresivo?

El problema que denota toda esta escasez de financiación para la política de provisión de servicios públicos básicos por el sector público es, a mi modo de ver, la escasa capacidad recaudatoria que tiene el sistema fiscal de nuestro país, en su estado y estructura impositiva actual. Todos esos servicios a los que me refería anteriormente venían siendo financiados básicamente por impuestos generales. Pues bien, pese a que nuestros impuestos (IRPF, IVA, Sociedades, Especiales) tienen tipos muy similares a los de los países de nuestro entorno (más aún, después de un incremento del tipo máximo del IRPF al 52%), nuestra presión fiscal está muy por debajo de la de todos los países de nuestro entorno. ¿Cómo es posible? Para encontrar una respuesta Michele Boldrin ha iniciado una investigación (www.fedea.es) que a expensas de ulteriores hallazgos sitúa al fraude en la causa principal de nuestros problemas recaudatorios. Más aún, Boldrin cree que es la excesiva atomización de nuestra estructura empresarial (lo correcto en España no sería hablar de PYMES sino de microempresas) la que explica la lacerante presencia del fraude fiscal: menor tamaño de empresa, mayor propensión al fraude y a la economía irregular.

La realidad fiscal en la que vivimos en estos momentos es que un país en el que el tipo máximo del IRPF está en el 52% (sólo nos adelantan, por poco, Suecia y Bélgica), tiene poco menos que la más baja presión fiscal (36% del PIB) de la eurozona, tan sólo superada por abajo por abajo por Irlanda y Eslovaquia. Porque, seamos sensatos y  razonemos con lógica, ¿cómo España puede aspirar a disfrutar el mismo modelo de cohesión social que Francia que tiene una presión fiscal del 51,3% del PIB, frente al 36 % de nuestro país? (Todos los datos proceden del FMI para 2012 y están fechados en el mes de abril).

No nos engañemos, todas estas medidas instrumentadas en decretos-leyes o simplemente esparcidas de momento al viento, a modo de polen de gramíneas, para testar los efectos alérgicos que producen, despliegan un abanico de reflexiones que me limito a enumerar sumariamente. En primer término está la cuestión de los  principios rectores del Estado de bienestar, que se quiebran de modo notable (¿irreversible?); en segundo lugar queda patente la incapacidad de nuestro sistema fiscal (¿progresivo?) para recaudar la financiación adecuada que se corresponda con el nivel de tipos impositivos; y, en fin, es sumamente extraño que la administración sanitaria se convierta por mor del artículo 4.14 del R.D.L 16/201, en un apéndice de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).